Este regocijo que se experimenta al saber que Maduro y Cilia Flores comparecerán ante el juez por liderar un «sistema de represión que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política venezolana y ciudadanos estadounidenses”, ¿es odio?
En el capítulo XXII de Middlemarch (1871-1872), la gran novela con la que George Eliot, seudónimo de la inglesa Mary Ann Evans, retrató una ciudad de provincias en vísperas de la reforma electoral de 1832 -y que leo por estos días-, Dorothea Brooke le pide a Will Ladislaw que no vuelva a hablar con sorna de los escritos de su marido, el reverendo Casaubon, un erudito árido cuya obra monumental jamás llegará a existir. Will, primo pobre de Casaubon y beneficiario de su generosidad, lo promete, pero si nunca más dice una palabra cortante sobre el viejo y deja de aceptarle favores, quedará en libertad de odiarlo todavía más.
“El poeta debe saber odiar, dice Goethe, y Will, al menos, tenía lista esa destreza”, dice el narrador de Middlemarch.
La escritora mira a su personaje (aspirante a poeta) con indulgencia y le reconoce el odio como una habilidad, casi como un oficio, al que pone una sola condición, que es la decencia elemental de no seguir comiendo de la mano que se aborrece. Esta imprescindible novela del siglo XIX sabía distinguir una pasión de un delito, cosa que en Venezuela se perdió por decreto en noviembre de 2017.
Una ley a la medida
Ese mes, hace agora nueve años, la Asamblea Nacional Constituyente que presidía Delcy Rodríguez aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cuyo nombre parece sacado de una homilía y cuyo articulado castiga con hasta veinte años de prisión a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia” contra una persona o grupo. Desde entonces, odiar fue en Venezuela lo que el poder decidiera que era odiar, de manera que un mensaje en redes sociales podía bastar para que un ciudadano terminara imputado. Foro Penal, la organización que lleva la cuenta de los presos políticos, registra al menos 927 personas acusadas de incitación al odio desde 2017. Cecodap, dedicada a la defensa de la infancia, documentó 118 menores de edad imputados por esa ley entre 2024 y 2025.
Este llenarse los pulmones de aire, entrecerrar los ojos e imaginarlos ante la exposición de su sadismo, y soltar el aire poco a poco, ¿será odio?
El pasado 29 de septiembre, la misma Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores el 3 de enero, pidió a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la ley “con carácter de urgencia”, con el propósito de “avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación”. Admitió después que la ley “fue mal aplicada” y que «se hizo uso abusivo de ella», como quien habla de un electrodoméstico que otros manipularon sin leer las instrucciones, cuando el aparato salió de su propio taller.
Los excesos reconocidos
Ese mismo día, su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, creó la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, encabezada por el primer vicepresidente de la Cámara, Pedro Infante, e integrada por siete diputados más del PSUV y tres de otros partidos. Entre los del PSUV figura Nicolás Maduro Guerra, hijo del preso. Infante anunció el 5 de octubre que entre las primeras propuestas está la de cambiarle el nombre a la ley, y que los artículos que se reformarán primero son los relativos a “la despenalización, las definiciones y la corresponsabilidad”. Remató con una frase digna de archivo.
“No se trata de olvidar los hechos, sino de reconocer los errores y trabajar por un reencuentro a través de la paz, la convivencia, la tolerancia y el respeto”.
Este bailecito a medio camino de la cocina adelantando las alusiones a las víctimas y las torturas que los dos malandros les infligieron, ¿será odio?
Tres días más tarde, en Globovisión, Maduro Guerra pidió reconocer que aquella ley fue necesaria para pacificar al país en momentos de mucha violencia, según reseñó la prensa de la propia Asamblea, y añadió, con la soltura de quien concede una minucia, que “nosotros, desde el gobierno, el chavismo, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, hemos reconocido que se han cometido excesos con la aplicación de la Ley contra el Odio”. Desviaciones, uso abusivo, excesos. El léxico es de auditoría interna, y todo indica que la ley, cuya derogación exigen la Plataforma Unitaria Democrática y las organizaciones de derechos humanos, seguirá en pie, quizá con otro nombre y menos años de cárcel, administrada por los mismos que la escribieron. Habría que preguntarle al diputado cuántos de los 927 acusados que cuenta Foro Penal caben en la palabra excesos, y cuál de ellos, exactamente, pacificó al país.
Esta satisfacción, esta sonrisa de salir y de andar por casa al pensar que el destino los ha alcanzado y ya no podrán zafarse de la justicia, ¿será odio?
La ganancia de Rocío
Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el estudio de la Fuerza Armada, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía y vinculada al caso ‘Brazalete Blanco’, una supuesta conspiración para asesinar a Maduro. Pasó casi dos años presa, buena parte en El Helicoide, con una fractura de hombro desatendida durante meses, una primera llamada telefónica autorizada al cabo de un año y diez meses y visitas familiares que solo consiguió con una huelga de hambre. El poder fue también contra su hija, sus hermanos y contra el padre de su hija, con quien ya no tenía contacto, y uno de sus hermanos murió de una muerte que TalCual califica de evitable. Su boleta de excarcelación, la número 001-26, fue la primera firmada este año, el 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro. La enviaron a España, volvió en mayo. Su juicio comenzó en agosto y terminó absuelta, mientras otros diez acusados del mismo expediente fueron condenados, “injustamente”, según ella.
En la entrevista que le hizo Víctor Amaya, publicada por TalCual el 9 de octubre, dijo que “no haber salido con odio es la mayor ganancia que tengo frente a la barbarie, y es mi respuesta ante ella”. En la misma conversación confesó su preocupación por “el tono de revanchismo que me he encontrado en Venezuela”. Dos días antes, en entrevista con El Nacional, había deseado, “ojalá”, la abrogación de la ley del odio. De modo que la mujer que salió de El Helicoide sin odio pide que se elimine la ley, y quienes legislaron sobre el odio ajeno ofrecen retocarla.
Este tarareo, esta gaitica antes de temporada, esta tamborera con los cubiertos, ¿será odio?
Quién tiene permiso
Lo que Rocío San Miguel ganó en una celda es suyo y merece todo respeto. Nadie está en posición de discutirle a otro lo que salvó de sí mismo en semejante trance. El problema empieza cuando la escena pública convierte esa victoria íntima en patrón, en el modelo de víctima presentable que sale sin rencor, y espera de los demás la misma serenidad. La exigencia recae entonces sobre quienes padecieron, mientras quienes deben rendir cuentas se reservan el derecho de reformar a su ritmo la ley con la que encarcelaron, de cambiarle el nombre y de calificar de excesos lo que fue método.
Jean Améry, el ensayista nacido en Viena que fue torturado por la Gestapo y deportado a Auschwitz, defendió en “El resentimiento”, uno de los ensayos de Más allá de la culpa y la expiación (1966), el derecho de la víctima a negarse a que el tiempo convierta el crimen en asunto concluido, y vio en esa negativa una exigencia moral dirigida a la sociedad entera.
El odio está en el aire, pues. Lo respiramos en el júbilo, que muchos venezolanos no tenemos por qué disimular, de ver presos a Maduro y a Cilia Flores y de que las víctimas que tanto hicieron por acallar terminen por echarles en cara su criminal crueldad; lo respira la comisión que discute cómo despenalizarlo sin soltarlo del todo. Lo respira Rocío San Miguel, que ha decidido no dejarlo entrar. La ley de 2017 castigó el odio de los gobernados, que tenían bastantes razones, y dejó intacto el de los gobernantes, que contaron con tribuna, cárceles y tribunales para ejercerlo.
Will Ladislaw, el personale de Middlemarch, entendió que para odiar a Casaubon con la conciencia limpia le bastaba con dejar de aceptarle favores. A los venezolanos nadie tiene que otorgarles esa licencia, que jamás fue potestad de una Constituyente y tampoco lo será de la comisión de Pedro Infante, por mucho que le cambien el nombre a la ley. De paso, cuando el marido anciano y malasangre de la joven Dorothea murio, adivinen quién se casó con ella. Esta luz como filtrada a través de un dulce de lechosa, ¿será odio?
Lectura recomendada A la sombra del misterio