Por las demandas que enfrenta Venezuela y las limitaciones para afrontar los pagos de deuda se pone en riesgo los bienes del país en el extranjero y CITGO, filial de PDVSA, es de los más afectados.
El 29 de octubre es una fecha crítica. Ese día se deben pagar 913 millones de dólares en capital de los bonos de PDVSA con vencimiento en 2020, y que tienen como garantía parte del capital accionario de CITGO, el principal activo externo de Venezuela.
Pero no es el único riesgo en el camino. El país enfrenta más de 40 litigios y desde hace dos años está en cesación de pagos de la deuda por lo que posibles demandas de acreedores ponen en riesgo los activos de la nación en el exterior. Un caso emblemático es el de la minera Crystallex que fue autorizada por una corte federal de Estados Unidos para actuar sobre CITGO y cobrar una indemnización a Venezuela.
1. ¿Qué está en juego?
En la gestión presidencial de Nicolás Maduro en 2014, PDVSA intentó vender CITGO, que es su filial en EE.UU., para lo cual efectuaron avalúos que estimaban que el activo valía unos 10 millardos de dólares. La estrategia de venta no avanzó. Dos años después, más de la mitad de las acciones de CITGO fueron usadas como garantía de la emisión de los bonos PDVSA 2020, y el resto fue el soporte de un préstamo que otorgó la petrolera rusa Rosneft por 1.500 millones de dólares.
2. ¿Por qué los activos de Venezuela estarían sujetos a embargos?
El fallecido presidente Hugo Chávez en 2007, y en medio de un boom de ingresos petroleros, decidió impulsar un modelo socialista que contemplaba el dominio sobre sectores estratégicos, y como parte de la estrategia nacionalizó empresas en las áreas de alimentos, agro, construcción, acero, telecomunicaciones, electricidad, petróleo y servicios. Aunque con algunas compañías se saldaron las deudas, el grueso se debe y esas obligaciones superan los 11 millardos de dólares, según las estimaciones de varias firmas privadas. Es por ello que numerosas empresas demandaron a la República en tribunales internacionales.
A ello se suma, el alto endeudamiento de Venezuela y PDVSA. Pese a que el gobierno de Chávez se benefició de altos precios del crudo, también disparó la deuda en más de 400% para financiar su proyecto socialista y mantener el férreo control cambiario. Esas obligaciones externas superan los 130 millardos de dólares, de acuerdo con los datos oficiales.
Pero desde fines de 2017, por la merma de ingresos y las sanciones financieras de Washington, la administración de Nicolás Maduro dejó de pagar a los bonistas y entre capital e intereses de los bonos de Venezuela y de la petrolera, sin contar el título 2020, se adeuda a los tenedores más de 10 millardos de dólares.
3. ¿Por qué hay excepciones con el bono de PDVSA2020?
Frente a la menor disponibilidad de recursos por la caída de los precios del petróleo, a la industria petrolera se le complicaba el pago de los bonos que vencían en 2017. Por ello, a fines de 2016, les propuso a los bonistas canjear los papeles por otros con vencimiento en 2020 y para tratar de convencerlos decidió que dicha emisión tendría como garantía más de la mitad de las acciones de CITGO. Fue así como se logró concretar la operación.
Un año después del canje, la República y PDVSA dejaron de cancelar a los bonistas, pero la industria hizo una excepción con los tenedores del 2020, a quienes sí les ha pagado para evitar perder CITGO.
Desde enero de este año, cuando Juan Guaidó asumió funciones ejecutivas de forma interina, ha anunciado la protección de activos de la nación como una de sus estrategias centrales y, por ello, impulsó el pago del bono 2020. En línea con esto, en marzo designó juntas administradoras en PDVSA y CITGO. La junta de PDVSA, tras una autorización del Departamento del Tesoro, hizo en mayo el pago de 71 millones de dólares en intereses del bono 2020.
4. ¿Podrá la junta administradora de PDVSA cancelar el pago pendiente de octubre?
Si bien hace cinco meses se saldaron los intereses correspondientes al bono 2020, no está claro si el equipo financiero de Guaidó tendría acceso a los fondos de PDVSA congelados en cuentas del exterior para cubrir el compromiso previsto para el 29 de octubre por 913 millones de dólares.
5. ¿Cuáles son los riesgos por un impago?
La orden ejecutiva de Washington, emitida a inicios de agosto y que congela los activos de Venezuela en Estados Unidos, no elimina los derechos de los bonistas a embargar CITGO.
No se ha revisado la licencia 5 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros que permite a los bonistas realizar transacciones con los bonos PDVSA2020 y ejecutar su garantía, por tanto, cualquier impago podría llevar a los tenedores de deuda a actuar sobre CITGO.
6. ¿Qué opciones quedan para evitar perder a CITGO?
Los asesores de la oposición todavía aguardan por una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre un cambio en la licencia 5. En días pasados, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, dijo en un foro en Washington que Donald Trump podría “ayudar” a salvar a CITGO.
Hace unos meses, el fondo de inversión T. Rowe Price sostuvo conversaciones con el equipo de Guaidó para financiar el pago de octubre, según reseñó Reuters. Sin embargo, esa propuesta requiere que se levante la prohibición de negociar bonos venezolanos que son parte de las sanciones de Estados Unidos para materializarse, lo cual no ha ocurrido.
La oposición también inició gestiones para buscar una protección de activos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de salvar a CITGO. Se desconoce la marcha del procedimiento.
Por su parte el economista Francisco Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter que para salvar a la filial de PDVSA se requiere que “Estados Unidos revoque la licencia general 5, que Estados Unidos niegue la licencia solicitada por Crystallex y que Estados Unidos emita una orden general protegiendo a los activos venezolanos del embargo”.
7. ¿Qué impacto tienen las últimas decisiones judiciales?
En días pasados un tribunal en Estados Unidos permitió a la minera canadiense Crystallex continuar un juicio con el cual busca cobrar una deuda por 1.400 millones de dólares que corresponden a un arbitraje que ganó la empresa por la nacionalización de sus activos en 2008.
Aunque la medida es un paso más para la minera, la empresa necesita un paso más. Según Francisco Rodríguez, “para concretar la venta (de CITGO), Crystallex necesita una licencia de la administración Trump”.
Ya la Asamblea Nacional (AN) autorizó el uso de 2 millones de dólares para que el procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, pueda contratar los asesores legales que le permitan al país defenderse de los litigios.
8. ¿Qué ha dicho el régimen de Nicolás Maduro?
Hasta ahora las declaraciones de los voceros oficiales se han centrado en cuestionar al procurador de Guaidó, y en indicar que la oposición intenta “robar” CITGO.