La posibilidad de que las ejecuciones extrajudiciales sean parte de una política de control social de las autoridades venezolanas, fue una de las alertas que activó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en su más reciente informe. Sólo en el Zulia hubo 240 presuntas ejecuciones entre enero y junio de este año.
Francher López (30) y Kevy Reverol (26) murieron presuntamente a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Todo sucedió a la medianoche del 15 de mayo de 2019 en el sector Las Corubas de Maracaibo, estado Zulia. La versión policial indica que ambos se enfrentaron a los funcionarios cuando estos hacían un “recorrido en labores de investigación” por la zona. Los familiares, por su parte, aseguraron que al momento de ocurrir los hechos ellos se encontraban dentro de una vivienda y no estaban armados.
López y Reverol forman parte del listado de 240 personas que entre enero y junio del 2019 fueron asesinadas durante operativos de cuerpos de seguridad en el Zulia. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), que levantó el reporte, cree que estos asesinatos pueden tratarse de ejecuciones extrajudiciales en lugar de enfrentamientos.
Juan Berríos, coordinador de documentación del Codhez, explicó a La Gran Aldea que el informe lo realizaron a partir de las reseñas de los sucesos que, al ser evaluadas, despiertan dudas, porque “hay un esquema que se repite”.
“Siempre hay un patrullaje en una zona, especialmente una barriada o sectores populares, y entonces había alguien con actitud sospechosa, se le dio la voz de alto y no hizo caso, sino que sacó su arma para enfrentarse a los oficiales”, argumenta Berríos.
Además, en los hechos evaluados sólo hubo un funcionario policial fallecido, “lo que plantea un desequilibrio bastante notable en caso de que hubiesen sido presuntos enfrentamientos”, señala Berríos, para quien en este caso la muerte de policías o el número de funcionarios heridos hubiese sido mayor. De allí que a los casos evaluados los colocaron bajo la etiqueta de “presuntas ejecuciones”.
El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela presentado a inicios de julio por Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, reseñó más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en el país a manos de cuerpos de seguridad, especialmente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Bachelet incluso recomendó disolver las FAES.
“Preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”, señala el reporte presentado por la Alta Comisionada.
Fuerza y control
Los casos evaluados en el Zulia dan pie para otras observaciones. Si los presuntos delincuentes se hubiesen resistido a las autoridades, el ejercicio de la violencia refleja que existen malos hábitos o fallas en los protocolos de seguridad de los cuerpos policiales y militares.
“En situaciones de riesgo parece que lo primero que se hace es básicamente responder con fuego al fuego o, en todo caso, los medios para controlar o neutralizar a quienes se califican de presuntos delincuentes casi nunca son efectivos”, resalta Juan Berríos. “Y casi nunca son efectivos porque precisamente terminan en un enfrentamiento, lo cual no está bien”.
En el informe del Codhez, las FAES lideran las acciones violentas con participación en 46 de ellas, lo que da una incidencia porcentual del 25%. Luego sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 32 hechos violentos (17%), y el Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia con 26 (14,29%).
Un 89,74% de las 240 personas asesinadas tenían 35 años o menos. Maracaibo, la capital del estado Zulia, fue el territorio con más hechos de violencia policial (28,72%).
Gervis Medina, abogado criminólogo, cree que las cifras son “alarmantes” porque “la policía en cualquier nivel sale a la calle a delinquir, a cometer actos de crímenes y no a proteger”, y “el caso del Zulia es grave”.
Terror como política de Estado
Desde el 2018 en el Zulia se han incrementado los allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales -especialmente en sectores populares- justificados por la crisis de inseguridad ciudadana. Aunque la mayoría de estos operativos son llevados a cabo por cuerpos de seguridad nacionales, también están involucrados cuerpos regionales y municipales.
Esto refleja, a juicio de Juan Berríos, que hay una presunta “responsabilidad compartida” entre el gobierno central y regional, pues “existe una política de seguridad nacional que evidentemente siguen las policías de los estados y municipios”.
En mayo de 2018 un hombre de 27 años llamado Luis Losada fue asesinado dentro de su casa y frente a una de sus hijas, en el sector Cerros de Marín de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, luego de que supuestamente se robara unos televisores. Diversos portales reseñaron el suceso como la muerte de un “hampón”, pero una investigación periodística de Radio Fe y Alegría mostró, tras conversar con varios testigos, que no hubo enfrentamiento y que sólo se escuchó un disparo: El que le quitó la vida a Losada.
Lo sano es que haya juicios
Juan Berríos considera que desde hace mucho tiempo en Venezuela hay una tendencia en la población que cree que cada vez que es asesinado un presunto delincuente las personas están más seguras, y por ello no siempre se cuestionan las acciones policiales.
“En la opinión pública no sé si este tipo de acciones sean aceptadas, pero en todo caso no son cuestionadas. Muy poco se cuestiona el accionar de la policía o cuerpos de seguridad”, puntualiza.
Lo más sano, insiste Berríos, es que haya juicios justos a las personas que son señaladas por actividades delictivas. “No es nada favorable para la paz social, que quien presuntamente haya cometido un delito sea asesinado. Eso no tiene nada que ver con lo que plantea la Constitución o los convenios internacionales de Derechos Humanos”, explica.
Según el coordinador de documentación del Codhez, “lo corriente” es que haya un juicio justo, “pero lamentablemente las instituciones en Venezuela, desde hace algún tiempo, no permiten que tengamos un sistema penal o penitenciario que asegure un trato igual o justo a quienes sean imputados o señalados de haber cometido un delito”.
En esto último coincide Medina, para quien “el Estado implementó desde hace 5 o 6 años, y lo puedes decir textualmente, la pena de muerte en Venezuela”.
Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez). Geolocalización de los hechos violentos con participación policial: