A Hugo Chávez no le resultó suficiente tener elevados ingresos petroleros y recurrió al Banco Central de Venezuela como fuente de financiamiento. Ahora la institución está en manos de factores del poder político y ha perdido a buena parte de su personal técnico.
En 1999 el para entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, propuso una reforma constitucional que contemplaba la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) y que le prohibía supeditarse a las directrices del poder Ejecutivo, pero 12 meses después de la entrada en vigor de la nueva Carta Magna tales disposiciones fueron violadas. Con los años, el ente emisor se convirtió en la caja chica del Gobierno y toda su estructura fue politizada.
Mediante la entrega de ganancias cambiarias, luego reservas internacionales y financiamiento monetario, el BCV financió las administraciones de Chávez y Nicolás Maduro. Y, en paralelo, el banco dejó de divulgar cifras sobre el desempeño de la economía y comenzó a perder a su personal técnico.
Hoy la institución, encabezada por Calixto Ortega, cuenta con menos técnicos y está bajo un mayor dominio del oficialismo. Aunque ha flexibilizado los controles aplicados desde 2003, su margen de maniobra es limitado. De unas reservas internacionales que en 2009 estaban en 35 millardos de dólares, ahora cuenta con 8,8 millardos de dólares.
La historia de su deterioro suma 19 años y contando.
Las reformas que abrieron la caja
A mediados del año 2000, un aumento de los precios del crudo aumentó los ingresos, pero ese flujo era insuficiente para la gestión de Hugo Chávez, que comenzaba a incrementar el gasto público y a dar señales de que aumentaría la participación del Estado en los sectores clave de la economía.
Bajo el argumento de financiar proyectos en diversas áreas, Chávez le exigió al BCV la entrega de ganancias cambiarias, lo que llevó a revisiones del marco legal en 2001 y 2002. Por esta vía en 19 años se generaron beneficios equivalentes a unos 8.000 millones de dólares.
Sin embargo, Chávez quería más. En 2004 solicitó un “millardito de dólares de las reservas” para financiar al sector agrícola, y aunque al principio el Directorio del BCV se negó, en 2005 la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) y el Gobierno acordaron cambiar el destino del aporte petrolero y crear un nuevo mecanismo de financiamiento de programas, lo que condujo a modificar la Ley del Banco Central.
Esa reforma permitió la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) al cual el ente emisor transfirió entre 2005 y 2015 unos 48.000 millones de dólares de las reservas internacionales que fueron destinados a proyectos en las áreas de agricultura, industria, petróleo, salud, educación y construcción.
El manejo de los recursos y de los proyectos se caracterizó por su opacidad. Obras que recibieron dinero de ese esquema en la actualidad siguen a medias como, por ejemplo, líneas del Metro y plantas eléctricas, entre otros.
En 2009 y 2010 el marco legal del BCV volvió a registrar dos ajustes para permitirle financiar a PDVSA y a otras empresas públicas.
Aunque en 2004 el país comenzó a vivir un boom de ingresos petroleros -por los altos precios- el Gobierno obligó a PDVSA a atender necesidades ajenas a su negocio, como los programas sociales, lo que llevó a la petrolera en 2006 a buscar asistencia en la Tesorería Nacional.
PDVSA le entregaba a la Tesorería pagarés y a cambio recibía financiamiento en bolívares para atender gastos. Pero ese mecanismo fue modificado en 2010 por lo que los pagarés de la Tesorería pasan al Banco Central, inicio del ciclo de financiamiento monetario a la industria petrolera y a otras empresas estatales para que cubran los gastos de la Misiones, por ejemplo, pero también obligaciones como los sueldos, entre otros.
Aunque en la Constitución se contempla que el BCV es el encargado de preservar la estabilidad de los precios; su financiamiento al sector público que implica la emisión desordenada de bolívares, ha sido una de las causas de la hiperinflación que ha pulverizado el ingreso de los venezolanos.
En medio de los menores ingresos petroleros, el Gobierno le exigió al BCV más recursos. Fue así como entre 2014 y 2017 el Banco Central realizó canjes con las entidades Citibank y Deutsche Bank, cuya garantía fueron lingotes de oro. Por esa vía las autoridades lograron un flujo de fondos para afrontar pagos de deuda e importaciones.
En 2017 el BCV perdió parte del oro otorgado en garantía al no cancelar uno de los préstamos a las bancas de inversión; pero la estrategia cambió en 2018 y a principios de 2019, cuando pagó los créditos para recuperar el oro y tener más lingotes en el Banco de Inglaterra y poder repatriarlos, lo que no ha sido posible. Frente a las necesidades, el emisor ha retirado toneladas de oro de sus bóvedas para venderlas en Turquía y Emiratos Árabes. Hasta febrero de 2019 las ventas ascendieron a 1.000 millones de dólares.
El grupo dominante
Los cambios legales en el BCV también dieron pie a una mayor politización de la institución, tal como sucedió en empresas estatales como PDVSA y en otros organismos públicos.
Las directivas nombradas luego del 2005 permitieron que en ciertas áreas de la institución se incorporaran funcionarios vinculados al partido de Gobierno, muchos de ellos sin las credenciales esperadas para esos cargos. Para ese período fueron jubilados empleados en áreas clave y aunque se mantuvo a gran parte del personal técnico, con el tiempo los espacios fueron ocupados por el oficialismo.
En 2014 se registró un cambio en el Directorio del BCV e ingresaron fichas directas del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del Gobierno. En ese período se acentuó el retraso en la divulgación de los indicadores, en momentos que la economía se estaba deteriorando y la inflación se aceleraba.
Para 2017 el Directorio del BCV registró otro reacomodo y los directores incorporados provenían de las filas de Maduro; pero también de las del vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, y del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, con lo cual este grupo pasó a controlar tanto la política fiscal como la política cambiaria de Venezuela.
Por años las directrices en materia cambiaria y el dominio de las importaciones públicas estuvieron regidas por uno de los grupos de poder que encabeza el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, junto a Carmen Meléndez y Rodolfo Marco Torres, actualmente gobernadores de Lara y Aragua, respectivamente. Pero a mediados de 2017 las líneas en la política cambiaria y las compras públicas pasaron a manos de El Aissami y de Zerpa.
Bajo la gerencia de ambos empezaron a registrarse ventas de bonos de PDVSA a fondos de inversión con el fin de obtener liquidez en medio de la crisis política. Luego, siguieron las operaciones con el oro monetario y no monetario a través de los aliados, como Turquía y Emiratos Árabes.
El control a lo interno del BCV creció. Frente a la mayor vigilancia y el deterioro de los ingresos, desde mediados del pasado año aumentó la salida del personal técnico y las jubilaciones, por lo que áreas fundamentales del Banco Central se han quedado sin funcionarios con experticia.
En el colapso eléctrico nacional ocurrido en marzo pasado, también colapsó la institución. Por semanas, el BCV estuvo en contingencia y bajó la presencia de empleados dentro del banco, período en el cual se autorizó el retiro de más toneladas de oro, según reseñó Reuters.