La crisis arrasa como un incendio al país, y pese a la gravedad de la situación no se ha generado todavía una respuesta coordinada como se requiere para atender entre 7 y 14 millones de venezolanos en grave riesgo y frenar el éxodo.
Han pasado seis meses del 23 de febrero, aquel día que Juan Guaidó fijó como el comienzo de la entrada de ayuda humanitaria, esos contingentes de donaciones que la solidaridad y la denuncia constante de ONG, medios de comunicación, liderazgos políticos y de los propios venezolanos, forzados a emigrar, han estimulado en todo el mundo. La ayuda no entró esa vez.
La que sería una respuesta parcial a la compleja crisis que vive el país se enfrentó, una vez más, contra el muro que por pedazos ha intentado demoler la oposición. Una lucha por una transición política que se brega en tiempos que no son los de la necesidad de la gente. “Hay que tener claro lo que es entregar ayuda humanitaria en el contexto de una usurpación del poder”, dice la diputada Manuela Bolívar, que ha empujado el tema desde la Comisión de la Asamblea Nacional que se creó para manejar el tema.
La llamada usurpación, como señala la diputada Bolívar, ha sido el origen de la crisis y también la principal traba para solventarla. La ayuda humanitaria que ha impulsado Juan Guaidó, como jefe del Parlamento y presidente encargado y reconocido por más de 50 países, ha entrado al país casi en clandestinidad; como lo han venido haciendo, desde hace años, algunas organizaciones que atienden a pacientes con donaciones que entran por servicios de courrier y en maletas de viajeros.
El fracaso del 23 de febrero puso en evidencia la necesidad de una respuesta coordinada a la emergencia que todavía no se ha concretado, una mora que aguas abajo magnifica los efectos de la crisis. Ese sábado de febrero con todos los ojos del mundo encima, diputados, médicos y opositores marcharon hacia los puentes por donde se supone que pasarían los camiones con ayuda.
Nada estaba muy claro, recuerda Alexis Sánchez, médico del Táchira y coordinador de Médicos Unidos por Venezuela en la entidad. La escena a unos metros del Puente Internacional Simón Bolívar, por el que han cruzado millones de venezolanos en estampida, fue la siguiente: El paso acordonado y una marcha pacífica, de blanco las batas médicas y también el color que se ha convertido en el uniforme opositor, llegó al contingente de militares que Guaidó esperaba desafiar, acercando la ayuda como una zanahoria. Bombas lacrimógenas, disparos, camiones incendiados, colectivos armados fue la respuesta.
Todavía es difícil hacer balance en medio del caos, y el periodismo sigue teniendo en deuda explicar lo que ocurrió esos días de humo y violencia. “Había mucha voluntad y corazón, pero no vi mucho cerebro en ese movimiento. Hubo mucho desorden y poca información”, recuerda el médico tachirense que hoy está al otro lado de la frontera, como parte del exilio que ha empujado el régimen de Nicolás Maduro, y que el 23 de febrero tuvo un nuevo desencadenante.
Desde entonces, la ayuda ha entrado en mayor cantidad y con actores internacionales en el terreno. Hay más, pero todavía sigue siendo poco. El médico Julio Castro es miembro de la Comisión que participó en la organización de la jornada del 23 de febrero. Tenía a cargo los insumos médicos que venían en cuatro kits IEHK, que sirven para atender 10.000 emergencias en hospitales. Estas eran una de las donaciones más costosas que se recibieron, y que estuvieron represadas unos meses tras los hechos en la frontera.
Por otras vías fueron entregados, y hace más de un mes se están usando en cuatro hospitales de Venezuela, asegura Castro. “No había una lógica política en esto. El objetivo era que la ayuda llegara a los venezolanos y gran parte de lo acopiado se ha repartido. Personalmente creo que lo que pasó en febrero le dio un spotlight a la crisis, que redundó en un aumento de las donaciones internacionales y en una aceleración y crecimiento de los presupuestos y equipos de las agencias internacionales”.
Reingeniería y ayuda a cuentagotas
Lester Toledo fue designado por Guaidó como jefe de la Coalición Internacional para la Ayuda Humanitaria. Exiliado desde 2016, luego de pasar casi tres meses en la clandestinidad perseguido por el régimen de Maduro, coordinó la recepción de donaciones y hasta febrero estuvo en Cúcuta al frente de la operación del 23 de febrero. Entró en el huracán de dudas y señalamientos de corrupción que hizo públicos el portal Panampost, referidos a manejos irregulares de fondos para apoyar a los militares que comenzaron a desertar en medio del caos del 23 de febrero. Una situación que no estaba en los planes y que un fiscal anticorrupción está investigando en Colombia. Su rol, sin embargo, recalca una y otra vez, tuvo y tiene que ver con la ayuda humanitaria a los venezolanos, que ahora coordina desde Estados Unidos, y no con la atención de los uniformados.
“Se recibieron más de 600 toneladas de distintos de gobiernos, de Estados Unidos, Honduras, Chile, Puerto Rico; y 800 entre lo que había en Colombia y Brasil. Pero qué podíamos hacer si no nos dejaban usar las fronteras, entrar por las ventanas”, dice el dirigente político de Voluntad Popular en una llamada por WhatsApp.
El plan de la ayuda debió reenfocarse y buscar nuevas palancas: Los gobiernos que reconocen a Guaidó, las fundaciones y ONG especializadas en el tema humanitario, el sector privado y la diáspora venezolana. Toledo asegura que parte de lo acopiado, tanto en la frontera con Colombia como en la de Brasil, se repartió entre los venezolanos asentados en campamentos humanitarios. “Dicen que 80% de los alimentos en Cúcuta se pudrió, es mentira. El gobierno colombiano puso siete camiones y se fueron entregando entre los caminantes venezolanos”, se defiende.
Pero pese a la grave presión migratoria, la mayor urgencia está dentro de la invivible Venezuela que cada día abandonan más de 5.000 personas, según los cálculos de ACNUR. Con los nuevos apoyos, sostiene Toledo, en seis meses ha podido acopiar e ingresar al país otras 900 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicinas, y enseres de higiene. La cantidad supera lo que se acopió en febrero. Enumera parte de la red que ahora soporta la asistencia que está procurando el gobierno interino de Guaidó y que reveló en un balance presentado en junio, a los 100 días de gestión de la coalición: Programa Ayuda Humanitaria para Venezuela, que tiene 6 años enviando ayuda humanitaria desde ocho países; cuatro por Venezuela, un grupo de médicos en el extranjero; Avenex, que operan en Atlanta y Dallas; Cocotero Foundation, en Nueva York, entre otros.
Toledo agrega que entre la diáspora se han hecho 21 mega colectas para donar containers con carga humanitaria. “Hemos ido enviando los insumos con los mecanismos tradicionales, pero hemos tratado de no develar las rutas y las estrategias, porque hay héroes anónimos, funcionarios y militares vinculados a aduanas que están ayudando a que estas cosas pasen”.
No siempre hay héroes, y entre la ayuda también hay que colectar fondos para pagar envíos y sortear los imprevistos de cruzar con carga por el país de las alcabalas y de la escasez de gasolina. En un Estado fallido con dos presidentes, algo a lo que tampoco está exento el personal humanitario internacional, pese al reconocimiento del régimen de Maduro de la situación y la aceptación, al menos en discurso, de la ayuda.
Las cortapisas con las que trabaja el equipo Guaidó, en medio de la crisis institucional desatada en enero con la legitimación de Maduro para un segundo mandado en base a las presuntas elecciones fraudulentas, son las mismas con las que trabajan las agencias internacionales. “El personal humanitario trabaja con obstáculos, no puede entrar a todos lados”, denuncia la diputada Manuela Bolívar, comisionada para la materia.
Entre abril y junio la Cruz Roja Internacional logró ingresar tres aviones con insumos, que ha podido distribuir en sus hospitales y en sólo seis de la red pública. Las Naciones Unidas (ONU) han logrado activar, con demoras, ocho de los once clusters de actuación que conforman el Equipo Humanitario de País, la figura que se activa cuando una población atraviesa una emergencia humanitaria compleja; tal como la que los activistas vienen advirtiendo desde 2015 y la Asamblea Nacional la decretó como crisis en 2016. Sólo cuatro años después, convertida en un grave problema regional, se comienza a aceitar la maquinaria internacional. Hace apenas dos semanas se presentó un limitado plan de respuesta de parte de la ONU para 2,6 millones de personas a ejecutarse en seis meses, de los cuales ya transcurrió uno y que todavía no cuenta con los 233 millones de dólares que requiere.
Lester Toledo puntualiza: “Si tenemos más de 7 millones de venezolanos en riesgo severo de muerte, esto que hemos hecho apenas llega al 10%. Soy el primero en reconocerlo. Por eso es que decimos que la ayuda más efectiva es el cese de la usurpación”.