Tras el anuncio de entregar minas a los gobernadores oficialistas, el mandatario usurpa un patrimonio que no le pertenece. El politólogo Luis Salamanca asegura que se reedita el cerco al pluralismo político con la Corporación de protectorados en gobernaciones opositoras.
La asignación de minas a los gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunciada por Nicolás Maduro, ratifica que el mandatario afianza las trabas a sus adversarios, avanza en la toma absoluta del poder y quiere fungir como un monarca. Sin embargo, esto último lo hace maniobrando con recursos que no le pertenecen.
La decisión que no ha sido formalizada atenta contra la Carta Magna, la Ley de Asignaciones Especiales, la Ley de Minas de 1999 y su Reglamento General (2001), advirtió el constitucionalista Juan Carlos Apitz. Añadió que debe analizarse con lupa cuando la decisión de Maduro se publique en Gaceta Oficial.
“Tampoco está permitida la entrega de minas en el Decreto-Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, por eso es importante ver cómo le darán la vuelta legal para hacerlo”, advirtió Apitz.
¿Paso monárquico?
El politólogo Luis Salamanca destacó que el otorgamiento de minas a los gobernadores oficialistas presenta a un Maduro como protagonista de un acto patrimonialista propio de los monarcas europeos que manejaban los recursos a su antojo, pero con la salvedad de que estos espacios no le pertenecen al gobernante venezolano. Añadió que la medida expresa la bancarrota del Estado venezolano y de la sociedad en general, porque el Estado no tiene cómo financiar sus gastos.
“Con esto se viola la Constitución y el ordenamiento jurídico, los bienes públicos no pertenecen a nadie, son de la nación. Maduro sigue rompiendo la institucionalidad y se trata de un individuo que además carece de legitimidad. La acción corona la tendencia neo-patrimonialista iniciada por Hugo Chávez y, al mismo tiempo, se confirma que Maduro es un dictador y deroga de facto el ordenamiento jurídico”, argumentó.
Salamanca sostuvo que, lo más grave, es que se expresa el agotamiento del petróleo: “Aunque tenemos petróleo bajo la tierra no tenemos los modos de explotarlo. Esto es la muerte de la Venezuela petrolera por haberse destruido la capacidad productiva, por haberse descapitalizado y haberse raspado la plata, por eso Maduro se aferra al rentismo minero”.
Protegen a Maduro
El analista recordó que la disposición ilegítima de las minas se da, de forma simultánea, al anuncio sobre la creación de la Corporación de Protección Social y Económica (Protectorados) en los estados Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira, que gobiernan dirigentes opositores. Además, este paso se anuncia mientras el estado Zulia, también ganado por un opositor en 2017 y al que se le despojó del cargo por no haberse juramentado ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), está destruido.
El argumento madurista para la Corporación es que “vele por el uso correcto de los recursos” en los estados adversos a la revolución.
Luis Salamanca: “El chavismo tiene una concepción absolutista del poder que se opone al pluralismo e insiste en eliminar al adversario”
De esta manera, Salamanca explicó que el tema del protectorado responde a la práctica iniciada con Hugo Chávez de establecer paralelismo del Estado y mecanismos paralelos de gobierno y de toma de decisiones, como ocurrió con la Constituyente que es una Asamblea Nacional paralela.
“No quieren dejar en evidencia los malos gobiernos maduristas y chavistas, mientras tanto se destruye la institucionalidad y el país tiene gobernaciones legítimas sin recursos, versus gobernaciones ilegítimas con recursos pero incompetentes. El chavismo tiene una concepción absolutista del poder que se opone al pluralismo e insiste en eliminar al adversario”, destacó.
El analista esgrimió que los protectorados tienen como norte resguardar al gobierno central.
“Esta figura es para no dejar al pueblo al garete, en Miranda fue muy exitosa”, aseguró Nicolás Maduro en el 2013. La maniobra les ha sido tan útil que la han reeditado con las gobernaciones que obtuvo la oposición en 2017, pese a las irregularidades denunciadas durante el proceso comicial.