Spoiler: Este no es un artículo sobre las sanciones. O sí. Pero no sobre el impacto que tienen en la economía nacional, tema desmenuzado por distintos analistas desde las más diversas posiciones. Ni tampoco sobre sus repercusiones en la política criolla, donde quizá el efecto más relevante es la división que provoca este espinoso asunto en la oposición. Aquí se abordará otra arista del fenómeno y tiene que ver con eso que llaman “la narrativa”.
En su crítica a las sanciones, algunos han advertido que estas medidas facilitan o brindan “excusas” al chavismo para evadir su responsabilidad ante la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela. Pero allí no hay ninguna novedad. El oficialismo siempre ha apelado a cualquier tipo de subterfugio para culpar a otros de sus propios errores. Aquí lo inédito es que un sector de la oposición coincide con el diagnóstico y -tal vez de manera involuntaria- fortalece la retórica que se lanza desde Miraflores.
Y no se trata de que la “excusa” tenga algún rastro de verdad o no. Desde la conquista española hasta los ataques de zamuros y rabipelados, la lista de pretextos ha sido tan extensa como rocambolesca en estos 23 años. Sin embargo, durante mucho tiempo Hugo Chávez logró armar un buen expediente a su favor: en su primer periodo sufrió un golpe de Estado, un paro petrolero, una convocatoria a referendo revocatorio y un boicot a las parlamentarias. Si lo querían tumbar, él tenía todo el derecho a defenderse.
Chávez recorría el mundo exponiendo esta lista de agravios y advirtiendo que enfrentaba al mayor imperio de la historia de la humanidad. Muchos en el exterior compraban ese alegato, pero el grueso de la oposición venezolana lo rebatía en bloque y contraponía su propio relato de los acontecimientos.
Recordar es vivir
En el caso de las sanciones, se está pasando de acompañar o secundar su condena a un discurso que prácticamente asevera que son el principal obstáculo que frena el crecimiento del país. En síntesis: más que el régimen, el problema real que exige una solución inmediata son las sanciones.
Se afirma, entonces, que levantar las sanciones permitirá que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) comercialice el crudo venezolano de manera transparente. No obstante, antes de las sanciones PDVSA protagonizó los peores escándalos de corrupción de estas últimas dos décadas. No solo lo señalan así los medios independientes, la oposición y los tribunales extranjeros, donde se adelantan juicios por el desfalco de miles de millones de dólares, sino el propio sistema judicial chavista y el mismísimo Nicolás Maduro, quien tacha al antiguo “zar” petrolero Rafael Ramírez de “ladrón” y “bandido”.
En esa línea, apuntan que el aumento de los ingresos de la República servirá para dar respuesta “a lo social”. Desde esa perspectiva, parece que la tragedia venezolana es consecuencia de la falta de dinero y no de la incapacidad y la corrupción de quienes han manejado los fondos del Estado.
Otra vez, no hace falta oír a los detractores del chavismo. Basta revisar las declaraciones de ex funcionarios como Edmée Betancourt y Jorge Giordani, así como del propio Maduro, para recordar el saqueo del erario en tiempos de vacas gordas. “Le voy a exponer al país la verdad de lo que sucedió ahí porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas”, admitió Maduro sobre Cadivi. Eso fue en 2013.
Luego, se hace ver que con las sanciones, Occidente arrojó a Venezuela a los brazos de la confederación de autocracias que azotan al mundo. Se olvida que desde que asumió el poder y muy consciente de las características de su proyecto político, Chávez puso patas para arriba a todo el sistema interamericano, se inventó grupos alternativos como el ALBA, selló su alianza con Cuba, se amarró a China, Rusia y Bielorrusia, exigió el reconocimiento de la guerrilla de las FARC y abrazó a todos los enemigos de las potencias occidentales.
Nadie sabe
Como en el país marchan a la sombra distintos ensayos de diálogo, se ignora si los promotores de estos mensajes ya le arrancaron a Maduro el compromiso de crear una comisión autónoma que vele por el correcto uso de los recursos públicos. Un pacto a ser anunciado en donde el gobernante acepte someterse a supervisión escrupulosa, destierre la opacidad, renuncie a repartir contratos a dedo y, además, nombre como Contralor General de la República a un profesional que se ajuste a lo establecido en la Constitución. Nada más.
De lo contrario -y tomando en cuenta los antecedentes-, ¿quién puede garantizar que el dinero que entre a la Nación será invertido en el bienestar de los ciudadanos? Metidos ya en campaña presidencial, ¿se respetarán los criterios técnicos y humanitarios, evitando la tentación de guiarse por las pasiones electorales y partidistas?
El único intento de negociación que puede ser medianamente “auditado” por la opinión pública es el proceso de México. Allí ya se acordó una “mesa social” que no se ha instalado por la cerrazón del régimen chavista. Al margen de la discusión “sanciones sí, sanciones no”, bien se podría alzar la voz para exigir a Miraflores que active ese espacio, admita la participación de expertos independientes y permita una revisión exhaustiva de las cuentas y la estructura de Gobierno. En una palabra: Transparencia.
Llegado a este punto, cabe otra pregunta: ¿Es malo o pecaminoso coincidir con el chavismo? Para nada. Y si avanza un proceso de entendimiento entre las partes, deberían aparecer espacios de convergencia. Pero una cosa es abonar a la convivencia y otra muy distinta validar el relato chavista.
Mejor malo…
En el pasado se ha cuestionado a la oposición por su incapacidad de elaborar su propia “narrativa”. Básicamente, por no ofrecer al país su relato, su interpretación de los hechos. Ante el vacío, se ha impuesto y asumido la lectura del chavismo con su “IV República”, su “revolución bolivariana” y toda la neolengua que marca el debate público.
Si la construcción era difícil con una oposición medianamente unida, la división agudiza la confusión y ya hay dirigentes identificados con la oposición que para fustigar a la Plataforma Unitaria copian el verbo de Jorge Rodríguez. “La autodenominada Plataforma Unitaria”, repiten la cartilla que dicta el psiquiatra. Ciertamente, las fuerzas políticas se autodenominan, salvo el PSUV, cuyo nombre seguramente cayó del cielo bordado por la divina providencia.
Quienes antes de cada intervención deben insistir con el estribillo de que “con esto no quiero decir que la culpa de la crisis sea de las sanciones”, se ven obligados a hacerlo precisamente porque en sus planteamientos no lo dejan claro. Muy por el contrario, suelen afincarse sobre un polo y pierden por completo la ecuanimidad que supuestamente pretenden alcanzar.
En el pasado, cuando en medio de otro enredo discursivo a la oposición la acusaban de querer eliminar las Misiones para dañar a los más pobres, un vocero buscó despejar cualquier duda con esta frase: “¡Misiones para todos, misiones para siempre!”. A lo que un difunto parlamentario chavista respondió con una risita: “Pues, si es así, mejor votemos por Chávez”.
Ese es el riesgo. Enfrascarse en las sanciones y dejar a un lado o minimizar la denuncia del andamiaje de corrupción que desbarata a Venezuela. Quien ocupa la jefatura del Estado confiesa que existen “mafias hospitalarias”, “mafias en la distribución de combustible”, “mafias chatarreras” y reconoce la amenaza de la “narcopolítica”, pero lo urgente son las licencias para las petroleras.
Si solo es un tema de sanciones y dinero, para qué afanarse con el tema político que, subrayan algunos, ya a nadie interesa. Allá donde esté, aquel diputado chavista debe seguir sonriendo.