Caminar por la avenida Urdaneta durante una protesta de jubilados universitarios es asistir a un anacronismo cruel. Rostros que cargan con décadas de cátedra, investigación y servicio público se agolpan frente a cordones policiales no para exigir lujos, sino para reclamar lo mínimo: la sobrevivencia. Esta escena, que se repite con dolorosa frecuencia en este 2026, habría resultado familiar para el Papa León XIII cuando en 1891 redactó la encíclica Rerum Novarum.
Aquel documento, que sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia, nació para denunciar las «miserias y calamidades que tan injustamente pesan sobre la mayor parte de la clase obrera». León XIII advertía sobre un mundo donde un puñado de poderosos imponía un yugo casi servil a una masa de trabajadores desposeídos. Ciento treinta y cinco años después, el modelo económico venezolano ha logrado una proeza macabra: reeditar aquellas injusticias del siglo XIX bajo un barniz de retórica progresista, sustituyendo el salario real por una estructura de bonos que despoja al trabajo de su contenido humano y legal.
La Rerum Novarum no fue un panfleto romántico; fue una advertencia política y moral. En su corazón residía el concepto del Salario Justo. Para la Iglesia, el pago por el trabajo no es una cifra que el Estado o el patrono lanzan al voleo según su conveniencia fiscal. El salario debe ser suficiente para tres cosas: permitir una subsistencia digna, sostener a la familia y, crucialmente, permitir el ahorro para adquirir propiedad privada.
En la Venezuela de hoy, el anuncio de un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares (abril 2026) es la antítesis de este principio. Al desglosarse casi exclusivamente en bonos sin incidencia prestacional, el Estado venezolano ha convertido la remuneración en una limosna administrativa. El trabajador ya no «gana» un sueldo que le permite proyectar su vejez o asegurar el futuro de sus hijos; el trabajador «recibe» una transferencia que se agota en el consumo inmediato, quedando huérfano de seguridad social, de vacaciones pagadas y de prestaciones que reconozcan sus años de entrega.
Resulta una ironía sangrienta, casi un sacrilegio retórico, ver a los voceros de este modelo pretender ser hoy herederos de la justicia social cristiana. Olvidan, quizás por ignorancia o por puro cinismo, que el nombre de León XIII no fue elegido al azar: evocaba la fuerza de León Magno deteniendo a los bárbaros para proteger a la civilización.
Mientras el régimen intenta arroparse con la mística de la Rerum Novarum, ignora deliberadamente que el «León» del Vaticano rugió precisamente contra el Estado omnipotente que pretendía anular la propiedad privada y convertir al trabajador en un siervo de la administración pública. Hoy, los que destruyen el salario en nombre del pueblo son los Atilas de una economía que León XIII habría condenado sin vacilar.
Especialmente cáustico para el régimen es que el tiempo no solo haya erosionado su gestión política, sino que también los haya cercado en la batalla de los símbolos. Este desgaste trascendió las acciones concretas y se manifestó en la pérdida del control sobre los símbolos y narrativas que durante mucho tiempo utilizaron para justificar su poder y mantener una aparente cohesión frente a la sociedad.
Mientras ellos intentan despojar al trabajador de su dignidad, el mundo católico celebró este 8 de mayo el primer aniversario de la elección de León XIV. Al elegir ese nombre, el Papa Robert Prevost no solo honró una tradición, sino que reactivó el compromiso de la Iglesia con la justicia social frente a las «nuevas revoluciones» que hoy, en Venezuela, se traducen en hambre digital y bonos sin alma.
Un año después de su llegada al solio pontificio, el mensaje de León XIV resuena como una condena directa a Miraflores: el trabajo no es una herramienta de control político, sino el camino hacia la paz y la libertad. Mientras el oficialismo finge demencia histórica, el «León de Chicago» recuerda que la verdadera justicia social empieza por reconocer que el trabajo debe asegurar un proyecto de vida, no solo el pan de hoy. Cuando se ha cumplido ya un año de la «fumata blanca», los trabajadores venezolanos tienen en ese nombre no a un aliado de sus opresores, sino al defensor de la misma causa por la que hoy marchan: la restitución del hombre a través de un trabajo digno.
El ensañamiento con el sector universitario y los jubilados es, quizás, la muestra más clara de la discriminación que mencionábamos. Mientras sectores estratégicos para el control político reciben incentivos opacos, los jubilados de nuestras universidades —quienes formaron a las generaciones que aún sostienen lo poco que queda en pie— son tratados como ciudadanos desechable.
Para un profesor jubilado, el esquema de bonificación es un insulto a su trayectoria. Si el ingreso no es salario, su pensión se calcula sobre una base miserable, condenándolo a una indigencia de Estado. León XIII decía que «la equidad exige que el Estado cuide de los trabajadores… para que reciban algo de lo que aportan a la utilidad pública». En Venezuela, el Estado hace exactamente lo contrario: extrae el conocimiento y la vida del trabajador, y le devuelve un bono que se disuelve en la inflación del día siguiente.
El modelo de bonificación que impera en este 2026 no es un error de cálculo económico; es una arquitectura de control social. Al destruir la incidencia prestacional, el Estado ha logrado lo que León XIII más temía: la atomización del trabajador. Si el ingreso no genera prestaciones, el trabajador pierde su pasado (sus años de servicio no se acumulan en valor real) y pierde su futuro (no hay ahorro posible). Se le condena a un presente perpetuo de sumisión al bono del mes.
La Rerum Novarum sostiene que el trabajo es una expresión de la personalidad humana. Sin embargo, en Venezuela, el trabajo se ha convertido en una actividad «desalmada». Cuando un enfermero o un profesor universitario ve que el noventa por ciento de su ingreso es un bono discrecional que mañana puede desaparecer por un ajuste administrativo, se rompe el principio de seguridad jurídica. Estamos ante una forma moderna de servidumbre donde el trabajador no es dueño de su esfuerzo, sino «un dependiente de la voluntad del príncipe». La discriminación es flagrante: se crean castas de trabajadores según su cercanía al poder o su capacidad de presión, dejando a los pilares de la civilidad —educadores y médicos— en el último peldaño de la pirámide.
Ante este panorama de asfixia, estamos presenciando un fenómeno que la narrativa oficial no previó: el regreso de la conciencia de clase y gremial. León XIII dedicó gran parte de su encíclica a defender el derecho de asociación, afirmando que los sindicatos son una «sociedad privada dentro del Estado» necesaria para el equilibrio social.
Tras años de parálisis y cooptación, el movimiento sindical venezolano ha comenzado a recuperar su pulso en las calles este año. Las marchas reivindicativas de 2026 no son solo por un monto en dólares; son marchas por la restitución del concepto de salario. En estos movimientos se ha consolidado la idea de que la lucha no es sectorial, sino sistémica. Cuando los trabajadores de la salud marchan junto a los jubilados de las universidades, están rescatando el principio de solidaridad que la Rerum Novarum proponía como antídoto al conflicto de clases.
Estos gremios están cumpliendo hoy la función social más alta: recordar al Estado que su poder tiene un límite y que ese límite es la dignidad de quien trabaja. Las movilizaciones recientes frente a los entes gubernamentales son la prueba de que el trabajador venezolano se niega a ser un simple receptor de dádivas y exige volver a ser un sujeto de derecho.
El drama salarial venezolano en este 2026 no es solo una hoja de balance en rojo en el Ministerio de Finanzas; es una herida abierta en el corazón de la República. La Rerum Novarum nos enseñó que la paz social no nace del sometimiento del trabajador por hambre, sino del equilibrio que otorga la justicia distributiva. León XIII fue enfático: «si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta condiciones más duras porque se las imponen el patrono o el Estado, esto es sufrir una violencia contra la cual clama la justicia».
Esa «violencia» es la que hoy se ejerce contra el profesor universitario, el médico y el pensionado en Venezuela. Un país donde el conocimiento y la experiencia se pagan con bonos de supervivencia es un país que está hipotecando su futuro. No habrá recuperación económica real, por más tiendas por departamento que se inauguren o cifras de crecimiento que se anuncien, mientras el trabajo no recupere su carácter de motor de movilidad social.
Hoy, la causa de los gremios es el baluarte de la libertad democrática; porque un ciudadano que no puede ahorrar, que no puede planificar la educación de sus hijos y si su sustento depende del capricho de un burócrata, su libertad es solo una ilusión. Restaurar el salario base, rescatar la incidencia prestacional y dignificar a nuestros jubilados no son «concesiones» que el Estado debe hacer; son obligaciones morales mínimas si se quiere reconstruir el tejido nacional.
Al final del día, la lección de 1891 sigue vigente: la grandeza de una nación se mide por el respeto que muestra hacia las manos que la sostienen. Venezuela reclama hoy un nuevo pacto social que saque al trabajo del fango de la bonificación y lo devuelva al altar de la dignidad. Sin salario real, no solo no hay justicia social; simplemente, no hay país.