Antes de la perestroika bananera y en plena etapa de cuasi estalinismo tropical, en aquellos años de lo peor de la crisis económica venezolana, cada 1 de mayo era una fecha para temer.
Por su conexión con los idearios de izquierda, el Día del Trabajador en Venezuela se volvió jornada propicia para que el gobierno de Nicolás Maduro hiciera, entre bombos y platillos, anuncios de política económica que se traducían en quebrantos de cabeza para las masas, al agravar la debacle por su insistencia en un sistema fracasado. Ahora se ha vuelto algo anodino, con la presentación de medidas más conservadoras que otra cosa, en tanto que prolongan el statu quo de estancamiento en el foso. Si antes esperaba con ansiedad el discurso de Miraflores cada 1 de mayo, ahora lo hago con una especie de calma pesimista, escuchando la “Sinfonía No. 3” de Shostakovich, dedicada a la efeméride, para no aburrirme.
El Día del Trabajador del presente año, no obstante, hubo un anuncio que, si bien no creo que cambie gran cosa, sí hay que tenerlo en cuenta. Hablo de la “Ley de Protección de Pensiones”. A grandes rasgos puede decirse que es otra medida típica de la etapa actual de hegemonía chavista en Venezuela. Una forma de extraer más riqueza a lo que queda de empresa privada, ahora con el supuesto propósito de financiar las pensiones para adultos mayores que el propio gobierno, al destruir el valor del bolívar, volvió paupérrimas. Una carga parafiscal más, en medio del agujero negro impositivo que succiona con gravitación asombrosa el dinero a las empresas.
Lo llamativo no es tanto sus implicaciones. Como vemos, son congruentes con el nuevo modelo económico chavista. Lo llamativo es la celeridad con que se hizo realidad. Maduro la anunció en su discurso del Día del Trabajador. Tomó tan solo una semana presentarla en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, someterla a las dos discusiones parlamentarias reglamentarias, firmarla y publicarla en Gaceta Oficial. Apenas una semana después apareció su reglamento complementario.
Semejante premura no se ve de ninguna manera en otros proyectos de ley con los que, sin embargo, cabría esperarla, por pertenecer al área del control político y social que es piedra angular del sistema.
De la “Ley Antifascista” presentada y aprobada en primera discusión a principios de abril no se sabe cuándo pudiera pasar por el segundo debate en el hemiciclo.
Quien asuma que necesariamente eso pronto ocurrirá debería fijarse en el caso, mucho más dramático, del proyecto de ley para controlar las organizaciones no gubernamentales, también conocido por sus detractores como “ley antisociedad”.
Miembros de la elite gobernante habían estado coqueteando en público con aquella idea al menos desde 2021. El proyecto fue aprobado en primera discusión en enero de 2023 y pasó más de un año en etapa de “consulta”.
La semana pasada comenzó con el anuncio, en la rueda de prensa de los lunes del PSUV, de que “se esperaba” la aprobación en segunda discusión al día siguiente. Naturalmente, las ONG del país, así como todos los interesados en la preservación de lo que sobrevive de sociedad civil independiente en Venezuela, se pusieron en modo de alerta. Llegó el martes y lo que vimos fue una sesión legislativa atípicamente accidentada. El segundo debate del proyecto, en vez de figurar en un orden del día divulgado con antelación, fue incluido como punto de emergencia. Luego de la lectura de varios artículos, el mismo diputado que había pedido la inclusión solicitó que el debate fuera diferido para otra sesión, de fecha no precisada. Y así quedaron las cosas.
Si bien es fácil imaginar que en el seno de la elite gobernante hay disputas entre facciones, se debe reconocer la disciplina con la que mantiene la resolución de las mismas en privado, para luego actuar de forma cohesionada en público. Pero esa disciplina es imperfecta. Creo que lo ocurrido en el Palacio Federal Legislativo es una rara muestra de desacuerdos que quedó expuesta. Pudiera haber falta de consenso en la elite gobernante sobre la implementación de estos proyectos de ley draconinanos, con grupos más radicales clamando por su concreción, mientras que otros, más moderados, tengan reservas al respecto, así sea solo por no dañar aun más la imagen internacional del gobierno venezolano. Es incluso posible que a algunas facciones les interese más mantener los proyectos “engavetados”. Que sirvan como una especie de intimidación duradera para la oposición y las organizaciones de la sociedad civil que incomodan al gobierno: “No se pongan cómicos, o les lanzamos esto”.
Los roces pudieran agudizarse en momentos en los que, como se ha señalado antes en esta columna, el chavismo no parece tener del todo claro cómo proceder en el corto plazo en el ejercicio de su hegemonía política (de ahí el rechazo a la candidatura de la profesora Corina Yoris pero la aceptación de la de Edmundo González Urrutia, aunque la segunda está teniendo los mismos efectos que la primera en términos de competitividad electoral).
Por otro lado, y a diferencia de las “leyes antifascista y antisociedad”, la “Ley de Protección de Pensiones” tiene un propósito distinto al control social: dinero. Captación de recursos para el manejo por la elite gobernante, bien sea con el fin expreso en la propia ley o con, digamos, otros.
En Miraflores y sus apéndices saben que el Estado en sí mismo seguirá muy limitado como generador de ingresos para la elite. Bien sea por el daño que dejaron años de previa extracción de riqueza asombrosamente insaciable, por las sanciones internacionales o por ambos factores. Seguirá siendo necesario recurrir a la fuente alternativa que constituyen los impuestos a la empresa privada. Para eso sí es verdad que no parece haber dudas o demoras que valgan. De ahí la prisa con que la ley recibió el “ejecútese”.
Dado el obvio secretismo extremo, es difícil prever cuál será el desenlace de las deliberaciones en el seno de la elite gobernante. Por lo tanto, nadie puede asegurar cuándo los proyectos de ley pendientes verán luz, si es que llegan a verla. Pudiera ser mañana mismo, la semana que viene, el año que viene, etc. Pero su situación, sobre todo con la “ley antisociedad” y su rara discusión en la Asamblea Nacional, ya nos brindan un punto de vista interesante sobre las prioridades del gobierno. El dinero parece estar por encima de todo. Acaso porque es la manifestación, a la que el chavismo tal vez más le apuesta, de aquello que es su verdadero deseo: el poder. ¿No dijo Quevedo que “poderoso caballero es Don Dinero”?