Las acusaciones, sospechas y dudas que rodean a los llamados “bolichicos” tienen como corolario una certeza que no muestra signos de tambalearse: los jóvenes empresarios -que lograron amasar una fortuna con opacos contratos con el chavismo-, tienen una comprobada habilidad para librarse de la justicia, algo que, hasta ahora, han conseguido en cinco países: Venezuela, Estados Unidos, España, Reino Unido y Suiza.
El pasado 11 de agosto tuvo lugar el episodio más reciente de esta saga de escapes y victorias judiciales en Venezuela. Ese día el abogado y ex director general de Actuación Procesal del Ministerio Público (MP), Zair Mundaray, denunció que la Corte de Apelaciones en materia de terrorismo extendió un inusual sobreseimiento a un conjunto de personas implicadas en un caso relacionado con Pdvsa. “Aplicaron de forma fraudulenta un supuesto efecto extensivo, aprovechando el sobreseimiento otorgado a otra imputada. La opacidad del procedimiento es alarmante”, denunció en una nota anterior de La Gran Aldea.
La medida favoreció especialmente a familiares y personas cercanas a Francisco Convit Guruceaga, uno de los fundadores de la empresa Derwick Associates que junto a Alejandro Betancourt y Pedro TrebbauLópez recibieron, hace unos 15 años, el apodo de “bolichicos”. El mote aludía a la juventud de los entonces treintañeros contratistas y su cercana conexión con la “revolución bolivariana”.
Más allá de las posibles irregularidades que expone la decisión judicial, los nombres de las personas beneficiadas y el caso por el que se les acusa destapa la participación del círculo cercano de estos longevos contratistas en lo que las propias investigaciones del chavismo llamaron la trama “Pdvsa-Cripto” de la que, como anticipa su afortunado palmarés, también han logrado librarse.
Esto a pesar de que hay una inusual coincidencia entre las investigaciones hechas sobre este caso por las autoridades estadounidenses y el régimen venezolano que concuerdan en apuntar al entorno de los socios de Derwick Associates, específicamente a Francisco D’Agostino y Alessandro Bazzoni, como parte de los “asesores” que diseñaron toda la trama que le permitió al chavismo sortear las sanciones estadounidenses y que, de acuerdo con organizaciones como Transparencia Venezuela, tuvo como consecuencia pérdidas para el Estado venezolano cercanas a los 17 mil millones de dólares.
El resultado es que D’Agostino y Bazzoni, inicialmente sancionados por Estados Unidos en 2021, vieron levantadas estas medidas en enero de 2025 por la administración Trump, mientras que Betancourt, el más mediático y conocido del grupo, protagoniza un estelar regreso a las contrataciones petroleras con su empresa Nabep.
Incluso, de acuerdo con una publicación reciente del Washington Post, el “magnate petrolero” Betancourt, contó con la intermediación de funcionarios de la administración Trump para librarse de una investigación por presunto lavado de dinero en Suiza. Pero la cercanía de Betancourt con la administración Trump va mucho más allá.
Nabep es la empresa en la que el gobierno estadounidense tendrá una participación accionaria, a través del Pentágono, del 35 % y con la que podrá disponer de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano gracias a un opaco acuerdo con el gobierno de facto de Delcy Rodríguez. “(Betancourt) ha sido invaluable para el gobierno de Estados Unidos”, dijo el ex asesor de la Casa Blanca para Venezuela, Mauricio Claver-Carone.
El llamado “rodrigato” tampoco parece muy ansioso por procesar al círculo cercano de Betancourt. A pesar de estas perspectivas, La Gran Aldea reconstruye, a continuación, un esbozo de la disparatada red que, de acuerdo con las autoridades venezolanas y estadounidenses, encabezan D’Agostino y Bazzoni y que incluye al dueño de un popular club de fútbol en Atenas, una trader venezolana-griega familiar de un militar exiliado, unos antiguos contratistas del chavismo y hasta un empresario italiano que representó la marca de Miss Universo en Chile.
Venezuela, petróleo y Miss Universo
Son varios los indicios que vinculan el expediente del caso que favoreció al entorno de Francisco Convit con la trama para evadir las sanciones estadounidenses a Pdvsa. En su publicación en X, el ex fiscal Mundaray precisó que uno de los beneficiados con la sentencia de inicios de agosto, Jacinto Antonio Ríos Convit, es hermano de Francisco Convit, y “ha operado como el andamiaje corporativo y financiero del grupo a través de un entramado de empresas fachada en Panamá y Ecuador, facilitando el trasiego de capitales del negocio petrolero”. Entre los otros favorecidos por la decisión judicial está Ana Convit Guruceaga y Patricia Ferrando, hermana y ex esposa de Francisco Convit, respectivamente.
Pero el nombre de los beneficiados con el “sobreseimiento” que termina de conectar con la trama “Pdvsa-Cripto” no es el de un Convit, sino el del griego Marios Iliopoulos. Dueño del tradicional club de fútbol, AEK Atenas, uno de los más populares del país, y heredero de la compañía de ferris Seajets, el nombre del empresario naviero sale a flote en la investigación del régimen por la mención de una de sus empresas: Highmedsea Shipping, Ltd.
Fundada en Chipre en octubre de 2020, la empresa es también dueña de un buque petrolero de nombre Berlina. Dicha embarcación era parte de la flota de buques fantasmas que usaban los tarders petroleros venezolanos, con la finalidad de burlar las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019. Se trataba de barcos de desguace, con poca vida útil, a los que con frecuencia se les falsificaban los documentos y les desactivaban los transpondedores para ocultar su ubicación. Pertenecían a empresas con opacas estructuras que dificulta conocer quién las controla y que, en no pocos casos, terminaron apropiándose del crudo luego de salir de los puertos venezolanos.
La Gran Aldea conoció, a través de una fuente que pidió la reserva de su nombre, que entre los denunciantes de la investigación contra los Convit estuvo uno de los hermanos Khalil, antiguos contratistas del chavismo. Este dato permite reforzar que el caso de los Convit está vinculado con la red de Bazzoni-D’Agostino. En sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reposan fragmentos de la investigación del Ministerio Público sobre el caso, con un episodio que involucra a una empresa vinculada a los hermanos Majed y Khaled Khalil como denunciante y a una sociedad conectada con Iliopoulos como denunciada.
La investigación del Ministerio Público inició el 23 de agosto de 2021 por la denuncia de los apoderados de Indigo Energy, la empresa vinculada a los Khalil. De acuerdo con el relato, Indigo pidió a Montmagastre Ventures Ltd, una sociedad registrada en Belice, y también vinculada a los Khalil, que hiciera un contrato con Five Oceans Trading, para el transporte de una carga cercana a los 3 millones de barriles de mezcla bituminosa de Pdvsa, desde el muelle de Complejo de Jose. Five Oceans contrató a dos barcos, entre ellos el ya mencionado Berlina (perteneciente a la compañía de Illipoulus), para trasladar la carga, cuyo destino final era China.
Five Oceans es una empresa inscrita en mayo de 2019 en el Reino Unido, disuelta en mayo de 2021, poco después del controversial contrato con los Khalil. Su principal directivo es una trader venezolana, que también cuenta con la nacionalidad griega, de nombre Ditpsy Molina Tamayo, sin embargo, en el registro mercantil del Reino Unido y de otros países figura como Ntipsy Molina Tamagio. Como sus apellidos lo asoman, es hermana del almirante Carlos Molina Tamayo, quien permanece en el exilio luego de participar en el breve derrocamiento de Hugo Chávez en abril de 2002. Molina Tamayo también estuvo entre los directivos de la empresa, aunque renunció a ese puesto en enero de 2020, más de un año antes de que se diera el contrato con la empresa de los Khalil.
El Berlina y el otro barco, cuyo nombre cambió luego de salir de las cotas venezolanas, se fueron con la carga entre marzo y abril de 2021. Lo hicieron sin cumplir con el pago establecido por el contrato. De acuerdo con un reportaje del portal de investigación griego Lone Reporter la empresa de Illipoulus, dueña del Berlina, se defendió alegando que una compañía serbia de nombre Omsk Trading DOO le ordenó vaciar su carga en el almacén flotante CS Innovation.
Omsk estaba controlada por Erik Roveta, un agente marítimo genovés que, de nuevo de acuerdo con las autoridades chavistas, ejerció como bróker de las embarcaciones del esquema ideado por Bazzoni-D’Agostino. El Ministerio Público vincula a Roveta con la administración de más de 160 buques relacionados con la trama, por órdenes de Bazzoni y el ex vicepresidente de Comercio de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez quien fue detenido por estas acusaciones.
Por su parte, Montmagastre, la empresa vinculada a los hermanos Khalil, tenía, a su vez, una sucursal en Serbia. De acuerdo con un portal de información corporativa, el directivo de esta sociedad es el empresario italiano Lucaino Carlo Marocchino, residenciado en Chile.
Marrochino es un empresario conocido en el mundo de la moda y los negocios en ese país. Es fundador y presidente de Tradeco Italia, una compañía dedicada al comercio internacional de textiles. Ha ocupado cargos relevantes como presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Chile y ha sido representante de la marca Miss Universo en Chile. Algunas publicaciones destacan que es amigo del presidente Donald Trump quien fue copropietario de la organización Miss Universo. En su cuenta de Instagram se puede verificar que Marocchimo y Majed Khalil se siguen mutuamente en esa red social.
Este 24 de agosto La Gran Aldea envió un cuestionario y una petición de entrevista a Marrochino y a Ditpsy Molina Tamayo a través de sus cuentas de Instagram, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación de esta investigación. El 17 de agosto también se envió un cuestionario a correos de las empresas de los hermanos Khalil con el mismo resultado.
La conexión chipriota
La presunta red para evadir sanciones que incluyó a Bazzoni y D’Agostino, e incluso al ahora detenido Alex Saab, tuvo sus orígenes en 2019. El portal Armando.info ubicó su génesis en una serie de reuniones en Caracas en 2019 que tenía como intención inicial dar respuesta a la crisis eléctrica, a un mes del apagón de ese año que dejó sin electricidad al país por varios días.
Entre los asistentes a ese encuentro destacó el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez con participación en el sector energético en su país y que además tenía conexiones con Alex Saab. Tanto las investigaciones venezolanas como estadounidense ubican luego a Leal y su empresa Libre Abordo como uno de los eslabones del esquema que, junto con empresas de Bazzoni como Elemento Oil & Gas Ltd y Swissoil Trading S.A., del suizo Philip Apikian, revendieron luego el crudo transportado a países asiáticos como China y Singapur.
La investigación venezolana menciona a estas empresas y añade al coronel Pérez Suárez como la persona que favorecía la trama desde Pdvsa. Además, ubica a Bazzoni como el socio de Pérez Suárez en la fundación de la sociedad panameña United Petroleo Corp, con la finalidad de “hacerse pasar por la empresa china United Petroleum & Chemicals Co. LTD. (subsidiaria de la empresa estatal china Sinopec), una de las principales compradoras de crudo venezolano”.
Un reportaje de Armando.info, el portal que destapó la trama, precisa que esta empresa registró cargamentos de petróleo por un valor de casi 500 millones de dólares de los que quedó debiendo a Pdvsa más de 435 millones. La conexión Saab-Leal-Bazzoni también fue expuesta por las autoridades estadounidenses. En su anuncio de sanciones a Bazzoni en 2021, el Departamento del Tesoro lo dibujó como la persona que se hizo cargo de la red de transporte de crudo luego del arresto de Saab en Cabo Verde en 2020 y la sanción del organismo en contra de Joaquín Leal. “Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para gestionar la reventa de crudo de origen venezolano proveniente de Pdvsa y fletar buques dispuestos a dirigirse a Venezuela para cargar petróleo” se lee en un comunicado de prensa de la institución.
Esta red, que tenía uno de sus centros neurálgicos en los registros mercantiles y navales de Chipre, se empezó a hacer evidente a mediados de 2021. Lloyd’s List, una publicación londinense sobre transporte marítimo, indicó que para 2020 un 80 % del crudo que era movido desde las costas venezolana era desplazado en barcos de bandera chipriota y de dueños griegos. El 14 de julio de 2021 el portal publicó un listado de 11 barcos entre los que aparece el Berlina, el mismo utilizado en el caso del robo de la carga a los hermanos Khalil. Entre las embarcaciones también figura el Amoroza que estuvo involucrado con un cargamento de 82 millones de dólares de United Petroleo Corp cuyos fondos tampoco llegaron a las arcas de Pdvsa.
La red de Bazzoni, D’Agostino y Leal es descrita en el relato de la fiscalía venezolana como una estructura del “crimen organizado” que, con al apoyo de Pérez Suárez, ejecutaba “acciones de extorsión a quienes se ocupaban del transporte de las cargas (y) les amedrentaban con la imposición de elevadísimas sanciones si no les hacían entrega de las cargas de crudo”. A esta red está asociada la acusación por la que fueron sobreseídos las personas del entorno de Francisco Convit, quien también es prófugo de la justicia venezolana y estadounidense.
Tanto Bazzoni como D’Agostino han negado su participación en los hechos. Los abogados del empresario italiano indicaron al Financial Times que este no se ha involucrado en la comercialización de petróleo venezolano y negaron que conozca a Saab, mientras que D’Agostino también desestimó las investigaciones que atribuyó a motivaciones políticas, pues él es cuñado del secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
Protegidos por Washington
Las investigaciones venezolanas del caso Pdvsa Cripto han sido ampliamente cuestionadas. El principal fiscal que investigó la causa, Jean Karin López Ruiz, fue objeto de acusaciones de sobornos y extorsión y fue destituido en febrero de 2025. Además, los acusados han denunciado que se les violó el derecho a la defensa, que han sido víctimas de torturas y que se les despojó de forma arbitraria de sus bienes, cuya procedencia es atribuida al blanqueo de capitales por las pesquisas. El patrón de las detenciones parece responder más una purga política que a una investigación real de la justicia. Sin embargo, en lo que han coincidido con las investigaciones estadounidenses es en posicionar a Bazzoni y D’Agostino como parte clave de la trama.
Desde Venezuela se emitieron solicitudes de extradición contra Bazzoni y D’Agostino. No fueron ejecutadas ante la negativa de las autoridades de otros países de enviar a los investigados a Caracas. Temían la violación de sus derechos procesales. Algo similar sucedió con Roveta, y otros detenidos en el exterior por estas acusaciones.
El caso del ahora todo poderoso Alejandro Betancourt, cercano a D’Agostino y Bazzoni, precedió algunas de las victorias que ha obtenido su círculo cercano en Venezuela y Estados Unidos. El regreso de Betancourt al negocio petrolero se concretó en 2024, cuando con su empresa Nabep se convirtió en el principal magnate petrolero de Venezuela. Hoy la compañía produce alrededor de 200.000 barriles de petróleo diarios, una cifra solo superada por Chevron.
Poco después, en enero de 2025, sus amigos Bazzoni y D’Agostino fueron removidos de la lista de sanciones del Tesoro estadounidense por su presunta participación en la comercialización de crudo de Pdvsa. Ese mismo 2025, en agosto, Francisco Convit se escapó de un centro de detención de los cuerpos de inteligencia del chavismo, en donde se le acusaba de supuestamente estar involucrado en el esquema Pdvsa-Cripto.
Un reporte del Wall Street Journal revela que, luego de una conversación con Betancourt en 2023, Delcy Rodríguez accedió a “desestimar” una investigación en contra de Betancourt en Venezuela relacionada con Pdvsa. Transparencia Venezuela explicó que en marzo pasado Betancourt consiguió que se archivara un expediente en su contra en España luego de que presentara un “sobreseimiento” otorgado por un tribunal de Caracas. La investigación de Madrid está relacionada con el presunto desfalco de 4.850 millones de dólares procedentes de contratos de préstamos con Pdvsa. La Audiencia Nacional española ordenó reabrir la averiguación en junio pasado, pero el nuevo sobreseimiento obtenido en Caracas por Ana Convit Guruceaga hace menos de un mes, quien -junto a su hermano Francisco Convit- figura en las pesquisas de España, puede ser usado para intentar cerrar nuevamente la causa en ese país.
Francisco Convit también huyó de la justicia estadounidense que en 2018 le acusó de participar en un esquema de presunto lavado de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa. Se desconoce su paradero actual. Sin embargo, desde el momento de su escape, en Venezuela surgieron versiones de que colabora con la justicia estadounidense, una táctica que ya le rindió frutos a su socio Betancourt.