Cuando Viasa fue comprada por españoles, durante el proceso de privatizaciones que se inició con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que hicieron fue, primero, despedir gente; segundo, llevar a la línea aérea bandera de Venezuela al foso.
Las compañías de transporte aéreo españolas son, tradicionalmente, un caso digno de estudio por sus prácticas abusivas. A unos cuantos empresarios españoles, coquetos con ciertos partidos políticos, es mejor no invitarlos a casa. Si los invitas, haz el favor y pon la vajilla de plata (si la tienes, claro) a buen resguardo.
El diario Vozpópuli ha sacado un artículo y ha emitido noticias por su canal de TV acerca de una ayuda a la línea aérea española-venezolana (o a la inversa) Plus Ultra. La ayuda, se dice, es por 53 millones de euros. De ninguna otra línea aérea, salvo Iberia (aunque también se ha hablado de Vueling), se ha dicho algo semejante de manera tan concreta. Eso sí, desde hace meses se tramitan créditos y se sabe que el transporte aéreo necesita ayuda de los fondos europeos. Pero ha sido la de Plus Ultra la concesión, al parecer, más expedita y menos explicable.
El gobierno PSOE-Podemos le ha brindado esos recursos a través del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Oficialmente se considera que Plus Ultra, que representa algo como menos del 1% del tráfico aéreo en territorio español durante un año, es una empresa estratégica en función del turismo.
Plus Ultra opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica: Ecuador, Perú y Venezuela. Según las cuentas de 2019, que obtuvo Vozpópuli a través de la plataforma Insight View, Snip Aviation, que es la razón jurídica de la marca Plus Ultra, tras esta línea aérea se hallan tres venezolanos: José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles. El portal de investigación Armando.info dio esos nombres desde 2018, con sus antecedentes y nexos: no es cuestión de repetir su excelente informe aquí. Se titula, por cierto, «El equipaje no declarado de Plus Ultra». Armando.info vincula a la línea aérea directamente con Camilo Ibrahim Issa, el hombre clave en esta trama. El de la conexión con Miraflores.
Además de todos los nexos que detalla Armando.info, incluyendo una casa de bolsa hacia el año 2010, según Vozpópuli, Ibrahim, Reyes Rojas, El Arigie y Roselli Mieles comparten, al menos, hoy en día en España una sociedad alimenticia activa, creada en diciembre de 2020 con el objeto oficial de fabricar café.
“Para un acto de corrupción se necesitan, al menos, dos: el que corrompe y el que se deja corromper”
Otros portales de noticias se han referido a la ayuda de 53 millones de euros sin dar mayores explicaciones que las ya dadas por la ministra de Hacienda, que a su vez es la vocera del gobierno de Pedro Sánchez, insinuando en algunos casos la vinculación de la línea con la primera combatiente, Cilia Flores, y con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, a través del puente llamado Camilo. Aunque sobre esto último no hay confirmación.
Pero más allá del caso Plus Ultra y de sus implicaciones, lo que cabe preguntarse es hasta cuándo y hasta qué punto seguirán los capitales robados al subsuelo venezolano instalándose en España. ¿Acaso no se entiende que son recursos de ese pueblo? El gobierno español, sea de derechas o de izquierdas, intenta perpetuar el método del consentimiento tácito. España es un país donde priva, como diría Adela Cortina, la superioridad del derecho sobre la moral. En España, lo más fácil es poner una casa de juego en cada esquina. Para ello hay todas las facilidades fiscales y administrativas. El Estado fomenta la ludopatía, una verdadera pandemia entre los jóvenes. Lo hace porque se queda con el 40% de todo lo jugado en bingos, ruletas, maquinitas, loterías, concursos televisados; la publicidad de las apuestas online está permitida en televisión y la machacan en cada partido de fútbol, ya se sabe quiénes son los principales televidentes de un partido de fútbol. España es un criadero de adolescentes apostadores. En diciembre se hacen colas interminables ante los puestos de lotería, uno ve a la ciudad entera esperando para comprar un billete ante el puesto de Manolita, en Sol de Madrid. ¿Cuál es el chiste? El día señalado, ponen a los niños de una escuela a sacar bolitas de una tómbola, una gran ceremonia. Es el Gordo de Navidad. Se transmite por televisión. Todos ven como una gracia irresistible a los aprendices de tahúres con su manito inocente sacando las bolitas.
El terreno aledaño a las apuestas es el de la corrupción, desde el lado de adentro de los partidos políticos o desde el lado de los empresarios, que tampoco son mancos en ello. Para un acto de corrupción se necesitan, al menos, dos: el que corrompe y el que se deja corromper.
Desde luego, en España funciona la justicia, es decir, funcionan los tribunales, el Poder Judicial es de verdad un poder, no un monigote en manos de un bisonte chavista o algo parecido. El derecho está ligado a criterios institucionales e independientes; sobre todo, permite comprobar si la decisión ha sido tomada siguiendo las reglas oportunas, aun sin participar sus representantes en el procedimiento. Pero la moral exige reconstruir el punto de vista adoptado y comprobar, como dice Cortina, discursivamente, si el procedimiento ha sido correctamente seguido.
Por eso, no basta con que haya leyes, un aparato que funciona para impartir justicia, sentencias y todo lo que dicte taxativamente la ley para que se realice la justicia; hace falta una lectura moral en cada caso. En los discursos jurídicos, la argumentación sobre normas tiene límites: de plazo, de método o porque han de limitarse los temas. La argumentación moral no, la argumentación moral solo se somete a su propio control.
Reyes, uno de los compinches de Camilo, en Venezuela y en España, en lances bursátiles o aeronáuticos o en los que salgan, fue vinculado en agosto de 2017 por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien a veces ha prendido su ventilador particular, con la trama de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), junto a los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. Baltasar Garzón, un ensoberbecido ex juez español, es uno de los defensores del bandolero Saab pero todavía merece ser entrevistado en ámbitos culturales o por el diario El País o invitado con honores a Casa de América.
Reyes e Ibrahim fueron acusados de participar en el presunto desvío de dinero público venezolano con cargo a proyectos de vivienda social, en la que Saab, según indicios, ha sido testaferro de Maduro.
Todo eso y más se va sabiendo en España; aun cuando en la Madre Patria hay tramas autóctonas que gozan de gran popularidad en los medios, tal vez estas se vayan abriendo más campo y sean analizadas en su justa dimensión y no como curiosos casos de una lejana dictadura medio bananera que de refilón tocan a España. No. España es tan culpable como el gobierno autoritario venezolano.
Lo que queda en el medio, en el más cenagoso desamparo, es el pueblo.
Lo deberían saber los ministros de Sánchez. O, mejor, sus ministras, porque eso sí, Sánchez es políticamente correcto y hace hincapié, en cada oportunidad, en que su gabinete luce una espectacular paridad de género. ¡Ah!, será por eso, por lo del feminismo trendy, que a la línea aérea Plus Ultra, que por lo visto es niña, le han dado 53 millones de euros.
¿Será verdad que Delcy Rodríguez está detrás de Camilo? Vuelve la pregunta que está pendiente desde justo antes de que estallara la pandemia, el año pasado: ¿Por qué el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se arriesgó tanto para hablar con ella en Barajas?, ¿todo por Camilo?
España debe velar porque los recursos que le entran no solo sean legales según sus limitadas leyes, sino que el hecho de rendirse ante ellos sea, al menos, moralmente sostenible.
@sdelanuez
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