Hay una premisa que debemos dejar clara desde el inicio: la urgencia de hacer las elecciones cuanto antes es tan necesaria como la urgencia de hacerlas bien. Confundir el rigor técnico con la demora ha sido, demasiadas veces, una coartada para prolongar el poder y vaciar de sentido la transición. Así que vamos a explicar qué se necesita para hacer elecciones.
Toda transición política queda inconclusa mientras no desemboca en una elección que renueve y legitime a las autoridades. Para eso no hay atajo posible. Pero tampoco hay automatismos. No toda elección cumple ese rol. Para que lo haga debe ser libre, transparente y verificable. Es algo que ya vivimos los venezolanos. Así que es importante tener algo más que una fecha en el calendario o una convocatoria apresurada.
Durante años se ha intentado instalar una ficción cómoda que dice: basta con “convocar elecciones” para resolver una crisis política. Como si el acto electoral fuera un trámite administrativo, una formalidad que se cumple y se archiva. La experiencia reciente nos ha demostrado lo contrario. Las elecciones no fracasan únicamente cuando se suspenden, también fracasan cuando se celebran sin garantías.
Los antecedentes son conocidos y difíciles de ignorar. La elección presidencial de 2024 produjo un resultado que no fue reconocido. Procesos posteriores como el de gobernadores, Asamblea Nacional, legislativas, alcaldes y concejales, estuvieron atravesados por cronogramas irregulares, cifras inconsistentes, adjudicaciones sin sustento legal y una opacidad prolongada, al punto de no contar desde hace más de 18 meses con una plataforma pública completa de resultados. Incluso se llegó a registrar, en documentos oficiales, la creación administrativa de entidades territoriales inexistentes, como los falsos municipios del Esequibo que no están en el Esequibo. Con el chavismo no se trata de errores técnicos aislados, sino de un patrón sostenido de degradación institucional.
Por eso es necesario decirlo sin rodeos: con las actuales autoridades electorales no es posible organizar una elección verdaderamente libre en Venezuela. No es un juicio personal ni una consigna política, es una constatación institucional. Un órgano que desconoce sus propios resultados, que incumple sus propias auditorías, altera sus cronogramas y opera sin transparencia básica, no puede ofrecer garantías creíbles.
La arquitectura real del proceso electoral son 101 actividades, no una fecha
Desde el punto de vista técnico, el proceso electoral dista mucho de ser un espacio amplio de discrecionalidades. De las 101 actividades que lo componen, la mayoría son actos encadenados, no deliberativos y reglados por ley. Sesenta y dos actividades están completamente predeterminadas, con sus lapsos, procedimientos y consecuencias jurídicas claras. Veintiuna de ellas permiten un margen operativo limitado. Solo dieciocho implican decisiones donde la autoridad define contenido, alcance o interpretación, aun dentro de un marco legal. Sin embargo, el Directorio del CNE interviene directa o indirectamente en más de 60% del proceso. Además, hay dos áreas clave de actividades: el Registro Electoral y la Organización Electoral, que concentran el 41 % del cronograma. Es allí donde se juega buena parte de la integridad técnica de una elección.
El problema, entonces, no es el sistema electoral en abstracto. El problema es cómo ha sido administrado.
Quién decide qué: unidades ejecutoras y niveles de poder
Los procesos involucran múltiples instancias: Directorio, Secretaría General, Junta Nacional Electoral, comisiones, oficinas nacionales y regionales, juntas y mesas electorales, con apoyo operativo del Plan República. Pero no todas esas instancias tienen el mismo peso decisorio. Las decisiones críticas se concentran en puntos muy concretos: la convocatoria y la fecha electoral, la aprobación y modificación del cronograma, el corte del Registro Electoral, la admisión o rechazo de postulaciones, las sustituciones fuera de tiempo material, las medidas en campaña, el orden y alcance de las auditorías y la gestión de contingencias. Allí es donde se define si el proceso será una garantía de democracia o solo una simulación.
Dónde está la discrecionalidad: actos predeterminados, márgenes operativos y decisiones de fondo
No todo en el proceso electoral depende simplemente de la voluntad política. De hecho, la mayor parte no depende de ella, por eso hay que mejorar las condiciones que eviten la captura o la manipulación de las actividades que definen una elección.
De las 101 actividades que lo componen:
- 62 son actos predeterminados: están completamente reglados por ley o se activan de forma automática. La autoridad no decide su contenido, solo ejecuta lo que la norma ordena.
- 21 dejan un margen operativo: la ley fija el acto, pero permite a la autoridad definir el cómo, el orden o la modalidad de ejecución.
- 18 son verdaderamente discrecionales: allí la autoridad decide contenido, alcance o interpretación sustantiva.
La discrecionalidad no está distribuida al azar. Se concentra en macroprocesos clave como el Registro Electoral, la Organización Electoral, la Campaña y la Totalización. Es en esos puntos donde una autoridad parcializada puede alterar el proceso sin violar formalmente la ley, pero vaciándola de contenido. Por eso es tan importante el escrutinio de los ciudadanos, los contrapesos institucionales y la conformación del CNE.
Descrito así, el debate sobre las autoridades electorales no es algo personal. Es estructural.
Hacerlas bien no puede ser excusa para no hacerlas ya
A esto se suman condiciones técnicas indispensables. Actualmente en Venezuela el Registro Electoral debe ser revisado y auditado a profundidad, incluyendo la base de datos de huellas biométricas. Pero, sobre todo, debe abrirse y sincerarse el registro en el exterior. Hoy, más de cinco millones de venezolanos no votan donde viven. Se han acumulado muchos años de impedirles hacer su registro en el exterior. Esto no ocurre por apatía, sino por exclusión administrativa. Una elección libre para los venezolanos no puede prescindir de ellos.
También es fundamental depurar al personal técnico del CNE. Operadores de máquinas y coordinadores de centro han sido, en muchos casos, actores políticos de facto, integrados a dinámicas de coacción política y control social. Un sistema electoral no puede ser confiable si quienes lo operan han decidido actuar como operadores partidistas. La neutralidad administrativa no es un valor abstracto, es una condición mínima de legitimidad.
En el plano político, las exigencias son igual de claras. Una elección libre requiere que la oposición pueda existir sin persecución jurídica, que los partidos mantengan su legalidad, que se levanten las inhabilitaciones impuestas de forma discrecional, que no se utilice el aparato del Estado para hacer campaña y, sobre todo, que los resultados sean reconocidos. Parece obvio pero la historia reciente demuestra que no lo es. También debería ser obvio, pero no lo es, que nada de esto es posible si se persigue o reprime a quien hace política y piense distinto.
Llegados a este punto, surge inevitablemente la pregunta por los tiempos: ¿Cuánto tardaría organizar una elección que cumpla con todas las fases previstas en la ley? En términos técnicos y operativos, un proceso completo puede organizarse de forma realista en unos 90 días. Ese es el umbral mínimo para ejecutar sin atajos los procedimientos esenciales, cuando se hacen con seriedad.
La Constitución, sin embargo, prevé un escenario excepcional. Ante una falta absoluta del Presidente, el artículo 233 establece que debe convocarse una elección dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Ese plazo no define un estándar técnico, define una respuesta política de emergencia. En ese contexto, el proceso suele comprimirse: se usa el Registro Electoral vigente, la campaña se reduce a pocos días y las postulaciones se concentran. Formalmente es posible, pero técnicamente es insuficiente.
Y aquí conviene volver a la idea inicial: Hacer las elecciones bien es indispensable, pero hacerlo bien no puede convertirse en una excusa para postergarlas indefinidamente. Que nadie se equivoque creyendo que ordenar estos aspectos alarga el sufrimiento. Ocurre lo contrario: cuanto más claro está lo que debe hacerse para garantizar una elección libre, mayor es la presión para hacerla bien y hacerla ya.
La calidad democrática no puede ser sinónimo de parálisis porque más bien exige mucho vigor. Cada día sin representación legítima erosiona la confianza pública y debilita la institucionalidad del país. La transición solo será real cuando combine rigor con urgencia, normas con voluntad y tiempo con responsabilidad histórica. Porque una elección libre no se decreta, se construye. Pero se construye para celebrarse, no para aplazarse.