Memoria y olvido: ¿cómo Venezuela se ha enfrentado a su pasado?

El gobierno anunció el cierre y transformación de El Helicoide, el principal centro y símbolo de tortura y represión en Venezuela, para convertirlo en un centro deportivo, social y cultural, en nombre de la “felicidad y el bienestar social”. La práctica de desaparecer, transformar y llevar al olvido monumentos, espacios y símbolos que han causado dolor en el país no es algo nuevo, es una práctica arraigada en nuestra cultura política sobre cómo Venezuela ha gestionado su pasado.

Como sociedad, hemos experimentado transiciones de diversa naturaleza, así como períodos marcados por la represión, la persecución política, los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en esos procesos, la reconciliación, el consenso y el conflicto han sido gestionados de maneras particulares. A diferencia de otros países de la región, el Estado venezolano no consolidó una arquitectura institucional orientada a producir mecanismos de memoria tras ciclos de violencia política. Surgen entonces preguntarse: ¿cómo nos relacionamos con la memoria y el olvido?, ¿qué hemos decidido recordar y qué hemos preferido olvidar como país?

En este sentido, conviene realizar un repaso histórico de aquellos momentos en los que memoria y olvido entraron en tensión como condiciones para avanzar en el futuro nacional.

“Quien en política no olvida, no vence”, exclamó Cecilio Acosta en el siglo XIX^[1]. Décadas más tarde, tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el poeta Andrés Eloy Blanco pronunció un discurso en el que invitaba a clausurar el tiempo de la opresión: “lancemos los grillos al mar… Hemos echado al mar los grillos en nombre de la patria. Y enterraremos los de La Rotunda. Será un gozo de anclaje en el puerto de la esperanza, o de romper el ancla para la navegación del pueblo…”. En aquellas imágenes se condensaba una expectativa recurrente en la cultura política venezolana: para avanzar, es necesario desprenderse del peso del pasado. Esa idea no quedó solo en el plano simbólico. En los primeros meses posteriores a la muerte de Gómez, Eleazar López Contreras, en una alocución anunció el cierre de La Rotunda, el principal centro de reclusión política y la liberación de los presos políticos. Y así fue, el 2 de enero de 1936 apareció en Gaceta Oficial Nº 18.843 el decreto que ordenaba la demolición del “edificio destinado a la cárcel pública, situado en esta ciudad [Caracas] en la calle Sur 2, entre las esquinas de la Cárcel y Hospital, conocido con el nombre de La Rotunda”. Y dando instrucción de construir en su lugar una plaza pública que se denominaría Plaza de la Concordia, esto como símbolo de unificación nacional para “los futuros destinos de la República”. Un mes después, el 1º de febrero de 1936, fueron arrojados al mar los grillos con los que Gómez había torturado a los presos políticos^[1].

Este mismo destino lo tuvo la cárcel de Las Tres Torres de Barquisimeto, que desde 1908 sirvió como centro de reclusión y tortura para los opositores del régimen de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Por sus celdas estuvieron José Rafael Gabaldón, Pío Tamayo, Alcides Losada, entre muchos otros más. Y en 1946, fue demolido por orden del gobernador Eligio Anzola Anzola^[2].

Estos cambios y gestos de olvido para avanzar hacia un futuro no detuvieron las detenciones por razones políticas en los años subsiguientes. Entre los rezagos del gomecismo se encontraba la cárcel de El Obispo, cuya construcción se había iniciado en 1926 en lo alto del cerro caraqueño del Guarataro, pero que no comenzó a utilizarse sino hasta 1936, a raíz de la demolición de La Rotunda. A partir de entonces funcionó como centro penitenciario para presos políticos durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Por allí pasaron Rómulo Betancourt, Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor, Jóvito Villalba, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, Capitán Bonet, Rodolfo José Cárdenas, Martín Rangel y muchos otros dirigentes políticos de la época^[3].

Con el pasar de los años, esta cárcel fue utilizada también por el dictador Marcos Pérez Jiménez, que, tras su caída, también fue ordenada su demolición: “a partir de mayo de 1958, comenzará la demolición de la cárcel de El Obispo. Cuando el martillo mecánico caiga sobre los muros y las garitas, habrá desaparecido una de las cárceles que junto con la Rotunda y los edificios de Seguridad Nacional en El Paraíso y la Avenida México, han constituido los centros de injusticias y peligros más grandes de Venezuela”, relataba José Rafael Machado, mejor conocido como Juan Vené para la revista Élite^[4].

Pero es hasta enero de 1959 cuando se hace efectiva. El dirigente político Rafael Caldera, acompañado del entonces presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Sanabria, y otros dirigentes, dieron el primer picotazo^[5], demoliendo el recinto por completo. Del mismo modo, la sede principal de la Seguridad Nacional, principal centro de torturas y reclusión bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez, en la Plaza Morelos de Caracas, fue demolido y en su lugar se erigió el Hotel Hilton Caracas, luego nombrado Hotel Alba en chavismo.

Otro de los centros de reclusión más conocidos de la época de dictadura, fue la de la isla Guasina, en Delta Amacuro, que funcionó como campo de concentración desde la época de Eleazar López Contreras y que fue clausurado por razones de salubridad en el gobierno de Isaías Medina Angarita. Sin embargo, entre 1951 y 1952, la dictadura de la junta militar de Marcos Pérez Jiménez, utilizó Guasina para confinar, torturar y someter a líderes y militantes de partidos de oposición, principalmente de Acción Democrática (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Este centro de reclusión fue clausurado por la presidencia de Marcos Pérez Jiménez.

Estos casos se encuentran entre los más emblemáticos de la represión política en la Venezuela de la primera mitad del siglo XX, sin embargo, así como estos lugares, muchos otros tuvieron el mismo destino, como la cárcel Modelo de Caraca, que también fue clausurada y demolida.

Tras la caída de la dictadura el 23 de enero de 1959, las fuerzas democráticas firman el Pacto de Puntofijo, que para el escritor e historiador Diego Bautista Urbaneja, buscaba remediar y evitar la repetición de los intentos de democratización de 1945-1948, sobre todo en un contexto donde la democracia aún era incierta, el rol de las Fuerzas Armadas era una incógnita, al igual que el respaldo que pudiese tener la élite económica y de la Iglesia con el nuevo sistema. Por lo que predominó durante los siguientes años la minimización del conflicto y maximización del consenso entre las élites políticas^[1].

            La predominancia de estas características, en pro de la democracia en Venezuela, privilegió garantías de inclusión y cooperación entre élites como mecanismo de supervivencia democrática, desplazando la cuestión de la responsabilidad por el pasado autoritario.

Del mismo modo, para el contexto histórico en el que ocurrió este paso a la democracia, el lenguaje político de la memoria, tal como hoy lo conocemos, simplemente no existía. Las categorías de “justicia transicional”, “derecho a la verdad” o “políticas públicas de memoria” emergieron décadas más tarde, en los años setenta y ochenta, al calor de las transiciones del Cono Sur e inclusive en Alemania, es decir, para el momento de nuestra transición a la democracia, estos términos no estaban difundidos ni tenían la preponderancia que tienen actualmente o en el momento de su expansión^[2]. Es importante resaltar que la memoria como parte del proceso político comienza a surgir a raíz de los regímenes totalitarios del siglo XX, quienes revelaron la posibilidad de la supresión de la memoria en las sociedades^[3], convirtiendo el olvido en un instrumento deliberado de control político orientado a la consolidación del poder. A partir de este momento es que empiezan a elaborarse las ideas y acciones hacia la creación de instrumentos de justicia transicional, reparación y memoria.

Es por ello, que, tanto por lo explicado anteriormente como por el momento histórico de nuestra transición, es que el modelo venezolano no se estructuró sobre la memoria ni sobre la justicia retrospectiva. Su eje fue, más bien, la estabilización institucional y la ampliación gradual de la inclusión política. En ese marco, la responsabilidad penal por los crímenes del pasado no ocupó el centro del nuevo pacto democrático; sino que lo hizo la necesidad de garantizar gobernabilidad y evitar el retorno del conflicto. Esto marcó inevitablemente el ritmo de la democracia venezolana.

Más allá de este paradigma que determinó en buena medida el actuar político de esos años, también durante el periodo democrático hubo episodios que no se esclarecieron y hechos que no se reconstruyeron para buscar justicia. Uno de los casos más emblemáticos fue el Caracazo, durante el cual ocurrieron graves violaciones a los Derechos Humanos, con reparaciones tardías e insuficientes, cifras y disparidad de datos sobre las víctimas, exhumaciones fallidas o impedidas. No generó políticas de no repetición, ni comisiones de la verdad eficientes.

La falta de un reconocimiento claro y sostenido por parte del Estado contribuyó a fragmentar la memoria colectiva sobre estos hechos, lo que provocó que con el tiempo  estos hechos se distorsionaran y se polarizaran entre distintos sectores de la sociedad ^[1] . Donde incluso a partir de este hecho se utilizó como narrativa para desmontar el sistema democrático y entenderlo incluso como parte de la insurrección militar que posteriormente ocurrió en 1992 y que posteriormente fue manipulado y tomado por el movimiento chavista, casi como uno de sus mitos fundacionales^[2].

Con la llegada al poder del chavismo a finales de la década de 1990, los procesos de memoria y olvido en Venezuela adquirieron un carácter profundamente partidizado y politizado. Durante las primeras décadas del chavismo, este comenzó a construir una narrativa selectiva sobre el pasado reciente, enfatizando ciertos recuerdos, para romper con lo que se denominaba el “viejo régimen”. Mientras invisibilizaba, minimizaba o reinterpretaba episodios que podían cuestionar la legitimidad del nuevo proyecto político, a medida que buscaba borrar la simbología y memoria democrática. Durante el proceso bolivariano se produjeron múltiples intervenciones sobre los símbolos, los relatos y los espacios públicos del país. Cambios en la bandera y el escudo nacional, reinterpretaciones de figuras históricas, así como la modificación de nombres de plazas, calles y avenidas formaron parte de una estrategia orientada a reconfigurar el imaginario nacional. A ello se sumó la incorporación de nuevas fechas al calendario político y la promoción de una lectura específica de acontecimientos recientes, como los acontecimientos del 11 de abril de 2002, el Caracazo o los intentos de golpe de Estado en Venezuela de 1992.

Además, mediante el uso intensivo del aparato comunicacional del Estado (las cadenas obligatorias de radio y televisión) se impulsó una narrativa oficial del denominado proceso bolivariano. Paralelamente, las presiones, restricciones y mecanismos de censura sobre medios de comunicación y, posteriormente, sobre el espacio digital, contribuyeron a consolidar un entorno en el que se buscaba orientar la memoria colectiva hacia una versión dominante del pasado reciente.

Con el paso de los años, esta tensión entre memoria oficial y experiencias sociales se hizo aún más evidente. Mientras el discurso gubernamental insistía en la narrativa del proceso revolucionario y en la negación o minimización de la crisis nacional, amplios sectores del país experimentaron una realidad marcada por el deterioro institucional, la emergencia humanitaria y la represión de la protesta. Las manifestaciones de 2014 y 2017 dejaron decenas de fallecidos y centenares de detenidos en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el éxodo masivo de venezolanos ha sido negado y no reconocido desde el Estado ^[1].

Todas estas negaciones fueron elevando los niveles de conflictividad social.  La distancia entre la memoria oficial promovida desde el poder y las experiencias reales vividas por millones de venezolanos terminó profundizando la fractura política y social del país. Negar los hechos no hizo que estos hechos desaparecieran. Por el contrario, su invisibilización contribuyó a agravar la desconfianza hacia las instituciones y a debilitar aún más las posibilidades de encuentro entre los distintos sectores de la sociedad.

La experiencia venezolana de las últimas décadas demuestra que el olvido impuesto no produce reconciliación. Cuando los hechos se niegan o se distorsionan, tampoco se construyen las condiciones institucionales necesarias para evitar que las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder vuelvan a repetirse. La memoria, en cambio, permite reconocer a las víctimas, comprender las responsabilidades y establecer garantías de no repetición.

En ese sentido, cualquier proceso de convivencia futura pasa necesariamente por el reconocimiento de lo ocurrido y por la posibilidad de que distintas memorias coexistan en el espacio público. No se trata de imponer una versión única del pasado ni de utilizar la memoria como herramienta de confrontación política, sino de aceptar que la historia reciente del país está compuesta por múltiples experiencias que deben poder ser escuchadas, documentadas y comprendidas.

Como advierte Tzvetan Todorov al reflexionar sobre los abusos de la memoria, ninguna institución del Estado debería tener el poder de decidir qué partes del pasado pueden recordarse y cuáles deben desaparecer. El derecho a buscar la verdad y a interpretar los hechos pertenece a la sociedad. La recuperación del pasado es indispensable para que las personas puedan relacionarse con él libremente^[1].

La historia reciente de Venezuela nos ha dejado la lección de que la negación puede aplazar los conflictos, pero no resolverlos. Solo el reconocimiento de lo ocurrido y la construcción de una memoria abierta, plural y compartida puede sentar las bases de una convivencia democrática más sólida.