Durante años, Venezuela ha vivido una paradoja económica: un país con enormes recursos naturales y ubicación estratégica, pero progresivamente aislado de los principales circuitos del comercio internacional. Ese aislamiento no fue accidental. Fue el resultado de decisiones políticas que privilegiaron alianzas ideológicas sobre la integración económica real y que terminaron debilitando la capacidad productiva del país. Si un futuro gobierno encabezado por María Corina Machado logra iniciar la reconstrucción institucional y económica del país, una de las decisiones más importantes será, sin duda, la definición de una nueva política comercial.
La política comercial no es un asunto técnico reservado a especialistas. Es, en esencia, una decisión estratégica sobre cómo un país se inserta en el mundo. Define qué mercados se priorizan, qué industrias se protegen o se exponen a la competencia internacional y qué incentivos se crean para atraer inversión y generar crecimiento. En el caso venezolano, después de años de aislamiento, la prioridad debería ser clara: reconstruir la credibilidad internacional del país y abrir oportunidades reales para diversificar su economía más allá del petróleo.
El punto de partida, paradójicamente, no es tan desfavorable como podría pensarse. Venezuela sigue siendo miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el principal foro multilateral que regula el comercio global. Aunque la participación venezolana en ese organismo se ha reducido notablemente durante los últimos años, la pertenencia a la OMC ofrece ventajas importantes. Entre ellas, el acceso no discriminatorio a mercados internacionales y la posibilidad de utilizar mecanismos de solución de controversias cuando los intereses comerciales del país se vean afectados.
De hecho, Venezuela ya utilizó con éxito esos mecanismos en el pasado. Uno de los casos más conocidos fue la disputa sobre la gasolina reformulada exportada por Petróleos de Venezuela hacia Estados Unidos, donde el país logró demostrar que existía un trato discriminatorio en el mercado estadounidense. Ese episodio mostró algo fundamental: incluso países de tamaño medio pueden defender sus intereses comerciales cuando participan activamente en instituciones multilaterales.
Por eso, abandonar la OMC no parece una opción sensata. A pesar de las tensiones actuales dentro del sistema comercial global —incluyendo el creciente unilateralismo comercial de algunas potencias— el organismo sigue siendo un espacio clave donde los países pequeños y medianos pueden equilibrar las reglas del juego. Incluso administraciones críticas del sistema multilateral, como la del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, nunca consideraron seriamente abandonar la organización. El multilateralismo comercial puede estar bajo presión, pero sigue siendo indispensable.
El verdadero dilema para Venezuela pasa por identificar la manera más conveniente y eficaz de reintegrarse al mundo sabiendo que esa decisión determinará en buena medida los grados de libertad de su política comercial e industrial. Aquí se presentan tres caminos posibles.
El primero sería intentar reincorporarse plenamente al Mercosur, del cual Venezuela fue suspendida en 2017 por incumplir su cláusula democrática. El bloque —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— es una unión aduanera que aplica un arancel externo común y busca coordinar políticas comerciales entre sus miembros.
En teoría, esta integración permitiría a Venezuela acceder a un mercado ampliado y participar en cadenas de valor regionales. Sin embargo, la experiencia del Mercosur también muestra limitaciones. El comercio intrabloque sigue siendo relativamente bajo, apenas alrededor del 10% del comercio total del bloque, muy por debajo de otras experiencias de integración como la Unión Europea. Además, el modelo del Mercosur implica una compleja arquitectura normativa, altos niveles de protección para ciertos sectores industriales y una política comercial común que reduce la flexibilidad de los países miembros.
Una segunda opción sería el retorno a la Comunidad Andina (CAN), de la cual Venezuela fue miembro fundador hasta su salida en 2006. Durante décadas, ese bloque —integrado hoy por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia— fue el principal destino de las exportaciones no petroleras venezolanas.
La CAN, aunque menos ambiciosa que otros esquemas de integración, tiene una ventaja significativa: ha logrado avances concretos en normas supranacionales, movilidad laboral y facilitación del comercio. Para los exportadores venezolanos —especialmente pequeñas y medianas empresas— los mercados andinos podrían volver a ser un espacio natural de expansión.
Además, existe un elemento adicional que podría resultar decisivo. Los países de la Comunidad Andina tienen acceso privilegiado al financiamiento de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una de las principales fuentes de recursos para proyectos de infraestructura en la región. Para un país que necesitará reconstruir carreteras, puertos, redes eléctricas y sistemas de transporte, ese acceso a financiamiento competitivo podría ser un incentivo poderoso.
Pero existe también una tercera alternativa, más radical: seguir una estrategia de apertura comercial independiente similar a la adoptada por Chile desde finales del siglo XX. El modelo chileno se basa en aranceles bajos y uniformes, gran transparencia regulatoria y una red extensa de acuerdos comerciales bilaterales con decenas de países.
Ese enfoque ha convertido a Chile en una de las economías más abiertas del mundo y ha permitido integrar al país en múltiples cadenas globales de valor. Sin embargo, también tiene sus costos. Una apertura tan amplia reduce la capacidad del Estado para proteger industrias nacientes o implementar políticas industriales activas. En otras palabras, el modelo chileno privilegia la eficiencia del mercado sobre la protección estratégica de sectores productivos.
La decisión que enfrente Venezuela, por tanto, no será simple. Cada uno de estos caminos implica ventajas y riesgos distintos. Integrarse al Mercosur podría facilitar vínculos con las mayores economías del Cono Sur, pero con menos flexibilidad. Regresar a la Comunidad Andina permitiría reconstruir vínculos comerciales históricos y acceder a financiamiento regional clave. Adoptar un modelo de apertura independiente ofrecería mayor libertad de acción, aunque con menor protección para sectores industriales locales.
Más allá de la opción elegida, lo verdaderamente importante será el objetivo final. La política comercial venezolana no puede seguir siendo una herramienta ideológica ni un instrumento de improvisación política. Debe convertirse en un pilar de una estrategia de desarrollo orientada a la competitividad, la diversificación productiva y la atracción de inversiones.
Durante demasiado tiempo, el petróleo permitió disimular los errores de política económica. Esa etapa terminó. La Venezuela del futuro tendrá que competir en el mercado internacional como cualquier otro país: ofreciendo productos de calidad, reglas claras y estabilidad institucional.
La reconstrucción económica del país no dependerá únicamente de la política comercial. Pero sin una estrategia clara de inserción internacional, cualquier intento de recuperación será incompleto. El desafío, en definitiva, no es solo volver al mundo, sino hacerlo con una visión estratégica que permita transformar la apertura económica en crecimiento sostenido y prosperidad duradera.