Adelantos en los pagos de impuestos, incrementos de los gravámenes municipales y un nuevo tributo al patrimonio, forman parte del cerco al sector privado aplicado por la administración de Nicolás Maduro. Mientras, la actividad industrial y comercial se sumerge en la recesión.
La actividad industrial y comercial en Venezuela no sólo ha sufrido una brutal contracción por los años de regulaciones, recortes de importaciones, distorsiones cambiarias y deterioro de los servicios, sino también por las mayores cargas fiscales que se han registrado mediante reformas impositivas, órdenes de pagar impuestos por adelantado, aumentos de los tributos municipales y nuevos gravámenes.
“Soy el Robin Hood bolivariano. Le quitamos a los más ricos para darle a los más pobres”, llegó a decir el presidente Nicolás Maduro en 2015 cuando, mediante los poderes especiales que recibió vía Ley Habilitante, modificó las leyes tributarias para buscar más fondos y argumentaba que “todo el mundo pague su impuesto, los que más ganan tienen que pagar más y que paguen completo”.
Lo cierto es que aun cuando en Venezuela se vivieron momentos de altos precios petroleros y de crecimiento de la economía, el flujo de ingresos era insuficiente para cubrir el elevado gasto público. Por ello la administración de Hugo Chávez, y luego la de Maduro, comenzaron a atender parte de sus necesidades con el financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV). Pero esa política de impresión desordenada de bolívares terminó desencadenando la hiperinflación.
Las cifras que el BCV divulgó en mayo, tras cuatro años sin hacerlo, evidenciaron el profundo deterioro de la economía. Entre el tercer trimestre de 2013 e igual lapso de 2018 la actividad manufactura retrocedió 76%, y el sector comercio cayó 90%.
Ahora, en medio de esta profunda recesión y con menores ingresos ordinarios, el régimen de Maduro apunta a un incremento de los tributos.
Las reformas
Ya entre 2014 y 2015 lo había hecho. Entonces utilizó los poderes especiales otorgados por el Parlamento para realizar ajustes tributarios.
En 2014 subió el impuesto al alcohol, revisó la ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) y aumentó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes suntuarios. A la par, el Código Orgánico Tributario fue modificado para subir las multas y penas a las industrias y comercios y aumentar los poderes del Seniat, el organismo recaudador.
Pero ello no fue suficiente, y en 2015 modificó los marcos legales tributarios y cambió la Ley del ISLR para aumentar la tasa de 34 a 40% y eliminar el ajuste por inflación en las cuentas de las empresas. A esa revisión del ISLR, se sumó la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras para las industrias, con una alícuota de 0,75% por cada operación.
Pero en esos años se agudizó la crisis en las industrias y comercios y la aceleración de la inflación impactaba en la recaudación tributaria, que en términos reales registraba caídas de más de 30%, de acuerdo con las estimaciones de las firmas económicas.
En 2018, Maduro aplicó un paquete de medidas en el que devaluó la moneda, subió el salario mínimo y aumentó la tasa del IVA de 12 a 16%, y junto a esas medidas, ordenó a las industrias adelantar los pagos del IVA y del ISLR, porque según el mandatario, el gobierno iba a un “déficit fiscal cero”. Lo decía en momentos en que el Gobierno acumulaba 12 años de déficit en sus cuentas.
Cada semana, las empresas y comercios tienen que erogar al fisco el IVA, así como el ISLR sobre las ventas brutas diarias. Medidas que, según han señalado los gremios empresariales, impactan con más fuerza que los incrementos salariales, debido a que las cancelaciones al organismo tributario se efectúan sin haber recibido los ingresos por las ventas y afectan el flujo de caja.
“Se paga el IVA sin haber cobrado la factura”, dijo en agosto Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua.
Ajustes en el colapso
Pero el cerco no cesa. En el transcurso de 2019 el colapso en la actividad industrial y comercial ha seguido porque a la disminución de las importaciones, más la caída en el consumo y de las ventas, se sumaron las mayores fallas del servicio eléctrico, del suministro de agua y de las comunicaciones.
Aun con un parque industrial que está a menos de 20% de su capacidad, según los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la administración de Maduro ha continuado su estrategia de aumentar las cargas tributarias.
En el primer trimestre la recaudación tributaria cayó 37% en términos reales, según las estimaciones de la firma Ecoanalítica.
Las empresas, además de seguir adelantando las erogaciones de IVA e ISLR, tienen que afrontar las presiones de los mandatarios regionales, que buscan recursos adicionales, debido a que las transferencias del gobierno central (situado constitucional) tampoco alcanzan.
En estados como Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Zulia y el Distrito Capital, varios alcaldes han elevado los tributos municipales en más de 1.000%, incrementos que los empresarios consideran que impactan en la producción.
“En Cagua las empresas tienen que cancelar tributos sobre los ingresos y no las ganancias”, agregó Lujano cuando denunciaba que la medida ponía en jaque la actividad industrial de la zona, donde muchas instalaciones trabajan a un 15% de su capacidad.
Además de los mayores gravámenes municipales, el sector privado ahora se debe enfrentar a un tributo al patrimonio aprobado en julio por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Impuesto que el fallecido Hugo Chávez intentó aplicar en 2006 y no concretó, y que luego Maduro propuso en 2017 tras sugerencias de quien era su asesor en aquel momento, el español Alfredo Serrano.
El tributo autorizado por la ANC grava a aquellos que tengan patrimonios superiores a los 100 millones de Unidades Tributarias con una tasa que tiene un mínimo de 0,25% y un máximo de 1,50%. La Ley aún está en análisis por parte de industriales y abogados.
Pero el gravamen ya es considerado un nuevo golpe a los privados. En agosto, Conindustria emitió un comunicado en el que señaló que la política tributaria, “lejos de favorecer al mejor desempeño de la manufactura, conduce a su desaparición”. La organización agregó que “las medidas impactan aún más en el flujo de caja de las empresas, condenándolas a un cierre técnico”.