Nelson Mandela, considerado casi como un santo laico, mantuvo alianzas con dirigentes que difícilmente superarían hoy un examen democrático o de derechos humanos. Sin embargo, la historia lo recuerda principalmente por la causa a la que subordinó su estrategia: acabar con el apartheid. ¿Por qué somos más severos al juzgar las alianzas de quienes enfrentan los autoritarismos del presente?
Hace unos días finalicé la serie Bomba en Pan Am 103 en Netflix, sobre el atentado contra un avión de la aerolínea norteamericana, destruido por una bomba sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988. Hubo un episodio que, inmediatamente, me hizo pensar en Venezuela. Cuando comenzó la disputa sobre dónde debían ser juzgados los dos ciudadanos libios acusados del atentado, Nelson Mandela respaldó la posibilidad de realizar el juicio en un país neutral. La propuesta coincidía con una de las exigencias de Muamar Gadafi, quien se negaba a entregar a los sospechosos para que fueran juzgados en Estados Unidos o el Reino Unido.
Mandela no era un simpatizante ocasional de Gadafi. Libia había apoyado al Congreso Nacional Africano (ANC) durante los años de lucha contra el apartheid. Y Mandela, una vez liberado y posteriormente convertido en presidente de Sudáfrica, se negó a olvidar quiénes habían estado del lado del ANC cuando hacerlo tenía costos y cuando algunos de los gobiernos que después cuestionarían esas amistades mantenían una relación mucho más ambigua con el régimen sudafricano.
El caso Lockerbie terminó encontrando una solución heterodoxa: los acusados serían juzgados bajo legislación escocesa y por jueces escoceses, pero el tribunal funcionaría en los Países Bajos. Mandela participó activamente en las gestiones que ayudaron a destrabar el conflicto judicial.
La escena televisada me hizo pensar en algo diferente al atentado.
En Venezuela, Nelson Mandela es uno de esos pocos personajes históricos que parecen pertenecerle a todo el mundo. Lo reivindica el chavismo, lo exalta la oposición, lo recuerdan quienes promueven negociaciones políticas y lo reivindicamos quienes defendemos los derechos humanos. Mandela se ha convertido en una especie de santo laico de la reconciliación: el hombre que salió de 27 años de prisión sin buscar venganza, negoció con quienes lo habían encarcelado y contribuyó a evitar que Sudáfrica terminara sumergida en una guerra civil.
Pero ese Mandela es apenas una parte del Mandela que realmente existió. Hay otro que resulta bastante más incómodo. Y esto nos permite abordar una discusión mayor.
Los amigos que no se abandonan
Durante la lucha contra el apartheid, el ANC buscó aliados donde pudo encontrarlos. Y algunos de ellos distaban mucho de satisfacer los estándares democráticos que hoy asociamos con el legado de Mandela.
Uno de los más importantes fue Fidel Castro.
Cuba proporcionó apoyo político, diplomático y material a los movimientos de liberación del África austral. La intervención militar cubana en Angola y, especialmente, la batalla de Cuito Cuanavale adquirieron posteriormente una enorme importancia simbólica para Mandela y el ANC. Durante su visita a Cuba en 1991, Mandela describió aquella batalla como un punto de inflexión en la lucha para liberar al continente y la vinculó con las condiciones que posteriormente permitieron avanzar hacia el fin del apartheid.
Tras salir de prisión, Mandela expresó públicamente su gratitud hacia Castro. Pero lo más interesante ocurrió cuando comenzó a ser cuestionado por aquella amistad. Mandela explicó que, cuando el ANC decidió recurrir a la lucha armada, había buscado ayuda entre los gobiernos occidentales sin obtenerla. Cuba, en cambio, los recibió y les proporcionó medios para continuar la lucha.
En 1993, durante una intervención ante el National Press Club en Washington, formuló una frase que permite entender buena parte de su concepción de las alianzas políticas: “Sus enemigos no son nuestros enemigos”. Y añadió que ninguna persona de principios podía olvidar a sus amigos, especialmente a quienes habían acudido en su ayuda cuando otros se negaron a hacerlo.
Una lógica semejante explicaba su relación con Gadafi. Libia había respaldado al ANC durante los años de lucha contra el apartheid. Mandela rechazaba, por tanto, que los gobiernos occidentales pudieran decidir posteriormente cuáles de aquellos aliados resultaban respetables y cuáles debían ser abandonados. No era únicamente gratitud personal. Había detrás una determinada concepción de la autonomía política y de la lealtad.
Quienes habían apoyado al ANC cuando hacerlo tenía costos habían adquirido, a los ojos de Mandela, una deuda de solidaridad que no desaparecía simplemente porque, después del triunfo contra el apartheid, hubiera cambiado la correlación internacional de fuerzas.
Una contradicción llamada Mandela
Todo esto sería relativamente sencillo si Mandela hubiera sido simplemente un pragmático. Pero no lo era. En 1993, cuando ya se encontraba cerca el final del apartheid, publicó un texto sobre la futura política exterior sudafricana en el que hizo una afirmación extraordinariamente ambiciosa: “Los derechos humanos serán la luz que guíe nuestras relaciones exteriores”. Defendía allí la democracia, el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y la centralidad de los derechos humanos.
Y, sin embargo, ese mismo Mandela mantuvo relaciones estrechas con Fidel Castro y Muamar Gadafi. También con Yasser Arafat. Y la Sudáfrica democrática mantuvo relaciones importantes con la República Islámica de Irán, que había roto vínculos con el régimen del apartheid y respaldado la lucha sudafricana.
Desde los derechos humanos había razones para cuestionar cada una de esas relaciones. En la Cuba de Castro existían presos políticos y severas restricciones a las libertades públicas. La Libia de Gadafi era una dictadura responsable de graves violaciones de derechos humanos. El gobierno iraní perseguía opositores y restringía severamente los derechos de las mujeres. Organizaciones vinculadas a la lucha palestina habían cometido ataques contra civiles.
Mandela no podía ignorarlo. Y hay un episodio que expresa con extraordinaria claridad cómo intentaba resolver esa tensión. En marzo de 1998, durante la visita de Bill Clinton a Sudáfrica, Mandela compareció junto al presidente estadounidense en una conferencia de prensa. Fue interrogado sobre sus relaciones con Cuba, Irán y Libia, países considerados adversarios por Washington.
Mandela recordó que había invitado a Fidel Castro, recibido al expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani e invitado a Gadafi. Y justificó aquellas relaciones apelando, precisamente, a la moral: “Nuestra autoridad moral exige que no abandonemos a quienes nos ayudaron en nuestra hora más oscura”. Y remató: “No voy a traicionar la confianza de quienes nos ayudaron”.
La respuesta es extraordinariamente reveladora. Mandela no estaba diciendo que Cuba, Libia o Irán fueran democracias. No estaba afirmando que aprobara todo lo que hacían sus gobiernos. Estaba formulando otro tipo de obligación moral: la responsabilidad hacia quienes habían contribuido a la liberación de su pueblo cuando hacerlo tenía costos.
Aquí aparece el dilema. El Mandela que proclamaba la universalidad de los derechos humanos convivía con el dirigente político que se negaba a abandonar a Castro o Gadafi. Nunca resolvió esa contradicción, sino que la asumió y vivió con ella. Y esto nos da material para pensar lo que está ocurriendo ahora en Venezuela.
Dos moralidades en conflicto
Max Weber planteó hace más de un siglo una distinción problemática: la diferencia entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. Quien actúa desde la convicción se pregunta por la fidelidad a determinados principios. Quien asume responsabilidades políticas debe preguntarse, además, por las consecuencias previsibles de sus decisiones. Eso no significa que el político pueda prescindir de los principios. Significa que también debe responder por lo que ocurre cuando intenta aplicarlos.
Décadas después, el filósofo político Michael Walzer desarrollaría un argumento mediante la conocida figura de las “manos sucias”. Existen situaciones en las que un dirigente puede tener razones poderosas para tomar una decisión moralmente problemática y, sin embargo, esas razones no hacen desaparecer completamente su costo moral. La necesidad no siempre limpia las manos.
Bernard Williams introdujo otra dimensión al cuestionar una filosofía moral demasiado alejada de las circunstancias concretas en las que las personas realmente deben decidir. No actuamos desde el vacío o el no-lugar. Actuamos desde historias, identidades, responsabilidades y lealtades determinadas.
Podemos llamar a la tensión entre estos elementos “moralidad política situada”. No significa que el fin justifique los medios. Tampoco que una causa justa convierta automáticamente en legítima cualquier decisión tomada en su nombre. Significa algo más limitado: una decisión política no puede juzgarse completamente sin preguntarnos quién debía tomarla, bajo qué circunstancias, frente a cuáles alternativas y con qué responsabilidad principal.
Mandela no era un observador internacional encargado de elaborar un ranking sobre la calidad democrática de todos los gobiernos del planeta. Era el dirigente de un movimiento que intentaba terminar con un sistema de segregación racial que había despojado de derechos políticos a la mayoría de los habitantes de su país. Su responsabilidad política primordial era con ellos. Por ello, Mandela no estaba contraponiendo simplemente moralidad y pragmatismo. Estaba enfrentando dos obligaciones morales diferentes.
Una era universal: los derechos humanos deben valer para todos. La otra era situada y relacional: existe una responsabilidad particular hacia quienes contribuyeron a la liberación de aquellos a quienes represento. Ambas podían entrar en conflicto. Y lo hicieron hasta el día de hoy.
Mandela en Caracas
Traigamos la discusión a las circunstancias concretas venezolanas. María Corina Machado ha recibido fuertes críticas por algunas de sus alianzas internacionales. Su cercanía con Israel y con Benjamin Netanyahu ha sido cuestionada. También sus relaciones con dirigentes conservadores españoles, estadounidenses y latinoamericanos cuyas posiciones en otros asuntos generan rechazo en sectores progresistas.
Algunas de esas críticas son perfectamente legítimas. Pero recordar a Mandela nos permite introducir un elemento complejo: ¿por qué consideramos comprensible que un dirigente que luchaba contra el apartheid estableciera relaciones con Fidel Castro o Muamar Gadafi, pero exigimos a quienes luchan contra el autoritarismo venezolano que sus aliados internacionales coincidan previamente con nosotros respecto de los principales debates políticos del planeta?
Hagamos un ejercicio comparativo para completar el punto. Imaginemos que en 1988 alguien hubiera dicho a Mandela que el ANC no podía aceptar ayuda cubana mientras hubiera presos políticos en Cuba; que no podía relacionarse con Gadafi mientras existieran víctimas de la dictadura libia; que debía tomar distancia de determinados movimientos palestinos debido a los ataques cometidos contra civiles.
Desde una perspectiva universal de derechos humanos, esas objeciones habrían tenido fundamento. Pero Mandela podía responder desde otra responsabilidad moral y política que, desde el lugar en el que se formula, es perfectamente legítima: ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros necesitábamos ayuda? O, utilizando sus propias palabras: “Sus enemigos no son nuestros enemigos”.
Mirar el mundo desde el Caribe
Aunque de manera menos sofisticada, muchos venezolanos hacen un razonamiento similar. Después de años de autoritarismo, persecución política, presos políticos, exilio, deterioro institucional y empobrecimiento, una parte importante de la sociedad venezolana ha construido su propia cartografía internacional. En ella, los gobiernos y dirigentes extranjeros son valorados, entre otras cosas, por su posición frente al chavismo.
Eso explica comportamientos que desde afuera pueden parecer contradictorios. Un venezolano puede valorar positivamente a un dirigente extranjero por su apoyo a la democratización de Venezuela y discrepar profundamente con él sobre migración, aborto, Palestina, política económica o cualquier otro asunto. No hay allí una contradicción. Existe una jerarquización.
Para quien considera que recuperar la democracia constituye la principal urgencia política de su vida, resulta comprensible que valore especialmente a quienes contribuyen a ese objetivo y que todas las piezas de su rompecabezas giren en torno a eso.
Mandela hacía una jerarquización semejante. No consideraba a Castro o Gadafi políticamente relevantes porque hubieran aprobado un examen universal de virtudes democráticas. Los valoraba, entre otras razones, porque cuando los sudafricanos luchaban contra el apartheid estuvieron de su lado. Aunque no nos guste, la política establece esas jerarquías permanentemente.
No obstante, el problema comienza cuando confundimos agradecimiento con adhesión. Alianza con identidad. Coincidencia estratégica con cheque en blanco.
El lugar incómodo de los derechos humanos
Aquí quienes defendemos los derechos humanos ocupamos un lugar diferente. No necesariamente superior: diferente.
Un dirigente político que intenta terminar con un régimen autoritario tiene una responsabilidad fundamental frente a quienes representa. Su racionalidad política lo obliga a preguntarse qué decisiones, alianzas y apoyos aumentan las posibilidades de conseguir el cambio político que propone.
Un activista de derechos humanos tiene otra responsabilidad. Nuestra pregunta no puede ser solamente si determinado aliado ayuda o perjudica la democratización venezolana. Tenemos que preguntarnos también por sus víctimas.
Por eso podemos comprender las razones políticas de una alianza con Israel y, simultáneamente, denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población palestina. Podemos valorar que un gobierno presione por la liberación de presos políticos venezolanos y cuestionar sus políticas contra los migrantes. Podemos agradecer la solidaridad de un dirigente con la democratización de Venezuela y rechazar otras decisiones suyas.
Desde los derechos humanos existe siempre la obligación de recordar aquello que la política, por su propia dinámica, tiende a colocar en segundo plano: las víctimas de nuestros aliados también son víctimas.
Aquí la idea de Walzer resulta especialmente útil: la necesidad política no siempre limpia las manos de quien decide. Y esa es precisamente la diferencia entre comprender y absolver.
Podemos entender por qué Mandela mantuvo su amistad con Castro sin tener que justificar las prisiones políticas cubanas. Podemos comprender su lealtad hacia Gadafi sin convertirnos retrospectivamente en defensores de la dictadura libia. Del mismo modo, podemos comprender la racionalidad de las alianzas internacionales de quienes intentan terminar con el autoritarismo venezolano sin asumir como propias todas las posiciones de sus aliados.
El Mandela que necesitamos
Por todo lo anterior, deberíamos recuperar al Mandela histórico y no solamente al personaje idealizado. Al hombre que negoció con sus carceleros, pero también al que dirigió una organización que recurrió a la lucha armada. Al defensor de los derechos humanos que mantuvo su amistad con Fidel Castro. Al símbolo universal de la reconciliación que llamó amigo a Muamar Gadafi. Al presidente democrático que defendía una política exterior basada en derechos humanos y, al mismo tiempo, proclamaba frente a las potencias occidentales: “Sus enemigos no son nuestros enemigos”.
Ese Mandela resulta menos cómodo. Pero probablemente tenga mucho más que enseñarnos. Especialmente en Venezuela, donde casi todo el espectro político reivindica su legado mientras aplicamos criterios mucho más severos para juzgar las alianzas de quienes enfrentan al autoritarismo que tenemos delante.
Lo que podemos aprender no es que Mandela tenía razón en todas sus vinculaciones. La enseñanza más interesante es otra: la política democrática no se hace desde un lugar de pureza moral. Se hace desde circunstancias concretas, correlaciones de fuerza determinadas, responsabilidades particulares y opciones generalmente imperfectas.
Y, en medio de todo ello, los derechos humanos introducen una tensión indispensable. Nos obligan a recordar que comprender una alianza no significa absolver al aliado. Que contextualizar una decisión no significa relativizar los derechos. Y que reconocer una necesidad política no obliga a suspender el juicio moral. Y si bien el rol de quien esto escribe es la defensa universal de la dignidad humana, vivimos en un mundo donde el resto de las personas asume papeles diferentes.