En 2025, Estados Unidos alcanzó un nuevo hito histórico: produjo más de 13.8 millones de barriles diarios[1], una hazaña asombrosa para un país que muchos consideraban acabado en 2008, cuando su producción tocó fondo en los 5 millones de bpd. Este impresionante incremento no fue logrado por una empresa estatal gigante, sino por un ecosistema de miles de operadores independientes movidos por un incentivo que en Venezuela suena a concepto alienígena: la propiedad privada del subsuelo. Mientras tanto, Venezuela ha recorrido el camino opuesto: de un orgulloso pico de 3.7 millones de bpd en 1970[2] ha colapsado hasta una producción estancada por debajo del millón de barriles. En Texas, el dueño de la tierra es el dueño del petróleo; en Venezuela, es el Estado, que además dice representarnos a todos.
La guerra de más de 100 años
Desde el reventón del pozo Los Barrozos II en diciembre de 1922, nuestra historia petrolera ha sido el pulso entre el capital privado y el Estado por capturar la mayor renta posible. Este conflicto no es exclusivo de Venezuela, pero en esta «tercera apertura», la pregunta es inevitable: ¿cómo evitar una tercera nacionalización?
¿Cómo, si ya lo hemos hecho dos veces (1976 y 2006), podemos garantizar a los inversores que no volverá a ocurrir?
El arbitraje internacional, las reformas de leyes y el andamiaje institucional son necesarios.
Pero también, insuficientes.
El government take, el take del productor y la competencia
Pongamos la situación en perspectiva. Antes de la reforma de 2026, el sistema venezolano operaba bajo uno de los esquemas menos competitivos del mundo. Entre la regalía sobre ingresos brutos, el ISLR y el impuesto a las «ganancias súbitas», el Estado extraía entre el 85% y 95% del flujo de caja por barril producido.[3] En este escenario, donde el operador retenía apenas entre el 5% y 15%, producir era una tarea de supervivencia, e invertir, una quimera.
La reforma de enero de 2026 apunta en la dirección correcta, pero no basta con mejorar con respecto a nuestro pasado, pues la verdadera competencia es contra otros países con reservas de petróleo en el mundo. Estos son los márgenes de participación de algunos en la región[4]:
- Brasil (Pre-Sal): Privado 39% | Gobierno 61%
- Colombia (Nuevas Reformas): Privado ~40% | Gobierno ~60%
- Texas (Cuenca Pérmica): Privado 45%-55% | Gobierno 45%-55%.[5]
- Guyana (Nuevo Modelo 2025): Privado 25%-35% | Gobierno 65%-75%
- Canada (Alberta, petróleo pesado): Privado 55%-50% | Gobierno 45% – 50%
- Venezuela (Ley 2026): Privado 20%-35% | Gobierno 65%-80%. [6]
Aun con la reforma de enero del 2026, Venezuela está lejos de ser una «ganga» para la inversión de largo plazo.
La Propuesta: Del Estado-Socio al Ciudadano-Propietario
Para mitigar el riesgo de expropiación y atraer capital de largo plazo, la propuesta, con cuatro pilares disruptivos, es la siguiente:
- Sociedad Capital Privado-Ciudadano: El Estado queda fuera de la operación. Los incentivos se alinean directamente entre quien corre con los riesgos, pone el capital, y el ciudadano.
- Cero Impuestos: Eliminación del ISLR, regalías y todos los impuestos “sombra”. Esto reduce el break-even operativo a niveles técnicos de $30 el barril[7]para la reactivación de campos maduros, transformándolos en negocios rentables, incluso en escenarios de precios bajos.
- El Dividendo Ciudadano (Oil-to-Cash): En lugar de pagarle al Estado, el operador entrega el 50% de su utilidad neta a un fideicomiso manejado por la banca internacional para cada uno de los ciudadanos. El venezolano deja de ser un espectador de los vaivenes de la renta para convertirse en propietario de facto.
- El Ciudadano como «Defensor» del Capital: Este es el verdadero blindaje. En 1976 y 2006, el Estado nacionalizó porque era fácil quitarle el control a una multinacional «extranjera» para dárselo a una burocracia «nacional». Bajo este esquema, un gobierno que intente expropiar, o incluso cobrar impuestos, le estaría quitando directamente del bolsillo a 30 millones de venezolanos.
A diferencia del Estado, cuya voracidad por la renta es política y carece de consecuencias inmediatas para el gobernante, el ciudadano actúa con la prudencia del propietario, pues se convierte en uno. En este modelo, cualquier intento por ‘asfixiar’ al socio privado se traduce automáticamente en una caída del dividendo personal; la propiedad privada del beneficio es, en sí misma, el mejor pacificador social y la mejor garantía de estabilidad para el capital.
Aplicación y Realidad
Bajo este modelo, el margen sobre utilidad neta sería: Privado 50%, Ciudadanos 50%, Estado 0%.
En 2012, con un barril a $100 y una producción de 3.5 millones de bpd, cada ciudadano habría recibido $1,500 anuales ($6,000 para una familia de cuatro). En un escenario de $60 por barril, con esa producción, el dividendo anual sería de $640 por persona.
Hoy, con una producción estancada bajo el millón de barriles, el ciudadano recibiría $185. Es poco, pero es el punto de partida.
El incentivo: De la supervivencia a la expansión
Hoy, ese dividendo parece modesto. Aquí reside la virtud del modelo: el alineamiento de intereses. Bajo el esquema actual, al ciudadano queda a merced de la vorágine estatal. Con esta propuesta, el venezolano entiende que la única forma de multiplicar su dividendo es permitiendo que su socio privado sea rentable, traiga tecnología y tenga éxito. El ciudadano deja de ser un crítico pasivo para convertirse en el principal interesado en que la industria crezca y sea rentable.
Consideraciones para otra Venezuela
En otras circunstancias, no sería defensor de entregar «cash» directamente a la gente, pero ante las alternativas disponibles, es el mal menor.
Probablemente la clase política dirá que esto no es deseable, factible, mucho menos “patriótico”. Para muchos políticos, no solo está el incentivo que hace salivar a cualquiera de manejar un “botín” petrolero inmenso, sino también el ideal recurrente de “hacer bien” con los recursos de otros.
Ante la duda basta con mirar nuestro track record: A pesar de tener las mayores reservas del mundo y haber tenido más de 20 administraciones de distintos signos políticos desde 1922, el Estado capturó y gestionó más de 1.2 billones de dólares de renta entre 1920 y 2015.[8]El resultado: récord Guinness en despilfarro de bonanzas, migración más grande del hemisferio sin una guerra formal y una destrucción institucional sin precedentes.
¿No sería mejor idea retirar al Estado de la actividad?
Con esta propuesta lograríamos:
- Competitividad Real: Al equipararnos con Texas en márgenes (50% para el privado), compensaríamos en gran parte los riesgos institucionales con rentabilidad equivalente al tope de la industria mundial.
- Un Estado limitado: El Estado dejaría de ser un empresario ineficiente para limitarse a ser el árbitro, así proveería: control, arbitraje y policía. El resto de su financiamiento vendría de pechar las otras actividades económicas, obligándolo a fomentar la prosperidad general en lugar de vivir del subsuelo.
- Camino hacia una Nación Extractiva: Porque no extender esta propuesta a toda actividad minera (gas, oro, hierro, bauxita y minerales raros). Ya tenemos esta lección del petróleo. Quizás el oro del Arco Minero pasaría de ser un agujero negro para convertirse en un dividendo directo al ciudadano, blindando los recursos contra el saqueo y la opacidad.
El fin de la guerra de casi 100 años
La reforma de enero de 2026 es un suspiro de una agonía prolongada. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. La «Guerra de los 100 años» por la renta ha dejado al Estado como un carcelero rico en promesas y una ciudadanía pobre en realidades.
Evitar la tercera nacionalización exige retirar el subsuelo de la disputa política para ubicarlo en la esfera de la libertad económica. Estados Unidos no domina el mercado mundial por un mandato gubernamental, sino por un ecosistema de propiedad que premia el riesgo y la eficiencia. Venezuela puede emular ese éxito, pero para ello debe romper el cerrojo estatal y permitir que surja nuestro propio tejido de operadores e inversionistas en alianza directa con el ciudadano.
La verdadera soberanía no consiste en que el Estado administre pozos, sino en que el venezolano sea el dueño real de los beneficios de la actividad extractiva. Solo mediante este pacto de propiedad y rentabilidad podremos aspirar a que el petróleo sea, por fin, un motor de desarrollo y no la herramienta de nuestra propia destrucción institucional.
[1] U.S. Energy Information Administration (EIA). «Short-Term Energy Outlook» (enero de 2026).
[2] Ministerio de Energía y Minas de Venezuela. Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE), edición 1970.
[3] Métricas de «Government Take» efectivo y competitividad fiscal. Datos basados en estudios de Van Meurs Corporation y Wood Mackenzie, citados por la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE. UU.
[4] Métricas de competitividad upstream (2024-2026). Datos consolidados de Rystad Energy, Wood Mackenzie y Petroleum Economist
[5] Métricas fiscales para operadores independientes en la Cuenca Pérmica (Texas). Rystad Energy y el Banco Mundial.
[6] Cálculo del Government Take consolidado (Regalía e ISLR) basado en el análisis de la reforma de la LOH (2026) por Discovery Alert.
[7] Umbral de eficiencia operativa para reactivación de activos (lifting costs y sustaining CAPEX). Basado en cuencas análogas de Colombia (Ecopetrol) y reportes de Rystad/Wood Mackenzie.
[8] Renta petrolera acumulada (1920-2015) bajo metodología de «Nueva Contabilidad Nacional». Fuente: Baptista, A. (2018), Suma del pensar venezolano, Fundación Empresas Polar.
Mientras tanto, Venezuela ha recorrido el camino opuesto: de un orgulloso pico de 3,7 millones de bpd en 1970 ha colapsado hasta una producción estancada por debajo del millón de barriles. En Texas, el dueño de la tierra es el dueño del petróleo; en Venezuela, es el Estado, que además dice representarnos a todos.
La guerra de más de 100 años
Desde el reventón del pozo Los Barrozos II en diciembre de 1922, nuestra historia petrolera ha sido el pulso entre el capital privado y el Estado por capturar la mayor renta posible. Este conflicto no es exclusivo de Venezuela, pero en esta “tercera apertura” la pregunta es inevitable: ¿cómo evitar una tercera nacionalización?
¿Cómo, si ya lo hemos hecho dos veces (1976 y 2006), podemos garantizar a los inversores que no volverá a ocurrir?
El arbitraje internacional, las reformas legales y el andamiaje institucional son necesarios, pero también insuficientes.
El government take, el take del productor y la competencia
Pongamos la situación en perspectiva. Antes de la reforma de 2026, el sistema venezolano operaba bajo uno de los esquemas menos competitivos del mundo. Entre la regalía sobre ingresos brutos, el ISLR y el impuesto a las “ganancias súbitas”, el Estado extraía entre el 85 % y el 95 % del flujo de caja por barril producido. En este escenario, donde el operador retenía apenas entre el 5 % y el 15 %, producir era una tarea de supervivencia e invertir, una quimera.
La reforma de enero de 2026 apunta en la dirección correcta, pero no basta con mejorar respecto a nuestro pasado, pues la verdadera competencia es contra otros países con reservas petroleras en el mundo. Estos son algunos márgenes de participación en la región:
- Brasil (Pre-Sal): Privado 39 % | Gobierno 61 %
- Colombia (nuevas reformas): Privado ~40 % | Gobierno ~60 %
- Texas (Cuenca Pérmica): Privado 45 %-55 % | Gobierno 45 %-55 %
- Guyana (nuevo modelo 2025): Privado 25 %-35 % | Gobierno 65 %-75 %
- Canadá (Alberta, petróleo pesado): Privado 50 %-55 % | Gobierno 45 %-50 %
- Venezuela (Ley 2026): Privado 20 %-35 % | Gobierno 65 %-80 %
Aun con la reforma de enero de 2026, Venezuela está lejos de ser una “ganga” para la inversión de largo plazo.
La propuesta: del Estado-socio al ciudadano-propietario
Para mitigar el riesgo de expropiación y atraer capital de largo plazo, la propuesta, con cuatro pilares disruptivos, es la siguiente:
Sociedad capital privado-ciudadano. El Estado queda fuera de la operación. Los incentivos se alinean directamente entre quien asume el riesgo, aporta el capital y el ciudadano.
Cero impuestos. Eliminación del ISLR, regalías y todos los impuestos “sombra”. Esto reduce el break-even operativo a niveles técnicos de 30-40 dólares por barril para la reactivación de campos maduros, transformándolos en negocios rentables incluso en escenarios de precios bajos.
Dividendo ciudadano (oil-to-cash). En lugar de pagarle al Estado, el operador entrega el 50 % de su utilidad neta a un fideicomiso manejado por la banca internacional para cada ciudadano. El venezolano deja de ser un espectador de la renta para convertirse en propietario de facto.
El ciudadano como defensor del capital. Este es el verdadero blindaje. En 1976 y 2006 el Estado nacionalizó porque era fácil quitarle el control a una multinacional “extranjera” para dárselo a una burocracia “nacional”. Bajo este esquema, un gobierno que intente expropiar, o incluso cobrar impuestos, le estaría quitando directamente del bolsillo a millones de venezolanos.
A diferencia del Estado, cuya voracidad por la renta es política y carece de consecuencias inmediatas para el gobernante, el ciudadano actúa con la prudencia del propietario. La propiedad privada del beneficio es, en sí misma, el mejor pacificador social y la mejor garantía de estabilidad para el capital.
Aplicación y realidad
Bajo este modelo, el margen sobre utilidad neta sería: privado 50 %, ciudadanos 50 %, Estado 0 %.
En 2012, con un barril a 100 dólares y una producción de 3,5 millones de bpd, cada ciudadano habría recibido 1.500 dólares anuales (6.000 para una familia de cuatro). En un escenario de 60 dólares por barril, con esa producción, el dividendo anual sería de 640 dólares por persona.
Hoy, con una producción estancada por debajo del millón de barriles, el ciudadano recibiría alrededor de 185 dólares. Es poco, pero es el punto de partida.
El incentivo: de la supervivencia a la expansión
Hoy ese dividendo parece modesto. Allí reside la virtud del modelo: el alineamiento de intereses. Bajo el esquema actual, el ciudadano queda a merced de la vorágine estatal. Con esta propuesta, entiende que la única forma de multiplicar su dividendo es permitiendo que su socio privado sea rentable, incorpore tecnología y tenga éxito.
El ciudadano deja de ser un crítico pasivo para convertirse en el principal interesado en que la industria crezca y sea rentable.
Consideraciones para otra Venezuela
En otras circunstancias, no sería defensor de entregar dinero en efectivo directamente a la gente, pero ante las alternativas disponibles es el mal menor.
Probablemente la clase política dirá que esto no es deseable, factible ni “patriótico”. Para muchos políticos no solo está el incentivo de manejar un inmenso botín petrolero, sino también el ideal recurrente de “hacer el bien” con recursos ajenos.
Basta mirar nuestro historial: pese a tener las mayores reservas del mundo y haber contado con más de 20 administraciones desde 1922, el Estado capturó y gestionó más de 1,2 billones de dólares de renta entre 1920 y 2015. El resultado: récord Guinness en despilfarro de bonanzas, la mayor migración del hemisferio sin guerra formal y una destrucción institucional sin precedentes.
¿No sería mejor retirar al Estado de la actividad?
Con esta propuesta lograríamos:
Competitividad real. Al equipararnos con Texas en márgenes, compensaríamos gran parte del riesgo institucional con rentabilidad de clase mundial.
Un Estado limitado. Dejaría de ser empresario ineficiente para convertirse en árbitro: control, arbitraje y policía. Su financiamiento provendría de otras actividades económicas, obligándolo a fomentar prosperidad general.
Camino hacia una nación extractiva. El modelo podría extenderse a gas, oro, hierro, bauxita y minerales raros, convirtiendo recursos hoy opacos en dividendos ciudadanos.
El fin de la guerra de casi 100 años
La reforma de enero de 2026 es apenas un suspiro en una agonía prolongada. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo.
Evitar la tercera nacionalización exige retirar el subsuelo de la disputa política y ubicarlo en la esfera de la libertad económica. Estados Unidos no domina el mercado por mandato gubernamental, sino por un ecosistema de propiedad que premia riesgo y eficiencia.
La verdadera soberanía no consiste en que el Estado administre pozos, sino en que el venezolano sea el dueño real de los beneficios. Solo así el petróleo podrá ser, por fin, motor de desarrollo y no herramienta de destrucción institucional.
[1] U.S. Energy Information Administration (EIA). "Short-Term Energy Outlook" (enero de 2026).
[1] Ministerio de Energía y Minas de Venezuela. Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE), edición 1970.
[1] Métricas de "Government Take" efectivo y competitividad fiscal. Datos basados en estudios de Van Meurs Corporation y Wood Mackenzie, citados por la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE. UU.
[1] Métricas de competitividad upstream (2024-2026). Datos consolidados de Rystad Energy, Wood Mackenzie y Petroleum Economist
[1] Métricas fiscales para operadores independientes en la Cuenca Pérmica (Texas). Rystad Energy y el Banco Mundial.
[1] Cálculo del Government Take consolidado (Regalía e ISLR) basado en el análisis de la reforma de la LOH (2026) por Discovery Alert.
[1] Umbral de eficiencia operativa para reactivación de activos (lifting costs y sustaining CAPEX). Basado en cuencas análogas de Colombia (Ecopetrol) y reportes de Rystad/Wood Mackenzie.
[1] Renta petrolera acumulada (1920-2015) bajo metodología de "Nueva Contabilidad Nacional". Fuente: Baptista, A. (2018), Suma del pensar venezolano, Fundación Empresas Polar.