Celebrar la muerte del Niño Guerrero sin hacerse ninguna pregunta es aceptar que los gobiernos pueden matar sin proceso a quien declaren enemigo. Ese es el principio que el chavismo ha usado durante veinte años contra su propia población. El operativo del 12 de junio no fue justicia. Fue una ejecución extrajudicial y eso, sin importar quién sea la víctima, es un crimen.
Milagros Socorro
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, era el jefe del Tren de Aragua, organización responsable de asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, explotación sexual y tráfico de migrantes en varios países. Estaba acusado ante la justicia estadounidense y había una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto. Su captura habría permitido juzgarlo, establecer el alcance de sus crímenes y, muy importante, examinar las complicidades que hicieron posible que dirigiera una organización continental desde una cárcel venezolana.
Pero el 12 de junio Donald Trump anunció que había escogido otro desenlace. Él. Porque es la cabeza de una potencia formidable y porque cuenta, en territorio venezolano, con empleados sumisos.
«Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero», escribió Trump. La reiteración del verbo («ejecutar») despeja cualquier duda sobre el propósito de la operación. El régimen presidido por Delcy Rodríguez confirmó una acción conjunta en el estado Bolívar, realizada mediante intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico estadounidense, y aseguró que el mando operativo había correspondido a Venezuela, algo difícil de admitir porque su credibilidad es nula y porque cuesta creer que las fuerzas armadas venezolanas sean capaces de llevar a cabo alguna acción que no tenga como blanco a ciudadanos indefensos.
La distribución exacta de las tareas continúa sin conocerse. Trump se atribuyó el ataque militar y el poder instalado en Venezuela asegura que aportó los medios necesarios para localizar al hombre y facilitar su eliminación. El punto es que ambas administraciones se atribuyeron una muerte decidida de antemano y la presentaron como una demostración de eficacia.
Una ejecución extrajudicial es la privación deliberada de la vida cometida por agentes estatales, o con su autorización o colaboración, fuera de las garantías previstas por la ley. El derecho internacional de los derechos humanos establece que la fuerza letal solo puede emplearse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida. No hay excepción para los criminales más brutales. El derecho a la vida se mide precisamente en los casos en que más incomoda aplicarlo.
Con el agravante de que involucró la participación de una potencia extranjera, en territorio venezolano y contra un venezolano. Lo ocurrido el 12 de junio establece un precedente que trasciende este caso: un gobierno extranjero puede matar en suelo venezolano si el poder de turno lo permite. Ese principio no tiene fecha de vencimiento. Cualquier régimen futuro en Venezuela, o en cualquier otro país de la región que atraviese una situación de debilidad institucional, podría enfrentar la misma lógica.
¿Quiénes estaban en esa casa?
En una operación de seguridad, la fuerza letal solo puede emplearse cuando resulte indispensable para proteger una vida ante un peligro inmediato, en ese momento y en ese lugar. Hasta ahora nadie ha explicado qué amenaza representaba Guerrero cuando fue atacado, por qué resultaba imposible cercarlo y detenerlo, cuánto tiempo fue vigilado, qué posibilidades de captura se estudiaron ni quién decidió que un misil podía reemplazar a los policías, los fiscales y los jueces. Los responsables han celebrado el resultado mientras mantienen en secreto las circunstancias que permitirían evaluar la operación.
La calificación del Tren de Aragua como organización terrorista tampoco concede una licencia para ejecutar a sus integrantes. Guerrero era el jefe de una estructura criminal y estaba requerido por tribunales. Lo que correspondía era su detención, la preservación de las pruebas y la celebración de un juicio donde el país pudiera enterarse de las dimensiones de su entramado delictivo, de los nombres de las víctimas y del alcance de sus complicidades. Con detalles, fechas, cantidades, rutas, montos repartidos, identidad y rango de sus secuaces…
La información pública disponible consiste en las declaraciones del gobierno estadounidense, el comunicado del régimen venezolano y un video de diez segundos difundido por Trump, donde se ve una construcción rodeada de vegetación que desaparece dentro de una bola de fuego. La explosión demuestra que el objetivo fue destruido. Todavía falta una identificación forense independiente del cadáver, una autopsia confiable y divulgada públicamente, así como un informe sobre el número de personas que se encontraban en el lugar.
La presencia y la muerte del Niño Guerrero han sido confirmadas por los gobiernos que participaron en la operación, pero todavía no existe una verificación forense independiente, que sepamos.
Y, además, ¿cómo establecieron que Guerrero se encontraba allí? ¿Qué protocolo emplearon para descartar la presencia de otras personas? ¿Quién nos asegura que en aquella casa no había niños o adolescentes, mujeres embarazadas, familiares, trabajadores, cocineros, conductores, vigilantes, mineros o personas sometidas por la propia banda? ¿Quién puede certificar que en los alrededores no había vecinos o transeúntes? ¿Quién entró después de la explosión, recogió los restos, identificó cada cuerpo y dejó constancia de los animales alcanzados por el ataque?
Trump acompañó el anuncio con una amenaza dirigida a los demás integrantes del Tren de Aragua. Prometió dar con ellos y enviarlos «a las profundidades del infierno, donde les corresponde». La frase, un veredicto teológico, revela una concepción del poder que rebasa la persecución penal. El presidente ordena la muerte, promete extenderla a cualquier lugar del mundo y determina el destino de las almas tras pasar por su guadaña, una decisión que hasta ahora había pertenecido a la jurisdicción de Dios.
El método conocido
El régimen de Delcy Rodríguez admitió haber participado en el intercambio de inteligencia y en la operación que terminó con la muerte del Niño Guerrero. Prescindió de la captura, del proceso de extradición y del juicio, y colaboró en una acción cuyo propósito letal había sido anunciado por su jefe estadounidense.
Esa cooperación del régimen venezolano adquiere una gravedad particular por su propia historia. El chavismo ha empleado durante años las operaciones contra la delincuencia para ejecutar jóvenes en los barrios pobres, intimidar comunidades enteras y convertir la expresión «resistencia a la autoridad» en explicación automática de miles de muertes.
Las OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo) comenzaron en julio de 2015. Contingentes policiales y militares cercaban los sectores populares, allanaban viviendas y se llevaban a sus habitantes sin orden judicial. La Fiscalía venezolana registró 505 muertes durante las OLP entre julio de 2015 y marzo de 2017, entre ellas las de 27 menores de edad.
Las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) continuaron esa práctica desde 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas investigó en profundidad veinte muertes ocurridas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibió relatos casi idénticos. Los agentes llegaban vestidos de negro, encapuchados y en vehículos sin identificación. Irrumpían en las casas, sacaban a las madres, las esposas, los hijos y los vecinos, y dejaban al joven a su arbitrio. Después se escuchaban los disparos. Las familias regresaban y encontraban el cadáver dentro de la vivienda o recibían, horas más tarde, la noticia de que su hijo había muerto durante un supuesto enfrentamiento.
Human Rights Watch documentó el mismo procedimiento. Los funcionarios sembraban armas o drogas junto a los cuerpos, disparaban contra las paredes o al aire para fabricar señales de resistencia y alteraban la escena antes de que pudiera examinarla un investigador independiente. Las familias encontraban dificultades para recuperar los cadáveres, obtener las autopsias y acceder a las actas de defunción. Varios jóvenes habían sido vistos con vida por última vez cuando ya se encontraban sometidos por los agentes.
Las cifras proceden, en buena medida, del propio Estado venezolano. En 2016 se registraron 5.995 muertes bajo la categoría de «resistencia a la autoridad» y en 2017 fueron 4.998. El régimen informó de otras 5.287 en 2018 y de 1.569 entre el primero de enero y el 19 de mayo de 2019. La suma alcanza 17.849 personas muertas por cuerpos de seguridad en poco más de tres años.
Esa cantidad incluye casos que nunca fueron investigados de manera individual y no permite afirmar que todos constituyeran ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del Alto Comisionado concluyó que muchas de aquellas muertes podían serlo y calificó su incidencia de «escandalosamente alta».
El método sobrevivió a la difusión de los informes internacionales. Entre el 6 y el 9 de enero de 2021, una incursión de unos 650 funcionarios en La Vega dejó al menos catorce muertes que Amnistía Internacional consideró probables ejecuciones extrajudiciales. La organización encontró indicios de que las víctimas habían recibido disparos en zonas vitales y situó el episodio dentro de una política letal de control social aplicada contra hombres jóvenes de comunidades empobrecidas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas examinó la cadena de mando. En su informe de 2020 encontró motivos razonables para creer que Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados y omitieron adoptar medidas para impedirlos o castigarlos. Durante buena parte del período analizado, Néstor Reverol dirigía el Ministerio de Interior y Vladimir Padrino López ocupaba el Ministerio de Defensa. La Misión describió violaciones cometidas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y ejecutadas en desarrollo de una política de Estado.
Tras la disolución formal de las FAES en 2022, sus funciones pasaron a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas. Entre abril y octubre de ese año, siete Operaciones Trueno contra el Tren de Aragua y otras bandas dejaron 72 muertos y 345 detenidos; ninguno de los jefes buscados fue capturado. Las operaciones reprodujeron el patrón conocido, con abundancia de cadáveres, escasas capturas relevantes y ninguna investigación independiente.
Ese prontuario acompaña ahora al régimen de Delcy Rodríguez en su cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Las fuerzas venezolanas poseen una larga experiencia en seleccionar a una persona, declararla delincuente, aislarla de cualquier testigo, matarla y administrar después la escena y la versión oficial. La intervención estadounidense incorpora un misil y una capacidad de vigilancia mucho mayores a un procedimiento que en Venezuela se practicaba entrando a pie en las casas de los barrios.
Un silencio muy conveniente
La muerte de Guerrero destruye una fuente de información para muchos casos. Un juicio habría permitido investigar también cómo convirtió Tocorón en sede de una organización transnacional, qué funcionarios le permitieron dirigir sus negocios desde una prisión del Estado, cómo escapó antes de la intervención del penal en 2023 y qué protección recibió durante su permanencia en las minas del estado Bolívar. Habría podido revelar nombres, rutas financieras, redes de extorsión, vínculos con policías y militares y responsabilidades de quienes se beneficiaron del crecimiento del Tren de Aragua. El muerto ya no puede hablar y quienes lo protegieron conservan sus secretos.
Las víctimas de la organización también han sido privadas de un juicio. Una sentencia habría establecido hechos, responsabilidades y penas. Habría dejado un expediente público y una relación probada de los delitos. El misil produjo un cadáver, destruyó posibles evidencias y entregó a los autores del ataque el control sobre todo cuanto se sabrá de la operación.
El artículo 43 de la Constitución venezolana declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. El régimen tenía la obligación de detener a Guerrero y ponerlo a disposición de la justicia. En vez de eso, compartió información y participó en una acción cuyo resultado letal había sido previsto y buscado. La colaboración con una potencia extranjera añade otra pregunta sobre quién autorizó que el territorio venezolano y la información obtenida por los cuerpos nacionales de seguridad fueran utilizados para matar a un ciudadano venezolano.
Toda muerte potencialmente ilícita exige una investigación independiente. Habría que preservar el lugar, identificar todos los restos, realizar autopsias, determinar cuántas personas murieron y reconstruir cada decisión que condujo al ataque. También habría que establecer quién localizó a Guerrero, quién confirmó su presencia, quién descartó la existencia de civiles y quién autorizó el lanzamiento. Mientras las pruebas permanezcan bajo el control del gobierno que disparó y del régimen que colaboró, el público tendrá una versión ofrecida por los responsables y un video que muestra una casa consumida por el fuego.
La condición criminal del Niño Guerrero facilita la celebración y reduce la disposición a formular preguntas. Una trampa. El poder empieza aplicando su licencia para matar a una persona cuya culpabilidad parece indiscutible y conserva después esa facultad para escoger nuevos objetivos. Venezuela conoce el resultado de ese procedimiento. Miles de familias han recibido a sus hijos en una morgue después de que funcionarios armados irrumpieran en sus casas y redactaran la explicación de la muerte. La alianza que eliminó al Niño Guerrero ha trasladado esa práctica desde los barrios hasta el alcance de un misil.