“Todo lo que le hicieron a Emirlendris es un patrón de torturas”

En 2021, supe de la presa política Emirlendris Benítez, que había sido torturada y que tuvo un aborto. Ese mismo año, sus hermanas, Melania Leal y Beatriz Leal, y su mamá, Gladys Rosales, me contaron el resto: cómo se la llevaron, a dónde la trasladaron, cómo la encontraron y por dónde le pegaron. Entonces, hace casi dos años atrás, ninguna sabía lo que ahora sí: todo lo que le hicieron -y le siguen haciendo- a Emirlendris es un patrón de torturas.

Aquel relato forma parte del libro Ahora van a conocer al Diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo de la Editorial Dahbar, editado por Oscar Medina. Lo reproduzco a continuación, no sin antes mencionar parte lo que ha pasado desde la publicación del libro: en agosto de 2022, Emirlendris fue condenada a 30 años de cárcel, que es la pena máxima en Venezuela. Entre noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023, Emirlendris perdió once citas médicas por supuestas faltas de traslado.

El año pasado, Melania logró traer al hijo de 9 años de Emirlendris desde el interior de Venezuela para que visitara a su “mamita bella” por segunda vez. Desde entonces, el niño sospecha que el Instituto de Orientación Femenina (INOF) no es una fábrica y que su mamá no trabaja allí como sus tías le han hecho creer.

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“Gracias a Dios ya no le pegan”

Cuando detuvieron a Emirlendris Carolina Benítez Rosales en la madrugada del domingo 5 de agosto de 2018, ella no conocía la palabra “magnicidio”. Tampoco sabía que un dron es un aparato que vuela y que también puede explotar y matar. Mucho menos que la implicarían en el magnicidio fallido del 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas porque, supuestamente, había atentado contra de la vida de Nicolás Maduro, Cilia Flores, el alto mando militar y los jefes de los poderes públicos en el acto de celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.

¿Cómo iba a saber todo eso Emirlendris? Desde entonces, ni su suerte, ni su presente, ni su futuro dependen de ella.

Si no fuese una de las detenidas en la zona de resguardo del Instituto de Orientación Femenina (INOF), no tendría que caminar por el pasillo del piso 5 del Palacio de Justicia. No asistiría a una audiencia, sino a una diligencia en alguna calle de Barquisimeto. No tendría que vestir uniforme verde, sino lucir primorosa. No se avergonzaría por su piel repleta de picaduras de zancudos y alguna mordida de rata. No le dolería la espalda por las hernias discales ni la pelvis por el mioma, ni el seno por el encapsulamiento de la prótesis, ni las rodillas por la retención de líquidos. No estaría infectada quién sabe en cuál órgano ni se le dormiría la mitad del cuerpo por la parestesia en sus piernas y brazos.

Emirlendris no sería lo que va quedando de una mujer tan frágil como la vida de las veintiséis presas políticas de Venezuela, según el Reporte sobre la represión política en Venezuela. Año 2020, del Foro Penal Venezolano.

“Es lamentable lo que está viviendo esa muchacha -comenta Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, otro de los imputados del caso-. Contra ella no pesa absolutamente nada, no debería estar detenida, pero ya que lo está, debería ser absuelta. Es totalmente inocente y fue víctima de torturas atroces y aberrantes. Por eso está así”.

Como esta, son muchas las verdades que se susurran en el piso 5 cada martes de audiencia por el caso del magnicidio fallido y cada jueves cuando las audiencias son diferidas para estos días:

“Ese que usted ve ahí es uno de los fiscales denunciados por los privados de libertad ahí mismo en las audiencias. Él estuvo presente en las torturas y no hizo nada. No dijo nada. No le han hecho nada”, susurra Melania, hermana de Emirlendris.

Si se le preguntara a él, jamás contaría esta historia que tanto le han contado y de la que ya le ordenaron el final.

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El sábado 4 de agosto de 2018, Yilber Escalona llamó a su hermano Yolmer para que le hiciera el servicio de traslado a Alberto “Portu” Bracho y José Miguel “Zamurito” Estrada desde Barquisimeto hasta Barinas. Yolmer le avisó a su novia Emirlendris y decidieron ir juntos. Se llevaron a la perrita Azabache.

Salieron al día siguiente a las 2:00 am. Pensaban aprovechar el viaje de retorno para comprar carnes y quesos a mejores precios. Era el plan. Pero justo antes de llegar a Acarigua, alrededor de las 4:00 am., los detuvo la Policía Nacional Bolivariana en la estación La Coromoto, kilómetro 163, en la autopista José Antonio Páez. Buscaban a dos hombres y a ninguna mujer que eran piratas de carretera, según la PNB.

Tras la requisa, sin delito en curso o recién cometido, sin orden de detención ni motivos y sin permitirles avisar a nadie, los cuatro fueron trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Acarigua, el cuerpo de seguridad adscrito a la Vicepresidencia de la República e integrado por militares, civiles con rango de agentes, milicia cubana y colectivos armados con credenciales de cuerpos de seguridad.

Desde la DGCIM los llevaron al aeropuerto de Acarigua. En algún momento y en algún lugar entre la estación policial y la DGCIM, lanzaron a Azabache por la ventana. Fue la orden de algún funcionario para que no ensuciara el vehículo policial.

Desde Acarigua, una avioneta los llevó a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (aeropuerto de La Carlota) y de allí los llevaron a la sede principal de la DGCIM en Boleíta, un centro de reclusión que opera como cárcel para oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana investigados o acusados por actos subversivos contra del gobierno de Maduro. Además es uno de los principales centros de reclusión para presos políticos de Venezuela. Allí, los funcionarios que administran la ley también la crean a su antojo.

Apenas llegó, Emirlendris fue llevada a “La Pecera”, en el sótano 1, un espacio multifuncional donde los detenidos reciben sus visitas o en donde se les dislocan los huesos y se les desprenden las coyunturas frente a cámaras y micrófonos. No le vendaron los ojos ni le pusieron una capucha con cinta adhesiva alrededor de la cabeza, quizás para que viera cómo comenzaban a apartarla de la vida, incluso de la suya.

Una y otra vez la llamaron “María”, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por “perra” y “zorra”. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica le sumergieron la cabeza en un tobo de agua.

Aunque le dijeron “maldita”, tuvo algo de suerte. A diferencia de otros torturados de la DGCIM, su bolsa no estaba rociada con insecticida ni polvillo de bomba lacrimógena. Cuando la arrastraron por el piso para pegarla contra la pared no fue tirándola por el cabello hasta dejarla sin él, no le metieron tachuelas debajo de las uñas de los pies ni se las levantaron con una tijera. Le dejaron los huesos enteros y en su sitio, y los órganos funcionando.

Entre golpes, asfixias y dolores, Emirlendris se iba enterando: “María” era Yanín Pernía, la choferesa del grupo que maniobró el segundo dron; “Zamurito” y “Portu” eran, al parecer, los dos hombres buscados cuando los detuvieron en la madrugada por ser los encargados de la avanzada y del despegue del primer y segundo drone respectivamente; y Yilber, el hermano de su novio, era el segundo explosivista del primer dron, el que explotó frente a la tarima presidencial en plena transmisión del discurso de Maduro.

Emirlendris se iba enterando, pero no lograba entender cómo estaba implicada en la operación Yunque-Martillo. Como pudo, confesó una de las verdades que sí sabía: “Estoy embarazada”. Y también, como pudo, pidió a los funcionarios que no la maltrataran y que le hicieran la prueba.

Le hicieron la prueba de la maldad: la golpearon en la zona abdominal y en todas las demás hasta dejarla inconsciente. Cuando la despertaron con alcohol en la nariz, tenía los pies morados e hinchados. Eso tampoco lo entendió. Así, también golpearon a Gladys Rosales, madre de Emirlendris:

“Entre ese domingo y lunes, yo sentía como si me estuvieran ahorcando. Me dolía el pecho, todo el cuerpo. Era por todo lo que le estaban haciendo a mi hija mayor. Yo sentí todo y me fui con una sobrina a buscarla al apartamento, pero eso por ahí estaba cerrado por esos hombres que tienen el uniforme negro. La gente me dijo que se la habían llevado, que me fuera y no preguntara nada”.

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En Caracas, las hermanas Beatriz y Melania habían comenzado a buscar a Emirlendris en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en la DGCIM de Boleíta, donde les dijeron que no estaba. Tal vez ya permanecía con el aire acondicionado a muy baja temperatura y las luces encendidas a toda hora en la celda D del sótano 1, la destinada para las mujeres y que, como todo el centro, viola los estándares internacionales para operar como cárcel.

Emirlendris estaba aislada en la DGCIM y durante esos días, según ha contado a sus familiares, abogados y en audiencias, el teniente de navío Abel Angola, alias Aureliano, le aplicó descargas eléctricas en el estómago. La funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana alias “la Libanesa”, la obligó a rezar el Padre Nuestro de rodillas para golpearle la frente contra la pared y cachetearla mientras la insultaba. No faltó la retahíla de maltratos del capitán de la GNB Néstor Neptalí Blanco, alias «Ezequiel», de los que Emirlendris sobrevivió orando. Con su propia oración, se defendió todas las veces que pudo: “¿Qué voy a decir yo, si yo no sé nada?”.

El martes 7 de agosto de 2018, Emirlendris fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control con competencia a nivel nacional en delitos vinculados con el terrorismo, a cargo de la juez Carol Padilla. Otra vez a Emirlendris la privaron de libertad de manera preventiva y del derecho de informar a alguien.

Dos días después, en rueda de prensa transmitida en cadena nacional, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, mencionó a Emirlendris y a Yolmer como integrantes del grupo de “terroristas sicarios” detenido en Portuguesa, sin explicar cómo estaban vinculados con el atentado ni informar dónde estaban detenidos.

Beatriz y Melania vieron la cadena y siguieron la búsqueda de Emirlendris. Transcurrió cerca de un mes y entonces una amiga de Barquisimeto las llamó. En una entrevista el fiscal general Tarek William Saab mencionó que los involucrados en «el caso de magnicidio» estaban recluidos en la DGCIM de Boleíta.

“Melania y yo nos fuimos para allá el mismo día –recuerda Beatriz– y nos dijeron, otra vez, que no estaba. La seguían negando. Le dije a una funcionaria: ‘Usted me va a disculpar, pero mi hermana está aquí’. Me salió con una grosería y le dije: ‘Mire, mamita, yo acabo de leer la noticia en un periódico y todos los que están detenidos por la cuestión esa del atentado están aquí. Yo quiero saber de la salud de mi hermana Emirlendris Carolina Benítez Rosales’. Y ahí fue que nos dijeron que sí estaba ahí”. Les recibieron la ropa, pero no la sopa ni la carne con arroz y tajadas. Tampoco les permitieron verla.

“Íbamos todos los días a ver si nos dejaban -cuenta Melania-. A los días nos dieron unos récipes para que compráramos un montón de medicamentos, preguntamos por qué y no nos respondieron”.

Emirlendris se recuperaba de las torturas, incluso de las psicológicas. Uno de los tantos días, la amenazaron con matar a su hijo de cuatro años si no decía la verdad del «magnicidio», del que ella no forma parte. Alguna noche le dijeron que ya su hijo estaba muriendo. Ella lo creyó y casi muere de angustia.

Lo que no creyó fue lo que pasó el 21 de septiembre de 2018: Emirlendris, la vendedora de ropa interior, zapatos y cosméticos, fue imputada por delitos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República, homicidio intencional calificado con alevosía contra del alto mando militar, daños a la propiedad pública, detentación de artefactos explosivos.

En todo ese tiempo no presentaron pruebas en su contra, pero sigue siendo uno de los diecisiete enjuiciados. Explica Stefania Migliorini, abogada del Foro Penal, que lleva el caso:

“Desde el principio a Emirlendris se le violaron todas las garantías constitucionales. Está pagando injustamente. Pareciera que hay una orden de no dar libertad ni medida cautelar a nadie, porque si sale uno, pueden salir los demás por el efecto extensivo de la medida”.

Después de la acusación, Beatriz y Melania lograron ver a Emirlendris. Estaba más delgada, ojerosa, con el cuello casi inmóvil, nerviosa y casi muda.

La razón consta en los reportes del Foro Penal: El 24 de octubre Emirlendris fue trasladada de emergencia a un centro asistencial por presentar parestesia en los miembros superiores e inferiores. El 26 la llevaron al Hospital Militar Carlos Arvelo y le diagnosticaron las hernias discales, el mioma, el encapsulamiento de la prótesis y la infección. Solo eso. No le dieron medicamentos, no le indicaron tratamiento y no les entregaron los resultados ni los informes médicos a sus familiares y abogados.

Por esos días, volvieron a llevarla al Hospital Militar:

“Me llamó Yolmer desde la DGCIM, no sé cómo, pero me llamó para decirme que se la llevaron por un fuerte dolor. Cuando llegué al hospital también llegaron los de la DGCIM. Les pregunté por mi hermana y me dijeron que cómo yo sabía eso. Me pidieron mi cédula, le tomaron foto, me requisaron como si yo fuese una delincuente y no me dijeron nada de mi hermana. Entonces les pedí a los familiares de unos pacientes que estaban en la Emergencias que preguntaran por qué la tenían rodeada de funcionarios y sin dejarla hablar con nadie. Al rato, una señora me dijo que le estaban haciendo un aborto de tres o cuatro meses de gestación”, cuenta Melania.

Así, a Emirlendris y a Yolmer les quitaron la ilusión de ser padres, el bebé y la presunción de inocencia. A Melania y a su esposo les quitaron la tarjeta SIM y la batería de sus celulares, los sacaron del hospital y les ordenaron: “¡Váyanse rápido de aquí!”.

Emirlendris retornó a la DGCIM alrededor de las 7:00 am, y permaneció incomunicada hasta el 1 de diciembre de 2018.

En febrero de 2019 comenzó la audiencia preliminar.

“Ella ha narrado todo lo que ha vivido, y la juez, a pesar de ser mujer, pareciera que no le causa mayor impresión”, precisa García, aún conmovido.

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Tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019, prohibieron las visitas de familiares y abogados en la DGCIM. Los detenidos armaron un motín. Por tanto descontento, cuenta una de las detenidas:

“Nos sacaron de la celda engañadas, una por una, y nos metieron en un cuarto que ellos llaman ‘el Congelador’. Ahí no había nada. Pasamos todo el día esposadas con las manos atrás y arrodilladas. Ese día nos dieron arroz y caraotas sin cubiertos. Casi ninguna comió, porque las caraotas eran incomibles y no podíamos, porque no nos soltaron. El coronel Hannover Guerrero [director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM nos dijo que teníamos que comer como las perras que éramos”.

A Emirlendris el mismo coronel le dejó claro: “¡Perra, jamás saldrás en libertad!”. Todavía lo recuerda y si algún día lo olvida, otras nueve mujeres lo recordarán por ella, porque bastó con insultar a una para que fuese la misma tortura para todas las demás. Hay cosas que una vez oídas, no pueden olvidarse nunca.

“Al día siguiente seguíamos ahí -continúa relatando la detenida-. Nos estábamos muriendo de frío y no nos dejaron ir al baño… Nos sacaron de la DGCIM. Nos dieron vueltas por horas, nos devolvieron y nos volvieron a sacar, pero para el Hospital Militar. Era muy de noche. Nos hicieron pruebas de embarazo”.

El 8 de julio de 2019 trasladaron a ocho de las diez mujeres al INOF, sin orden judicial, sin notificación a los familiares y sin los artículos personales, que les desaparecieron. En el caso de Emirlendris, sin la menstruación desde que se le practicó el aborto siete meses atrás.

“Antes de sacarnos del «Congelador’, Hannover nos mostró su teléfono y nos dijo:

‘En el Twitter están diciendo que yo soy un torturador. Quiero ver que salgan las noticias de ustedes en el INOF con las presas comunes. Allá les van a rapar el pelo, hasta las van a violar y no van a poder decir nada. Allá sí la van a pasar mal”, asegura la detenida.

La amenaza era una despedida y la promesa de que el cambio de lugar sería solo eso.

“Los torturados como Emirlendris han narrado las torturas con detalles: cuándo, dónde, cómo, nombres de los funcionarios, jerarquías, el cuerpo al que pertenecen… Esta situación se ha mantenido impune. No se ha visto ni la menor intención de corregir y ni de sancionar a los responsables”, subraya García.

En julio de 2019 se abrió el juicio, pero comenzó en diciembre de ese año en el Tribunal de Primera Instancia en funciones de juicio con competencia a nivel nacional en delitos vinculados con el terrorismo, a cargo de la juez Hennith Carolina López.

La información sobre las torturas a Emirlendris no se encuentra solo en instancias nacionales. Su caso fue revisado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas.

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Apenas llegaron al INOF, las detenidas fueron llevadas al anexo de adaptación y reflexión, conocido por las reclusas como “El tigre” y por las funcionarias como “sala de reflexión”: una celda de castigo, o lo que es igual, un lugar con siete celdas sin entrada de luz solar, pero con ratas, moscas y cucarachas andando con libertad. Orina y heces se hacen cavando huecos en la tierra con las manos y ya casi no hay espacio. Las despojaron de lo poco que les quedaba, menos del miedo de estar allí por demasiadas horas.

A Emirlendris la dejaron en “el Tigre” durante treinta y tres días. Comió cada día una escasa porción de arroz con lentejas y una vez a la semana recibía un tobo de agua para hidratarse y asearse.

En agosto de 2019 fue encerrada en la celda 4 del área de conmoción y patologías. Casi muerta, pero viva. Allí permaneció con otras cinco mujeres, dos literas que arregladas con tablas y un baño con una poceta, sin agua.

Sí. Cuatro camas para seis. Aunque el INOF sea la única cárcel de mujeres en Venezuela, construida con tal propósito para 350 detenidas, en enero de 2021 el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 533 detenidas, la mayoría sin sentencia. Un hacinamiento con riesgo crítico. De manera que en la celda 4 todo es más fácil o más difícil que en la celda D de la DGCIM: no son cuatro camas para diez mujeres, no les gritan ni golpean a ninguna, pero todas sobreviven a otros actos de barbarie, hasta para satisfacer sus necesidades más vitales.

“Al no haber agua, Emirlendris tiene que ir una vez a la semana a un sitio alejado de la celda con un tobo, llenarlo y cargarlo de vuelta para poder tomar, hacer sus necesidades, bañarse, lavar sus uniformes y asear el espacio. A raíz de las torturas que sufrió en la DGCIM quedó con problemas en la columna y en las rodillas. Entonces, le cuesta mucho levantar peso y moverse”, explica Migliorini.

Es un castigo menos feroz y menos sórdido, pero igual de insoportable. Es conformarse entre lo malo y lo peor. “Gracias a Dios, ya no le pegan”, llegó a decir Melania, olvidando lo que también fue una tortura. Una vez le indicaron que ella debía pedir la cita médica de su hermana en el Hospital Militar. Fue y se la negaron. Le aclararon que si ella o cualquier familiar volvía a pedir una cita se negarían a atenderla.

“El Estado venezolano tampoco le garantiza a Emirlendris su integridad”, aclara Migliorini. Aunque el 17 de junio de 2020 se le otorgó una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el INOF sigue sin trasladarla al médico. Todas las semanas el Foro Penal manda la denuncia al tribunal y todas las semanas la juez ratifica esos oficios de traslado al INOF. De todas las veces que se han hecho los oficios, solo la han sacado cuatro veces y para nada, porque le perdieron todos los informes médicos del 2018, cuando le diagnosticaron lo que padece actualmente. Al no tener los informes, los médicos no saben su historial ni que padecimientos tiene.

Mientras tanto, Emirlendris vive la vida que no le basta.

Cada día desayuna arepa sin relleno, almuerza arroz solo o con lentejas y cena lo mismo, cuando le dan cena. Ya casi olvidó a qué sabe el café, porque lo que dan en el desayuno es, en realidad, harina de maíz muy tostada, casi quemada. En enero de 2021 les sirvieron las sardinas podridas, entonces iniciaron la protesta pacífica en el centro penitenciario.

“Por eso, cuando le hago la única visita que tiene al mes, le llevo arepas, panqueca, avena, jugo, sopa, caraotas, pollo y papa sancochada, lo que esté a mi alcance en ese momento, que es lo que se va a comer en esa hora y ahí mismo, detrás de la cerca, al aire libre, porque no se puede llevar la comida a la celda”, dice Melania.

Otro día del mes, Melania entrega la paquetería de su hermana con lo que está permitido: pan cuadrado, galletas empaquetadas, alguna salsa en envase de plástico, agua, productos de aseo personal y de limpieza para la celda. Pero siempre lleva más comida, porque la arbitrariedad de las normas puede cambiar según el ánimo de la funcionaria, de quién es la funcionaria de turno o de la suerte.

“Le he echado queso rallado a la salsa rosada. He llevado arroz chino, ensalada de remolacha con zanahoria, tajadas, sopa, bistec, hígados, tortas pequeñas, jugos. Todo en bolsas que ella luego guarda para las heces… Me lo han pasado funcionarias chéveres que saben que mi hermana no es conflictiva”. Melania también lleva retazos de telas, hilos y agujas. Emirlendris aprendió a coser cintillos, lazos, tapabocas, medias y adornos.

“Aprendió por sus compañeras de la celda. Se queda ahí cosiendo, porque afuera hay muchachas mala conducta y ella teme. No sale. Ya me ha dicho varias veces que le lleve bastante telas e hilos para no pensar tanto”.

Para muchas la cárcel no es una escuela, como llegó a decir Hugo Chávez, ni un centro de formación, como repetía Iris Varela, sino el lugar donde persisten los suplicios que más indignan, innecesarios de aprender. En la cárcel se piensa mucho, se extraña y se imagina la vida, la de afuera, la que fue y será. No se piensa en la vida, qué es ni en cómo vivirla, aunque sobre tiempo y haya poco que hacer.

En las noches, cuando las oraciones a Dios y a la Virgen de la Rosa Mística no dan consuelo, ni fuerza ni esperanza, Emirlendris se aferra al rosario que le hizo Yolmer con bolsas plásticas. A veces se pregunta: ¿Cómo fue la graduación de preescolar de su hijo?, ¿qué pasó con el bebé que no conoció?, ¿qué se hace cuando se tiene libertad?, ¿por qué gritan en la otra celda? Y no duerme.

“Tampoco come como antes por la depresión. Le duelen las muelas y, por la poca comida que le dan, come cualquier cosita y se llena rápido, y de gases, y se pone a llorar. Me ha dicho varias veces que tiene muchas cosas que decirme, pero que ahorita no me las va a decir”.

No come por estar llena de miedos. A quedarse allí hasta que la olviden; a que le devuelvan su libertad y no saber qué hacer con ella; a que le aparezca otro dolor o que se le vaya por muerte; a no olvidar nunca y nunca dejar de llorar. No come por tanto miedo al miedo.

No puede ser de otra manera. Desde que está detenida, Emirlendris ha visto a su madre no más de diez veces, a su hijo una vez y a su hija ninguna. A su sobrina más pequeña no la conoce. Se ha perdido tres navidades en familia, de los domingos de sopa, de preparar los quesillos para los cumpleaños y de otras alegrías… Ha perdido el derecho a ser feliz, a los placeres de una vida normal.

“Cuando Emirlendris estuvo cerca de cumplir los dos años privada de libertad sin ser enjuiciada, el Foro Penal solicitó el decaimiento de la medida de privación para su libertad plena, como establece el Código Procesal Penal, pero la fiscalía solicitó al tribunal que las investigaciones siguieran por más tiempo. Automáticamente tumbaron la solicitud del decaimiento. Cuando al diputado Requesens le otorgaron la medida de casa por cárcel, el Foro Penal solicitó la extensión de la medida para sus tres representados, entre ellos, Emirlendris, pero fue en vano. Desde el comienzo, las investigaciones y el proceso penal pudieron hacerse perfectamente bajo una medida cautelar”, enfatiza Migliorini.

Y desde el inicio, cada audiencia también puede ser oral y pública, y sin el exceso de seguridad que suma más de treinta funcionarios de la DGCIM, SEBIN y Guardia Nacional custodiando la audiencia. Sin embargo…

“No se permite el ingreso de público ni de medios comunicación. Este secretismo contraría el principio de publicidad, al gobierno debería interesarle que el mundo sepa quiénes y de qué manera trataron de matar al presidente. La opacidad es para evitar que se sepa la verdad, que todo es una farsa, un parapeto, que no fueron asignados los mejores expertos, los mejores funcionarios aprehensores; que los fiscales están cumpliendo una función de avalar todo este desastre de investigación, las incongruencias, las mentiras que les dijeron a los órganos de prueba y que quizás se aprendieron. No se puede condenar ni a una sola persona, porque hasta ahora no han podido demostrar la participación y relación causal con el hecho de ninguna. Por otro lado, la opacidad es para que no se sepa lo que hace a este caso alarmante y horroroso: las torturas de las que son víctimas la mayoría de los acusados”, precisa García.

O para no recordar lo que no es un secreto. En el 2018, la forma represiva más usada en Venezuela fue la tortura. Para obtener información y confesiones, para castigar, intimidar, humillar, discriminar, por placer, desquite, revancha, venganza, crueldad, para conservar puestos, ganar ascensos, fomentar respeto, dar miedo, porque dio la gana. Desde entonces, cada cuerpo de seguridad perfeccionó sus técnicas para distinguirse de los otros.

“Hable bajito -susurra Melania-, que esa con los tacones rojos es la jueza y por ahí andan los del Sebin…”.

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Una vez más la audiencia fue diferida. No ha sido la única que han diferido. Falta alrededor del 30% de las audiencias, cerca de sesenta declaraciones de testigos que no van, no aparecen, o no han preparado.

“Algo pasó -opina Migliorini-, veníamos teniendo audiencias todos los martes sin falta. Este proceso lo traían acelerado. De hecho, este juicio lo querían terminar en diciembre de 2020 y, al parecer, fue una orden del mismo Maduro y, de repente, comenzaron a diferir porque no hay medios probatorios”.

Emirlendris permanece en alguna celda del sótano esperando, para esperar un poco más, volver a esperar y seguir esperando antes de que la suban al piso 5. Le permitieron comer lo que le llevó Melania, pero no los diez litros de agua que tanto necesita en el INOF. Tampoco les dejaron verse para hablar de lo mismo de siempre: familia, dolores, cárcel y libertad. O al menos para verse de lejos y sentirse a salvo, solo eso. Hoy no cruzará miradas con Yolmer. No autorizaron su traslado.

“Ojalá no le hayan botado la manzanilla que le metí con la comida y se la tome cuando le digan que difirieron otra vez -dice Melania aguantando la rabia-. Es que cuando ya va a llegar el final, volvemos al principio otra vez”.

El fiscal lo sabe. Quizás por eso baja la mirada y camina con serenidad militar, para que no le pregunten cómo será el final de esta historia que tanto conoce.