Murió Carmen Teresa Navas. Tenía 81 años. Durante dieciséis meses fue de cárcel en cárcel, de ministerio en ministerio y de tribunal en tribunal preguntando por su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, detenido el 3 de enero de 2025 y luego desaparecido dentro del sistema penitenciario del régimen. Le mintieron una y otra vez. Su hijo había muerto el 24 de julio de ese año, como reconoció casi diez meses después el Ministerio del Servicio Penitenciario. Carmen alcanzó a visitar la tumba, pidió la exhumación, organizó una misa en La Candelaria y dijo entre lágrimas “que Dios me dé fuerza”. Dos días después murió.
A Carmen Navas no la quebró solo el dolor. La fue matando la misma institución que durante un cuarto de siglo repitió “Patria, socialismo o muerte” como consigna oficial. Hoy hay que leer esa frase por partes. La patria no fue de quienes la coreaban. El socialismo terminó en manos de socios y testaferros. Y la muerte la pusieron los venezolanos. La pusieron Víctor Hugo Quero y su madre, Rafael Acosta Arévalo, Fernando Albán, Ronald Ojeda en Chile, Óscar Pérez y sus compañeros en El Junquito, y los miles que pasaron por El Helicoide, Ramo Verde, El Rodeo I y los sótanos de Boleíta. Esa consigna fue una promesa cumplida solo en su parte más brutal. Fue contra nosotros.
Valientes con los desarmados
Hay un patrón en la Fuerza Armada chavista. Dureza ante el débil y obediencia ante el fuerte.
Contra la mujer que protesta, despliegue. Contra el estudiante con pancarta, perdigones y allanamientos. Contra la madre que pregunta por un hijo desaparecido, amenazas. Contra el oficial que se niega a participar en un fraude o toma en serio la Constitución, desaparición forzada. Contra una mujer de 81 años que busca respuestas, silencio durante dieciséis meses.
Pero frente a los grupos armados que controlan el Arco Minero, complicidad. Frente a las mafias que cruzan la frontera, peajes y permisos. Frente a los carteles que usan a Venezuela como plataforma, sociedad. Frente al funcionario norteamericano que pide una reunión, carrera y sonrisa. Esa es la institución. Fuerte con los indefensos, dócil con quienes mandan.
El ejemplo más reciente lo dio Félix Plasencia el 30 de abril en el aeropuerto de Miami. Carla Angola le preguntó si el régimen garantizaba que ningún venezolano sería detenido al regresar al país. Respondió que eran tonterías y le pidió que no las repitiera. Frente a una periodista desarmada endureció la voz. Horas después respondía mensajes de funcionarios norteamericanos. Plasencia no es militar, pero actúa dentro de la misma escuela.
El caso más claro sigue siendo Óscar Pérez. Inspector del CICPC, piloto, padre de familia. El 15 de enero de 2018, en El Junquito, transmitió en vivo con las manos levantadas. Decía que se rendían, que había heridos, que querían entregarse. La fuerza desplegada no aceptó la rendición. Los mató. La operación, con cientos de efectivos, helicópteros y lanzacohetes contra una casa, resume la doctrina. Contra el venezolano con las manos arriba, todo el despliegue. Contra carteles y mafias armadas, complicidad. Pérez y los suyos no cayeron en combate. Fueron asesinados después de pedir rendirse. Quienes ordenaron y ejecutaron esa operación también tienen nombre, promoción, mando y registro.
La cadena es la misma
Mientras Carmen recorría tribunales, otro venezolano ponía por escrito el mapa de las celdas. Luis Humberto De la Sotta Quiroga, capitán de navío, comando y segundo comandante de la 8ª Brigada de Comandos del Mar Generalísimo Francisco de Miranda, acaba de publicar El Ataúd Vertical. Allí relata los 1.960 días que pasó en calabozos de la DGCIM tras ser detenido sin orden judicial el 18 de mayo de 2018. El libro nombra las celdas, incluida la que le da título. Sesenta por sesenta centímetros, dos metros setenta y cinco de alto, oscuridad, esposas a la espalda y doce horas de castigo por aparecer como caso trece en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
A De la Sotta lo torturaron oficiales venezolanos. Generales, coroneles, capitanes y tenientes. Lo hicieron porque alguien con galones lo ordenó y porque otros obedecieron. Es la misma cadena de mando que dejó morir a Víctor Hugo Quero en El Rodeo I y le mintió a Carmen Navas mientras tocaba puertas. La misma que disparó contra Óscar Pérez después de que pidió rendirse. No son historias separadas. Es la misma institución, actuando con la misma lógica, contra venezolanos desarmados. Tamara Sujú lo dijo en una frase que no debe olvidarse. Todos callaron. Callaron los políticos del régimen, porque dieron las órdenes, y callaron miles de oficiales activos que sabían, o podían saber, lo que ocurría. Cada uno tiene un nombre, una promoción y un libro de novedades con fecha y hora. Cuando se reconstruya la República, cada uno tendrá que explicar por qué calló. No ante un tribunal extranjero, sino ante una comisión de la verdad venezolana, presidida por una autoridad civil. No lo digo como amenaza. Lo digo porque así terminan estos procesos.
Cálculo profesional, no retórica
Hay oficiales que todavía creen, o quieren creer, que el chavismo sobrevivirá y que la institución seguirá intacta bajo otra gerencia. Ese cálculo está mal hecho. Ningún arreglo basado en ilegitimidad democrática se consolida como régimen estable. La sociedad venezolana ya votó el 28 de julio de 2024. Las actas existen, fueron publicadas y auditadas. Edmundo González Urrutia ganó esa elección, y María Corina Machado movilizó a la mayoría del país. La presión internacional tampoco baja. Washington, la Corte Penal Internacional y la causa Venezuela I suben de tono, no bajan.
Me dirijo a los oficiales que aún visten el uniforme. Esto no es retórica. Es cálculo. Quienes hoy detentan el poder y reparten ascensos por padrinazgo no estarán allí para protegerlos cuando llegue el momento. Los nombres que aparecen en el libro de De la Sotta, en el video de El Junquito, en los informes de la ONU y en el expediente de la Corte Penal Internacional ya están escritos. Serán entregados, canjeados, sacrificados u olvidados. No pido heroísmo ni rebeliones. Pido cálculo profesional. Cada oficial que se niega a participar en una operación de represión construye su defensa de mañana. Cada oficial que documenta órdenes ilegales protege su carrera futura.
La tradición que dejaron atrás
La Fuerza Armada venezolana tuvo otra tradición. Marinos profesionales, oficiales formados y una doctrina republicana, imperfecta pero real, que entendía que el uniforme servía al pueblo y no al gobernante de turno. De allí salió la generación que defendió la democracia en 1958, y los oficiales que en 1992 no se sumaron al golpe de un teniente coronel que quiso tomar el poder por las armas. Esa tradición hoy está sepultada en Boleíta, en la tumba de Acosta Arévalo, en la casa de El Junquito, bajo el concreto donde enterraron a Ojeda en Chile, en la fosa donde Carmen Navas encontró a su hijo, y en el silencio de quienes sabían y callaron.
Las instituciones pueden levantarse, pero no por inercia. Hace falta profesionalización técnica, despolitización real y subordinación al poder civil elegido democráticamente. Sin esas tres condiciones no habrá reconstrucción. El primer paso no será un decreto. Será la decisión personal de cada oficial sobre de qué lado quiere estar.
Carmen Navas murió preguntando por su hijo. Esa pregunta sigue abierta. La consigna fue “Patria, socialismo o muerte”. La patria volverá. El socialismo se cayó por su propio peso. Y la muerte que el régimen prometió y administró no puede quedar impune. Cada oficial venezolano debe escoger, cada noche, si quiere que su nombre aparezca junto al de quienes mintieron a una madre durante dieciséis meses, o junto al de quienes todavía pueden elegir servir al pueblo y no al gobernante de turno.
José Gustavo Arocha es teniente coronel retirado, máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard y senior fellow del Centro para una Sociedad Libre y Segura.