Desde el 3 de enero, las conversaciones sobre Venezuela cambiaron de tono. Lo que durante años se discutió como un escenario lejano —la transición política, el desmontaje del régimen, la recuperación de las instituciones— empezó a sentirse cerca, en una mezcla de esperanza, vértigo y cautela que conocemos bien. En esos meses, en cada reunión, en cada conversación con amigos en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires o en Madrid, vuelve la misma pregunta: ¿qué Venezuela vamos a construir si efectivamente llega ese momento?
La respuesta no puede limitarse al tablero político interno. Cualquier proyecto serio de recuperación democrática e institucional tiene que asumir un hecho que hace dos décadas no existía: más de uno de cada cuatro venezolanos vive hoy fuera del país. Según la Plataforma R4V, somos cerca de 6,9 millones en América Latina y el Caribe; cerca de 7,8 millones si sumamos al mundo entero. La diáspora venezolana es, en magnitud, una de las crisis migratorias más significativas del planeta. Y no es coyuntural: por su perfil, su tiempo de asentamiento y los vínculos familiares y económicos construidos en los países de acogida, una porción muy importante no regresará, incluso si las condiciones políticas en Venezuela cambian de manera profunda.
Ese dato tiene una consecuencia que rara vez se nombra en voz alta: las instituciones del Estado venezolano que se vinculan con esa diáspora —el servicio exterior, el sistema consular, el régimen electoral en el exterior, el marco legal sobre los derechos políticos de los emigrantes— fueron pensadas para otra Venezuela. Una Venezuela receptora de migrantes, con apenas unos pocos miles de nacionales viviendo afuera, en países desarrollados, sin necesidades consulares masivas. Esa Venezuela ya no existe. La estructura institucional que la representaba, sin embargo, sigue ahí: vieja, asfixiada y, en algunos países, físicamente cerrada.
Hablar hoy de transición democrática implica hablar, también, de cómo se rehace ese vínculo. No es un tema secundario ni técnico. Es una de las preguntas centrales de la reconstrucción.
Un servicio consular que no alcanza
Venezuela mantiene actualmente apenas 42 misiones diplomáticas en 42 países del mundo. Una red modesta para una diáspora del tamaño de la nuestra, agravada en los últimos años por una combinación de rupturas diplomáticas, decisiones del régimen de Nicolás Maduro de cerrar embajadas y por la crisis financiera del propio servicio exterior. En varios países donde vive una parte sustantiva de la diáspora, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, no hay servicios consulares operativos. Y donde existen, los costos son prohibitivos: el pasaporte combina un pago al SAIME de 200 dólares con un arancel consular de 120, lo que suma 320 dólares por persona; una familia de cuatro integrantes necesita más de 1.200 dólares para renovar sus documentos. Pagar el pasaporte se vuelve, para muchos hogares, una decisión presupuestaria del año.
La cédula de identidad, ese documento que en Venezuela tramitamos sin pensarlo, no se emite en el exterior. Aparece en el catálogo de servicios de la mayoría de los consulados, pero nadie la entrega. Buena parte de la diáspora vive con cédulas vencidas o sin opción para renovarlas. Y eso, lejos de ser un detalle administrativo, condiciona casi todo lo demás: los trámites en los países de acogida, el acceso al Registro Electoral, la posibilidad de ejercer derechos básicos como ciudadanos venezolanos.
Argentina: una buena lupa para entender el problema
En Alianza por Venezuela, la organización que he tenido el privilegio de cofundar y desde la cual acompañamos a miles de venezolanos en Argentina, llevamos años viendo de cerca cómo este desencaje institucional afecta la vida cotidiana de la gente. Por eso desarrollamos un diagnóstico técnico-político del sistema consular venezolano en el país. No es un ejercicio académico ni una catarsis: es un intento de poner en blanco y negro la magnitud de la brecha, para que el debate sobre la Venezuela del futuro empiece a discutirla con datos.
Los números son crudos. Argentina alberga entre 174.000 y 220.000 personas venezolanas, según la fuente consultada. El RENAPER, a junio de 2024, registra 185.245 venezolanos con DNI vigente. Es nuestra comunidad migrante más numerosa después de la paraguaya, la boliviana y la peruana. El crecimiento entre el Censo 2010 (6.669 personas) y la actualidad supera el 2.300%. Y sin embargo, Venezuela mantiene en territorio argentino una única representación diplomática: la Embajada en Buenos Aires, que además funciona como única sección consular y que se encuentra cerrada al público desde el 29 de julio de 2024, tras la ruptura unilateral dispuesta por el régimen después de las elecciones presidenciales.
La comparación con otras comunidades es elocuente. Chile, con una comunidad de venezolanos menor que la nuestra, mantiene siete consulados además de la embajada. Perú mantiene seis. Bolivia, ocho. Paraguay, nueve. Venezuela: cero. Una sola sede en CABA, diseñada para una época en la que en Argentina vivían apenas unos miles de nacionales, sigue intentando atender —cuando quiere y puede— a un colectivo que se multiplicó por treinta. El 83,8% de las residencias venezolanas otorgadas entre 2018 y 2024 se concentra en CABA y el AMBA, pero hay núcleos importantes en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe que jamás contaron con representación consular local. Para un venezolano residente en Mendoza o en Comodoro Rivadavia, hacer un trámite consular implica, además del costo del trámite, costear un viaje a Buenos Aires de uno o dos días con alojamiento incluido.
El derecho a votar que casi nadie pudo ejercer
Si el déficit consular es severo, el de los derechos políticos lo es aún más. El 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos en Venezuela y en el mundo nos jugábamos el destino del país en una elección presidencial, en Argentina solo 2.638 personas estuvieron habilitadas para votar. Menos del 1,6% de la comunidad. De ellas, finalmente lograron sufragar menos de 1.100. El resto —es decir, la inmensa mayoría— no pudo. No porque no quisiera, sino porque el diseño institucional venezolano lo impidió.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales solo permite votar en el exterior a quienes acrediten residencia legal permanente. El Consejo Nacional Electoral, además, mantuvo el Registro Electoral en el exterior cerrado durante seis años seguidos, entre 2018 y 2024, y lo abrió solo por presión del Acuerdo de Barbados, durante una ventana de menos de dos semanas, con un único puesto de atención que entregaba entre 40 y 50 turnos diarios. En esas condiciones, apenas unas 500 personas alcanzaron a inscribirse, frente a un universo potencial de entre 130.000 y 175.000 venezolanos adultos en Argentina. La exclusión electoral del 98% no es un accidente: es el resultado predecible de una estructura administrativa diseñada, en los hechos, para que la diáspora no vote.
Que esto haya ocurrido en Argentina, donde la organización política venezolana es vasta y la sociedad civil activa, dice algo importante: no estamos frente a un problema operativo, estamos frente a un problema de modelo. Y el modelo, en este punto, es estructuralmente excluyente.
Hacia un debate que no podemos esquivar
Esta conversación tiene, además, una urgencia política inmediata. Las fuerzas democráticas venezolanas vienen planteando con insistencia la necesidad de un proceso electoral genuino que abra paso a la democratización efectiva del país. Si ese reclamo se concreta —y todo indica que más temprano que tarde tendremos que prepararnos para una nueva elección—, lo que no podemos permitirnos es que se repita lo del 28 de julio de 2024. Que millones de venezolanos en el mundo, con voluntad de votar y con todo el derecho de hacerlo, queden otra vez afuera por una arquitectura institucional pensada para excluirlos. No se puede hablar de elecciones libres si la diáspora —que es una porción decisiva del país— queda, por diseño, fuera del padrón. Cualquier hoja de ruta hacia un nuevo proceso electoral tendría que incorporar, desde el primer día, las condiciones materiales y normativas para que esa exclusión no se repita. No es un detalle técnico: es una condición de legitimidad.
El diagnóstico realizado abre, naturalmente, una conversación sobre qué hacer. No es momento, todavía, de conclusiones cerradas, pero sí de poner sobre la mesa algunas líneas. La primera, evidente, es la necesidad de pensar una reconfiguración de la red consular venezolana en países como Argentina, con sedes en las principales centralidades urbanas donde vive la comunidad. Una red mínima de tres consulados, sumada a la sede de Buenos Aires, ya representaría una mejora sustantiva respecto del esquema actual. Pero ampliar la red no alcanza: incluso con cinco consulados nuevos, la sede central en CABA seguiría siendo materialmente insuficiente para procesos masivos como los electorales. Cualquier propuesta seria tendrá que contemplar alternativas operativas: habilitación de escuelas y centros culturales como mesas auxiliares de votación, convenios con organismos internacionales, modalidades de voto a distancia. Lo hacen Ecuador y Colombia para sus procesos en el exterior; no hay razón para que Venezuela no pueda hacerlo.
La segunda línea es más profunda y más necesaria: revisar el marco legal de los derechos políticos de la diáspora. Hoy, los venezolanos en el exterior solo podemos votar en elecciones presidenciales. Quedan fuera las legislativas, las regionales, los referendos. La experiencia comparada en la región muestra que hay caminos mucho más expansivos. Colombia creó una Circunscripción Internacional en la Cámara de Representantes que permite a los colombianos en el exterior elegir directamente a un representante al Congreso. Ecuador, en la Constitución de 2008, reservó seis curules de la Asamblea para los emigrantes, divididas en tres circunscripciones regionales, y habilitó el voto en todos los tipos de elecciones. Italia hace lo propio, con 18 escaños reservados entre Diputados y Senado. No son experimentos: son modelos consolidados que reconocen una realidad sencilla y poderosa: la diáspora no es un anexo del país; es parte del país.
Es un debate que necesitamos hacer, sin prisas pero sin postergaciones. Hace falta discutir, en serio, si la Venezuela que viene va a seguir tratando a sus emigrantes como ciudadanos a medias o si va a reconocer, en su arquitectura institucional, que somos parte plena del cuerpo político de la nación. Esa discusión exige reformas legales, debate legislativo, eventualmente reformas constitucionales. Exige, sobre todo, decisión política.
Lo que está en juego
Quienes vivimos fuera no salimos de Venezuela para dejar de pertenecerle. Las remesas que enviamos cada mes, los lazos familiares que sostenemos a la distancia, las decenas de organizaciones que se montaron en cada ciudad para acompañar a quien acababa de llegar, los miles que volveríamos sin pensarlo dos veces si las condiciones lo permitieran: todo eso es Venezuela también. La diáspora no es un problema a resolver; es un actor político y social que pide, con todo derecho, un lugar en la construcción del país que viene.
La transición democrática, si va en serio, tiene que construirse mirando también hacia afuera. Los millones de venezolanos que están en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, en Madrid, en Houston, en Ciudad de México, no son testigos pasivos del proceso. Son ciudadanos, que también mucho han hecho por la recuperación de nuestra democracia. Y el primer gesto de una institucionalidad que se reconstruye es, precisamente, reconocerlos como tales.
Argentina nos ofrece una buena lupa para entender la dimensión del problema. Lo que ocurre ahí, ocurre, con variantes, en cada país donde hay diáspora venezolana. Por eso este diagnóstico no se cierra en Buenos Aires: continúa con el mismo ejercicio en los demás países donde vivimos, para construir una conversación informada, comparada y útil. La Venezuela del futuro la imaginamos democrática, libre y reconciliada. También plural en su geografía. Que los 7,8 millones que estamos repartidos por el mundo encontremos un lugar real en su diseño es, en última instancia, una de las pruebas más importantes que esta transición va a tener que pasar.
Sociólogo (UCV). Magíster en Planificación de Políticas Públicas (UNSAM). Especialista en Comunicación Política (USB). Cofundador y Director Operativo de la ONG Alianza por Venezuela.