Los veinticinco años de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por consenso en el seno de la OEA, obligan a recordar la deuda hemisférica con la democracia y, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, los abandonos, matices y abstenciones cuyos efectos nacionales y consecuencias regionales han sido tan graves.
Esa deuda parecía saldada o por saldarse en 2001, aunque seguía pesando el casi medio siglo del régimen comunista cubano y comenzaba a sentirse el de la elección de Hugo Chávez, peligro asomado desde el momento mismo de su juramentación en 1999. Le siguieron, cierto que en diferentes tonos de la “marea rosa”, las elecciones de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vásquez, Evo Morales, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Daniel Ortega y Fernando Lugo.
La diversidad de tonalidades se manifestó para los ciudadanos de cada país en el estado de sus democracias, derechos y calidad de vida. Condiciones que fueron mejores para los gobernados por liderazgos de esencia democrática y constitucionalista, como los de Uruguay, Chile y, aunque no sin altibajos, Brasil. Esas condiciones se vieron disminuidas en Paraguay y particularmente en Argentina, donde los frenos políticos e institucionales protegieron trabajosamente el principio de alternancia.
En lo peor de la escala se manifestaron el ya añejo totalitarismo cubano y las rupturas con la democracia que se fueron produciendo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, donde gobernantes democráticamente elegidos violaron derechos y procedimientos constitucionales para mantenerse en el poder o escoger a sus sucesores.
Hacia afuera, el conjunto de esta “marea” se alejó de la Carta Democrática y de la tendencia que subregionalmente la había precedido, como hasta hoy se lee en los compromisos democráticos del Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad Andina y el Mercosur. Comenzando el nuevo siglo, con especial empeño del régimen venezolano, todos apoyaron la creación de acuerdos alternativos.
El primero fue la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, suscrita por Fidel Castro y Hugo Chávez en 2004, definida y ampliada como alianza a partir de 2006. Incentivada con acuerdos y facilidades petroleras ofrecidas por Venezuela, llegó a sumar una docena de países de Latinoamérica y el Caribe. Desde su creación silenció el compromiso democrático hemisférico de respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, las elecciones libres y periódicas, el pluralismo político y la separación de poderes.
Entre 2008 y 2018, cuando se inició su desintegración, la Unión Suramericana de Naciones sumó doce países miembros que, sin referencia alguna a la Carta Interamericana, suscribieron su propio compromiso democrático en 2010. Allí incluyeron una detallada descripción de sanciones, a partir de un trazado muy general de las situaciones que lo activarían, sin referencia a rupturas originadas por el desempeño antidemocrático de los gobiernos.
En materia electoral incorporaron la figura simbólica del acompañamiento a instancias del gobierno de Venezuela, negado a la observación internacional desde las elecciones presidenciales de 2006. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños aprobó en su primer año, 2011, un compromiso democrático sin referencias a la Carta Interamericana, centrado como el de Unasur en la defensa del gobierno constitucional, sin consideración de la legalidad de su desempeño, y procedimentalmente limitado por requerir el consenso de sus treinta y tres miembros.
Venezuela ha ofrecido en lo que va de este siglo evidencias sobre la deuda democrática en todos los sentidos. Desde adentro, en la destrucción de la democracia, el estado de derecho y todos los derechos humanos que su derrumbe sofoca, incluyendo desde la degradación de los procesos electorales hasta su desconocimiento y la consumación del fraude.
A ello se han sumado, hacia afuera, la interferencia política en otros países al favorecer por acción y omisión a grupos y organizaciones afines, sea que en procesos electorales o en acciones disruptivas y criminales. Paralelamente, en la acción exterior –aparte de promover foros a conveniencia– se han descalificado, desatendido y, en el régimen interamericano, abandonado acuerdos e instituciones de escrutinio, evaluación y sanción en materia de derechos humanos, incluidas la propia OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos.
A la vez, en este largo camino, ante un régimen que se fue haciendo cada vez más autoritario, represivo y violento, entre los venezolanos ha prevalecido la búsqueda de soluciones democráticas, pacíficas y electorales: tal como lo recomendaban las resoluciones de la OEA en la primera aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que fue invocada ante la crisis política venezolana entre 2002 y 2004.
Veinte años más tarde, se suman las evidencias más recientes de motivación, organización y movilización democrática de los venezolanos: la de la Primaria del 22 de octubre de 2023, en la que cerca de dos millones y medio de venezolanos eligieron a María Corina Machado como candidata presidencial, y la de la campaña y triunfo masivo de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024, a quien Machado delegó y acompañó en campaña, tras el mantenimiento de su inhabilitación pese a lo estipulado en el Acuerdo de Barbados.
Ese acuerdo fue violado por el gobierno de principio a fin, hasta la consumación del fraude electoral y la brutal represión que le siguió. En ese momento, sin desconocer la constancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, hizo falta más iniciativa colectiva regional y más movilización desde la OEA antes que mediaciones como las de Brasil, Colombia y México, debilitadoras de la presión y el mensaje político y humanitario.
Ahora, ante la oportunidad de una transición a la democracia, que reclama la convocatoria y realización de elecciones presidenciales íntegras, son desde luego fundamentales la iniciativa, la organización y la movilización de los venezolanos que desde ya se perfilan. Pero también –como parecen haber aprendido más los autoritarismos del siglo XXI que las democracias asediadas– son muy importantes los apoyos internacionales: en respaldo de esa legítima demanda y con disposición no simplemente a acompañar, sino a observar con mucha atención, decir con claridad y presionar oportunamente por el respeto a la soberanía popular expresada a través del voto.
Sobran razones de principios y razones prácticas, incluyendo las geopolíticas, por las que la recuperación democrática de Venezuela puede dar impulso a un compromiso nacional y regional renovado con la democracia y el estado de derecho, como base para la prosperidad y la seguridad regional.
Recomendación Leonardo Padrón: en Venezuela es delito apostar por la democracia