La narrativa tradicional sobre la lucha contra el crimen organizado nos ha acostumbrado a un final cinematográfico. Recordamos la imagen de un Pablo Escobar abatido en un tejado de Medellín, o las imágenes degradantes de Joaquín “El Chapo” Guzmán encadenado rumbo a una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. La opinión pública tiende a celebrar estas caídas como victorias definitivas, bajo la ilusión de que el mal muere con la decapitación del monstruo. Sin embargo, la historia contemporánea del crimen nos aporta un veredicto radicalmente opuesto: hasta ahora el narcotráfico no cesa, solo se transforma. Maduro no está, pero esto no implica la caída de la organización.
Para entender la naturaleza del régimen que hoy secuestra a Venezuela, es indispensable comprender primero las lecciones de adaptabilidad que dejaron los viejos carteles de Colombia y México. Tras la muerte de Escobar en diciembre de 1993, el Cártel de Medellín no desapareció; el negocio mutó hacia el pragmatismo corporativo y de bajo perfil del Cártel de Cali, para luego fragmentarse en redes sicariales coordinadas por «La Oficina de Envigado» y, finalmente, dar paso a los llamados «narcos invisibles». Hombres vestidos de traje, con maletines ejecutivos y cuentas legítimas, que entendieron que la ostentación y el terrorismo eran pésimos enemigos de las finanzas.
Años después, México repitió el libreto. La captura definitiva de «El Chapo» Guzmán en 2016 detonó una sangrienta fragmentación interna en el Cártel de Sinaloa. No obstante, lejos de debilitarse, las nuevas facciones —encabezadas por «Los Chapitos» y «La Mayiza»— mutaron drásticamente el modelo criminal. Dejaron atrás la dependencia exclusiva de los campos de cultivo y la logística tradicional para abrazar la era química: la producción masiva de fentanilo y metanfetaminas. Una droga de laboratorio, barata de producir, inmune a las sequías y con márgenes de ganancia astronómicos.
¿Qué nos enseñan Medellín y Sinaloa? Que la supervivencia criminal exige dos condiciones básicas: la transición hacia estructuras de red descentralizadas (franquicias) y la diversificación constante del portafolio ilícito. Es precisamente aquí donde se inserta el llamado Cártel de los Soles en Venezuela, representando no una anomalía caribeña, sino la cúspide evolutiva del crimen transnacional. Mientras los narcos invisibles de Colombia buscaban esconderse detrás de empresas de fachada, y los carteles mexicanos desafiaban al Estado mediante la violencia paramilitar, la estructura criminal incrustada en las instituciones venezolanas descubrió la fórmula perfecta: mimetizarse hasta volverse indistinguibles de ellas.
El Cártel de los Soles no opera como una estructura vertical clásica. No tiene una oficina matriz ni un capo único que deba cuidarse de drones o traiciones en la selva. Funciona como una densa y sofisticada red clientelar de patrocinio militar que utiliza el monopolio de las armas del Estado para administrar el crimen. Sus operadores no necesitan construir pistas de aterrizaje clandestinas; tienen a su disposición los aeropuertos soberanos, los radares del espacio aéreo nacional, los puertos comerciales e infraestructuras fronterizas oficiales. En Venezuela, algunos de los de uniforme militar pasaron de salvaguardar la soberanía a convertirse en el mejor pasaporte logístico para el libre tránsito de la cocaína colombiana hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.
Sin embargo, la mutación más reciente y alarmante del régimen venezolano imita a la perfección el pragmatismo que vimos en Sinaloa ante las crisis de liderazgo y la presión económica internacional. Cercado por sanciones internacionales, acusaciones en tribunales globales y un colapso económico interno, el sistema político-criminal venezolano ha mutado hacia una diversificación total de sus rentas de supervivencia. Hoy, el holding criminal que gobierna desde Miraflores ya no depende únicamente de las rutas tradicionales del narcotráfico. El régimen se ha adaptado mediante la explotación voraz y ecocida de los recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco, el contrabando institucionalizado de combustibles y el control mafioso de los servicios básicos.
Quizás el rasgo más cruel de esta última mutación sea la mercantilización de la tragedia humana: el control y cobro de peaje en las rutas de tráfico ilegal de migrantes, explotando la desesperación de millones de venezolanos que huyen de la miseria que el propio sistema provocó. La estructura no pretende competir con los grupos criminales locales o extranjeros; los administra mediante la subcontratación de la violencia. Así, facciones de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua operan como franquicias armadas que ejecutan el trabajo sucio en los territorios, mientras la cúpula militar y política garantiza la impunidad estatal y el lavado de capitales.
El análisis internacional suele cometer el error de diagnosticar a Venezuela bajo los lentes obsoletos del siglo XX, buscando ideologías políticas donde solo hay balances contables ilícitos. La cruda realidad es que el narcotráfico tradicional de grandes capos individuales ha muerto. Lo que hoy impera en el país es su versión más sofisticada, peligrosa y blindada: una dictadura criminal corporativa con asiento en la ONU. Mientras el mundo no entienda que el régimen venezolano no es un proyecto de izquierda en decadencia, sino la corporación criminal más exitosa y adaptada del planeta, las estrategias para desmontarlo seguirán incompletas. Los EEUU deben ampliar su mirada a este fenómeno, comprender como operan los tutelados es crucial para combatirlos.