Delcy Rodríguez se dirigió al país a través de un mensaje pregrabado este 29 de octubre, pasadas las 11 de la mañana, una hora antes de la hora pautada para la primera rueda de prensa de María Corina Machado desde Venezuela.
Vestida de blanco impoluta, Rodríguez prometió cuatro aumentos salariales para 2027 y la realización de «todas las elecciones» previstas en la Constitución y organizadas por una autoridad electoral «renovada». Su mensaje enumeró lo que «ha hecho» durante estos 10 meses y lo que según la mandataria «falta por hacer». Además, volvió a referirse a sí misma como «presidenta encargada», aunque en la descripción del video se omitió el término «encargada».
Otro de los anuncios fue la instrucción a los cuerpos de seguridad de que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, y aseguró que garantizará el derecho a la protesta «pacífica» en el país.
El discurso completo:
«El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar. Un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país, y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables. De esas acciones les quiero hablar hoy.
Voy a decirles primero lo que está hecho y lo que está por hacer. Es más honesto reconocer la mitad del camino que celebrar una meta por alcanzar. En enero solicité una transformación profunda de la justicia que reconstruya la confianza y recupere la credibilidad en las instituciones. Asimismo, anuncié una ley de amnistía para contribuir a sanar las heridas causadas por años de confrontación entre hermanos. Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal. Una consulta que busca escuchar a todos y a todas para construir una justicia más justa, humana, transparente e imparcial, que deje atrás la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza.
Recientemente acordamos con la Unión Europea asistencia técnica para avanzar en esta dirección. También hemos pedido la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En febrero, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ley de amnistía que le propuse al país. A la fecha, casi 9.000 personas han sido beneficiadas por esta iniciativa, poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación en la que estuvimos sumidos. Más de 1.000 personas han sido puestas en libertad, producto de la aplicación de esta ley y de la revisión de otros casos no previstos en ella.
En septiembre dije algo que no es fácil decir desde esta responsabilidad: que la ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva. Pedí que se reformara para eliminar las sanciones penales previstas en ese instrumento, fortaleciendo su carácter educativo. La semana pasada la Asamblea Nacional presentó la reforma y el Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad de esta iniciativa. Pido a la Asamblea Nacional que lleve adelante un proceso amplio e inclusivo de consultas con todos los sectores involucrados para dar un amplio debate sobre esta propuesta. Una vez promulgada esta ley, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente con base en este instrumento.
No es el final del camino. Seguirán produciéndose medidas que apunten en esta dirección e invito a organizaciones independientes a verificar cada uno de estos pasos con total libertad y transparencia. La Constitución es el marco para la actuación de todas y todos. La violencia no es el camino para dirimir las controversias que surgen en una sociedad. Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo. He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas.
La protesta pacífica es un derecho constitucional y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad. La inmensa mayoría de los venezolanos estamos convencidos que la solución a nuestros problemas solo podemos construirla a partir del diálogo, la convivencia y el encuentro entre nosotros. Por ello, a comienzo de año invité a representantes de diversos sectores de la sociedad a sumarse al programa de convivencia democrática y paz, y desde allí construir consensos en torno a temas de la vida nacional. Las puertas de este programa siguen estando abiertas para todos y todas.
En octubre se realizó en Caracas la tercera ronda de la mesa de diálogo político entre representantes de la Asamblea Nacional del 2015 y el gobierno nacional. La agenda está centrada en las garantías políticas para todos los participantes en los venideros procesos electorales, en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y en la recuperación de recursos para la atención socioeconómica post-terremoto.
No es un diálogo para la foto. Son temas duros y no se resuelven en un día. Los actores económicos también tienen un espacio de diálogo para alcanzar objetivos concretos que permitan un impulso productivo notable y seguir por la senda del crecimiento económico sostenido. He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución. De igual manera, hemos aprobado una ley para la optimización de trámites que ya ha tenido frutos, entre ellos, el proceso de simplificación, modernización y digitalización del SENIAT.
Este diálogo económico ha arrojado también la suscripción de 61 contratos en hidrocarburos con inversionistas nacionales e internacionales bajo los parámetros de la nueva ley de hidrocarburos, y están en negociación 44 acuerdos más. De igual manera, están en curso importantes negociaciones en minería, en oro, aluminio, hierro.
Quiero detenerme a un espacio de diálogo aún vital para el país, dirigido a la justicia social de nuestros trabajadores. Está en curso una mesa de diálogo para consensos laborales con participación de las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el gobierno nacional. En ese sentido, quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda. Un verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas. Que la libertad de expresión sea ejercida de manera responsable y que la información fluya con veracidad y objetividad. Por ello, seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida.
Pido a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo pido a los medios, tanto nacionales como internacionales, que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio, ni de su identidad nacional. Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase. Era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores. Este proceso nos llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos. Nos llevará a garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia a lo interno de los partidos políticos. Quien está fuera del poder, puede pedir estas reformas que hemos venido impulsando. Y tiene derecho a pedirlas. Pero firmar una reforma, mover una institución, sentar en la misma mesa a quienes durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce el Estado a profundidad.
Lo conozco desde adentro. He sido ministra en distintas áreas, canciller, vicepresidenta ejecutiva y hoy soy presidenta encargada. Sé de qué les hablo. Una transformación de esta magnitud, si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel, y Venezuela ya ha tenido demasiados papeles. Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando. No lo escondo. Esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita. Y la medida de eso no son mis palabras, son acciones concretas y verificables.
Les confieso que las decisiones que hemos tomado y las que debemos tomar no son fáciles. Para algunos esto es ceder demasiado, y para otros es avanzar demasiado poco. Entre esas dos tensiones se gobierna, y hemos escogido un camino que con paso firme llegue a buen puerto. Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones. Todas las que manda nuestra Constitución. Organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo. Repito, la elección no debe ser un problema, ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere. Sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones: el tema eléctrico, en el sueldo, en la salud. Tienen razón. De poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos.
A los trabajadores que han pedido mejoras salariales, tienen derecho a reclamar y los escucho. A las familias que siguen reconstruyendo su casa después del terremoto del 24 de junio, la reconstrucción no se detiene, y cada mes le mostraré qué se hizo, dónde y cuándo. Que tu hijo pueda volver, que la luz no se vaya, que el sueldo alcance, eso es el renacer. No les digo que ya llegó. Les digo hacia dónde vamos y cómo vamos a poder comprobarlo. A quienes piensan distinto a mí y de mi gobierno, esta transformación también es de ustedes. No les pido que cambien de opinión. Les pido que juzguen por los hechos y que vengan a la mesa con reglas iguales para todos. A quienes nos acompañan, nada de lo construido se pierde. Lo que funciona se protege y lo que está mal se corrige. La soberanía no se negocia. Cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela.
A los jóvenes venezolanos, vale la pena creer de nuevo. Estas reformas son para que cuando les toque decidir el rumbo del país encuentren instituciones y no escombros. A quienes están lejos de casa, el retorno será siempre voluntario, digno y con garantías. Quien decida volver encontrará un país que lo recibe de brazos abiertos, con respeto, con sus documentos en regla y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo al país al que vale la pena volver».