“Sólo la presión unánime de la opinión pública obliga al gobernante
a liberalizar; él jamás lo haría por su propio impulso”.
-Ludwig von Mises.
Los recientes anuncios sobre un nuevo modelo económico en Venezuela, basado en la promoción de inversiones y en una nueva institucionalidad para un Estado más eficiente, plantean una duda central que, en realidad, comprende dos preguntas. La primera es si es posible promover ese nuevo modelo sin libertad de empresa. La segunda duda es si es posible implementar estas reformas económicas sin democracia. En el caso de Venezuela, la respuesta es clara: sin libertad de empresa ni democracia, no es posible analizar un modelo económico orientado a promover la inversión privada. Invertir el orden—primero la economía, luego la democracia— es una quimera.
Esta respuesta no solo se sustenta en estudios empíricos que demuestran que el crecimiento y el desarrollo requieren instituciones políticas democráticas basadas en la libertad de empresa. Además, tomando en cuenta las particularidades de la crisis económica en Venezuela, cuya solución pasa por una nueva relación entre el sector público y el privado.
Las instituciones que llevaron a la muerte de la libertad de empresa
Para 2017, antes de que Estados Unidos aplicara su política de sanciones, la economía venezolana ya estaba en colapso, como lo evidenciaba la severa caída del producto interno bruto. Este colapso se debió a las instituciones predatorias adoptadas por el gobierno de Chávez y continuadas por el de Maduro, enmarcadas en lo que se llamó el Plan de la Patria. En síntesis, podemos identificar tres tipos de instituciones predatorias.
La primera institución fue la imposición de controles centralizados sobre la economía, en especial, el control de precios y de cambio. Esos controles, que violaron la Constitución, fueron posibles porque la Sala Constitucional deslegalizó la economía, lo que, a su vez, fue resultado de la politización de la Sala Constitucional y de todo el Poder Judicial.
La segunda institución fue la política arbitraria de expropiaciones, que adoptó varias modalidades. Así, hubo casos de inversores cuyos activos fueron adquiridos de manera forzosa y arbitraria, como ocurrió con los derechos contractuales de empresas petroleras internacionales. En otros casos, el Estado ordenó la “intervención” de empresas acusadas falsamente de cometer ilícitos económicos, lo que derivó en su expropiaciónde facto. Esta modalidad fue común en la agroindustria. Nuevamente, estas políticas solo fueron posibles gracias al desmantelamiento del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial.
La tercera y última institución fue la criminalización del sector empresarial privado, en el contexto de narrativas como la “guerra económica”. Por ejemplo, en 2013, la Asamblea Nacional, controlada por Maduro, aprobó un acuerdo en el que se denunciaba que “empresarios inescrupulosos del país han venido desarrollando acciones criminales”. La politización del Poder Judicial permitió utilizar a los tribunales como brazos ejecutores de dicha política de persecución.
La pervivencia de las instituciones predatorias que llevaron a la muerte de la libertad de empresa
Las políticas explicadas no responden a errores de un pasado remoto. En realidad, esas políticas se han mantenido hasta nuestros días. Así, por ejemplo, en 2024 la prensa registró detenciones en el sector petrolero. También en 2024, la arbitraria política de expropiación de facto se aplicó contra el Grupo Lamar. Y hace escasos meses, el régimen venezolano emprendió una política de persecución contra economistas, simplemente por divulgar o comentar cifras económicas.
Las políticas predatorias han continuado, pues todavía perviven las mismas instituciones que llevaron a la muerte de la libertad de empresa.
Así, todavía están vigentes los textos aprobados por la asamblea constituyente de 2017, que formalizan la economía centralizada, como la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Otros textos, incluyendo el Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, o la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, eliminaron el imperio de la Ley.
Luego del 2020, la Asamblea Nacional también dictó nuevas regulaciones predatorias que refuerzan el cerco contra el sector privado, como la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto de conmoción exterior, aprobado el 3 de enero, agravó el alcance de todas estas regulaciones predatorias.
De igual manera, el sistema de justicia que criminalizó a la empresa privada se mantiene, y junto a él, las Leyes que abusivamente han sido empleadas, incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, e incluso el Código Penal con el delito —ampliamente abusado— de traición a la patria. Los delitos de la Ley Orgánica de Precios Justos continúan vigentes, junto con la Ley Constitucional de los Precios Acordados, de 2017.
Venezuela es un ejemplo del legalismo autocrático: la Ley, lejos de servir de instrumento de protección de la libertad de empresa, se empleó para desnaturalizar y criminalizar esa libertad, lo que resultó decisivo para el colapso económico.
No sorprende, entonces, que Venezuela ocupa el último lugar en el Índice del Estado de Derecho y uno de los últimos en el Índice de Libertad Económica.
¿Venezuela puede ser China?
La respuesta más común a la tesis según la cual, sin libertad de empresa, no hay desarrollo es el modelo chino, cuya comparación con el caso de Venezuela he tratado aquí. Esta comparación permite concluir que Venezuela no es China.
Ciertamente, China ha logrado crecer a pesar de no contar con instituciones basadas en la libertad de empresa. Pero, como se explica en este trabajo, China logró construir instituciones que, en cierto modo, emularon los derechos de propiedad, brindando así estabilidad y certeza jurídica.
Tampoco hay que viajar tan lejos para buscar otro ejemplo. Como explica la profesora González Deluca, durante el gomecismo se dio la paradoja de la libertad escindida, ante la promoción de la inversión privada al margen del Estado de Derecho.
Hay otro ejemplo incluso más cercano en el tiempo: según cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana creció entre 2020 y 2022, nótese bien, en plena vigencia de las sanciones. Y el crecimiento, con bemoles, ha continuado. No faltó quien se apresuró a anunciar el renacer económico del país en un capitalismo sin libertad de empresa. Lo que sucedió, en realidad, es que el rebote luego de la pandemia, la desaplicación, en los hechos, de los controles centralizados y la privatización de facto de las operaciones petroleras, respaldada por licencias, promovieron el crecimiento económico sin Estado de Derecho.
Lo que China y Venezuela (en el gomesismo y en la economía post-2020) demuestran es que, bajo ciertas condiciones, es posible promover el crecimiento económico sin las garantías plenas del Estado de Derecho. Y, con todo, la ausencia de estas garantías determina la precariedad de este modelo de crecimiento, por no decir que marca su absoluta contradicción con los estándares universales de derechos humanos. Por lo anterior, el crecimiento económico sin Estado de Derecho no ofrece garantías para promover el desarrollo humano. Por el contrario, este crecimiento puede incluso agravar el desarrollo, por ejemplo, mediante la desigualdad.
Por lo tanto, y esta conclusión es importante, Venezuela puede crecer a partir de las políticas implementadas a partir del 3 de enero y probablemente lo hará. Pero ese crecimiento no será resultado de un nuevo modelo económico, sino simplemente de nuevos parches regulatorios, que le pondrán un techo al crecimiento y, tanto más todavía, a la promoción del desarrollo humano.
Una cosa es intentar promover el crecimiento económico con una suerte de “autocracia liberal”, y otra muy distinta es promover ese crecimiento con instituciones que controlan centralmente la economía, expropian arbitrariamente la propiedad privada y persiguen al sector privado.
La complementariedad entre democracia y economía (y entre el sector público y el privado).
Plantear que primero debe avanzarse en la recuperación económica para luego atender la democracia es un error de diagnóstico, pues se asume que la relación entre democracia y economía es de rivalidad. Sin embargo, autores como Amartya Sen han demostrado que la democracia y la economía son complementarias.
De hecho, la incipiente apertura a la inversión privada ofrece una oportunidad única de reconstruir el Estado de Derecho de abajo hacia arriba, sustituyendo las instituciones predatorias por instituciones inclusivas en las áreas donde se promueve la inversión privada, bajo la estricta supervisión del Gobierno de Estados Unidos.
Además, la inversión privada tiene claros incentivos para rescatar las garantías de la libertad de empresa, en tanto ellas otorgan certidumbre y estabilidad a sus derechos económicos. Y esas garantías solo pueden existir en democracia y, por ende, bajo un gobierno de elección popular.
Por ello, cuando se señala que la economía está primero, se envía una peligrosa señal a la inversión privada, pues se sugiere que es necesario mantener a las instituciones predatorias que han surgido precisamente por la ausencia de democracia. Y la experiencia en Venezuela demuestra que, si esas instituciones se preservan, tarde o temprano podrán ser empleadas de nuevo.
Todo lo anterior abre una posibilidad que, en cierto modo, es inédita: replantear la relación entre el sector público y el privado en Venezuela desde la complementariedad, y no desde la rivalidad. La inversión privada puede desempeñar un papel importante en la reconstrucción del Estado de Derecho y en la garantía de la libertad económica. Para ello, es importante crear instancias de coordinación público-privada para el diseño e implementación de políticas del anunciado nuevo modelo económico, de nuevo, partiendo del rescate de la libertad de empresa.
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Venezuela puede encontrarse ante una oportunidad única para reconstruir el Estado de Derecho de la mano de la libertad de empresa. Para avanzar en esta dirección, es preciso abandonar la errónea idea de que la recuperación de la economía es incompatible con el rescate de la democracia y comprender que solo la democracia y el Estado de Derecho permitirán apalancar la recuperación de la economía centrada en la libertad de empresa para promover el desarrollo humano. Todo ello puede servir para cumplir una meta imperativa en Venezuela, que, empleando palabras de Julián Marías, puede resumirse en la necesidad de crear “una imagen afirmativa y atractiva de la condición civil (y civilizada), de la libertad y la convivencia”.