El verdadero dilema venezolano
En Venezuela comienza a abrirse nuevamente una discusión que parecía clausurada hace apenas meses: la posibilidad de una transición política. La extracción de Maduro, la intensificación de la presión internacional, el control del gobierno estadounidense sobre las finanzas del país, el impacto simbólico, político y diplomático del liderazgo de María Corina Machado, y las señales enviadas desde Washington sobre un eventual proceso de “estabilización, recuperación y transición” han modificado el entorno político y estratégico.
Sin embargo, existe un riesgo central que todavía no parece estar siendo suficientemente comprendido: una transición democrática no depende únicamente de la muerte o la salida del líder, como demuestran los casos de Chávez y Maduro entre muchos otros a nivel internacional, o del debilitamiento de la cúpula autoritaria, sino de la reconstrucción efectiva de las instituciones que fueron desmontadas o colonizadas para hacer posible la sustentabilidad del autoritarismo.
Ese es hoy el gran dilema para quienes dirigen el Plan de Tres Fases, como lo ha llamado el Secretario de Estado, Marco Rubio, y para quienes tienen responsabilidad en su ejecución, como es el caso del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, el Sr. John M. Barrett. Porque una transición que preserve intacta la arquitectura institucional del oficialismo podría terminar produciendo una mutación del régimen y no una democratización real y sostenible.
Cuando el gobierno norteamericano decidió dejar a Delcy Rodríguez al frente del gobierno venezolano nuestra apuesta fue, como lo comentamos en varios artículos y entrevistas, que el plan sería utilizar a quienes tenían control del sistema que sostenía al oficialismo para desmontar su propio sistema e instalar uno que significaría la reinstitucionalización del Estado bajo reglas democráticas para asegurar la viabilidad de un gobierno electo, fuese este el de Edmundo González quien resultó electo en 2024 o el que resultará de una nueva elección.
Lamentablemente, aunque seguimos apostando a esta tesis al menos como intención, lo que hemos visto desde entonces no pareciera caminar, al menos en sus resultados, hacia una reinstitucionalización del Estado. Lo que hemos visto es un reacomodo en donde las élites leales a Maduro han sido sustituidas por otras, también chavista pero que había sido relegada, que hoy ascienden no por su imparcialidad o idoneidad, sino por su cercanía a los hermanos Rodríguez.
El problema no son solo las personas, sino el sistema de poder
Durante años, el debate venezolano se ha concentrado en la necesidad de elecciones libres. Pero la experiencia comparada demuestra que las elecciones, por sí solas, no garantizan democratización cuando las instituciones que administran el poder siguen capturadas.
El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, los organismos policiales y de inteligencia, e incluso buena parte de la estructura doctrinaria y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron progresivamente transformados en instrumentos de control político.
No se trata simplemente de instituciones debilitadas. Se trata de estructuras diseñadas para impedir la alternancia y garantizar la preservación del poder.
Por eso resulta imposible pensar en una transición viable si el TSJ continúa funcionando como apéndice del Ejecutivo, si el CNE mantiene capacidad de manipular condiciones y resultados electorales, o si los organismos de inteligencia siguen operando bajo una lógica de persecución y represión política hacia el “enemigo interno”, o sea la oposición.
La sostenibilidad democrática depende precisamente de lo contrario: de la reconstrucción del Estado de Derecho y de la generación de garantías institucionales suficientemente sólidas como para impedir una rápida reversión autoritaria.
El riesgo de estabilizar antes de democratizar
Las señales enviadas por Washington merecen atención cuidadosa.
El llamado plan de “estabilización, recuperación y transición” impulsado por sectores de la administración estadounidense parece responder más a una lógica de manejo geopolítico y estabilización gradual que a una estrategia clásica de democratización.
El problema es que la historia demuestra que las autocracias rara vez desaparecen completamente derrotadas. Con frecuencia intentan adaptarse, moderarse parcialmente, flexibilizar ciertos controles y recuperar legitimidad internacional sin desmontar los mecanismos fundamentales que sostienen su poder o les permitirían desestabilizar al siguiente gobierno para luego regresar.
El Plan de Tres Fases, aunque invierte el flujo natural de los procesos de democratización en los que normalmente la estabilización y la recuperación son consecuencias de la transición, no por ello el planteamiento adolece de méritos que podrían convertirse en un nuevo paradigma para futuros procesos. De hecho, obedece a una lógica que goza de todo sentido si consideramos que más del cincuenta por ciento de las transiciones se revierten porque el nuevo gobierno llega sin control ni capacidades institucionales. Ese riesgo es particularmente alto en el caso venezolano si no se sustituye efectivamente la actual estructura institucional por una que goce de independencia y atienda a los intereses del Estado, y no a los del gobierno de turno.
La apertura y estabilización económica sin reformas institucionales profundas podría terminar fortaleciendo a sectores autoritarios todavía intactos, al tiempo que permite a quienes gobiernan utilizar la negociación y cooperación selectiva como táctica dilatoria. La recuperación petrolera podría convertirse en una válvula de supervivencia del sistema político actual si no está condicionada a cambios institucionales verificables. Es así como la “transición” podría convertirse en una promesa indefinidamente postergada bajo el argumento de preservar la gobernabilidad o evitar el caos.
Precisamente por ello, los actores democráticos venezolanos y la comunidad internacional deben comprender que la reinstitucionalización no puede ser un tema secundario ni diferido. Debe ser parte central de cualquier negociación, acuerdo o proceso de transición.
Lo que está diciendo la sociedad venezolana
Los estudios de opinión disponibles muestran una sociedad agotada, pero no resignada.
La población quiere estabilidad económica y normalidad cotidiana, pero también exige elecciones, respeto al voto, garantías, justicia y condiciones reales de cambio. Después de años de fraude, represión y promesas incumplidas, existe una profunda desconfianza hacia cualquier solución percibida como cosmética o simplemente pactada entre élites.
Una transición percibida como un simple reacomodo interno del poder difícilmente generará legitimidad social sostenible. Y sin legitimidad social, la gobernabilidad es extremadamente frágil.
En otras palabras: la sociedad venezolana no está demandando un simple cambio de gobernante, Delcy por Maduro, sino una reconstrucción profunda de su sistema político, económico y social.
El papel de María Corina Machado
En este contexto, la presencia de María Corina Machado dentro de Venezuela adquiere un valor estratégico central.
La principal prueba sobre la verdadera disposición del gobierno a avanzar hacia la tercera fase del plan que Delcy Rodríguez conoce, o sea la transición democrática, no será el discurso diplomático ni las declaraciones públicas. Será la posibilidad real de que la principal líder opositora pueda ejercer libremente actividad política dentro del territorio nacional.
Mientras Machado no pueda regresar, movilizarse libremente, organizarse, hacer campaña y ejercer liderazgo político sin persecución, cualquier narrativa sobre transición seguirá enfrentando un severo problema de credibilidad.
Además, existe otro factor delicado: una permanencia demasiado prolongada fuera del país podría facilitar la narrativa oficial que intenta presentar a la oposición democrática como una dirigencia desconectada del territorio nacional y dependiente exclusivamente del respaldo internacional. Diversos análisis recientes advierten precisamente ese riesgo político y simbólico, del cual, obviamente, el oficialismo trata de tomar ventaja.
Por eso el eventual regreso y permanencia de Machado en Venezuela no es solo una decisión personal o política. Es un elemento central para medir si realmente existen voluntad y condiciones mínimas para avanzar hacia una transición auténtica.
El rol de Estados Unidos y de la comunidad democrática internacional
La Embajada de Estados Unidos y los actores democráticos internacionales enfrentan también un desafío complejo. No pueden limitarse a administrar una negociación política o una eventual estabilización económica. Su verdadero papel debería consistir en actuar como garantes internacionales de condiciones mínimas de reinstitucionalización democrática. Sin ello el Plan de Tres Fases terminaría fracasando estrepitosamente.
Eso implica exigir reformas verificables en el sistema electoral, judicial y de seguridad; condicionar incentivos económicos y alivios de sanciones al cumplimiento efectivo de esas reformas; y construir mecanismos internacionales de supervisión capaces de reducir el riesgo de reversión autoritaria.
La experiencia comparada demuestra que las transiciones exitosas suelen requerir árbitros externos creíbles cuando las instituciones nacionales han sido completamente capturadas. Pero también demuestra que esos árbitros fracasan cuando priorizan estabilidad inmediata sobre democratización estructural, como hemos visto en casos como el de Myanmar, Egipto, Nicaragua o Venezuela en intentos previos.
Ese es precisamente el riesgo que volvemos a enfrentar hoy.
La verdadera batalla
El oficialismo parece entender perfectamente la naturaleza de esta disputa.
Por eso intenta simultáneamente abrirse hacia fuera y cerrarse hacia adentro, mejorar parcialmente su imagen internacional mientras preserva intactos los centros reales del poder interno: el aparato judicial, el control territorial, el sistema de inteligencia, la estructura militar, e incluso lo que queda del mal llamado “Estado comunal”.
La verdadera batalla por la democracia venezolana no es solamente sobre quién gobierna.
Es sobre si el país logrará reconstruir instituciones capaces de impedir que el autoritarismo sobreviva a este nuevo intento de democratización o retorne rápidamente bajo nuevas formas.
Porque el mayor peligro para Venezuela no es únicamente una continuidad autoritaria abierta, como la que tenemos hoy. Es una transición aparente que preserve intactos los mecanismos que hicieron posible el desmontaje de la democracia.