De acuerdo con su mandato y por solicitud del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el jueves 12 de marzo de 2026 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su informe oral de actualización sobre su labor y los hallazgos de la investigación a partir de septiembre de 2025.
El órgano también presentó la renovación de su equipo de expertos: Alex Neve y María Eloísa Quintero entraron en sustitución de Francisco Cox, Patricia Tapatá y Marta Valiñas. Los acompañaron la investigadora Pamela López-Ruiz y Connie Pedersen, coordinadora que suple a Antonio Menéndez.
En este encuentro 29 de la 61ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la experta Quintero calificó este período de cambios en Venezuela como “un período de incertidumbre”, el cual separaron en dos fases: la primera, desde septiembre hasta diciembre de 2025; y la segunda, a partir de enero de 2026.
Septiembre a diciembre de 2025
La Misión registró que durante este período ocurrieron 135 presuntas detenciones arbitrarias. Un tercio de estas personas son familiares de los objetivos principales de la detención. Entre los detenidos hay ocho menores de edad.
El órgano también registró tres muertes bajo custodia del Estado. Estas pudieran derivarse de las condiciones de los centros de detención, así como del agravamiento de las condiciones de salud tras no ser atendidas de manera oportuna y adecuada.
Conclusión inicial de este período: las autoridades venezolanas continuaron aplicando la política estatal de represión.
Estados Unidos
La Misión reiteró que el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero de 2026, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como en la muerte de 80 militares y dos civiles, violó el derecho internacional al no justificarse la intervención militar estadounidense.
La presidencia de Delcy Rodríguez
Sobre esta segunda fase, que comenzó el 3 de enero de 2026, la Misión considera como acciones positivas y alentadoras el proceso de excarcelaciones masivas de presos políticos y la ley de amnistía para la convivencia democrática.
Sin embargo, el órgano precisó que, conforme a la información recabada, al menos 87 personas han sido detenidas en lo que va de año. Asimismo, advirtió que las cifras oficiales de personas encarceladas y excarceladas todavía no pueden ser corroboradas. Al menos 76 personas son extranjeras o de doble nacionalidad.
A propósito del impacto que supone tener a un familiar detenido, la Misión mencionó que este impacto afecta de manera desproporcionada a las mujeres familiares, muchas de las cuales han esperado durante semanas a las afueras de los centros de detención en busca de información y de la libertad de su familiar detenido.
En cuanto a la ley de amnistía, la Misión expresó que su alcance es “arbitrariamente restrictivo”, dado que la ley no establece una amnistía general, sino que se limita a delitos vinculados a algunos acontecimientos sin contemplar investigaciones independientes para la búsqueda de la verdad.
Además, el órgano considera que la ley fue adoptada en un plazo acelerado, sin un proceso consultivo, transparente e inclusivo, y resalta que la ley no reconoce a las víctimas como tales ni la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos.
La represión intacta
La maquinaria institucional y legal que ha servido para la persecución política se mantiene en vigor. Asimismo, las estructuras y alianzas de los funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel —identificados por la Misión en informes anteriores— se mantienen sin indicadores de cambios o reformas estructurales, sino que mutan en un intento de adaptarse a las nuevas realidades para mantener el poder.
La Misión también confirmó que los grupos civiles armados denominados “colectivos” siguen operando.
La representación de Venezuela sigue sin reconocer a la Misión
Yeferson Forero Prada, representante de Venezuela, responsabilizó a la Misión de una campaña internacional de desprestigio “que abrió las puertas a que el pasado 3 de enero Venezuela sufriera una agresión militar que resultó en el asesinato de civiles y militares, múltiples heridos y la destrucción de infraestructura vital”. Forero lamentó que el pronunciamiento de la Misión ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela se haya producido dos meses después.
Del representante venezolano no faltaron las descalificaciones de “seudo” e “irrita” hacia el órgano, tampoco las definiciones erradas de sus investigaciones, las cuales calificó como “negocio político” y “financiamiento de una narrativa de agresión permanente”. Forero afirmó que el presupuesto de la Misión es de 10 millones de dólares anuales y que “el pueblo de Venezuela se encuentra en paz”.
El diálogo interactivo
Posterior a la actualización de la experta Quintero y la participación de Forero, tomó la palabra la delegación de Canadá (en nombre de varios países) y reiteró la importancia del mandato de la Misión, pues persisten las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El diálogo interactivo continuó el viernes 13 de marzo de 2026 con la participación de los 43 países oradores restantes. Destacó la intervención de Islandia, la Unión Europea y Luxemburgo (en nombre de un grupo de países), quienes insistieron en la importancia de la independencia judicial para cumplir con las obligaciones de Venezuela en materia de derechos humanos. Asimismo, condenaron la represión, señalaron las fallas de la ley de amnistía, cuestionaron la poca voluntad para la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y reiteraron su apoyo a la sociedad venezolana.
A estos llamados se sumaron Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, único país que fue interrumpido por la representación venezolana al solicitar un punto de orden por uso de lenguaje irrespetuoso cuando el representante argentino llamó “régimen de Maduro” al gobierno venezolano.
Argentina también reiteró la importancia de apoyar el principio de no indiferencia de los Estados y exigió la liberación del preso político argentino Germán Giuliani. De la misma manera, Perú exigió información y liberación sobre una ciudadana peruana que permanece detenida, reconfirmó la liberación de ciudadanos peruanos y la urgencia de que Venezuela retome la línea constitucional.
Por su parte, China (en nombre de un grupo de países), Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba, entre otros aliados, destacaron que el ataque del 3 de enero fue una acción injerencista y hostil de Estados Unidos para violentar la soberanía de Venezuela. Asimismo, sostuvieron que los informes emitidos por la Misión no cuentan con consentimiento y que se trata de resoluciones selectivas con motivaciones políticas.
El vecino Colombia expresó optimismo ante algunos avances positivos por parte del gobierno venezolano, mientras que Brasil pidió respeto al principio de no intervención y recordó las sanciones coercitivas unilaterales. México señaló que existen otros mecanismos internacionales para velar por la protección de los derechos humanos, y República Dominicana instó a que continúen los esfuerzos venezolanos para cumplir no solo con las obligaciones en materia de derechos humanos, sino también con los derechos civiles, políticos y económicos.
Las instituciones venezolanas de derechos humanos advirtieron que la ley de amnistía no cumple los estándares internacionales, pues estas decisiones recaen en las mismas autoridades que mantienen las encarcelaciones. Asimismo, denunciaron que prevalece el sistema de persecución y advirtieron que no aceptan hechos simulados de reinstitucionalización. Llamaron a la reconstrucción de la vida democrática mediante un proceso electoral confiable y a la reparación de las víctimas.
Mención especial hizo la Organización Mundial contra la Tortura: las mujeres que permanecen a las afueras de los centros de detención son estigmatizadas por las fuerzas de seguridad y han convertido estos espacios en puntos de resistencia y precariedad.
La Next Century Foundation cuestionó la incautación de supuestos barcos fantasmas en aguas internacionales.
Observaciones finales de la FFM
Para cerrar el encuentro 30, el experto de la Misión, Alex Neve, aclaró a la representación de Venezuela que el presupuesto del órgano no es de 10 millones de dólares, sino de 2,6 millones en 2025 y un gasto de un millón ese mismo año.
Neve también reiteró que el pronunciamiento de la Misión ante el ataque del 3 de enero no fue dos meses después, como afirmó el representante venezolano Forero, sino ese mismo día a través de un comunicado de prensa.
La Misión sigue investigando
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante su resolución 57/36 del año 2024, extendió por dos años el mandato de la Misión con miras a combatir la impunidad, garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y asegurar justicia para las víctimas. La Misión es un órgano independiente de carácter técnico y apolítico. En octubre de este año se votará la renovación de su mandato.
Así, el órgano continúa identificando mecanismos, patrones, actores y perpetradores, todo lo cual servirá como hoja de ruta para articular cambios y reformas en este “escenario incierto y convulso”. De esta manera, la Misión sigue recibiendo testimonios directos, declaraciones de víctimas y familiares, así como información, documentos e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero de este año.