La recientemente surgida y velozmente aprobada “Ley de Pensiones” es, posiblemente, una de las más grandes demostraciones de la bancarrota del Estado venezolano. Simultáneamente es una de las mejores demostraciones de ausencia de pensamiento estratégico por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sin duda que esta ley tiene un propósito político: hacer creer que el régimen se preocupa por ese montón de ciudadanos, que luego de haber trabajado los períodos profesionalmente activos de sus vidas, vieron sus ahorros y sus pensiones convertirse en sal y agua. Esta es la consecuencia de las catastróficas políticas económicas que coexisten con los enormes hechos de corrupción, que están a la vista de todos y que el propio régimen se ha visto obligado a ventilar pública y jurisdiccionalmente.
El haber destruido y robado los ahorros a los venezolanos en su etapa de vejez, no solo es una calamidad, sino que constituye un delito que debe ser juzgado en forma individual por cada venezolano afectado. Los sistemas de ahorro social para la vejez constituyen una de las principales ocupaciones de toda sociedad organizada.
Esta ley de pensiones exhibe, sin discreción, la colcha de retazos en la que el régimen ha convertido a la economía nacional. John Maynard Kaynes, el famoso economista inglés sostenía que: «No hay ninguna manera más sutil, pero segura, para trastornar la base existencial de una sociedad que desbancar, debilitar o deteriorar su moneda. Este proceso engancha con fuerza las leyes de la economía hacia la destrucción». Ese fue el resultado de la política de financiamiento monetario con la cual el régimen causó, con planificada irresponsabilidad, la hiperinflación que destruyó el bolívar como mecanismo de cuenta, de ahorro y transaccional, hundiendo en la pobreza a la gran mayoría de los venezolanos y que ha traído como una de sus visibles consecuencias la migración de nuestras familias en la búsqueda de las oportunidades que la economía venezolana no puede proporcionar.
Hablo de la colcha de retazos en que se ha convertido la economía nacional, por cuanto la visión conceptual estratégica que da forma o estructura a las políticas de Estado, que deben actuar articuladas con el propósito de sostener y hacer crecer las muchísimas actividades individuales que forman el conjunto de la economía, no existe. En consecuencia, se van imponiendo políticas improvisadas, apaga fuego, sin detenerse a examinar los impactos que unas tienen sobre otras, teniendo como resultado la alegoría del “cuero seco” -tratando de reparar una cosa, se daña otra- .
Así, la política monetaria de contener la inflación genera una sobrevaluación de la tasa de cambio que anula la posibilidad de aumentar la balanza comercial mediante exportaciones. Otro ejemplo es la política de encajes bancarios, la cual resulta en la imposibilidad de acceder al crédito, con la justificación de la búsqueda de estabilidad cambiaria; sin embargo, el crédito es el mecanismo universal de creación de actividad económica y su ausencia empequeñece las posibilidades y la economía. Sin dudas, el ejemplo más claro de contradicción es la actual política tributaria, la cual ni tan siquiera se puede calificar como política en su conjunto, dado que se trata de una suerte de sustracciones aisladas que las distintas instancias del gobierno van creando en función de sus necesidades individuales de caja, sin que prive la planificación de presupuestos previos.
La tributación excesiva no solo secuestra el capital de las personas y las empresas, capital que debe estar destinado a la inversión de unos en sus vidas y otros en el necesario crecimiento de sus organizaciones, sino que desestimula la formalización de la actividad económica.
Venezuela se ha convertido en uno de los países de mayor tributación del planeta, llevando la relación de recaudación a “Producto Interno Bruto” (PIB) a ser una de las más extremas, todo sustraído a una sociedad paupérrima. De esta forma, el Seniat, que alimenta al gobierno central, recauda el impuesto sobre la renta, el cual se considera causado en forma presunta y se exige el pago por anticipado; lo mismo sucede con el IVA “Impuesto al Valor Agregado” el cual no solo es alto, sino que genera agentes de retención con obligaciones quincenales. De esta forma se puede seguir con el “Impuesto al Patrimonio”, a las “Grandes Transacciones”, a las “Transacciones en Dólares”, los “Impuestos por la importación de insumos” y así. Por otro lado, están los impuestos causados por propósitos individuales, como lo son la “Ley de Ciencia y Tecnología” (sin tener como contraprestación desarrollo en ciencia o tecnología), o la “Ley de Drogas”, que tampoco hace nada por disminuir el consumo de drogas, la “Ley de Deportes”, o por registros y notarías (especialmente ante los necesarios aumentos de capital que las empresas deben abordar por la pulverización de los capitales producto de la hiperinflación); por seguridad social (SSO, Inces, FAOV) sin que haya seguridad social; por metrologia (CPE); por alcaldías, las cuales no prestan servicios de vigilancia policial, ambulatorios, o recolección de basura consistentes con los montos que extraen de los ciudadanos. Así, yo podría continuar esta larga lista con otros muchos impuestos.
Y todos estos impuestos recaen en los ciudadanos, bien sea por medio de extracciones directas o a través de los precios de los productos cuando se extraen de las empresas. Usted, estimado lector, tal vez no racionaliza esto cada vez que compra un producto dentro del territorio nacional. Uno se pregunta: ¿es que no hay límite al saqueo que el régimen le hace, y pretende seguir haciendo, al bolsillo del ciudadano?
El nuevo impuesto, creado con la excusa de las pensiones, expone, con la cara bien lavada, las varias otras destrucciones que el régimen ha causado: la destrucción del concepto del salario, el cual tiene incidencia en la seguridad social y por ende debe ser la fuente de ingreso para los mismos pensionados; la destrucción de fondos que aportaron durante años los trabajadores, públicos y privados, así como las empresas y que se han depositado en el Seguro Social, en el Inces (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista” y en el FAOV “Fondo de Ahorro Voluntario y Obligatorio para la Vivienda”, pero que la política de financiamiento monetario destruyó. Y, sin embargo, todas estas instituciones siguen extrayendo, hoy día, fondos de los trabajadores y de los consumidores (mediante las empresas) y no hay insumos para hospitales ni fondos para pensiones, como no hay capacitación técnica, sino ideológica, en el Inces, ni hay créditos para compra de viviendas derivadas del FAOV.
Dentro de esta enorme desgracia, al menos está restringida la posibilidad de continuar endeudando al país, así como de continuar empeorando su calificación de riesgo, debido a la imposibilidad que tiene el régimen de acceder al mercado financiero internacional mediante emisión de nueva deuda. De otra forma esta deuda, que hoy en día es el doble del producto Interno Bruto Nacional, (sin contar con las demandas contra el Estado venezolano en tribunales internacionales) tal vez sería mucho mayor y tendríamos más generaciones de venezolanos por nacer ya endeudados. Recordemos que la deuda internacional antes de Chávez era tan solo el diez por ciento (10%) del PIB de entonces. Aún así, cuando Venezuela logre recuperar su democracia institucional y el estado recuperar la legitimidad internacional, tendremos el enorme desafío financiero de pagar la gigantesca deuda ya emitida por el “Socialismo del Siglo 21” y que se encuentra ahora en estado de incumplimiento.
El Epitafio en la tumba del Cardenal Antonio Barberini (1607 a 1671), en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, de los Capuchinos, en Roma, le calza bien a los resultados que han traído a Venezuela la administración del régimen Madurista: “Aqui Yace Polvo, Ceniza y Nada”.
No en balde, la matriz de opinión que hace ya tiempo se ha fijado en las mentes de los venezolanos, según estudios del “Centro de Estudios Populares Alejandro Moreno”, la cual se manifiesta en: “Todo lo que sea bueno para el régimen, es malo para el ciudadano”.