El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha convertido en uno de esos partidos de la izquierda tradicional que pululaban en América Latina y cuya característica esencial era la sumisión a la dirigencia de la antigua Unión Soviética y Cuba. Hay que recordar que ese partido nació desde el Estado venezolano como una mezcla sincrética de marxismo-leninismo-estalinismo y elementos fascistas de origen militarista. Con el paso del tiempo y específicamente desde 2005 cuando Hugo Chávez se decantó en favor de la ideología marxista, ello lo llevó a acentuar la estatización de la economía lo que se tradujo en una ola de expropiaciones y confiscaciones de empresas y una legislación claramente contraria a la actividad privada y a los empresarios a quienes Hugo Chávez y sus repetidores catalogaron como la “burguesía parasitaria”.
Los déficits fiscales recurrentes que registraron las cuentas públicas a partir de aquel año cuando el ámbito del Estado en la economía se fue ensanchando, se cubrió con deuda pública externa en la medida en que ni siquiera con un precio del petróleo cotizado en 100 dólares por barril se podía cubrir los crecientes niveles del gasto. En noviembre de 2017, sin que estuviesen en vigencia las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, Maduro decretó la moratoria unilateral de la deuda externa y el país entró en insolvencia. Había llegado a su final el modelo que concibió y aplicó Hugo Chávez cuando se asumió socialista en 2005, y que siguió Maduro al pie de la letra desde marzo de 2013. Sin financiamiento externo, el déficit fiscal se fue saldando con inflación.
La inconsistencia de la política económica basada en una expansión fiscal enjugada con impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) en el contexto de un control de cambio con una tasa preferencial fija, especialmente desde 2007, fue agotando las reservas internacionales del BCV y creando las condiciones para un colapso de la actividad económica. Cuando hizo erupción la caída de la producción petrolera aunado a la estrechez de financiamiento, tanto por el hecho que desde 2016 Maduro optó por no presentar ante la Asamblea Nacional la Ley de Presupuesto, como por el incumplimiento de los pagos de la deuda externa a partir de noviembre de 2017. Aquel conglomerado de empresas públicas comenzó a crujir al tornarse inviable financieramente, situación que se agravó con la hiperinflación que comenzó a reflejar la economía desde finales de 2017.
En bancarrota el sistema de empresas del Estado, al régimen dirigido por Maduro se le presentó el dilema entre seguir con el modelo socialista basado en la estatización de la economía o dar un viraje que favoreciera la inversión del sector privado, para permitir que la “burguesía parasitaria” trajera los capitales acumulados producto, entre otras cosas, de la monumental salida de divisas que incentivó el control de cambio, a partir de 2003. Ese giro lo había intentado Rafael Ramírez en julio de 2014 y en ese momento se encontró de frente con las fuerzas más recalcitrantes del PSUV encabezadas entonces por Aristóbulo Istúriz y Jorge Arreaza, con el silencio de Maduro. Dijo Istúriz “si quitamos el control de cambio nos tumban”, y hasta allí llegó Ramírez.
“En noviembre de 2017, sin que estuviesen en vigencia las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, Maduro decretó la moratoria unilateral de la deuda externa y el país entró en insolvencia”
Con la economía en situación de depresión y habiendo perdido entre 2014 y 2020 más del 70% de su tamaño, ahora si hay que buscar el auxilio de la “burguesía parasitaria”. Para ello se ha admitido que el bolívar como moneda haya muerto y por tanto se ha permitido la circulación del “dólar criminal” y además mediante una actitud zigzagueante se pretende atraer inversiones, las mismas que Chávez y Maduro se encargaron de ahuyentar con las expropiaciones y la persecución al sector privado. Es aquí donde entran las declaraciones del 15 de abril de 2021, del capitán Vielma Mora, hombre al parecer alejado de la religión marxista-leninista y en favor del capital privado.
De acuerdo con Vielma Mora en relación con los lineamientos que contempla la propuesta de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales “el sector privado es primordial en el fortalecimiento de la economía venezolana”, por lo que esta ley “contempla la protección de la inversión nacional e internacional”. Fue más atrevido el capitán-diputado al aseverar “que a través del proyecto se está evaluando eliminar las expropiaciones al que invierta en Venezuela y revertir aquellas expropiaciones cuando el sector privado así lo requiera”. Detalló que, “aunque la gente lo pueda interpretar mal de alguna manera, tenemos que colocarle una alfombra roja, una alfombra de atenciones al sector privado, hay que darle la mano, atenderlo, comprenderlo, para poder entre todos sumar una gran voluntad”. Precisó que dentro del esquema conversado entre varios ministros, el cual calificó de “muy interesante, por no decir sorpresivo”, sobresale la intención de “sumar voluntades, para nosotros apropiarnos, y que se apropie el sector privado, del crecimiento de la economía de Venezuela bajo el apoyo del sector público”. “Le estamos pidiendo al sector privado, a las cámaras industriales, a las cámaras de comercio, Consecomercio, Conindustria, Fedeagro y Fedecámaras, que si tienen alguna propuesta de modificación de alguna ley, que nos los hagan saber, para nosotros no aprobar un proyecto y que después algún artículo entorpezca la operación”.
Ya veremos en favor de quien se dirime la disputa en el seno del PSUV; si entre las corrientes más retrógradas hoy en el poder o de los factores actualmente minoritarios que promueven deshacer el modelo que provocó la ruina del país.