Durante años los venezolanos aprendimos a reaccionar casi por reflejo cada vez que escuchábamos la palabra «diálogo». Era comprensible. Demasiadas veces el chavismo utilizó esos espacios para ganar tiempo, aliviar presiones internacionales, dividir a la oposición o fabricar una apariencia de normalidad mientras seguía consolidando su poder. Esa memoria existe. Y sería un error pedirle a la sociedad que la olvide de un día para otro. Más aún cuando el régimen sigue allí, de facto, en el poder.
Pero también sería un error dejar que esa experiencia nos impida analizar el momento político que tenemos delante. Porque el proceso que tiene como punto de inicio el 1 de agosto ocurre en circunstancias muy distintas a las de Oslo, Barbados, México o cualquier otro intento anterior.
Esta mesa de trabajo inicia en un país que es, ahora mismo, una olla de presión. Una sociedad que, tras los devastadores terremotos, corroboró con dolor que ya no existe un Estado porque la tiranía chavista lo destruyó por completo, reduciéndolo a sus capacidades meramente represivas. Es una ciudadanía que cada vez protesta con más fuerza: los cortes eléctricos se multiplican a diario mientras los familiares de los presos políticos continúan todas las noches en vigilia a las afueras de los centros de tortura. Un país que comprende que el fin de este régimen oprobioso —hoy encabezado por el bárbaro triunvirato de los Rodríguez y Cabello— es una necesidad existencial y, al final, eso también resulta útil para el mundo. Esta mesa inicia en una nación que no aguanta más y que exige respuestas inmediatas.
Una dinámica bajo la batuta de Washington
La primera diferencia sustancial es que esta vez nadie parece hablar de una negociación en sentido estricto. Ni el Departamento de Estado ni quienes participarán en el mecanismo han utilizado esa palabra como eje de sus comunicaciones. Prefieren hablar de diálogo, de mesas de trabajo o de un mecanismo orientado a facilitar una transición. Es una definición política más que un detalle semántico.
En una negociación tradicional dos partes relativamente equilibradas buscan construir acuerdos a partir de concesiones mutuas. Lo que hoy parece existir en Venezuela responde a otra lógica. Hay un proceso impulsado desde Washington, con objetivos definidos por Washington y acompañado por una capacidad de presión que no existía en experiencias anteriores. Los venezolanos sentados en esa mesa tendrán márgenes para influir, persuadir o proponer, pero cuesta sostener que sean ellos quienes conduzcan el proceso.
La propia Asamblea Nacional elegida en 2015 lo reconoció cuando respondió al comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, señalando que el mecanismo es promovido por Marco Rubio. Esa afirmación despeja buena parte de las dudas que todavía existían. Si alguien esperaba una mesa donde dos bloques políticos venezolanos se sentarían a negociar su futuro en igualdad de condiciones, probablemente esté observando un escenario equivocado.
La imagen que mejor describe este momento es otra. Se parece mucho más a una sinfonía con un director de orquesta perfectamente identificado y varios músicos intentando influir en la interpretación de la obra. Algunos tendrán más peso que otros. Algunos tocarán mejor que otros. Pero ninguno dirigirá el concierto.
La tutela y el realismo político
Esa realidad puede incomodar. También puede ser objeto de debate. Lo que difícilmente puede hacerse es ignorarla. Hoy Venezuela atraviesa un proceso profundamente tutelado por Estados Unidos. Después del 28 de julio, de la captura de Nicolás Maduro y, más recientemente, de los terremotos que terminaron de desnudar el colapso absoluto del Estado venezolano, Washington pasó de ser un actor de presión internacional a convertirse en el principal articulador de la transición que intenta abrirse.
Aceptar ese diagnóstico no significa renunciar a la soberanía nacional, sino reconocer el punto desde el cual habrá que reconstruirla. Precisamente por eso fue tan importante el comunicado publicado el domingo 26 de julio por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El comunicado establece un criterio indispensable.
Machado y González Urrutia dejan claro que no participaron en el diseño ni en la construcción del mecanismo y que, por lo tanto, no les corresponde explicar sus alcances. Pero, al mismo tiempo, afirman que no serán obstáculo para ninguna iniciativa que produzca avances reales y anuncian que evaluarán el proceso sobre la base de logros concretos y verificables. Y, por las reacciones de los venezolanos, tal parece que esa es la posición que asumirá la gran mayoría de la ciudadanía.
Apoyar una oportunidad no equivale a entregar un cheque en blanco. Tener esperanza tampoco significa sustituir el análisis por la fe. Los venezolanos tenemos derecho —y, diría incluso, la obligación— de exigir claridad. Queremos saber cuáles son los objetivos del mecanismo, cuáles serán sus etapas, cuáles son sus tiempos y cómo podremos medir si realmente está acercando al país a una transición democrática o si, por el contrario, comienza a desviarse de ese propósito.
Un punto aquí para aclarar: no estamos pidiendo un “show”. No estamos pidiendo un evento televisado ni tampoco una “guerra” de declaraciones. Esto se trata de la recuperación o no de nuestra República. Lo que exigimos es transparencia entendiendo las limitaciones, lo delicado y, también, que nadie dirá nada sin primero tener “el permiso” emanado por el edificio Harry S. Truman Building, allí donde funciona el Departamento de Estado.
Legitimidad de desempeño y nombres en la mesa
Durante los últimos días comenzaron a conocerse los probables nombres de quienes integrarán la delegación opositora. La encabezará Dinorah Figuera y la acompañarán Juan Miguel Matheus, Ramón López, Jorge Millán, Elimar Díaz, Julio César Moreno, Sergio Vergara, Marco Aurelio Quiñones, Macario González y Desiré Barboza.
Como ocurre siempre en Venezuela, la discusión se desplazó inmediatamente hacia las personas. Que si faltó alguien. Que si determinado partido tiene demasiados representantes. Que si otro quedó subrepresentado. Son debates comprensibles. Pero me temo que no son los más importantes.
Conozco desde hace muchos años a personas como Juan Miguel Matheus o Elimar Díaz. Confío en ambos, en su compromiso democrático y en su integridad personal. Podría decir lo mismo de otros integrantes de esa delegación. Pero este proceso no puede depender de las simpatías o antipatías que cada ciudadano tenga hacia quienes ocuparán esas sillas.
Dentro de algunos meses nadie recordará cuántos representantes tuvo Primero Justicia o cuántos tuvo Voluntad Popular. Lo que sí recordaremos será otra cosa: si esa mesa consiguió abrir el camino hacia una elección presidencial auténticamente libre; si comenzaron los cambios en instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia; si los presos políticos recuperaron su libertad; si los dirigentes pudieron regresar al país; si la represión empezó a desmontarse.
En una entrevista concedida a Politiks, Paola Bautista de Alemán apuntaba con acertado pragmatismo que esta instancia funcionará en la medida en que permita ir a votar, explicando que este tipo de espacios termina adquiriendo legitimidad por su ejercicio y por los resultados tangibles que produce, y no simplemente por el cartel de quienes la integran. Esa observación desplaza con lucidez la discusión desde las personas hacia los hechos. Al fin y al cabo, como he conversado con el profesor Joaquín Ortega al analizar la traducción de conceptos corporativos como la killer acquisition al ámbito político venezolano, el peligro latente en toda transición tutelada es que la cooptación institucional y la integración selectiva terminen fagocitando la incertidumbre democrática y neutralizando preventivamente cualquier disrupción real. Y esa es, precisamente, la línea roja que no podemos permitir que se cruce.
La ausencia que pesa
Hay, sin embargo, una ausencia que ninguna analogía histórica logra disolver del todo: en esa mesa no está María Corina Machado. La dirigente con la legitimidad de origen más clara que ha tenido la oposición venezolana en dos décadas. La que ganó las primarias, la que sostuvo la candidatura de Edmundo González, hoy Premio Nobel de la Paz, no tendrá asiento en las conversaciones que probablemente definan el rumbo inmediato del país. No creo, claro, que ese vacío deba llenarse con el reclamo de una silla que nadie le ofreció. Creo que su papel, ahora mismo, tiene que jugarse en otro plano, y en dos frentes a la vez. Uno ya lo anunció en el comunicado del 26 de julio: marcar líneas rojas desde afuera, evaluando el proceso con base en logros concretos y verificables: recuperación de las instituciones democráticas, liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno, pleno respeto a la soberanía popular.
El segundo frente es, para mí, el más urgente, y todavía no tiene fecha: volver a Venezuela. No como gesto ni como fotografía sino como tarea política concreta, porque hay un trabajo de organización de la sociedad —la que va a votar, la que va a tener que defender ese voto y después gobernar con él— que nadie más puede hacer en su lugar. Ese regreso ya no debería seguir esperando y, dado que ya ha iniciado “el mecanismo” impuesto por Washington, tampoco hay excusas para “impedírselo”.
Una cancha, un árbitro, un equipo
Hay una imagen de fútbol que me sirve para ordenar todo esto. A la Asamblea Nacional de 2015, sentada en esa mesa y abrazada por Marco Rubio, le toca asegurar el juego: que haya cancha (un Estado que recupere el monopolio de la violencia y sus capacidades asistenciales, como bien apunta Bautista), que haya árbitro imparcial (un Consejo Nacional Electoral que responda a la Constitución y no a un operador disfrazado de autoridad), que se garantice la asistencia de todos los jugadores (regreso de exiliados, liberación de presos políticos, fin de las inhabilitaciones) y que, llegado el momento, la copa se entregue a quien realmente ganó, sin show, sin actas que no cuadran.
A María Corina Machado, mientras tanto, le corresponde otra tarea, no menor: organizar al equipo que va a jugar ese partido, y ganarlo. De poco sirve una cancha en condiciones si no hay un equipo cohesionado capaz de traducir el hartazgo de millones de venezolanos en una victoria incuestionable. Y ahora mismo, solo Machado puede canalizar a esa ciudadanía que está golpeada, dolida, indignada y con mucha rabia. La Asamblea Nacional de 2015 con el respaldo y guía de Washington garantiza las condiciones del juego. Ella, María Corina, tiene que garantizar el resultado. Ninguna de las dos tareas sustituye a la otra; se necesitan mutuamente.
El reloj
Todavía no sabemos qué plazos se han fijado puertas adentro de esa mesa. Tal vez ello se debe a la necesidad de la oposición de mostrarse, ante Estados Unidos, como un actor confiable y disciplinado. Puede ser. Pero esa reserva tiene un límite razonable, y creo que ese límite es octubre, justo antes de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, porque el destino inmediato de Venezuela quedó, nos guste o no, atado a la estrategia de ese país. Si para entonces —ojalá mucho antes— no hay un cronograma electoral claro, con reformas ya en marcha en el CNE, el TSJ y el Registro Electoral; si seguimos con presos políticos, medios digitales bloqueados y dirigentes que no pueden volver, empezando por la principal líder de los venezolanos, este mecanismo habrá fracasado. O, al menos, esa será la forma en la que muchos lo veremos. Y, para una sociedad con tanta rabia contenida, puede no terminar resultando nada bien.
Prefiero apostar a lo contrario, desde luego. Prefiero creer que esto va a funcionar. Tenemos razones de sobra para exigir resultados, y también para no perder la esperanza. Que sea, eso sí, una esperanza que no se duerme. Una esperanza vigilante.
Que este proceso sea nuestro
Queda una tarea más, y quizá sea la que más nos toca a cada uno. Este mecanismo no puede quedar en manos de diez dirigentes, de Washington ni mucho menos de la tiranía chavista. Tiene que ser de los ciudadanos. Tenemos que tomarlo, abrazarlo, exigirle y defender cada avance concreto.
Hacer nuestro este proceso significa pedir información cuando falte, anotar lo que se cumple y lo que no, sostener los plazos que este texto y otros como él intentan poner sobre la mesa, y acompañar cada avance real sin repartir aplausos por adelantado. Significa, también, no confundir paciencia con resignación ni exigencia con sabotaje.
A Estados Unidos, que hoy tutela este proceso, le debemos gratitud, y también algo de confianza: sin ese respaldo, probablemente ni siquiera existiría esta puerta entreabierta. Pero conviene que sepa, desde ya, que los venezolanos vamos a estar vigilantes. No por desconfianza gratuita, sino porque para nosotros esto no es un proceso más: es el destino de nuestro país el que se juega ahí. El de nuestras familias, el de quienes murieron bajo represión, el de los que siguen presos, el de los que tuvieron que irse y quieren volver. Apoyo este mecanismo. Lo apoyo sin fe ciega y sin cheques en blanco, porque la tiranía que ha gobernado a Venezuela por más de un cuarto de siglo tiene que terminar, y tiene que terminar pronto. Ojalá el 1° de agosto sea, de verdad, el día en que ese proceso empezó.