La reciente instalación de la «Comisión de Evaluación de Activos Públicos» por parte del Ejecutivo Nacional marca un punto de inflexión que, para quienes seguimos de cerca la economía venezolana, despierta tanto una tenue esperanza como una profunda cautela. Y no es para menos. Tras años de una política de expropiaciones que convirtió al Estado en un terrateniente ineficiente de cementerios industriales, el giro “pragmático” hacia la liquidación o privatización de «activos no estratégicos» pareciera reconocer que el modelo del control absoluto ha colapsado bajo su propio peso.
Sin embargo, el peligro no reside en la intención de privatizar, sino en la arquitectura del proceso. Si miramos hacia atrás, el espejo de la Federación Rusa de los años 90 nos devuelve una imagen que debemos evitar a toda costa, si no queremos que Venezuela termine convertida en un tablero de ajedrez para un nuevo «capitalismo de amiguetes».
El Caso Ruso
Para entender el riesgo, debemos revisar lo sucedido en Rusia durante el año 1991. Tras la disolución de la Unión Soviética, el gobierno de Boris Yeltsin se enfrentó al desafío de transitar desde una economía de comando hacia una de mercado en medio de un vacío legal absoluto. No había códigos comerciales modernos, ni sistemas bancarios funcionales, ni, al igual que nos pasa a nosotros, una cultura de respeto a la propiedad privada.
El proceso ruso se dividió en dos fases traumáticas. La primera fue la «privatización por cupones» (vouchers). Se entregaron certificados a millones de ciudadanos para que los intercambiaran por acciones de las empresas estatales. En teoría, era la democratización del capital; en la práctica, fue una transferencia perversa de riqueza. En un entorno de hiperinflación y desesperación social, la mayoría de los ciudadanos cambió sus cupones por comida o dinero rápido. Así, los directores de las fábricas (la antigua nomenklatura) y grupos de iniciados acumularon el control de la industria a precios de “gallina flaca”.
La segunda fase, el esquema de «préstamos por acciones» (loans for shares) de 1995, fue el certificado de nacimiento de los oligarcas. El Estado, quebrado y con un déficit fiscal galopante, pactó con un pequeño grupo de banqueros, quienes prestaron dinero al gobierno a cambio de la gestión de las joyas de la corona (petróleo y minería). Cuando el Estado no pudo pagar, como era lo esperado, los acreedores se quedaron con las empresas. Fue un proceso opaco que priorizó la supervivencia política del régimen sobre la eficiencia económica o la justicia social.
¿Por qué ocurrió así?
El desenlace ruso no fue un accidente, sino el resultado de incentivos perversos en un sistema sin reglas de juego claras. La prisa por «despolitizar» la economía para evitar un retorno al comunismo llevó a los reformadores a sacrificar la transparencia. Pensaron que la propiedad privada, incluso si se obtenía de forma dudosa, generaría eficiencia automáticamente. Olvidaron que, sin instituciones que garanticen la competencia y reguladores independientes, un monopolio estatal solo se convierte en un monopolio privado extractivo.
Rusia intentó construir un edificio de mercado sin cimientos fuertes. El resultado fue una caída dramática en la esperanza de vida, un aumento exponencial del crimen y una desigualdad que aún hoy fractura su tejido social. El aprendizaje es crudo y rudo, la privatización sin institucionalidad no es reforma, es reparto.
El Paralelo Venezolano
Hoy Venezuela presenta condiciones que nos obligan a encender las alarmas. Tras años de colapso productivo que redujo nuestro PIB a una quinta parte de lo que fue, el Estado venezolano se encuentra en una situación de asfixia fiscal similar a la de Rusia en 1995.
La creación de la comisión para evaluar activos, junto a la Ley Antibloqueo, introducen un factor de riesgo sistémico, que es el secreto administrativo. Este esquema pareciera estar abriendo la puerta a la discrecionalidad. Ya no hablamos solo de la industria petrolera, que sigue bajo un cerco legal específico, sino de cientos de empresas en sectores de alimentos, telecomunicaciones y servicios que podrían ser asignadas a aliados políticos o capitales de riesgo bajo la figura de «alianzas estratégicas».
El riesgo de un «capitalismo de amiguetes» a la venezolana es real. Si el proceso se realiza bajo la sombra, sin subastas públicas internacionales y sin una valoración técnica independiente, corremos el riesgo de crear una nueva élite económica que no prospere por su capacidad de innovar o servir al consumidor, sino por su proximidad al poder político. El «latido» de nuestra economía no se recuperará si simplemente cambiamos a un burócrata por un contratista favorecido.
Una hoja de ruta
¿Podemos hacer las cosas distintas? La respuesta es un «sí» condicionado a nuestra voluntad de construir instituciones. La privatización debe ser entendida como un mecanismo de bienestar, no como un salvavidas fiscal para el gobierno de turno o una fuente de grandes ingresos para los oportunistas. Para ello hay que tomar en cuenta estos tres pilares fundamentales:
- Reguladores independientes: Antes de vender cualquier empresa de servicios públicos, o energía u otro sector de relevancia, debemos establecer agencias regulatorias autónomas. El Estado debe abandonar su rol de productor ineficiente para convertirse en un árbitro que garantice la libre competencia y proteja al ciudadano-consumidor.
- Transparencia y subastas públicas: Ningún activo de la nación debe ser transferido sin una licitación abierta. La valoración de estas empresas debe ser auditada por firmas internacionales de prestigio. La luz del escrutinio público es una efectiva acción contralora.
- Canje de deuda por capital (Debt-Equity Swaps) con criterio de mercado: Venezuela enfrenta una deuda asfixiante. El canje de bonos en default, o de deudas por litigios arbitrales, por participación en empresas públicas es una herramienta poderosa para reducir pasivos y atraer a los acreedores al proceso de recuperación. No obstante, esto no puede ser un «regalo», la valoración de los activos debe hacerse a precios de mercado y el valor de la deuda debe considerar los descuentos necesarios (haircuts) que reflejen la realidad financiera del país. Sin transparencia, este pilar puede degenerar en un «loans for shares» criollo.
- El ciudadano como accionista: Debemos aprender de la lección rusa. Parte del capital de las empresas privatizadas podría destinarse a fondos de pensiones o emitirse en la Bolsa de Valores de Caracas para que el venezolano común pueda ser socio del renacimiento de su país. Además, los ingresos deben dirigirse a transferencias directas para los más vulnerables, no a gasto corriente opaco.
Como cierre
En definitiva, Venezuela se encuentra ante una bifurcación histórica. Podemos seguir la senda de la opacidad, repitiendo los errores que en Rusia crearon una estabilidad frágil y autoritaria, o podemos abrazar la institucionalidad liberal que pone al ciudadano en el centro de la actividad económica.
La privatización no es una «entrega de soberanía», es la recuperación de la viabilidad nacional. Pero para que sea exitosa, debe ser un proceso que genere confianza, no sospechas. Debemos exigir que cada activo que deje de ser estatal pase a manos de quienes demuestren mayor capacidad técnica y ética, bajo reglas que todos conozcamos y respetemos.
Solo así lograremos que la economía venezolana deje de ser un drama de supervivencia para convertirse en un espacio de genuina prosperidad. El optimismo es posible, pero solo si se basa en la eficacia con la que seamos capaces de reconstruir nuestras leyes, nuestras instituciones y, por tanto, nuestra transparencia.