Lo que la mesa sí cumplió
Empiezo por lo que sí se logró. De los cinco indicadores que fijé en agosto, tres se cumplieron y dos no. La Asamblea, que había entrado en receso sin convocar sesiones extraordinarias, las convocó días después de que esa omisión se señalara. Sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 1 de septiembre y la publicó en Gaceta a mediados de mes, lo que dejó todo en stand by entre la primera y la segunda ronda, como ha sucedido en procesos anteriores en los que el gobierno ha utilizado la negociación como una estrategia dilatoria para ganar tiempo cuando las cosas se complican.
A todo evento, como compensación a los intentos de dilación que incluyeron un viaje de Jorge Rodríguez a Londres el día en que estaba agendado el inicio de esta segunda ronda y su ausencia extendida hasta el día en que terminaba para atender un campeonato de ping-pong (lo que nos costaría creer si no es porque él mismo lo publicó en sus redes), la ronda se extendió por tres días más y el oficialismo no logró convalidar su comité de postulaciones de mayo. La reforma de la ley les obliga a conformar uno nuevo de veintitrés miembros, doce de ellos de la sociedad civil. Asimismo, la segunda ronda se instaló a tiempo y produjo un Consejo de Revisión de siete juristas, la mayoría de ellos de trayectoria reconocible, una Comisión Preliminar designada el 29 de septiembre y un cronograma: postulaciones del 2 al 9 de octubre, Comité completo el 15, magistrados en noviembre.
Además, decenas de portales fueron desbloqueados. Los periodistas Luis López y Gabriel González fueron absueltos, Delcy Rodríguez pidió reformar la Ley contra el Odio para despenalizar sus conductas. Y Foro Penal, que contaba 391 presos políticos a mediados de agosto, registra hoy 324, con un coronel retirado entre los excarcelados.
¿Qué tan importante es lo logrado?
El método propuesto para esta serie nos exige mirar no solo cuánto se cumple, sino qué. En este sentido, no debemos perder de vista que todo lo logrado hasta ahora puede revertirse con una firma. Un portal se desbloquea, pero se puede volver a bloquear. Las excarcelaciones de agosto llegaron con régimen de presentación. 140 militares siguen presos; y 638 personas siguen bajo medidas cautelares por una ley cuya reforma se anuncia sin texto conocido. Incluso la absolución de los periodistas pide cautela. La verdadera prueba está en un cambio de situación que sea irreversible, por ejemplo la entrega efectiva del Tribunal Supremo de Justicia a Magistrados independientes que el régimen no pueda controlar, que un juez pueda decidir contra el poder y conservar su libertad. Absolver cuando el poder lo pide, como ha sido el caso de estos dos periodistas no es independencia, es obediencia aunque en la dirección correcta.
Lo que sí tendría costo de reversión —quién elige a los magistrados— sigue en manos del oficialismo. Ocho de los once diputados de la Comisión Preliminar están vinculados al PSUV. Esa comisión convoca y preselecciona a los doce representantes sociales, que luego se aprueban por dos tercios en una Asamblea en la que el oficialismo controla el 92 % de los curules. El Consejo de juristas eleva la calidad técnica del filtro, pero no es vinculante. El procedimiento es nuevo; el control, todavía no.
Y lo que no se movió es lo que define una transición. El comunicado se ocupó de medios digitales y del TSJ; del árbitro electoral, aún nada. María Corina Machado acumula siete intentos frustrados de volver al país, según su propio testimonio. Dos de ellos en aviones que no recibieron autorización para despegar. Y Jorge Rodríguez cerró la ronda anunciando, por su cuenta, «cuatro elecciones» en «el lapso que establece la Constitución», con las presidenciales de último: leído literalmente, 2030. La delegación opositora aclaró que nada de eso se acordó. No hacía falta: el gobierno ya dijo cuál es su agenda y en ella trabajan. Es lo que O’Donnell y Schmitter llamaron liberalización sin democratización: conceder derechos acotados y reversibles para no ceder lo único que importa, la posibilidad de perder el poder en una elección.
El veredicto
La hipótesis de agosto no decía que la mesa fuera inútil, sino que avanza al ritmo y en la dirección de la agenda norteamericana, mientras el gobierno la administra para preservar el statu quo. Septiembre la confirma en esa versión y la afina: se cumple solo lo que Washington cobra ejerciendo presión. Las excarcelaciones de agosto llegaron un día después de activarse el canal con Washington. Lo que Washington no cobra, no se mueve. Tras reunirse con Delcy Rodríguez en Nueva York el 23 de septiembre, Trump dijo que hablaron de elecciones, pero que aún es temprano para celebrarlas; no dio plazo. Rubio las quiere «lo antes posible», pero sigue sin colocarles fecha.
El país no está listo para elecciones es la justificación que dictadores como Franco o Pinochet, entre muchos otros, expresaron para mantener un statu quo que les resultaba favorable. Llamar a elecciones en Venezuela implica para el gobierno de los Estados Unidos renunciar al control que hoy ejercen sobre el país. Aún cuando ese control se ejerza a través de un gobierno sin legitimidad que nadie eligió, pero que en su intento por mantenerse en el poder, gracias al tutelaje de Washington, muestra la mayor disposición a pagar por su estabilidad con reservas petroleras o con cualquier otra cosa que se le demande, con lo que termina siendo funcional a los intereses del tutor.
Es en este contexto en el que nos encontramos con una agenda económica que se mueve mucho más rápido. Acuerdos con Chevron, Eni y GE Vernova, una inversión de 7.000 millones de dólares de GeoPark, un 35% del Pentágono en un vehículo petrolero que cuatro senadores ya cuestionan. Y la licencia que podía escribir un estándar político —la que protege a Citgo— se prorrogó el 16 de septiembre, sin condiciones, hasta el 5 de noviembre. En agosto describí la mesa como el terreno donde compiten dos administraciones del tiempo: la política y la económica. Septiembre mostró algo más preocupante: en el calendario electoral, ambas convergen. No por coincidencia de propósitos, sino de hecho: la estabilización primero de uno y la dilación del otro producen la misma fecha, ninguna.
La amenaza cambió de naturaleza
En la entrega anterior sostuve que todo dependía de que la amenaza que sentó al gobierno en la mesa de negociación siguiera siendo creíble. Lo sigue siendo, pero cambió de naturaleza. En enero era coercitiva; hoy es, sobre todo, la amenaza de retirar beneficios. Y Schelling enseña que una amenaza cuyo cumplimiento lastima a quien la profiere pierde credibilidad: cada contrato, cada barril que se desvía hacia Estados Unidos y cada participación accionaria encarece para Washington castigar el incumplimiento.
La primera entrega advirtió que una normalización económica más rápida que la reinstitucionalización política reduciría la palanca. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora.
Pero debo matizar una idea propia: sugerí que las elecciones de medio término podían debilitar la presión sobre Caracas. Hoy la presión por un calendario y por el regreso de Machado viene más del Congreso que del Ejecutivo. Un proyecto en el Senado propone elecciones en 2026 y otro, en la Cámara, exige una estrategia formal de transición. Un Congreso más fuerte podría endurecer, no relajar, la condicionalidad. El gobierno no apuesta a esperar al Congreso, sino a que el petróleo sacie el apetito del Ejecutivo. Y los calendarios lo delatan. El Comité, el 15 de octubre; los magistrados, en noviembre; la protección de Citgo, hasta el 5 de noviembre; el árbitro electoral, sin fecha. Desde aquel primer contacto de junio han pasado más de tres meses y medio, y los relojes de ambos lados apuntan al mismo mes.
Lo que se decidirá en octubre
Los próximos indicadores tienen fecha. Quiénes se postulan entre el 2 y el 9 de octubre y quiénes resultan electos el 15, con qué votos; si el tercer ciclo, a mediados de mes, incorpora el CNE y un calendario con fechas; si la reforma contra el odio elimina también la facultad de cerrar medios y bloquear portales, no solo la cárcel. Si Machado puede volver sin obstáculos, y si la próxima licencia lleva escrito un hito electoral.
Se cumple lo que Washington está dispuesto a imponer y cobrar. Si Washington no cobra el calendario, el calendario no llegará. Y si llega en el lapso que propone el gobierno, no estaremos ante una transición, sino ante el mismo statu quo con nuevos socios. Negociar no es claudicar, y el gobierno lo ha demostrado durante 27 años. Pero liberalizar tampoco es igual democratizar.
Lectura recomendada Veintisiete años negociando para no cambiar