A pesar de que parecía estar cantada, el mundo se estremeció con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la semana pasada en la que declaró ilegal los incrementos tarifarios masivos que Trump introdujo a partir del mes de abril de 2025 de manera unilateral y arbitraria. Según la CSJ la base legal que utilizó Trump para aplicar esos aranceles, la Ley de 1977 de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), no contempla la utilización de impuestos arancelarios por parte del presidente de la República pues esa facultad es competencia del Congreso Nacional americano.
Viéndose privado de su herramienta preferida de negociación, los aranceles, Trump estalló en cólera en contra de los altos magistrados de la Corte que habían votado con una mayoría inequívoca de 6 a 3 la inconstitucionalidad de esos aranceles y los acusó de todo menos de ser bonitos. Corresponde ahora la devolución de ese dinero a los importadores y consumidores americanos castigados con ese impuesto y nadie tiene idea de cómo proceder a esos efectos. Tómese en cuenta que la recaudación en aduanas en Estados Unidos fue de $ 177 millardos en 2025, y una alta proporción de ese monto está afectado por la decisión de la Corte Suprema. Se espera que a partir de ahora los tribunales nacionales del país enfrentarán múltiples demandas exigiendo la devolución de esos aranceles.
Tratando de atenuar el impacto fiscal de la sentencia aludida, Trump anunció ese mismo día la aplicación inmediata de un nuevo arancel de 15% a todos los productos importados por Estados Unidos, lo que se sumaría a las tasas preexistentes que habían sido negociadas en la Organización Mundial de Comercio. Para ello Trump invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio americana que le permite al Ejecutivo elevar los aranceles de manera temporal, por 150 días, sin consultar al Congreso, a los efectos de enfrentar problemas de balanza de pagos. Se trata, por consiguiente, de un alivio temporal incapaz de resolver la actual crisis. Los prospectos de que el Congreso americano autorice una extensión de ese plazo son mínimos en virtud de las elecciones parlamentarias en noviembre de este año que podrían pasar a ser controlado por los demócratas.
Trump tiene a su disposición otras reglamentaciones para frenar las importaciones y pocos dudan de que las utilizará. Sin embargo, enfrenta el problema de que su aplicación requiere de investigaciones y pruebas de que esas importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, o de que son necesarias para responder a medidas comerciales “injustificables, irracionales o discriminatorias” de parte de sus socios comerciales.
Obviamente, el resultado de esas investigaciones es recurrible ante los tribunales americanos, por lo que se puede anticipar mayor nerviosismo empresarial y una afectación negativa de los flujos comerciales internacionales, así como de las decisiones de inversión en todo el mundo. Comienzo por sospechar que los mayores aliados de Trump no son los billonarios americanos sino los bufetes de abogados del país que se frotan las manos con la interminable “hora loca” de negocios que les asegura el actual presidente de Estados Unidos.
Las reacciones de los socios comerciales de Estados Unidos no se han hecho esperar y exigen que se respeten los acuerdos comerciales firmados en 2025. La Unión Europea cree ver en este caos la anulación de las ventajas arancelarias negociadas el año pasado. Se trata de un temor compartido por Canadá, y por otros países. China no se ha pronunciado aún al respecto, pero no es difícil prever que reaccionará con fuerza a cualquier menoscabo de sus intereses comerciales.
De todo lo anterior podría concluirse que el proteccionismo mercantilista americano está vivo y coleando. Que lejos de restablecer la estabilidad de los negocios internacionales, esta sucesión de medidas improvisadas y litigios previsibles profundiza la incertidumbre y erosiona la previsibilidad que exige el comercio global. La volatilidad en las reglas de acceso a los mercados, sumada a la confrontación institucional interna y a la reacción de los socios comerciales, amenaza con desacelerar inversiones y tensar aún más las cadenas de suministro. Si algo caracteriza a la actual administración americana, es precisamente esa imprevisibilidad que convierte la política comercial en un terreno movedizo. Y en un mundo interdependiente, la incertidumbre no es una estrategia: es un costo que terminan pagando todos.