Mucho se ha dicho en los últimos días a propósito de que Venezuela es un Estado fallido. Una nueva categoría que viene a sumarse a las de violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, comisión de crímenes de lesa humanidad y emergencia humanitaria compleja. El venezolano ha tenido que desarrollar un léxico que acompaña nuestra desgracia y aprender conceptos que, hasta hace muy poco, nos eran ajenos.
Cuando se habla de un Estado fallido, la imagen que suele venir a la mente es la de edificios públicos abandonados, carreteras destruidas, hospitales sin insumos o fuerzas de seguridad incapaces de proteger a la población. Incluso la de un país en guerra, con instituciones completamente destruidas y una ausencia total de autoridad. Sin embargo, la realidad es más compleja. Un Estado puede seguir teniendo edificios públicos, funcionarios y fuerzas armadas, y aun así haber dejado de cumplir las funciones esenciales para las cuales existe. Lo hemos experimentado en carne propia.
Quienes gobiernan un Estado tienen la responsabilidad de garantizar seguridad, justicia, servicios básicos, protección de derechos y reglas comunes que permitan a una sociedad desarrollarse. Cuando las instituciones dejan de responder a las necesidades de los ciudadanos, incluida la incapacidad de responder a emergencias, o cuando quienes ejercen el poder utilizan las estructuras estatales para beneficio propio, para robar, perseguir, debilitar la economía, el sistema de justicia o el poder legislativo —lo que resulta en la pérdida de legitimidad e incluso en la fragmentación del control territorial—, comienza un proceso de debilitamiento institucional.
Cuando este proceso se prolonga, y en el caso de Venezuela ha sido así, los especialistas denominan a este deterioro un Estado fallido.
Sin embargo, el concepto no significa que una sociedad haya fracasado o fallado. Y esa es una diferencia fundamental.
Al contrario, detrás de esa fotografía existe otra realidad menos visible, pero igualmente importante: la capacidad de las personas para organizarse cuando las instituciones dejan de funcionar. Un vecino presta el generador eléctrico para conservar medicamentos; otro convierte su vehículo en una ambulancia improvisada; una iglesia abre sus puertas para servir comidas calientes; una escuela funciona como refugio temporal; una empresa presta sus depósitos para almacenar agua o alimentos. O, de manera más estructurada, un grupo de médicos puede organizar atención sanitaria voluntaria; una universidad puede aportar conocimiento y capacidad técnica a una comunidad, y esta puede crear mecanismos para identificar necesidades, distribuir ayuda y proteger a los más vulnerables. Incluso actores menos obvios, como el sector empresarial, pueden impulsar acciones sociales e inversiones estratégicas que ayuden a mantener y fortalecer el tejido social.
Cada función del Estado que queda desatendida termina siendo atendida por la sociedad.
Es decir, la sociedad reacciona para ayudarse mutuamente, reconstruir formas de cooperación y asumir roles que han sido abandonados por quienes deben cumplir la función del Estado. La fortaleza de la sociedad termina siendo el principal recurso para resistir y sobrevivir a la crisis. Y, aunque ninguna de estas iniciativas resuelve por sí sola la situación nacional, todas juntas pueden marcar la diferencia entre el caos absoluto y una comunidad capaz de encauzar su existencia.
Y es que, al igual que la naturaleza, la sociedad no soporta los vacíos.
Cuando el Estado falla, otros actores comienzan a ocupar ese espacio para producir bienes públicos esenciales y evitar que la sociedad colapse.
La historia reciente ofrece numerosos ejemplos. En Myanmar, la junta militar que controlaba el poder impidió que la ayuda humanitaria entrara al país en 2008, luego de que el ciclón Nargis dejara a su paso grandes zonas afectadas y más de 150 mil víctimas. La junta perseguía a voluntarios y rescatistas, por lo que la población asumió la ayuda humanitaria con sus propios medios, desarrolló hospitales y escuelas clandestinos y llegó a construir una administración paralela.
Asimismo, después del terremoto de 2010, Haití enfrentó una destrucción masiva de infraestructura y una limitada capacidad institucional para responder. La ayuda internacional fue importante, pero también lo fueron las comunidades locales, las iglesias, las organizaciones humanitarias y los grupos de voluntarios, que permitieron mantener servicios básicos y atender a miles de personas.
La sociedad venezolana conoce bien esta realidad.
Durante más de dos décadas hemos experimentado un proceso prolongado de deterioro institucional, marcado por la destrucción de capacidades públicas, la corrupción, el debilitamiento de los servicios esenciales, el retroceso en materia de derechos humanos y una profunda crisis económica y social. En este contexto, millones de venezolanos han aprendido a resolver problemas cotidianos mediante redes familiares, comunitarias y profesionales. Todos hemos participado en esta dinámica, desde adentro y desde afuera. Organizaciones humanitarias han atendido necesidades de salud y alimentación. Iglesias han sostenido programas sociales. Universidades han mantenido espacios de formación e investigación. Empresas han creado mecanismos de apoyo para sus trabajadores y comunidades. Profesionales de distintas áreas han ofrecido sus conocimientos allí donde las instituciones públicas dejaron de responder. Los venezolanos han desarrollado, muchas veces de manera silenciosa, una enorme capacidad de adaptación, pero, sobre todo, de organización y acción colectiva.
La destrucción provocada por los terremotos que afectaron la región central del país y el estado Vargas representa un desafío adicional. Una tragedia de esa magnitud evidencia, tal como lo hemos experimentado, una realidad fundamental: la primera respuesta de una comunidad depende de su propia capacidad de organización.
Obviamente, la reconstrucción no se limitará a levantar edificios. Si desde hace años la sociedad trabaja para mantener y reconstruir espacios de confianza, cooperación y capacidades sociales, su papel en este momento es crucial. Porque, más allá de ejercer la contraloría sobre la administración de los fondos que llegarán al país, y más allá de quiénes serán los llamados a dirigir las instituciones en el futuro, tenemos ante nosotros la inmensa tarea de reforzar, desde ahora, una sociedad capaz de sostenerse, proteger a sus miembros más vulnerables y recuperar progresivamente sus capacidades colectivas.
Las políticas públicas no tienen que surgir exclusivamente desde las estructuras estatales. En contextos de crisis profunda también pueden construirse desde la sociedad organizada: desde alianzas entre comunidades, redes universitarias, organizaciones profesionales, grandes y pequeñas empresas, iglesias, asociaciones vecinales y, sobre todo, ciudadanos comprometidos, como los venezolanos.
Probablemente esto requiera una nueva forma de entender la acción pública y la política. O quizás suponga regresar a su esencia. Más allá de la competencia electoral, los partidos pueden recuperar su función histórica como espacios de formación ciudadana, creación de liderazgos con pensamiento crítico y elaboración de propuestas para reconstruir instituciones. Una de las lecciones más amargas de estos años es que la democracia no se sostiene únicamente con elecciones; necesita ciudadanos preparados, organizaciones fuertes y una cultura de participación y cooperación.
Nada de esto significa renunciar a la aspiración de reconstruir un Estado eficaz. Al contrario. Un Estado funcional sigue siendo indispensable para garantizar la justicia, la seguridad, la protección de los derechos y la igualdad ante la ley. Pero, cuando esas capacidades no existen o resultan inaccesibles, sabemos que la sociedad no está condenada a la parálisis ni al caos. Se organiza, coopera y preserva aquello que constituye su mayor fortaleza: la solidaridad entre las personas.
Allí donde sobrevive esa confianza, también sobrevive la esperanza. Y esa esperanza, organizada y convertida en acción colectiva, suele ser el primer paso hacia la reconstrucción.
Por eso, la esperanza no está únicamente en las instituciones que vendrán mañana. También está en las capacidades que los ciudadanos construyamos hoy.