“Se suele estudiar el crimen organizado como un fenómeno de grupos delictivos que actúan al margen del Estado. En mi libro planteo: ¿qué ocurre cuando la propia estructura estatal se entrelaza con redes criminales y se comporta, en la práctica, como una organización orientada a controlar recursos, obtener beneficios ilícitos y garantizar impunidad?”.
La doctora Thairi Moya Sánchez se refiere a su obra El crimen organizado estatal y sus implicaciones financieras en la comisión de crímenes internacionales. Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, Moya Sánchez es doctora en Derecho por la Universidad Central de Venezuela (UCV), con honores, y cursó una maestría en Inglaterra gracias a la beca Chevening. Ha realizado, además, estudios en Harvard, en el Instituto René Cassin y en la Academia de La Haya.
Su investigación surgió mientras estudiaba Justicia Transicional y Corrupción en Venezuela en el Centro Noruego de Derechos Humanos. Allí detectó un vacío teórico: mientras el crimen organizado «aislado» gozaba de amplia documentación, no existía una figura que explicara qué ocurre cuando la máxima cabeza del Estado se funde con grupos criminales. De ahí nació el concepto de «crimen organizado estatal», una construcción teórica que, según explica, es aplicable a cualquier país y no solo a Venezuela.
—Esta reflexión —dice la autora— no se limita a un solo país. Parte de estudios comparados en América Latina, pero se extiende a otros contextos donde se han cometido crímenes internacionales que han sido observados solo bajo ciertas lógicas. Desde allí elaboro la noción de crimen organizado estatal para ilustrar cómo ciertas dinámicas de corrupción política y económica dentro de Estados débiles pueden desembocar en violaciones masivas de derechos humanos.
—¿A qué llama usted crimen organizado estatal (COT)?
—Al resultado de una interacción estable y de alto nivel entre autoridades públicas y grupos criminales. No se trata solo de casos aislados de corrupción de uno u otro funcionario, sino de una simbiosis donde actores estatales y redes delictivas colaboran, se reparten espacios de actuación y se protegen mutuamente.
—¿Cómo se va instalando un entramado así en un país?
—Suele evolucionar en etapas. Primero aparecen vínculos con funcionarios de rango medio o bajo que facilitan actividades ilícitas concretas; luego, cuando la cooperación alcanza niveles superiores de decisión, la organización criminal se inserta en la estructura estatal, que entonces canaliza recursos, instituciones y cuerpos de seguridad hacia la protección de esos intereses. Es decir, hay un proceso que va de la simbiosis a la metamorfosis del aparato estatal.
En ese punto, la corrupción política (el desvío de la función pública respecto de la protección de la ciudadanía y el respeto de la Constitución) y la corrupción económica (la apropiación irregular de recursos, la participación en mercados ilegales y el lavado de activos) se refuerzan mutuamente. El objetivo común es asegurar beneficios materiales y preservar la impunidad, sin importar los daños causados al país.
—Usted distingue entre Estado frágil y Estado fallido. ¿En qué consiste esa diferencia y cómo se conecta con la criminalidad de gran escala?
—Para entender las consecuencias de ese proceso uso la distinción entre Estados frágiles y Estados fallidos. Un Estado frágil presenta instituciones debilitadas, altos niveles de desigualdad, servicios públicos deteriorados y un Estado de Derecho erosionado: un entorno propicio para que redes criminales se consoliden dentro y alrededor del aparato estatal.
Cuando la debilidad institucional se combina con el desvío sistemático de recursos públicos y con la «infección» de numerosos niveles de la administración, aumentan los ciclos de violencia y la posible perpetración de crímenes internacionales. La consecuencia más directa es lo que algunos han denominado «Estados fallidos». Hay quienes dicen que Estado débil y Estado fallido son lo mismo. Para mí no lo son. Quienes han vivido en tales entornos saben que uno antecede al otro.
—¿Qué ocurre, entonces, con el Estado, digamos, tradicional?
—Cuando la criminalidad se inserta en el aparato estatal y ocurre un proceso de metamorfosis total, la majestuosidad del Estado se pierde y ya no es capaz de dar respuesta a sus ciudadanos. Puede haber detonantes que reafirmen esa situación, como las tragedias naturales. El Estado fallido no es más que una situación en la que el Estado, aunque afirma tener control, en la práctica no consigue proteger a la población ni responder eficazmente ante crisis graves.
Cuando se activan ciertos detonantes, la tensión se resuelve muchas veces mediante el uso recurrente de la fuerza contra la población, lo que puede conducir a crímenes de lesa humanidad o a otras violaciones masivas de derechos humanos. En la situación de Venezuela podemos observar cómo diferentes mecanismos de investigación a nivel internacional se han activado.
—¿Qué revelan las catástrofes naturales sobre la capacidad real de un Estado?
—Las catástrofes naturales, como los terremotos, tienen un efecto revelador sobre la capacidad real de un Estado. En cualquier país, una emergencia de gran magnitud pone a prueba los sistemas de alerta temprana, la protección civil, la infraestructura sanitaria y la coordinación institucional.
En un Estado frágil o fallido, donde se ha desinvertido en ciencia, prevención de riesgos y servicios esenciales, una catástrofe natural puede transformarse en una tragedia ampliada porque los recursos fueron desviados y no se prepararon los planes necesarios para enfrentar tales situaciones. Falta personal especializado, equipos, protocolos claros y recursos suficientes para el rescate, la atención médica y la reconstrucción, y esto se agrava si los cuerpos de seguridad han estado priorizando la represión interna sobre la protección de la población.
—¿Cuáles son, a su criterio, los daños que causa el COT en un escenario de catástrofe natural?
—Frente a una catástrofe, los daños de un Estado tomado por el crimen organizado pueden apreciarse en tres planos: en la prevención (sistemas de monitoreo, infraestructura hospitalaria y planes de emergencia debilitados por el desvío de recursos); en la gestión de la ayuda (retención, discriminación o trabas cuando la distribución se condiciona por criterios políticos); y en la conducta de agentes estatales (saqueos, abusos o desatención de labores de rescate, que pueden derivar en responsabilidad jurídica).
La experiencia internacional muestra que, tras terremotos u otros desastres, ciertos Estados han registrado aumentos de violencia y represión, precisamente cuando las fuerzas de seguridad buscan reafirmar su control en medio del caos.
—¿Existe ya un marco jurídico internacional capaz de juzgar esta anomalía?
—El fenómeno del crimen organizado estatal no aparece aún como tipo penal específico en los principales tratados internacionales. Sin embargo, el Derecho Internacional sí regula muchos de los delitos asociados: corrupción, lavado de activos, trata de personas, trata de niños, narcotráfico y, sobre todo, crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad.
Mi propuesta teórica sirve como marco explicativo para tribunales y mecanismos internacionales. Ayuda a entender por qué, en ciertas sociedades, se concentran crímenes contra determinados grupos o, incluso, contra la población en general, sin que necesariamente exista una persecución política: la sociedad, en su conjunto, es víctima.
—¿La sociedad puede albergar la esperanza de que los culpables paguen por sus crímenes?
—El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que las inmunidades de altos funcionarios no impiden su juzgamiento por crímenes internacionales. Esto representa un cambio importante respecto de la jurisprudencia tradicional de la Corte Internacional de Justicia sobre inmunidades.
Algunos Estados han empezado a aplicar la jurisdicción universal para perseguir crímenes graves cometidos en otros países, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, siempre que su ordenamiento interno lo permita. Por lo tanto, lo que ocurra en Venezuela en los próximos días será observado no solo por la Corte Penal Internacional, sino por la comunidad internacional.
—¿Qué papel pueden jugar las víctimas, los valores cívicos y la reconstrucción institucional de cara al futuro?
—Uno de los desafíos en este tipo de contexto es la sensación de impotencia de las víctimas. Detenciones sin garantías, torturas, ejecuciones extrajudiciales y el sufrimiento de familias enteras pueden terminar banalizándose, como si fueran parte inevitable de la vida cotidiana.
Por eso insisto en la necesidad de una reconstrucción ética y cívica. La educación en derechos humanos, el refuerzo de los valores ciudadanos y las campañas que recuerden a las personas su dignidad y su capacidad de exigir respeto son fundamentales. Sin esa base, cualquier intento de reforma institucional corre el riesgo de reproducir lógicas de violencia y deshumanización.
La justicia, ya sea nacional, internacional o basada en la jurisdicción universal, será necesariamente lenta por sus propios procesos. En todo caso, también hay que recordar que los crímenes más graves son imprescriptibles. Mantener viva la exigencia de rendición de cuentas y apoyar el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y académicos es parte de la tarea de reconstruir instituciones que respondan, finalmente, a la ciudadanía y no a estructuras criminales.