En un pronunciamiento oficial, emitido este 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca calificó de “histórico” el nuevo marco de cooperación energética alcanzado con las autoridades interinas de Venezuela, y que gira en torno a la empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigida por Alejandro Betancourt.
Betancourt, un antiguo contratista del chavismo, conocido por los escándalos de corrupción a través de su empresa Derwick Associates, con la que obtuvo millonarias contrataciones que, supuestamente, buscaban fortalecer el sistema eléctrico nacional, en crisis desde aproximadamente 2010.
A pesar de la opacidad que envuelve el anuncio del acuerdo, la administración de Donald Trump, reafirmó que éste consolida “el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo”, mientras promete la recuperación económica de Venezuela.
Además, el convenio, formalizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, otorga a Washington “poderosos derechos de gobernanza”, dentro de Nabep.
Supuestas concesiones centenarias y el plan de inversión de Nabep en 17 campos
- EE. UU. aseguró el 35 % de la petrolera Nabep y el derecho a adquirir el 20 % de su producción a precio de costo (más derecho de tanteo sobre el 80 % restante), sin costo para los contribuyentes estadounidenses.
- Estados Unidos habla de una supuesta concesión por un período de 100 años para explotar 17 campos petroleros. Sin embargo, previamente Delcy Rodríguez, desde Caracas, habló de una vigencia del acuerdo de tan solo 25 años.
- Para reactivar yacimientos que operan a mínima capacidad o se encuentran paralizados —tras años de desinversión y mala gestión— la compañía se comprometió a invertir directamente hasta 100.000 millones de dólares, que serán destinados a la modernización y construcción de infraestructura petrolera de última generación.
- El aporte fiscal se estima en 200.000 millones de dólares, monto proyectado por concepto de impuestos y regalías a lo largo de 25 años, amparado en la nueva Ley de Hidrocarburos venezolana. Lo que representa, según EE.UU., “un apoyo crucial para que los gobiernos venezolanos, tanto actuales como futuros, financien la reconstrucción y el desarrollo”.
- Washington también promete que, a partir del acuerdo, se crearán miles de empleos “bien remunerados” en Venezuela, una país donde se estima que más del 50 % de la población ocupada se encuentra en el sector informal.
Gobernanza corporativa bajo jurisdicción y supervisión de Washington
Con el supuesto fin de evitar desvíos de fondos y garantizar la transparencia de los recursos, la administración Trump aseguró que el acuerdo incorpora cláusulas estrictas de control corporativo y fiscal, bajo la órbita regulatoria estadounidense.
La Casa Blanca subrayó las siguientes disposiciones institucionales:
- Poder de veto y composición del directorio: El gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de veto sobre cualquier designación en la junta directiva de Nabep, la cual deberá estar conformada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses.
- Marco legal y tribunales aplicables: todas las controversias y lineamientos contractuales quedan sujetos a la legislación de Estados Unidos y a la jurisdicción exclusiva de sus tribunales federales.
- Auditoría y control financiero: las operaciones contables contarán con firmas de auditoría, asesoría y consultoría legal de origen estadounidense. Asimismo, se implementarán mecanismos de supervisión de pagos y reformas bancarias para fiscalizar que las regalías beneficien de manera efectiva a la población.
Reafirmación de la “Doctrina Monroe” y expulsión de adversarios extranjeros
En el plano geopolítico, la Casa Blanca encuadra este acuerdo dentro de su estrategia de tres fases para Venezuela —estabilización, reconstrucción y transición democrática—, anunciada tras la denominada Operación Resolución Absoluta, ejecutada el pasado 3 de enero.
El documento oficial enfatiza que la mayoría de los 17 yacimientos transferidos a Nabep estaban previamente controlados u operados por consorcios de Rusia y China, o actores ligados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Estos actores extranjeros malintencionados saquearon los recursos de Venezuela y no invirtieron en la infraestructura ni en el desarrollo”, exclama el comunicado.
Según el ejecutivo estadounidense, el restablecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela permitirá asegurar cadenas de suministro energéticas dentro del hemisferio, erradicar la influencia extranjera extrarregional, facilitar el financiamiento de obras clave para la reconstrucción tras los terremotos de junio y contribuir en la liberación de presos políticos.
“El proceso continuará con reuniones adicionales en septiembre”, adelantó el texto, en referencia a la mesa de diálogo instalada a principios de agosto, entre delegaciones de la Asamblea Nacional actual, en representación del oficialismo, y la electa en 2015, en función de un sector de la oposición.