Paramilitares, guerrilleros, disidentes de la guerrilla, colectivos armados y hampa común son protagonistas en el estado Táchira, donde ocurren delitos que convierten a esta entidad andina en una zona de peligro. Mientras, los ciudadanos no se atreven a denunciar, ni a contar lo que ocurre porque la intimidación, amenazas y las muertes violentas son reales.
Algunos investigadores apuntan que al menos 28 frentes de diferentes organizaciones irregulares armadas de Colombia y otras formadas en Venezuela actúan a lo largo de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que va desde la Península de La Guajira, en el estado Zulia, hasta Amazonas, pasando por Táchira y Apure, presencia que se extiende a otras entidades venezolanas.
Javier Tarazona, presidente de la Fundación Redes (Fundaredes), que promueve la defensa de los Derechos Humanos, señala que en el Táchira, es la principal puerta de entrada y salida hacia Colombia, hay presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También hay paramilitares de los grupos Los Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, disidentes guerrilleros y colectivos armados, quienes “protagonizan una lucha sangrienta, en disputa de los territorios del estado y de las zonas de frontera para poder controlar el contrabando y cometer toda una serie de delitos, ante la mínima presencia del Estado”.
Extorsión, secuestro, trata de blancas, tráfico de drogas, contrabando en todas sus modalidades (víveres, combustible, moneda nacional, medicinas, oro, coltán, diamantes, material estratégico); robo y hurto de vehículos -llevados a Colombia por las más de 100 trochas conocidas-; y abigeato, son parte de la larga lista de delitos que se registran.
“Los enfrentamientos son constantes. El grupo más poderoso impone sus normas. En La Mulata, por Ureña, está el puesto militar fronterizo del Segundo Pelotón de la Tercera Compañía del Destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) donde, en el mes de julio, se enfrentaron militares del Ejército y de la GNB con paramilitares. Hubo dos militares heridos y la muerte de un presunto paramilitar. Eso es grave. Eso está pasando. Cuando los puentes internacionales estuvieron cerrados los paramilitares cobraban entre 2.000 y 5.000 pesos para dejar pasar a las personas. Se concluye que el común denominador es la ausencia del Estado, de ambos lados, de Colombia y de Venezuela, y es una necesidad urgente derrotar la violencia”, reflexiona Tarazona, también docente universitario.
Los números dan muestra de esta lucha sangrienta. En los primeros ocho meses de 2019, según arqueo hemerográfico de la página de Sucesos del diario La Nación, al menos 134 personas, en su mayoría hombres, han sido asesinadas a balazos en el Táchira. De estos crímenes, 43 ocurrieron en los municipios Pedro María Ureña, 10 en Bolívar, 12 en García de Hevia, 13 en Fernández Feo, 14 en San Cristóbal, y 15 en Ayacucho.
Lo destaca el Observatorio Venezolano de Violencia en sus informes sobre crímenes en Ureña, La Fría, y Colón; sicariatos, ajuste de cuentas, venganza, donde están involucrados grupos armados al margen de la ley.
Por su parte, la Asociación Civil Venezuela Libre de Secuestros para el año 2018 totalizó 342 personas desaparecidas en el Táchira, concretamente en los municipios Ureña, Rafael Urdaneta, Bolívar, Torbes, Panamericano y García de Hevia. La cifra no ha descendido en 2019. La presencia masiva de desplazados de todo el país a este estado fronterizo incrementa el registro de personas solas, cuyo rastro es perdido por sus parientes. La data se pierde porque muchos no denuncian.
Otro dato de interés revela que para el estado Táchira se necesitan aproximadamente 45.000 policías activos que trabajen tres turnos de 8 horas cada uno, como lo señalan los indicadores de la ONU -4 policías x cada 1.000 habitantes-. La cifra actual no supera los 2.000 funcionarios. En el caso de los investigadores policiales -uno x cada 1.000 habitantes- se debería contar con 30.000 hombres, y los funcionarios no llegan a 300.
“Los organismos de seguridad, Cicpc, Ministerio Público, no investigan los homicidios de frontera como debe ser, menos las desapariciones de personas con antecedentes policiales, porque la mayoría de los funcionarios viven en esa zona y sabiendo a lo que se enfrentan, no van a exponer sus vidas… no se tiene el incentivo económico -se gana menos de tres dólares al mes-, ni la seguridad personal”, informó la periodista de sucesos del diario La Nación, Miriam Bustos, sobre declaraciones de un funcionario del Cicpc activo con identidad en reserva. “Estamos en presencia de un sistema judicial, político y económico, en pleno deterioro”, remata.
Muchas voces se han hecho públicas. Han manifestado su preocupación por tanta violencia. Monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, aprovecha las concentraciones religiosas para reiterar el llamado a las autoridades para actuar ante la presencia de irregulares armados en los 29 municipios del Táchira. Ha insistido sobre la trata de blancas, donde organizaciones delictivas captan generalmente a mujeres jóvenes, muchas adolescentes, a quienes ofrecen altos ingresos en diferentes trabajos fuera del país, cuando en realidad son redes de prostitución o trabajo forzado, esclavitud moderna. También destaca extorsión, secuestro, sicariato, contrabando.
Gobernadora Laidy Gómez: “El Estado venezolano ha sido permisivo en la actuación de los grupos irregulares colombianos”
La abogada Beatriz Mora, presidenta del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), ha expresado que una vez a la semana recibe denuncias de niñas y jóvenes desaparecidas. Sabe que en la entidad opera una red delictiva encargada de captar víctimas, y se aprovechan de la población flotante que huye de otras entidades ante la crisis nacional. “Las consecuencias sociales de este fenómeno han permitido el reclutamiento de gran cantidad de personas, para que operen en delitos de contrabando, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas,… se aprovechan de la necesidad de la gente”, dice.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por esta entidad, Franklyn Duarte, ha manifestado que “la presencia de grupos irregulares armados se ha hecho más evidente y visible en Ureña, La Fría y San Antonio, dejando a los venezolanos en la línea fronteriza a merced del hampa. Son ellos quienes gobiernan. Son grupos que imponen toques de queda. Hay mucho miedo en la población y los cuerpos policiales, militares en general no pueden actuar porque Maduro no lo permite”.
“Territorio de paz”
Freddy Bernal, designado por el régimen de Nicolás Maduro como el protector del estado Táchira, ha dicho desde Ureña: “Queremos decirle a Venezuela que el Táchira, en particular San Antonio y Ureña, no será nunca un territorio paramilitar… esto es y será un territorio de paz”. La realidad, lamentablemente, es otra. Según sus estadísticas, recientemente van más de 69 paramilitares detenidos, unos 19 han sido abatidos.
Sobre los decomisos, indicó Bernal que en agosto pasado hubo la retención de 122 kilos de drogas: 22,8 kg. de cocaína; 93 kg. de marihuana; 13 kg. de heroína; 85 unidades de éxtasis, y 6,5 kg. de bazuco. Otros rubros: Material estratégico: 39 mil kg. de cobre, 6 mil kg. de hierro, y 45.78 kg. de chatarra. Si de combustible se trata, la última actuación de la primera semana de septiembre representó la captura de 17 hombres implicados en el desvío de gasolina y gasoil a Colombia. Utilizaban mangueras para pasar desde Orope, Boca de Grita y Guarumito -zona de frontera de La Fría y Colón-, a través de los ríos -como un cable submarino- la carga de las gandolas de gasolina y gasoil. Se les acusa de robar más de 56 millones de litros entre gasoil y gasolina que originalmente serían enviados a las termoeléctricas de El Vigía en el estado Mérida, y La Fría en el Táchira. Las pérdidas, aseguran, superan los 50 millones de bolívares. Bernal responsabilizó de este hecho a los paramilitares del grupo Los Rastrojos. “Este combustible lo utilizan en Colombia para procesar drogas. Ellos necesitan 10 galones de gasolina o 36,5 litros para procesar 1 kilogramo de cocaína”, aclaró.
Ejercicios militares
Para algunos tachirenses los ejercicios militares que se realizan en el Aeropuerto Nacional “Francisco García de Hevia” de La Fría, en el municipio del mismo nombre, ordenados por Nicolás Maduro entre el 10 y 28 de septiembre, buscan minimizar estos hechos delictivos pero no todos comparten este criterio.
Diputado Franklyn Duarte: “La presencia de grupos irregulares armados se ha hecho más evidente y visible en Ureña, La Fría y San Antonio”
Freddy Bernal ha hecho público que más de 3 mil hombres se han desplegado a la frontera. Pertenecen al Ejército, Guardia Nacional, Marina, Aviación y la Milicia, además de los civiles que él asegura están dispuestos a defender y resguardar la soberanía nacional, y garantizar una frontera de paz. El almirante en jefe Remigio Ceballos, al frente del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), es responsabilidad de esta tarea.
La gobernadora Laidy Gómez difiere de esta estrategia del Gobierno de Maduro: “La situación es realmente preocupante y lamentable. El Estado venezolano ha sido permisivo en la actuación de los grupos irregulares colombianos… la alerta naranja en frontera es sólo una cortina de humo para tratar de tapar la crisis humanitaria que vive Venezuela”.
Otra voz desde Colombia, la del alcalde de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, César Rojas, ha solicitado al presidente colombiano Iván Duque la instalación de un consejo de seguridad local, “a fin de buscar soluciones a los altos niveles de violencia en la frontera”. Su petición aún espera respuesta.
Pueblo pasivo y temeroso
¿Qué pasa con los habitantes del estado Táchira ante este trágico panorama? La mayoría conoce los códigos de las organizaciones delictivas, sabe quiénes son, sabe dónde están. Se habitúa, se acostumbra. No confía en los organismos policiales.
La prensa también se limita. A mediados de agosto un equipo de prensa regional fue intimidado en la población fronteriza tachirense de Boca de Grita, a escasos metros de Puerto Santander, en Colombia. Varios paramilitares retuvieron un teléfono celular de alta gama donde fueron captadas fotografías de la zona.
“Aquí está prohibido tomar fotos”, expresaron los colabores de esta red distribuidos en el pueblo, ante la presencia de los militares y policías venezolanos quienes sí recomendaron trabajar con mucho cuidado. El chofer de la unidad del equipo de prensa también fue retenido durante dos horas.
Al final, el equipo fue devuelto por un líder del grupo. Estaba armado. “No nos oponemos a su trabajo, pero váyanse rápido”, advirtió al entregar el dispositivo móvil. Se concluye que hay que pedir permiso para el trabajo de la prensa o asumir los riesgos. Este equipo los asumió.
“El espectro delincuencial en la frontera es voluminoso. Hay delincuencia organizada que planifica, controla, ejecuta,… integrada por talento humano, con manejo de tecnología y muchos otros recursos, pero todo al servicio del mal”, señala Jesús Berro, abogado y ex juez penal del Táchira.
En el estado Táchira se vive como un secuestro colectivo que se permite por temor. Los ciudadanos no se atreven a denunciar, ni a contar lo que ocurre porque la intimidación, amenazas y las muertes violentas son reales. En muchos municipios ya es común, aunque no correcto, el pago de vacunas por tener un establecimiento comercial, conducir un taxi o garantizar la seguridad personal. Quienes cobran recuerdan a los árabes recorriendo calles vendiendo sus telas y productos. Estos de ahora, fichas en manos, cobran dinero. Han persuadido a la población. La responsabilidad de lograr el cambio que permita vivir en paz es del Gobierno, como principal soporte del Estado.
