Mi primer recuerdo consciente es un terremoto. Hacía poco había cumplido tres años. Era un domingo de finales de julio de 1967 y estaba en la fiesta de cumpleaños de mi amiguita Sara, en Caracas. No recuerdo la torta ni los juegos, pero sí el movimiento y el estruendo. Alguien nos metió debajo de una cama. Y recuerdo, apenas unos segundos después, a nuestros padres buscándonos angustiados.
Han pasado casi seis décadas desde entonces y, sin embargo, estos días ese recuerdo volvió a aparecer con nitidez. En aquellos pocos segundos de 1967 supe que, en medio del desconcierto, aparece alguien que protege. Ahora, muchos años después, he vuelto a verlo. Solo que esta vez no era una familia alrededor de una cama, sino un país entero.
Los terremotos del 24 de junio en Venezuela fueron mucho peores que el de 1967. Hemos aprendido que un punto en la escala de Richter implica 32 veces más potencia destructiva. Las imágenes del desastre son absolutamente devastadoras: edificios derrumbados, carreteras partidas, familias buscando a sus desaparecidos. El Estado ha parecido inexistente en sus capacidades de respuesta, concentrado como ha estado durante casi tres décadas en la represión y la propaganda como objetivos principales.
Pero, casi con el mismo ritmo con que llegaban esas fotografías agobiantes, comenzaron a aparecer otras muy distintas: arquitectos ofreciendo evaluar gratuitamente viviendas; médicos y psicólogos organizando atención voluntaria; empresas prestando maquinaria; iglesias improvisando refugios; universidades coordinando brigadas; cocinas comunitarias naciendo en cuestión de horas. Infinidad de iniciativas colaborativas en internet hacían balance de daños, buscaban desaparecidos, ubicaban mascotas u ofrecían horas de voluntariado. Y, desde Madrid, Bogotá, Miami, Santiago o Buenos Aires, venezolanos organizaban campañas de ayuda para personas a las que probablemente nunca conocerán.
Con esta extraordinaria movilización recordé a Alexis de Tocqueville. El francés no escribió sobre terremotos, desde luego. Llegó a los Estados Unidos en 1831 para estudiar el sistema penitenciario y terminó escribiendo uno de los libros más importantes de la ciencia política moderna. Lo que verdaderamente llamó su atención no fueron las instituciones, sino los ciudadanos. Descubrió una sociedad que parecía poseer un impulso casi natural para asociarse. Allí donde en Europa se esperaba la intervención del Estado, los norteamericanos creaban asociaciones, organizaban iniciativas y resolvían problemas de manera espontánea.
Aquella observación terminaría convirtiéndose en una de las intuiciones más profundas sobre la democracia: las instituciones importan, pero ninguna democracia funciona sin una sociedad capaz de cooperar. Mucho tiempo después, Robert Putnam bautizaría esa capacidad con un nombre: capital social. La confianza entre las personas, las redes de cooperación, las normas compartidas. La disposición a trabajar juntos incluso cuando nadie obliga a hacerlo.
Los terremotos, además de poner a prueba la resistencia de los edificios, ponen a prueba la resistencia de las sociedades. Y, por supuesto, también muestran sus miserias; sería ingenuo ignorarlo. Durante estos días también hemos visto corrupción, saqueos, especulación, abusos, denuncias de secuestro de niños y violencia sexual. Las tragedias sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Pero ninguna sociedad se define por sus patologías, sino por aquello que constituye la norma. Y la norma que hemos visto estos días en Venezuela ha sido la cooperación, la ayuda espontánea, la confianza y un despliegue enorme de solidaridad.
Durante casi tres décadas, el proyecto político venezolano ha intentado modificar precisamente esa relación entre el Estado y la sociedad. Mucho más que un programa económico, el chavismo aspiró a transformar la arquitectura de los vínculos sociales. La solidaridad debía dejar de ser una virtud ciudadana para convertirse en una función del Estado. Las comunidades pretendieron ser progresivamente sustituidas por comunas, y las redes horizontales de cooperación cedían espacio a relaciones verticales de dependencia.
Cuando Maduro fue extraído el 3 de enero de este año, su proyecto completo del llamado «Estado Comunal» estaba sobre su escritorio. En el imaginario revolucionario, el ciudadano debía mirar siempre hacia arriba. No era capital social lo que se buscaba; era el marxista Das Kapital en lo ideológico, combinado con el latrocinio en los bolsillos.
Sin embargo, cuando llegó la mayor emergencia que haya tenido nunca Venezuela, ocurrió exactamente lo contrario. La sociedad no esperó instrucciones: comenzó a organizarse. Estos días hemos visto que el largo experimento político del chavismo no fracasó solamente en la economía; también fracasó en su intento de transformar la naturaleza de las relaciones entre los venezolanos.
Se viene hablando del «país de adentro» y del «país de afuera», como si la emigración hubiera partido definitivamente la nación en dos mitades. El terremoto demostró que ambos constituyen una única patria. Las redes sociales se convirtieron en centros logísticos. Los grupos de WhatsApp conectaban necesidades puntuales con soluciones concretas. Las plataformas de pago permitían que una donación realizada en Madrid llegara pocas horas después a una comunidad en La Guaira. Ingenieros venezolanos en Chile asesoraban estructuras. Médicos en Houston coordinaban insumos. Organizaciones de la diáspora movilizaban recursos junto a voluntarios dentro del país.
Desde hace años sabemos que Venezuela no es solamente un territorio, sino una comunidad distribuida por el mundo. La revolución digital hizo posible que millones de venezolanos emigraran sin romper completamente sus vínculos sociales, afectivos y políticos con el país. Lo ocurrido durante estas semanas confirma esa convicción. El capital social venezolano también emigró, pero la distancia terminó ampliando su capacidad de actuar como un solo cuerpo cuando las circunstancias lo exigen.
Una encuesta reciente realizada tras el terremoto preguntó a los venezolanos en quién confiaban para contribuir a la reconstrucción del país. Los resultados hablan fuerte y claro: la mayor confianza recae en médicos y personal sanitario (88 %), bomberos (76 %), empresas privadas (73 %), organizaciones no gubernamentales (60 %) y entidades religiosas (60 %) (Atlas Intel).
En contraste, las instituciones políticas del Estado, y muy especialmente Delcy Rodríguez, la dictadora encargada, aparecen profundamente erosionadas. El Gobierno nacional divide exactamente a la sociedad entre quienes confían y quienes no, pero las principales figuras del poder registran niveles de desconfianza muy superiores a los de confianza.
Es una foto muy tocquevilliana.
La confianza de los venezolanos descansa hoy mucho más en la sociedad que en el Estado. Y esa quizá sea, junto con la riqueza petrolera, la mayor reserva estratégica con la que cuenta el país. Además de sus recursos naturales, Venezuela posee reservas morales: confianza, solidaridad y capacidad para organizarse. Puede que no aparezcan en el PIB ni en los balances de las cuentas nacionales, pero son mucho más determinantes para el futuro del país que buena parte de sus indicadores económicos.
La reconstrucción que ahora comienza será una tarea de ingeniería, urbanismo, financiación y planificación pública. Pero, por encima de todo eso, será una tarea política, en el sentido más noble de la palabra: reconstruir una comunidad democrática.
Hoy, si Tocqueville transmigrara, reconocería en La Guaira la misma pulsión que encontró hace casi dos siglos al otro lado del Atlántico: que el verdadero capital de una nación no reside en su Estado, sino en la extraordinaria capacidad de sus ciudadanos para asociarse libremente y construir juntos un destino común.
El desafío de Venezuela va mucho más allá del tremendo esfuerzo de reconstruir carreteras, puentes y viviendas. El verdadero desafío pasa por reconstruir la confianza y la democracia. Y esa obra, la más difícil de todas, ya había comenzado dos años antes del terremoto.