Enfrentar la realidad venezolana exige hoy una capacidad de visión particular: la bifocalidad. Esta consiste en la destreza de comprender y decidir políticamente en un presente de extrema complejidad, mientras se diseñan, con rigor, las reglas justas y útiles que deben perdurar para garantizar estabilidad y confianza.
Esta premisa es el eje de mi libro más reciente, Bifocales: ensayos para uso ciudadano, donde reúno una serie de reflexiones sobre nuestra coyuntura y el horizonte hacia el cual debemos orientarnos. Parto de una realidad ineludible: nuestra soberanía popular permanece en suspenso desde que fue usurpada por el régimen autocrático; una realidad que persiste a pesar del actual tutelaje del gobierno de los Estados Unidos sobre dicha estructura de poder. Los ensayos incluidos en este libro pretenden, por tanto, contribuir a la tarea colectiva de recuperar, hoy, nuestra soberanía como pueblo de ciudadanos, con el fin de edificar y preservar un orden institucional que nos permita progresar en paz y libertad.
El debate actual sobre el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) es un ejemplo tan pertinente como crítico de esta necesidad de mirar con lentes bifocales.
El Banco Central es el eje de la institucionalidad monetaria y financiera de una nación; es decir, el custodio del conjunto de reglas que regulan la liquidez, las tasas de interés y el sistema financiero. Su objetivo fundamental es preservar la estabilidad del valor de la moneda o, en otras palabras, controlar la inflación. Es clave añadir que un Banco Central no es un banco de desarrollo; sin embargo, el cumplimiento eficaz de su función técnica es una condición sine qua non para que dicho desarrollo sea siquiera posible.
Una regla esencial que el Banco Central debe respetar es la prohibición de financiar el déficit del gobierno mediante la creación de moneda. Esta restricción recoge un doloroso aprendizaje histórico en materia económica: se sabe bien que la expansión de la liquidez respaldada meramente por instrumentos de endeudamiento gubernamental abre las puertas a la hiperinflación. La hiperinflación no es otra cosa que la destrucción de una moneda cuando su emisión carece de límites y queda subordinada a la dinámica política del gasto público descontrolado.
Esta es una regla que los venezolanos, quizás sin plena consciencia de su trascendencia en aquel momento, acordamos al aprobar la Constitución de 1999. El artículo 320 de nuestra carta magna establece, de forma explícita, que: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”. Al redactar este texto, la experiencia de diversos países nos sirvió para entender que la salud de la moneda depende de su aislamiento frente a las urgencias fiscales del poder de turno. Sin embargo, los hechos de las últimas dos décadas en esta materia constituyen la crónica de cómo esta barrera de contención fue demolida.
La violación del Artículo 320 no fue un evento súbito, sino un proceso de erosión legal que comenzó entre 2004 y 2005. El primer síntoma de esta deriva fue la exigencia pública del Ejecutivo al Banco Central de entregar un «millardito» —mil millones de dólares de las reservas internacionales— para financiar proyectos agrícolas fuera del presupuesto nacional. Ante la resistencia técnica del Directorio de entonces, que defendía con rigor el carácter no excedentario de dichas reservas, el régimen procedió a forzar una reforma de la Ley del BCV. Bajo la falaz idea del «uso de las reservas excedentes», se creó la primera gran fisura institucional: la obligación del Banco de transferir divisas al Ejecutivo para alimentar fondos discrecionales como el Fonden. Esta maniobra despojó a nuestra moneda de su respaldo.
Posteriormente, en 2009, la demolición continuó al permitir que el Banco financiara directamente a PDVSA. El quiebre definitivo de la institucionalidad monetaria se consolidó a partir de 2010, cuando el auxilio financiero a la petrolera estatal dejó de ser excepcional para volverse norma. Con la caída de los precios del crudo en 2014 y el agotamiento de las divisas, el régimen aceleró la emisión de bolívares sin respaldo para cubrir el vacío fiscal, subordinando la estabilidad económica a su mera supervivencia política. La consecuencia fue la hiperinflación que destruyó nuestra economía y lanzó a la pobreza a millones de compatriotas. Lo más grave es que esa práctica, contraria al mandato constitucional, no ha desaparecido.
Ahora bien, es importante destacar que detrás de este proceso existen responsabilidades concretas. Es un error analítico frecuente describir políticas y decisiones en términos generales, como si fuesen los organismos los que decidiesen y no las personas investidas de autoridad para actuar en su nombre. No debe olvidarse que detrás del financiamiento monetario del gobierno ha habido y hay decisores con nombre y apellido. Entre ellos están los integrantes de los sucesivos directorios del BCV. Al actuar como facilitadores de este desastre, no solo han traicionado un mandato legal, sino que han infligido un daño profundo y duradero a la vida de millones de venezolanos. Al mismo tiempo, es de estricta justicia reconocer que dentro del Banco Central también han laborado y laboran ciudadanos que, bajo presiones extremas, han intentado preservar la integridad de los procesos vitales de la institución.
Resulta notorio que esta dimensión, tanto moral como legal, no forme parte de nuestro debate público. Lo que sí ha ocurrido es que, ante la destrucción de la institucionalidad nacional, se viene planteando, desde hace años, la conveniencia de dolarizar nuestra economía. Dolarizar es, en esencia, la idea de prescindir de la autonomía monetaria nacional, delegando en la Reserva Federal de los Estados Unidos el destino de nuestro signo monetario. Más allá de la eficacia técnica de esa propuesta, lo que deseo destacar es que ella lleva implícito el reconocimiento de una minoría de edad como sociedad; una confesión de que nos sentimos incapaces de hacer respetar nuestras propias reglas y de imponer límites al poder. Nadie está en contra de una moneda fuerte, pero existe una diferencia abismal entre tenerla como expresión de un país con instituciones sólidas, capaz de sostener su propia moneda, y tenerla como el resultado de una claudicación.
El verdadero reto de una nación que aspira al desarrollo es, pues, contar con instituciones propias y robustas, lo cual implica —ineludiblemente— hacerlas respetar. La reconstrucción nacional pasa por restaurar la vigencia efectiva de la responsabilidad. Si no hay costos para quienes vulneran la estabilidad de la moneda a través de la emisión inorgánica, ¿no estamos acaso haciendo posible la repetición del desastre? La historia de las instituciones fuertes es también, al final del día, la historia de la rendición de cuentas para quienes se atrevieron a vulnerarlas.
Estoy consciente de que lo planteado no es tan nítido ni simple en la práctica. En el fondo, nos enfrentamos, entre otras cosas, a un dilema moral en los términos que Max Weber expuso hace más de un siglo: en la acción política, el apego irrestricto a una norma moral o legal tiene consecuencias que no siempre pueden justificarse solo por la rectitud de nuestras intenciones. Es cierto que, en la actual coyuntura, establecer responsabilidades directas en la destrucción institucional puede enrarecer y dificultar una transición hacia la democracia.Creo, sin embargo, que la respuesta ante este legítimo cuestionamiento no reside en el olvido, sino en matizar y ponderar dichas responsabilidades. Ignorar la violación sistemática de la Constitución bajo la excusa del pragmatismo sería un error histórico que debilitaría nuestro futuro. Si optamos por la amnesia colectiva, quizás alcancemos un desenlace favorable para la crisis política inmediata, pero no estaremos construyendo las instituciones sólidas que el desarrollo exige. La bifocalidad nos obliga a buscar la salida política hoy, sin hipotecar la integridad de la institucionalidad mañana.