Además de los daños en vidas e infraestructuras, los grandes desastres naturales y, de manera particular, los terremotos han tenido en la historia de América Latina impactos directos y giros decisivos en las dinámicas políticas de los países donde ocurren.
Los terremotos no solo modifican en asunto de minutos los paisajes urbanos y las historias personales, también remueven la experiencia pública, cambian la agenda de los gobiernos, en algunos casos para consolidarlos y hacer emerger nuevos liderazgos, en otros para dejar a la intemperie sus ineptitudes y discursos oficiales engañosos y abrir grietas profundas que, a largo o mediano plazo, conducen a la caída de regímenes envilecidos. Las catástrofes pueden abrir paso a una nueva historia, como si la sensación de apocalipsis subiera bruscamente el telón para un nuevo comienzo.
Por ejemplo, los historiadores coinciden en señalar que el feroz terremoto que prácticamente destruyó la ciudad argentina de San Juan, en 1944, fue el telón de fondo sobre el que se proyectó la imagen pública de un joven militar, el coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión, quien asumió un rol protagónico en la eficiente y visible gestión de la tragedia.
El país se hallaba gobernado por una recién asumida dictadura militar que de inmediato respondió enérgica y eficientemente para controlar la situación, acompañada de un gran despliegue propagandístico. Fue el escenario perfecto para el nacimiento de una leyenda. Perón se proyectó como un político diferente y Evita apareció de la nada en medio de un espectáculo que el naciente líder de masas organizó en el Luna Park con el fin de recaudar ayuda para las víctimas. Fue el ensayo general del populismo melodramático que la pareja, más tarde mítica, inauguraba. Muchos analistas consideran que fue el momento preciso del nacimiento de Perón y del peronismo como una fuerza política decisiva de la Argentina. De entre los escombros surgía un nuevo liderazgo.
Otro caso referencial fue el gran sismo de Nicaragua, en 1972, que arrasó una parte de Managua, la capital. Dejó 19 mil muertos, 20 mil heridos y 280 mil damnificados. El país estaba gobernado por una larga dictadura, la de la dinastía Somoza, pero en este caso su respuesta fue inversa a la de Argentina: el régimen militar anquilosado en el poder actuó con torpeza e indolencia mayúsculas. Las víctimas quedaron en total desamparo y el manejo doloso de la cuantiosa ayuda económica extranjera se convirtió en una vergüenza. La mezcla entre ineptitud extrema y corrupción impúdica aceleró el ya grande desprestigio del régimen y aupó el apoyo popular al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), grupo rebelde que llevaba años enfrentando al somocismo por la vía armada.
Los historiadores coinciden en la idea de que la decadencia oficial exhibida en la respuesta al terremoto marcó el inicio del fin del somocismo. Siete años después, en 1979, Anastasio Somoza huía del país y los sandinistas tomaban el poder. Esta vez fue a la inversa: el terremoto enterró entre sus escombros a un régimen autoritario.
Años más tarde, en septiembre de 1985, la desgracia llegó a Ciudad de México. Un sismo tan destructivo como los dos anteriores sacudió la tierra de la megalópolis mexicana y, aunque nunca se conocieron cifras exactas, se calcula que al menos 20 mil personas fallecieron, unas 250 mil quedaron sin vivienda y aproximadamente 900 mil fueron obligadas a abandonar sus hogares.
El PRI gobernaba México de manera continua desde 1929, por lo que el escritor Mario Vargas Llosa lo había bautizado como “la dictadura perfecta”. La respuesta gubernamental, similar a la de los Somoza, fue de una indolencia aún mayor. Más que respuesta, fue una ausencia. El ejército y los rescatistas tardaron en aparecer. El gobierno presidido por Miguel de la Madrid quedó rebasado.
La omisión del Estado ante la emergencia hizo que millares de ciudadanos tomaran la atención en sus propias manos: brigadas de estudiantes, obreros, amas de casa y ciudadanos comunes, unidos en un comprometido acto de solidaridad, sin entrenamiento ni equipos, se dedicaron por su cuenta a rescatar a las víctimas.
De aquel movimiento quedó un legendario testimonio, el libro Nada, nadie, las voces del temblor, de la gran escritora Elena Poniatowska, en el que se describe minuciosamente cómo, ante la falta de gobierno, el horror y el dolor de la catástrofe, los ciudadanos tomaron el control. El escritor Carlos Monsiváis, protagonista y testigo de excepción de aquellos hechos, lo resumió diciendo que la experiencia del terremoto le había dado al término “sociedad civil” una credibilidad inesperada que, a la larga, contribuiría a la debacle de la “dictadura perfecta”.
El sismo no puso en jaque a una dictadura militar como en Nicaragua, pero abrió el juego al inicio de una nueva cultura política, lo que por entonces se llamó “nuevos movimientos sociales”. Tres años después, en 1988, el PRI sufrió una gran escisión que dio paso al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y al paulatino resquebrajamiento de su extensa hegemonía.
El terremoto de Haití, ocurrido en enero de 2010, fue más escalofriante aún. Se calculan unos 200 mil muertos, una capital entera arrasada y, como consecuencia política más evidente, el colapso absoluto de las infraestructuras y capacidades del gobierno central y los gobiernos locales.
La mayoría de los análisis concluye que las dimensiones de la catástrofe no son atribuibles al propio sismo, sino a las condiciones de pobreza extrema, construcciones precarias, degradación ambiental, caos urbanístico y debilidad del Estado que entonces afectaban —y aún afectan— a la nación haitiana.
Dieciséis años después, el país aún no se ha recuperado. El Estado, que ya era absolutamente débil antes del terremoto, ahora es casi inexistente. Los fenómenos más alarmantes, la pobreza y las enfermedades, continúan como endemia, así como el control que ejercen las bandas armadas sobre Puerto Príncipe y otras zonas del país, que ha obligado a la creación de misiones internacionales de apoyo a la Policía Nacional, sobrepasada por el poderío de esas organizaciones criminales. En este caso, la catástrofe no fracturó un régimen: aceleró el deterioro general de un país y de su Estado, que ya se encontraban en terapia intensiva.
Ahora, en la tercera década del siglo XXI, los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela traen grandes incógnitas sobre cuáles serán sus efectos a mediano plazo. El desastre ha ocurrido en un país sometido a un gobierno de facto que vive en medio de una inestabilidad crónica, crisis social, pobreza crítica e inflación sostenida, una situación que la ONU ha caracterizado como de Emergencia Humanitaria Compleja.
A un mes y medio del evento, la sociedad venezolana aún no termina de despertar plenamente de la conmoción vivida. Con el paso de los días, se han ido descubriendo las cada vez mayores dimensiones de la tragedia. La respuesta oficial recuerda las omisiones y ausencias de Nicaragua en 1972 y México en 1985. La imagen de ciudadanos comunes y bomberos excavando entre los escombros con sus solas manos por carencia de equipos se ha convertido en uno de los grandes símbolos de esta nueva tragedia. El sentimiento de dolor se combina con la ira y la impotencia ante la débil y tardía respuesta oficial, y con la gratitud por la cooperación ciudadana e internacional, que ha sido de una intensidad conmovedora. El terremoto ha servido para dejar al desnudo —aún más— el rechazo, e incluso desprecio, mayoritario hacia un régimen que no se sostiene por el apoyo popular, sino por las Fuerzas Armadas y la tutela de la administración Trump.
Y ahora, cuando Venezuela apenas comienza a recuperarse, otro sismo de dimensiones considerables ocurre en la vecina Colombia, volviendo a abrir la herida que recién comenzaba a sanar y generando otra nueva, compartida entre los habitantes de ambos países. La dimensión política vuelve a hacerse presente. Los venezolanos comunes, en sus redes sociales, y también las cadenas de noticias internacionales no dejan de comparar las rápidas y eficientes respuestas del gobierno nacional, las alcaldías y gobernaciones colombianas con las lentas, indolentes, vergonzosas y poco profesionales respuestas del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas.
Una casualidad —el hecho de que el terremoto ocurriera el primer día de actividad laboral del nuevo gobierno presidido por Abelardo de la Espriella, exactamente a la hora en que comienzan a abrirse las oficinas públicas— se ha convertido en fuente de análisis y leyendas urbanas de todo tipo.
Para unos, es un reto que someterá a prueba al nuevo gobernante y su equipo. Otros, desde el pensamiento mágico, hacen interpretaciones esotéricas sobre señales del cielo y ceremonias de iniciación. Los más optimistas celebran que haya ocurrido en manos de un nuevo gobierno que, abiertamente, se ha postulado como ejecutivo y gerencial, mucho menos ideológico y más respetuoso de las capacidades técnicas de sus funcionarios que el inmediato anterior.
Lo cierto es que el evento ha alterado por completo la agenda del nuevo gobierno, que aún no había tenido tiempo de nombrar los nuevos cuadros gerenciales; ha creado un clima de concordia, unidad y solidaridad nacional que suspende por estos días la batalla política que giraba alrededor de la toma de posesión; y le ha servido la mesa al nuevo mandatario para que ponga en escena vigorosamente tres de sus propuestas electorales: reivindicar la dignidad y autonomía de las Fuerzas Armadas; descentralizar la gestión del Ejecutivo, gobernando con oficinas presidenciales alternas fuera de Bogotá; y trabajar de manera coordinada y sin exclusiones ideológicas con los gobiernos locales.
Otra vez los terremotos entran a darle un giro a las dinámicas políticas nacionales. En esta oportunidad, en el caso de Colombia, todo parece apuntar a un fenómeno más parecido al de Perón en 1944 que al del gobierno espurio venezolano de 2026.