Un grupo de periodistas y medios recibe la primera nota de prensa el 21 de marzo con la denuncia de que el director del penal Rodeo I “bloquea la excarcelación de los hermanos De Grazia”.
Un párrafo dice lo siguiente: “Mariana Parra Villegas, esposa de Carmelo De Grazia, explicó este sábado en la puerta del penal que las boletas de excarcelación con los números 165-26 y 166-26 fueron emitidas a petición de la Fiscalía Nacional 50 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con competencia en casos asociados al terrorismo, que acordó la revisión de las privativas de libertad y les impuso detención domiciliaria”.
La esposa del detenido acusa con nombre y apellido: el coronel Alexander José Martínez Endeiza, por alguna razón, se está haciendo el desentendido. En el correo enviado a los periodistas se anexan fotos de las boletas de excarcelación. También se explica que hasta el ministro de Exteriores de Italia, Alberto Tajani, ha tratado de interceder por los hermanos De Grazia, quienes —además— padecen problemas de salud y han perdido “entre 30 y 40 kilos de peso desde su detención”.
El segundo mail llega el 23 de marzo. Informa que Mariana Parra Villegas presentó una denuncia contra el coronel ante la Fiscalía por “privación ilegítima de la libertad de su esposo, Carmelo De Grazia, y su cuñado Daniel De Grazia, ambos ítalo-venezolanos”.
Al 30 de marzo, el Foro Penal cuenta en sus registros que 490 personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela, entre las que hay 44 con nacionalidad extranjera y 187 militares.
En este contexto, y en medio de las expectativas en torno a la Ley de Amnistía y las excarcelaciones, la situación de los hermanos De Grazia luce como otro caso de infortunados presos políticos, víctimas de las arbitrariedades del poder. Pero esta historia tiene otros matices que no cuentan las notas de prensa de la campaña familiar.
Américo De Grazia, conocido activista político del estado Bolívar, exdiputado y preso político recientemente liberado, se sumó a la denuncia a través de su cuenta en X y en varios posteos insiste en que a Carmelo y a Daniel “los encarcelaron hace dos años para robarles Bancamiga y condenarlos a muerte”, con el objetivo de “favorecer las mafias de José Simón Elarba, dueño de Fospuca”. Según él, el no menos polémico Elarba “utilizó de office boy a Alexander Granko para extorsionar a los hermanos De Grazia” y quedarse con el banco de mayor crecimiento del país en los últimos años.
Nada justifica la arbitrariedad ni la violación a los derechos ciudadanos, pero cuando se revisan los antecedentes de esta historia no resulta muy justo con los verdaderos presos políticos —esa gente que arriesgó su integridad por la democracia— que se incluya junto a ellos el caso de los De Grazia, puesto que el suyo es, en realidad, un ejemplo de instrumentalización de la justicia venezolana para un pase de factura entre grupos económicos que han hecho cuantiosas fortunas gracias a sus relaciones con ese mismo poder que hoy los castiga sin misericordia alguna. Y no es el único: el de César Omaña es otro ejemplo. Pero vamos por partes.
Los De Grazia: de la cumbre al foso
Contra los hermanos Daniel, Levin y Carmelo De Grazia se libró una orden de captura en abril de 2024. El domingo 21, el diario Últimas Noticias informó que habían sido detenidos por el Cicpc el viernes 19 y que serían imputados por los delitos de traición a la patria, provecho o distracción de dinero, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
No está muy claro cómo lo hizo, pero Levin De Grazia logró escapar. Según versiones, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario y, con la complicidad de sus custodios, habría orquestado la fuga. Lo que sí ha sido profusamente documentado es que los De Grazia formaban parte del elenco protagónico de la trama “Pdvsa-Cripto”, la misma que produjo la caída en desgracia de Tarek El Aissami y del conocido testaferro y operador financiero Samark López.
Y Bancamiga estaba en el centro del tinglado. Al momento de su captura, los parientes del político opositor Carmelo De Grazia eran socios, directivos y caras visibles del banco, una entidad que tuvo un crecimiento explosivo a partir del año 2015, cuando suscribió una inyección de recursos que aumentó su capital de 3,5 millones de dólares (para la época) al equivalente a 25,5 millones de dólares.
Ese año se incorporó a la sociedad José Chacín Bello, primo de Samark López. Esto lo cuenta un reportaje de ArmandoInfo: “Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo De Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%)”.
Bancamiga no fue el estreno de los De Grazia en el mundo de la banca y las finanzas. Más bien fue la consecuencia de un negocio muy rentable. El patriarca del clan, Palmerino De Grazia, fundó en Upata, estado Bolívar, el restaurante La Fontana, cuya tradición mantuvieron los hijos y además la expandieron con proyectos gastronómicos de éxito en Miami, del cual quizás sea Bocas Grill el más conocido gracias a la promoción de ciertos “influencers”.
La lista de establecimientos en Florida la completan La Fontana, Francisca, Kitchen of the World y Laborejo. En algún momento, por supuesto, tras ese crecimiento capitaneado por Levin De Grazia, fueron señalados por el dedo público —aunque sin pruebas concretas— de haber activado una lavadora gastronómica.
En al menos un par de reportajes de ArmandoInfo se cuenta que en septiembre de 2014 la actividad de los hermanos en Estados Unidos disparó una alarma en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN): “los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank, en Nueva York, advertían sobre unas ‘transferencias no transparentes’ por 200 millones de dólares desde la casa de valores Intersecurities International Inc., en Panamá, a un pequeño banco en Barbados, Continental Bank”. La cosa, en ese momento, no pasó de allí.
Pero la firma Intersecurities pertenecía a los De Grazia. Lo mismo que otro pequeño banco en un paraíso fiscal: el Compass Bank, fundado en 2013 en la isla de Dominica.
Carmelo y Daniel De Grazia eran —de acuerdo con las investigaciones de ArmandoInfo— socios y directivos de Intersecurities, pero fue a través del Compass Bank con el que hicieron los mayores negocios en un esquema de triangulación en el que participaban, entre otros, El Aissami y su testaferro Samark López, quien además era el verdadero capital detrás de Bancamiga.
De acuerdo con Últimas Noticias, “al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior; todo en coordinación con Samark López y El Aissami”; y “Bancamiga operaba como custodio de las divisas de aquellos empresarios que estaban interesados en hacer trámites con Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando era dirigida por el exfuncionario Tareck El Aissami”.
El mecanismo es complejo y con diversas aristas. Para tener una idea, ayuda esta cita de ArmandoInfo: “Compass Bank sirvió de canal para conducir fondos a Pdvsa que, de otra manera, la corporación no tenía cómo recibir por efecto de las sanciones internacionales. Aunque todo tenía un precio: una porción del dinero que pasaba por las bóvedas del banco caribeño se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, además de a El Aissami, a otros involucrados; los De Grazia y el propio Samark López entre ellos”.
En ese esquema de los “otros involucrados” estaba Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
¿Y Bancamiga? Volvamos a citar a ArmandoInfo para aproximarnos al manejo del dinero: “cuando los barcos cargueros con petróleo venezolano llegaban a China, el comprador del país asiático pagaba con USDT (una criptomoneda) o en dinero en efectivo. Los fondos, luego, eran recibidos por ‘diez cambistas’, entre los que se encontraba Bancamiga”.
Esos fondos “luego pasaban a una cuenta en Compass Bank & Prime Trust con un costo de operación del 8%”.
“El cierre de cada transacción correspondía al momento en que, como describen los documentos y las fuentes consultadas, ya había finalizado el recorrido del dinero de Pdvsa que partía desde sus cuentas en Bancamiga y seguía a otras cuentas, por lo general en Asia, de intermediarios de servicios petroleros de transporte y comercialización. Desde allí comenzaban los esquemas más imbricados, que incluían la conversión a criptoactivos en distintos países, como Estados Unidos, y finalmente al Compass Bank, donde se descontaban las comisiones correspondientes”.
La consecuencia de estas operaciones se puede describir de manera simple: reparto de comisiones para los De Grazia, Samark López, Joselit Ramírez y una cuantiosa pérdida para Pdvsa. “Ocurrió de esa manera al menos desde 2017, hasta que un buen día a la justicia chavista le dio por poner los ojos sobre los hermanos De Grazia y Samark López Bello”.
La trama Pdvsa-Cripto es tan gigantesca que podría decirse que, pese al papel desempeñado por los De Grazia, su protagonismo habría sido durante una etapa en la que pareciera haberse activado un intento por centralizar un caótico saqueo de la petrolera. Recordemos que reventó oficialmente en 2023, cuando se dio a conocer la “desaparición” de al menos 3 mil millones de dólares en cuentas por cobrar por la venta de crudo venezolano en esquemas que burlaban las sanciones impuestas por Estados Unidos.
A partir de ahí empezaron incontables detenciones de gente vinculada a Pdvsa, a la Sunacrip, testaferros y empresarios. Y, por supuesto, se dio la curiosa situación de El Aissami.
En 2024 le tocó el turno a Daniel, Levin y Carmelo De Grazia, los directivos de Bancamiga, institución que meses después de la captura de los hermanos pasó a manos del cuestionable José Simón Elarba, quien, como ya dijimos, ahora es acusado afanosamente por el dirigente político Américo De Grazia, primo de los detenidos.
Entonces, ¿de verdad son presos políticos? Si bien es cierto que hay un evidente componente de arbitrariedad en su caso, la calificación de presos políticos —hay que decirlo— les queda grande.
Omaña, médico y doble agente
Hace pocos días, en la última semana de marzo, un canal de noticias transmitió la imagen de Alfonso Omaña denunciando desde la sede del Foro Penal las injusticias cometidas contra su hijo César Omaña Alcalá, quien lleva 19 meses detenido en el Rodeo I. Su padre, atribulado y de pocas palabras, aseguraba que se le ha negado el derecho a contar con abogados privados, que ha estado “castigado sin derechos” y que, además, no se le permite la posibilidad de beneficiarse de la Ley de Amnistía.
Sobre el doctor César Omaña se dice también que ha sido torturado, que su estado de salud es delicado y que a principios de julio de 2025 corrió el rumor de que había muerto en custodia.
¿César Omaña, detenido en junio de 2024, es un preso político? Podría decirse que es una víctima del mismo poder del cual se benefició, pero apuntarlo en la lista de activistas por la democracia o de los detenidos por defender el voto es cuestionable.
En su condición de cirujano estético, César Omaña llegó a ser un personaje conocido en ciertos ambientes de la farándula local. Era la figura estelar de The Drip Clinic Caracas, un centro médico especializado en estética, en cuyo Instagram hay imágenes de gente como el futbolista Tomás Rincón, el reguetonero Xavi Devine, el cantante Juan Miguel, la modelo Karlis Romero, el actor José Ramón Barreto y Osmel Souza.
Más allá de la farándula, a César Omaña Alcalá se le vincula con otros asuntos y personajes. Entre las muchas historias que corren, la periodista Sebastiana Barráez apunta en una nota publicada en Infobae el 10 de septiembre de 2023 la que habría de dar pie al fin de la buena fortuna del médico oriundo de Cojedes.
En ese texto, Barráez cuenta que todo pasa por la figura del general Iván Hernández Dala en sus días como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Hernández Dala terminó perjudicado por la caída de Tarek El Aissami que, según su versión, fue orquestada por Jorge y Delcy Rodríguez, junto a Diosdado Cabello y el Sebin, y a espaldas del general, quien poco o nada pudo hacer para prevenir al entonces ministro de Petróleo.
La jugada contra El Aissami dejó a Hernández Dala tambaleando. Y la situación terminó también por jugar contra César Omaña. ¿Por qué?
A Omaña se le ha identificado como una especie de doble agente al servicio directo de Hernández Dala —sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos— y que se habría infiltrado en la oposición, concretamente muy cerca de Leopoldo López.
Esto nos lleva a la llamada Operación Libertad, que tenía como centro una gran protesta nacional apoyada por funcionarios que se voltearían al gobierno de Nicolás Maduro y que estaba planificada para el 1 de mayo de 2019, pero que fue adelantada por Leopoldo López en la mañana del 30 de abril y “que finalmente solo sirvió para que el entonces jefe del SEBIN, general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, dejara en libertad al líder de VP, mientras varios comandantes y subalternos militares del 30A terminaron presos o en el exilio”.
El doctor Omaña sería —de acuerdo con la versión de Barráez— el encargado de financiar al movimiento que fracasó rotundamente y nos dejó aquellas imágenes en la autopista frente al aeropuerto de La Carlota y la curiosa foto de un guacal de plátanos en el distribuidor Altamira. “Todos los militares que participaron en la Operación Libertad y que huyeron hacia Colombia, Perú, Chile y El Salvador recibían ayuda económica de Leopoldo López, a través de César Omaña”, escribió la periodista. ¿Y de dónde salía el dinero? De Hernández Dala.
Además de este singular papel de doble agente, a Omaña se le señala de haber fungido como testaferro del jefe de la DGCIM —quien además era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial— en sus múltiples negocios, incluyendo la clínica de estética.
El mismo Cristopher Figuera, desde el exilio, ha dicho que el dinero de Hernández Dala financiaba a parte de la oposición. También ha asegurado que fue Omaña quien lo ayudó a escapar a Colombia y que formó parte de un equipo que asistió en el escape de Iván Simonovis a Estados Unidos, algo confirmado posteriormente por Diosdado Cabello a partir de un video que lo muestra en una lancha que habría recogido al comisario en su huida en mayo de 2019.
Un reportaje publicado en 2018 por ArmandoInfo y titulado “Bonnie, Clyde y el doctorcito de las importaciones agrícolas” lo ubica en otro contexto anterior: en un entramado de al menos 70 empresas registradas en Estados Unidos, Panamá y Venezuela en las que participaba junto a la pareja conformada por Adolfo Navas y Mariela Pereira y que hacían jugosos negocios de importación de productos químicos para el agro, en conexión con Agropatria, la empresa estatal surgida tras la expropiación de Agroisleña.
“El intermediario para ello había sido César Omaña…”, sostiene ArmandoInfo, y agrega que Omaña y Figuera fueron quienes buscaron al líder de Voluntad Popular en la madrugada del 30 de abril y lo trasladaron a la autopista Francisco Fajardo. Inmediatamente después, Omaña habría partido a resguardarse en Miami.
Pero en su texto en Infobae, Sebastiana Barráez asoma algo más: Omaña y Hernández Dala planificaron en la DGCIM el fracaso de la Operación Libertad.
Estos escenarios cruzados sustentan la “fama” del doctor Omaña como “el súper espía de Maduro”, el doble agente que perdió el respaldo del poder cuando Iván Hernández Dala fue apartado del círculo de la pareja presidencial y compensado luego con la presidencia de Cantv en noviembre de 2024.
En el chavismo, el castigo para los suyos siempre es el peor. Lo saben los militares presos. Lo sabe él. Y lo saben los hermanos De Grazia.