La fotografía tenía todos los ingredientes para generar controversia. Dieciocho años después de que dos de sus representantes fueran expulsados del país por el gobierno de Hugo Chávez, una delegación de Human Rights Watch regresó oficialmente a Venezuela y fue recibida en Miraflores por Delcy Rodríguez.
La organización no había anunciado previamente su visita oficial al país. El video de la reunión divulgado por Miraflores fue la primera noticia sobre la presencia de HRW en Caracas. Federico Borello, subdirector ejecutivo de la organización, hizo una afirmación que aumentó las suspicacias:
“El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha puesto en pausa las formas más evidentes de represión”.
El momento de la declaración no ayudó. Durante esos días fue detenido el exalcalde Javier Oropeza. Además, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos divulgó dos contundentes informes, que generaron la inevitable comparación. “Normalmente Human Rights Watch tendría una postura más dura que la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, expresó el internacionalista Luis Peche en X. Por su parte, la defensora de derechos humanos Ligia Bolívar agregó: “El comunicado está a medio dorito de replicar las narrativas de normalización”, cuestionando que hubiera “una pausa”. Finalmente, el abogado chileno Francisco Cox, quien fue parte de la propia Misión de la ONU para Venezuela, expresó: “pjero @hrw_espanol prefirió una foto. Lamentable”.
Detrás de la discusión sobre una frase o una fotografía existe una dimensión medular. Las organizaciones de derechos humanos trabajan para proteger personas cuyos derechos son vulnerados, muchas veces, precisamente por quienes controlan el Estado. En determinadas circunstancias, conseguir una liberación, detener una persecución, modificar una política pública o lograr acceso a una cárcel exige hablar con los mismos funcionarios a quienes se responsabiliza de los abusos.
Por ello, el dilema no es sencillo de resolver: ¿cómo sentarse con el poder sin terminar siendo utilizado por él?
Un desafío que no comenzó en Caracas
La pregunta no es nueva ni exclusivamente venezolana. En América Latina, con una larga historia de gobiernos autoritarios, líderes políticos y sociales se han enfrentado a la misma encrucijada.
El 19 de mayo de 1976, menos de dos meses después del golpe de Estado en Argentina, Jorge Rafael Videla invitó a almorzar en la Casa Rosada a Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Horacio Esteban Ratti y el sacerdote Leonardo Castellani. El encuentro generó controversias que acompañaron a Borges y Sábato hasta el final de sus días. Al salir de la reunión, Sábato habló públicamente del clima de “comprensión y respeto” encontrado durante el almuerzo. La imagen y aquellas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una legitimación temprana de la dictadura.
El episodio permite comprender la complejidad del problema. Reunirse con un gobierno autoritario puede servir para interceder por una víctima y, al mismo tiempo, ofrecer al poder una fotografía para su propio beneficio.
Los organismos internacionales de derechos humanos han enfrentado dilemas semejantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el Chile de Augusto Pinochet en 1974, la Nicaragua de Anastasio Somoza en 1978, la Argentina de Videla en 1979 y el Perú de Alberto Fujimori en 1998. En todos esos casos se reunió con autoridades. Eso no impidió que posteriormente documentara y denunciara graves violaciones de derechos humanos. Pero siempre hubo sectores que opinaron que aquellas visitas fueron tan inocuas como útiles para gobiernos que necesitaban mostrar una imagen de amplitud ante el mundo.
Venezuela: reuniones que dejan preguntas pendientes
La sociedad civil venezolana tampoco enfrenta este dilema por primera vez.
Durante años, diferentes organizaciones, defensores, familiares de víctimas y actores internacionales han mantenido algún tipo de interlocución con autoridades venezolanas. Algunas conversaciones contribuyeron a resolver casos concretos. Otras generaron expectativas que posteriormente no se cumplieron. En varias de ellas, Miraflores se encargó diligentemente de divulgar el video o la fotografía. Y algunas provocaron fuertes desacuerdos dentro del propio movimiento de derechos humanos, con heridas que continúan abiertas hasta hoy.
Sin embargo, las controversias suelen agotarse alrededor de cada episodio. Se discute quién se reunió, con quién, qué fotografía se tomó o qué declaración hizo después. Mucho menos frecuente ha sido preguntarse colectivamente qué funcionó, qué salió mal y qué reglas podrían extraerse para la siguiente oportunidad.
Por eso preguntamos a seis defensores de derechos humanos, con experiencias y posiciones diferentes, qué criterios deberían orientar esas decisiones. Las respuestas muestran que el debate es bastante más complejo que escoger entre dialogar o no dialogar.
Hablar con quien tiene las llaves
Gonzalo Himiob, del Foro Penal, formula probablemente el argumento más contundente a favor de la interlocución: “si para liberar a los presos políticos tengo que hablar con el diablo, pues con el diablo hablo. Para mí es indiferente quién sea el interlocutor. Eso no implica validar la actuación de las personas que han violado los derechos humanos”.
Su razonamiento es fundamentalmente práctico. Independientemente de la legitimidad que se atribuya a las autoridades, “por lo menos en este momento, así sea de manera fáctica, ellos son los que tienen las llaves de las celdas”.
Pedro Hernández, de la ONG Campo del estado Yaracuy, llega a una conclusión semejante desde su experiencia comunitaria. En su opinión, las autoridades señaladas por violaciones de derechos humanos difícilmente desean sentarse voluntariamente a discutir sus responsabilidades. Precisamente por ello, abrir esos espacios forma parte del trabajo de exigibilidad.
“Cuando una autoridad se sienta con comunidades o defensores, lo hace por presión y obligación, jamás por buena voluntad; por ello, forzar esos espacios es una necesidad estratégica”.
Hernández advierte, además, sobre algo que puede olvidarse: no reunirse también puede tener costos. “Quienes más pierden si este diálogo no se da son las propias comunidades”, afirma. Para él, “el diálogo es útil cuando se utiliza como una herramienta de exigencia y no de complacencia”.
Pero no todos coinciden. María Alejandra Aristeguieta, internacionalista y experta en ONU, hace una distinción clave: diferenciar entre una visita realizada por un mecanismo internacional, con mandato de investigación o protección, y la interlocución de una ONG internacional o de una organización venezolana. Y plantea una condición mucho más exigente: antes de determinados acercamientos deberían existir señales comprobables de cambio.
“Distinto sería si se dan muestras de cambios, liberaciones, detenciones de perpetradores, medidas para cumplir con las cientos de recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años antes de iniciar un acercamiento”.
Débora Van Berkel, de Ideas por la Democracia, ocupa un lugar intermedio. No descarta el diálogo, pero rechaza que exista una justificación genérica para reunirse con el poder: “¿Se puede aceptar un encuentro o diálogo con actores de ese gobierno? Puede ser, si el objetivo a alcanzar solo es posible a partir de ello, previa evaluación del riesgo que eso implica y de las condiciones establecidas”. Su conclusión sintetiza bien el dilema: “Participar sí; entregarse a una acción que por diseño solo atiende a los intereses del otro, bajo vagas promesas de mejora, no”.
Clara Ramírez, de la Red de DDHH en Acción del Táchira, introduce otra variable: la experiencia acumulada. “Sin duda, si queremos avances, hay que ir a sentarse. Pero esto no es la primera vez que pasa”, sostiene. Su cuestionamiento no se dirige, por tanto, a la interlocución en abstracto, sino a la repetición de encuentros cuyos resultados no han sido evaluados: “Hemos visto que esas reuniones no arrojan absolutamente nada que beneficie ni a la población, ni a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ni a los defensores”. Su planteamiento agrega otra pregunta al debate: antes de decidir si volver a sentarse, ¿qué aprendimos de las veces anteriores?
La primera diferencia aparece entonces con claridad. Para unos, la interlocución es precisamente el instrumento para obtener cambios; para otros, sin señales previas de cambio, sentarse puede entregar al poder un beneficio político a cambio de una promesa incierta.
La reunión no es el resultado
Aquí las posiciones comienzan a acercarse. Una fotografía, una conversación cordial o la promesa de mantener abiertos “canales de comunicación” no constituyen por sí mismas resultados en derechos humanos.
Para Pedro Hernández, la prueba debe ser material: “El éxito de una reunión no se mide por la amabilidad del funcionario ni por el solo hecho de haberse sentado a hablar, sino por el cumplimiento estricto de las acciones acordadas dentro de los plazos fijados”. Eso implica compromisos, responsables, fechas y seguimiento. “Si no hay un cambio tangible en la realidad de la víctima o de la comunidad, el encuentro sencillamente no fue efectivo”.
Gabriela Boada, de Caleidoscopio Humano, propone un estándar incluso más exigente: las interacciones deberían poder justificarse porque producen “una reducción comprobable del sufrimiento o un incremento del bienestar colectivo”. Y plantea una pregunta que normalmente se formula después de una negociación: ¿cómo sabremos si hemos ganado o perdido?
“Hay que fijar bien las metas, con criterios claros, para saber cuándo se va a fracasar e incluso cuándo se va a ganar”. Eso supone definir antes del encuentro cuáles serán los hechos verificables, qué plazo se otorgará para cumplir los compromisos y cómo se comprobará su ejecución. “Las reuniones tienen que mostrar los puntos de los que se habló, las decisiones a las que se llegó, el método de verificación, las fechas y los plazos”, sostiene Boada.
Y agrega otro criterio relevante: no basta con conocer el cargo de quien está sentado del otro lado de la mesa. Es necesario preguntarse “qué capacidad real tiene esa persona para cumplir lo que promete”.
Hay otro riesgo al evaluar los resultados de una apertura: confundir una disminución de las manifestaciones más visibles de la represión con su desaparición. Clara Ramírez advierte que las prácticas pueden transformarse sin que necesariamente disminuyan los riesgos para quienes continúan trabajando dentro del país. “Lo que pasa es que ellos se vuelven un poco más sofisticados a la hora de actuar, pero eso sigue pasando; todos los peligros y los riesgos siguen latentes”.
La observación introduce una cautela adicional: evaluar una apertura exige observar no solo los hechos visibles, sino también las transformaciones menos evidentes de los mecanismos de control.
Liberar a alguien no significa desmontar el mecanismo que lo encarceló
Aquí aparece otro reto particularmente difícil. Para una persona arbitrariamente encarcelada y su familia, recuperar la libertad puede ser el resultado más importante imaginable. ¿Puede cuestionarse una interlocución que consiguió esa libertad porque no produjo una reforma estructural?
Himiob cree que ambos planos deben distinguirse. “Los objetivos básicos son lograr el cese de la prisión y de la persecución política, y no simplemente estos pañitos calientes que se están poniendo ahora”. Una excarcelación constituye un resultado concreto y valioso, pero no debería confundirse con una modificación del sistema que hizo posible el encarcelamiento. “No podemos seguir tolerando que el sistema represivo se mantenga intacto y que las libertades o excarcelaciones sean una especie de concesión o de gracia concedida desde el Estado”.
Boada plantea una preocupación semejante: los procesos de interlocución pueden producir “liberaciones a cuentagotas” sin modificar estructuralmente el sistema de justicia. El problema, entonces, no consiste en despreciar el valor de cada persona liberada. Consiste en no utilizar los casos individuales como evidencia de una transformación que todavía no se ha producido.
Esta distinción puede resultar especialmente importante en momentos de apertura parcial. Una autoridad puede simultáneamente liberar a determinadas personas y conservar intactas las leyes, instituciones y cuerpos de seguridad capaces de encarcelar a otras. Por eso Himiob propone mirar más allá del caso individual: “Hay que ver si, en efecto, esto está conduciendo a un cambio sistémico, a un cambio de paradigma en cuanto a la forma de actuar”.
Por la experiencia de incumplimiento, Aristiguieta incluso aconseja a las organizaciones nacionales no participar en este tipo de encuentros: “Crea división, erosiona la confianza, y se rayan a cambio de una promesa incierta”.
¿Quién habla en nombre de las víctimas?
El debate se vuelve todavía más complejo cuando se introduce una pregunta que con frecuencia permanece implícita: ¿quién otorgó a la organización el mandato para hablar en nombre de las víctimas?
Clara Ramírez considera que no basta con invocar genéricamente su protección. “Las víctimas deberían saber, autorizar e incluso participar para que finalmente se les escuche”. La observación obliga a distinguir entre diferentes tipos de interlocución. Una organización puede defender principios generales o políticas públicas en ejercicio de su propio mandato. Pero cuando coloca sobre la mesa casos particulares, posibles acuerdos o decisiones que afectan directamente a una persona, la relación con esa víctima cambia.
Pedro Hernández lo formula desde otro ángulo: “El motivo central y el norte indispensable de cualquier encuentro debe ser siempre la persona”.
Y Gabriela Boada introduce una consecuencia menos visible de las negociaciones: la expectativa de obtener un resultado también puede modificar el comportamiento de las víctimas. “Muchísimos familiares, en medio de los procesos de diálogo, dicen: ‘Ahorita no voy a dar declaraciones, no voy a hablar, porque hay un proceso de diálogo abierto’”.
El temor es comprensible. Si una familia cree que una declaración pública puede frustrar una posible liberación, probablemente elegirá callar. Pero cuando muchas familias toman simultáneamente esa decisión, aparece una consecuencia colectiva. “De alguna forma se ha neutralizado la labor de documentación, porque menos familiares quieren hablar”, señala Boada.
La paradoja es cruel: una interlocución iniciada para proteger víctimas puede terminar disminuyendo temporalmente la capacidad para documentar las violaciones que las convirtieron en víctimas.
También puede producir expectativas difíciles de administrar. “Se habla, se habla, se habla; se reúnen, se reúnen, se reúnen, y al final todavía siguen cientos de personas privadas de libertad por razones políticas”, afirma Boada. “La ilusión que se genera en las víctimas termina convirtiéndose en desgaste emocional”.
El poder de una fotografía
Hay algo que una organización de derechos humanos no controla completamente cuando entra a un palacio de gobierno: el significado público que tendrá su presencia allí. Puede controlar sus palabras. Puede explicar sus objetivos. Puede publicar sus exigencias. Pero, como suele decirse, los rusos también juegan. Y comunican. Y normalmente el Estado dispone de muchos más recursos para hacerlo.
“El mayor riesgo de este tipo de encuentros es que las autoridades los instrumentalicen como propaganda política para vender una imagen de normalización”, advierte Pedro Hernández.
Van Berkel coincide en que debe evaluarse “el riesgo de manipulación por parte del gobierno para usar a referentes de la sociedad civil en agendas para su validación o legitimación”.
Para Clara Ramírez, la experiencia venezolana obliga a ser todavía más cautelosos: “Nunca en estas reuniones hay una agenda clara, una agenda pública”. La transparencia, desde esta perspectiva, no debería comenzar después de la reunión. Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, una organización puede explicar previamente por qué acepta reunirse, qué temas planteará y cuáles son sus expectativas. Después puede informar qué ocurrió, qué compromisos se adquirieron y qué quedó sin respuesta.
Gabriela Boada lleva el problema hasta un elemento aparentemente menor: la fotografía. “La mera foto, la presencia en la sede gubernamental y el ‘estamos agradecidos por este espacio’ construyen una falsa imagen de normalidad institucional”. Por eso incluso plantea la posibilidad de negociar de antemano que determinados encuentros no sean fotografiados.
El señalamiento revela que una estrategia de interlocución necesita también una estrategia de comunicación. No basta con decidir qué dirá la organización. Hay que anticipar qué puede decir el gobierno sobre la reunión, cómo utilizará las imágenes y qué interpretación puede producir el silencio posterior de la contraparte social.
Para Aristeguieta, esa transparencia debería existir “antes, durante y después”. Para Ramírez y Boada, además, la opacidad tiene consecuencias hacia dentro del propio movimiento. “Esto trae una fractura para el movimiento, porque empieza a generar más desconfianza de la que ya existe”, sostiene Ramírez. Boada coincide: “El silencio ha llevado al desprestigio de las personas defensoras y de las organizaciones que han participado en estos diálogos”.
¿Puede una organización retirarse de una interlocución?
Hay una última cuestión que suele recibir menos atención que la decisión inicial de sentarse: ¿cuándo hay que levantarse de la mesa?
Si los compromisos no se cumplen, las reuniones se suceden sin resultados o la interlocución comienza a producir más beneficios comunicacionales para las autoridades que avances para las víctimas, continuar participando también constituye una decisión. De allí la importancia de establecer criterios antes del primer encuentro.
Van Berkel insiste en que la organización debe conservar “los principios de autonomía y libertad para las acciones y decisiones que toma”. Eso supone que aceptar una reunión no implica comprometerse indefinidamente con un proceso, ni renunciar a la denuncia, ni moderar el diagnóstico público para preservar el acceso.
Una estrategia de interlocución debería contener, por tanto, no solo condiciones de entrada, sino también condiciones de salida. Saber de antemano qué incumplimientos obligarían a suspender el diálogo protege la autonomía de la organización y evita que conservar el acceso termine convirtiéndose en un objetivo en sí mismo.
El silencio no resuelve: agrava
Las seis personas consultadas tienen posiciones diferentes. Algunas consideran que la interlocución con quienes ejercen el poder es una obligación derivada de la defensa de las víctimas. Otras creen que, sin señales previas y condiciones claras, el encuentro puede beneficiar fundamentalmente a las autoridades. Esa diversidad no debería sorprendernos: es propia de cualquier sociedad plural.
El silencio no resuelve esas divergencias: las posterga y, muchas veces, las agrava. Pero conversar tampoco garantiza que desaparezcan. Una cultura democrática no exige renunciar a las convicciones propias, encontrar siempre un punto medio ni asumir que todas las posiciones son igualmente válidas. Exige poder argumentarlas, someter las decisiones a escrutinio, escuchar las razones del otro y aceptar que algunos desacuerdos permanecerán.
Un movimiento democrático debería ser capaz de revisar críticamente sus experiencias y discutir abiertamente incluso sus temas más espinosos. No necesariamente para alcanzar consensos, sino para entender mejor dónde están las diferencias, aprender de ellas y tomar decisiones futuras con mayor conciencia de sus consecuencias.
La interlocución con el poder será probablemente uno de esos temas. Por eso, además de preguntarnos cuándo sentarnos, para qué hacerlo y cuándo levantarnos, tendremos que aprender algo igualmente importante: a procesar democráticamente nuestras diferencias, incluso aquellas que una conversación no consiga resolver.