Para Venezuela, la soberanía popular ha dejado de ser un simple término político para convertirse en el epicentro de una lucha por la supervivencia nacional. El viejo orden global basado en reglas se desgaja frente al retorno de una cruda política de poder, donde las naciones que no logren consolidar su arquitectura institucional interna pueden acabar convertidas en objetos en una dinámica de potencias y áreas de influencia. Para nosotros, los venezolanos, recuperar la soberanía no debe ser un ejercicio de nostalgia ni un obsequio foráneo; debe ser un mandato ético y político que nos exige rescatar nuestro poder como ciudadanos del despotismo interno y reconstruir la República como el instrumento indispensable para preservar nuestra autonomía frente a las complejas dinámicas de poder global.
Soberanía popular y soberanía nacional
En su sentido político moderno, la soberanía es la voluntad de una comunidad ejercida sobre su territorio. Esta no fue un concesión del poder de turno, sino una conquista histórica forjada en el fragor de rupturas y en el equilibrio de logros políticos e institucionales que desplazaron el poder de los monarcas para depositarlo en los pueblos. De allí nacen las nociones de soberanía popular y soberanía nacional: el derecho irrenunciable de cada comunidad a decidir su destino hacia adentro y a ser reconocida como un igual hacia afuera.
Este andamiaje institucional tiene una razón de ser ética: la protección de la dignidad humana. La soberanía popular, en efecto, no es el derecho de una mayoría a oprimir a una minoría, sino el reconocimiento de que la fuente del poder político emana del ciudadano libre. Para que esta soberanía no sea una abstracción o un pretexto para el abuso, debe encarnar en una República bajo el marco de la democracia liberal. Esta es la gramática de la libertad; un orden donde la convivencia se rige por leyes justas que los ciudadanos se dan a sí mismos, destinadas a que el ejercicio del poder respete la dignidad y no vulnere los derechos del individuo.
El gran problema aparece cuando esta arquitectura se resquebraja y el poder se separa de su propósito protector. Cuando la voluntad de la ciudadanía es burlada sistemáticamente y los contrapesos del poder son anulados, la soberanía popular y su expresión nacional se desvanecen. En ese punto, el control del territorio deja de ser un ejercicio legítimo para convertirse en algo equivalente a una ocupación doméstica por parte de una fuerza que somete a la población.
Debemos entender entonces que la soberanía no es un cheque en blanco para el arbitrio del poderoso, sino un mandato condicionado al respeto de los derechos inalienables. Reconocer como «soberanía» lo que en realidad es un dominio de facto basado en la fuerza constituye una claudicación ética: es aceptar que una supuesta soberanía sea utilizada para oprimir al auténtico soberano. Ante la realidad del despotismo, buscar aliados internacionales para la defensa de los derechos fundamentales no representa, por tanto, una renuncia a nuestra autonomía, sino una medida estratégica y legítima para rescatarla. Debemos ser tajantes: la soberanía no se pone en riesgo por solicitar auxilio frente a la opresión; se pierde definitivamente cuando se permite la demolición de la República, que es el único andamiaje capaz de sostenerla.
El orden internacional: la tensión entre reglas y potencias
El orden global contemporáneo se basa en la tensión entre la institucionalidad internacional y la lógica de las potencias. Para comprender esta tensión, es necesario mirar hacia el orden de posguerra nacido en 1945. La creación de la ONU y el desarrollo del derecho internacional representaron un esfuerzo civilizatorio por sustituir la «ley de la selva» por un sistema de reglas comunes que garantizara la paz y la soberanía de las naciones. La arquitectura institucional de la posguerra fue ideada, fundamentalmente, para evitar guerras entre Estados soberanos.
Sin embargo, ese ideal convivió desde su origen con la realidad del orden bipolar de la Guerra Fría. Es fundamental reconocer que este sistema de reglas se fundó integrando a una potencia totalitaria como la Unión Soviética; por lo tanto, el orden internacional nació aceptando la coexistencia con el despotismo interno a cambio de evitar un conflicto global. Durante décadas, el mundo fue un tablero donde las superpotencias dirimían su hegemonía a través de conflictos periféricos y zonas de influencia, utilizando el concepto de soberanía como un muro de no interferencia tras el cual cada bando podía ejercer su dominio.
El fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín parecieron inaugurar una era de unipolaridad donde las reglas democráticas y el comercio global se expandirían sin contrapesos. Desde hace algunos años, sin embargo, la lógica de las potencias ha ido cobrando fuerza impulsada por profundas transformaciones globales. Ello se hizo evidente, aunque no nació en ese momento, cuando la administración de Trump comenzó a actuar abiertamente según esa lógica y Estados Unidos, pieza fundamental del orden multilateral, dejó de ser generador de confianza en el sistema y pasó a convertirse en un actor disruptivo.
Por otra parte, ese sistema de reglas se muestra incapaz de responder ante nuevas amenazas: el auge de autocracias que operan en red, la captura criminal de las instituciones y el uso de la soberanía nacional como un escudo cínico para la opresión interna. Esta insuficiencia actual era, en rigor, una consecuencia previsible de su diseño original: el sistema privilegió la estabilidad entre potencias sobre la integridad democrática dentro de las naciones.
Es en este contexto —en el que los incentivos de las potencias se desbocan y la norma se muestra débil— donde se juega hoy el destino de los países que han perdido su brújula interna. Este es el caso de Venezuela. Al perder su consistencia institucional, el Estado venezolano dejó de ser un sujeto para convertirse en un objeto en la lógica de las potencias. Esa deriva alcanzó su punto de quiebre cuando, ante la inoperancia de las reglas internacionales para enfrentar la realidad autocrática, la lógica del poder puro terminó por imponerse: el aparato estatal fue reducido a un objeto manejado directamente por el gobierno estadounidense tras la captura de Maduro.
Sin embargo, existe una distinción fundamental que el control de facto no puede borrar: aunque el aparato de fuerza ha sido sometido, la titularidad de la soberanía no se transfiere con él. La sociedad —mediante el mandato inequívoco de su voluntad popular— permanece como el único sujeto político latente, cuya legitimidad es la única base posible para reclamar nuestro lugar en el mundo. Por ello, solo la restitución de nuestra arquitectura republicana y democrática nos permitirá recuperar el peso propio necesario para dejar de ser un territorio administrado por otros y volver a ser dueños de nuestro destino en un mundo en transformación.
Un mapa de nuestra crisis política
Para comprender la encrucijada venezolana en el contexto global, es útil cruzar la naturaleza de la legitimidad interna (Soberanía Popular vs. Autocracia) con el marco de actuación mundial (Reglas vs. Lógica de Potencia). Este ejercicio nos revela que la verdadera soberanía nacional solo se alcanza plenamente en la intersección entre el mandato ciudadano y una institucionalidad internacional basada en reglas. Sin embargo, los eventos recientes han situado al país en un lugar tan peligroso como inédito.
Hasta hace poco, Venezuela había sido desplazada hacia el cuadrante del Estado Capturado (IV). En su afán de supervivencia, el régimen no solo aniquiló la soberanía popular, sino que transmutó su naturaleza: dejó de actuar como un gobierno nacional para convertirse en el nodo local de una red global de intereses autocráticos. Al alinearse con Rusia, China e Irán, el régimen sacrificó la autonomía nacional a cambio de una estructura transnacional de protección y extracción. Nuestro territorio se convirtió en un enclave donde convergían potencias iliberales, grupos armados y mafias fácticas en una lógica de resistencia contra la democracia.
Hoy, ante el colapso de esa estructura y la captura de su cabeza visible, la realidad ha dado un giro drástico. Bajo la administración de Donald Trump, Venezuela ha sido reubicada en el tablero como un activo estratégico que debe ser rescatado de la órbita de los rivales globales. Probablemente no había otra forma de acabar con el régimen autocrático, pero es necesario estar plenamente conscientes que, en este escenario de poder puro, el Estado venezolano ha pasado a ser un objeto manejado directamente por el gobierno estadounidense. En contraste, un conjunto de democracias —liderado por la Unión Europea y Canadá— persiste en defender, con escaso éxito, la vigencia de las reglas internacionales, abogando por un orden que proteja los derechos humanos. Venezuela queda así en el centro de una tensión histórica: como un desafío de seguridad hemisférica y como una prueba de fuego para la viabilidad de un sistema de reglas frente al retorno de la pura política de poder.
De esta cartografía emergen tres advertencias fundamentales para desenredar nuestro nudo histórico:
1. El desenmascaramiento del simulacro: El régimen descabezado intenta utilizar cínicamente la retórica del Cuadrante III (soberanía nacional) para reclamar una autonomía que robó internamente. Sin embargo, quienes permanecen en la estructura carecen de agencia real y, por pura supervivencia, terminan supeditados a la voluntad de la administración estadounidense. Debemos ser tajantes: la soberanía no reside en la burocracia remanente, sino, hasta ahora, en el mandato popular del 28 de julio, que sobrevive como la única fuente legítima en busca de sus instituciones.
2. El riesgo de la alianza necesaria: En la «Soberanía en Resistencia» (Cuadrante II), el pueblo busca el auxilio de potencias democráticas para recuperar su libertad. Es un paso estratégico legítimo, pero delicado. El auxilio de una potencia debe ser entendido como el andamio, pero no la casa. Sin una conducción nacional firme y con visión de Estado, el auxilio deriva en un tutelaje permanente. La ayuda externa debe servir para reedificar la arquitectura republicana, no para entregar sus llaves de forma indefinida.
3. La República como único destino: El tránsito hacia la «República Soberana» (Cuadrante I) no es automático ni garantizado por la caída del déspota. Es imperativo reconstruir la arquitectura institucional que devuelva al ciudadano su condición de mandante. Solo una República con instituciones sólidas tiene el peso propio necesario para interactuar con las potencias mundiales sin ser devorada por su lógica de fuerza.
En última instancia, debemos reconocer con realismo que países de nuestra escala enfrentan hoy un desafío doble: luchar por un orden internacional basado en reglas, al tiempo que gestionan su integración en una zona de influencia natural. La gravitación hacia los Estados Unidos es una realidad geopolítica ineludible. El éxito de nuestra soberanía dependerá de nuestra capacidad para participar en ese espacio no como un «activo» rescatado o un territorio subordinado, sino como un socio republicano confiable que fortalece al bloque democrático desde la legitimidad de su propio pueblo.
Restaurando la República Soberana
Este tránsito exige reconocer que la soberanía nacional no es un cheque en blanco para el arbitrio, sino un mandato condicionado al respeto de los derechos inalienables. Si aceptamos que una soberanía que oprime al soberano es solo una cáscara vacía, debemos concluir que nuestra tarea histórica hoy no es la aventura de «refundar» el Estado —un término agotado por la retórica del poder para justificar nuevos desmanes—, sino el compromiso de restaurar la República.
Las ideas que aquí expongo recogen un gran acuerdo civilizatorio y una tradición institucional que, aunque asediada, permanece viva en la aspiración de la mayoría. Para transitar del Estado Capturado a la República Soberana, es posible sintetizar nuestra hoja de ruta en cinco pilares esenciales:
1. Un movimiento social para la restauración republicana. Los venezolanos no podemos depender exclusivamente de los líderes y partidos políticos para la restauración de la República. Esta no es, además, una tarea que deba postergarse hasta después de un evento electoral; es una labor compleja y diversa que debe articularse desde ahora bajo una visión y estrategia compartidas. La lucha por la libertad de los presos políticos constituye, por la vía de los hechos, un hito en la creación de este movimiento. No hay nombre más propicio para esta causa que Movimiento 28J, fecha que marcó el final de la revolución bolivariana mediante un contundente acto de soberanía popular. La gesta ciudadana de ese día es un activo simbólico que debemos preservar, incluso si —como todo indica— fuese necesario acudir nuevamente a las urnas para ratificar nuestra decisión original.
2. La primacía de las instituciones sobre la voluntad del poder. La tragedia venezolana es la historia de la discrecionalidad llevada al extremo. La reconstrucción exige rescatar la impersonalidad de la ley y el Estado de derecho, garantizando que las reglas sean previsibles y los contrapesos efectivos. Sin instituciones sólidas que limiten el ejercicio del poder, cualquier avance será capturado nuevamente por la ambición o la corrupción. Aquí es donde el Movimiento 28J adquiere su propósito de largo plazo: ejercer una vigilancia ciudadana permanente sobre el nuevo poder, asegurando que las instituciones sirvan al ciudadano y nunca más a la voluntad de un hombre o un partido.
3. La base material republicana. La soberanía política es una ficción si no descansa sobre la autonomía económica del ciudadano. Superar el modelo rentista que ha financiado nuestra servidumbre es el diseño de nuestra casa común, pero esta no se construye solo con decretos, sino con una profunda pedagogía ciudadana. El Movimiento 28J debe asumir aquí una campaña permanente de formación y debate sobre la urgencia de separar la riqueza pública del control discrecional del gobernante. La vigilancia social debe extenderse a la gestión de nuestros recursos, exigiendo transparencia radical para evitar que la riqueza nacional vuelva a ser capturada por mafias extractivas. En una República, la economía debe ser el suelo firme que sostenga la libertad individual; sin una ciudadanía formada para defender su propiedad y su derecho al emprendimiento, la «casa» será siempre frágil y terminará habitada por una nueva casta de cazadores de privilegios.
4. Una inserción soberana en el mundo. Como advertimos en nuestra cartografía geopolítica, el apoyo de aliados externos es una herramienta legítima para restaurar la democracia, pero no un fin en sí mismo. Debemos entender con realismo que el auxilio de una potencia es el andamio, pero no la casa. Mientras el régimen se apoyaba en una red de autocracias para saquear el país, nuestro desafío consiste en canalizar el apoyo internacional —y el de Estados Unidos en particular— hacia el fortalecimiento de nuestras propias capacidades institucionales. Esto exige una conducción nacional con objetivos claros: el auxilio debe ser un catalizador de autonomía, no un sustituto de la autoridad legítima. Solo mediante una estrategia que priorice la reconstrucción de nuestras fuerzas de seguridad bajo control civil —algo que todo Estado digno de ese nombre debe hacer—, evitaremos que la ayuda necesaria derive en un tutelaje permanente o en una dependencia estructural que comprometa la libertad recuperada.
5. Hacia una red de democracias en un mundo transaccional. Debemos reconocer que el orden internacional hoy no se mueve por acuerdos universales hoy inoperantes, sino por una cruda lógica de poder y acuerdos asimétricos. En este escenario, nuestra aspiración debe ser el surgimiento de una alianza funcional de democracias donde la gravitación de Estados Unidos sea el eje de seguridad, pero donde países como Canadá, los aliados europeos y latinoamericanos actúen como contrapesos institucionales necesarios. Para Venezuela la meta sigue siendo integrarse en un bloque de naciones que representen la única alternativa frente al modelo de opresión de las autocracias transnacionales.
Este tránsito exige una síntesis entre la urgencia del momento y la solidez de la construcción institucional. Debemos ser capaces de diseñar un Estado que sea, al mismo tiempo, un muro contra el despotismo y un escudo para la libertad ciudadana. La República no es un invento de ocasión, sino el fruto de una voluntad colectiva de ciudadanos que reclaman su derecho a existir con dignidad y su lugar en un mundo que no espera por nadie.