Cuatro minutos después de la medianoche del 3 de febrero, la encargada de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), Laura Dogu, publicó en la red social X que se había reunido con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases planteadas por el secretario de Estado estadounidense para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición. El momento del anuncio, ya entrado el día, coincidía simbólicamente con el cumplemés de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Más relevante es el hecho de que la interlocución formal de Washington se produjo con dos hermanos que ocupan posiciones centrales en el poder venezolano.
Una negociación de esta naturaleza suele canalizarse a través de cancillerías y jefaturas de Estado claramente diferenciadas, pero aquí la diplomacia estadounidense se dirigió a una dupla fraterna instalada en los vértices del Ejecutivo y del Legislativo. La anomalía no radica en la reunión en sí, sino en la configuración del interlocutor: dos miembros de una misma familia política ejerciendo simultáneamente funciones de representación y conducción del poder.
Horas antes, Delcy Rodríguez había anunciado, en la misma red social, la designación de Daniella Cabello como ministra de Turismo. La formulación del mensaje contrastó con la empleada días antes para comunicar el nombramiento de la vicepresidenta sectorial de Sanidad, cuya trayectoria médica y académica fue descrita en detalle. En el caso de la nueva titular de Turismo, el único atributo señalado fue su juventud. La discordancia discursiva resulta elocuente. Mientras en un caso se enfatizan formación y experiencia, en el otro el criterio evidente es la pertenencia a un núcleo familiar con peso político.
Como Chapita y Fidel Castro
El chavismo no inventó el nepotismo, pero lo volvió sistema. Por más de un cuarto de siglo, el parentesco ha ocupado, de manera reiterada, posiciones estratégicas del Estado venezolano: gobernaciones, empresa petrolera, administración tributaria, Parlamento, diplomacia, vicepresidencia. No como excepción ruidosa, sino como patrón persistente.
En las democracias consolidadas del siglo XX no hubo hermanos ocupando simultáneamente la cúspide del Ejecutivo y del Legislativo. No por virtud moral, sino por estructura institucional, por equilibrio de poderes. Allí donde la competencia partidaria es real y los contrapesos funcionan, la probabilidad de que dos hermanos coincidan en los vértices del aparato público es ínfima. La institución desplaza a la sangre como criterio de confianza.
En los regímenes personalistas ocurre lo contrario. Cuando el poder se percibe asediado, la confianza aminora y la familia aparece como garantía primaria de lealtad.
En la República Dominicana, Rafael Trujillo gobernó de facto entre 1930 y 1961 y puso en la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina entre 1952 y 1960. En Cuba, Fidel Castro encabezó el Estado desde 1959 hasta 2008, con su hermano Raúl al frente de las Fuerzas Armadas antes de sucederlo. En Nicaragua, Luis y Anastasio Somoza Debayle se alternaron la presidencia dentro de un mismo régimen. En Siria, Hafez al-Assad compartió durante los años setenta el control coercitivo con su hermano Rifaat.
Venezuela no calca ese modelo, sino que lo desplaza hacia la burocracia. Los hermanos Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han coincidido en vértices institucionales formales del Estado —Ejecutivo y Legislativo— dentro de una arquitectura que mantiene la retórica constitucional. No es el hermano militar clásico ni el presidente decorativo. Es la ocupación simultánea de dos poderes por miembros de una misma familia política en un sistema que formalmente sigue siendo republicano.
Las flores del mal
El llamado clan Flores concentra como pocos la dimensión institucional y financiera del parentesco en el poder chavista. Durante la presidencia de Cilia Flores en la Asamblea Nacional de Venezuela (2006–2011), investigaciones periodísticas documentaron la presencia de numerosos familiares en la nómina del Parlamento, en cargos no electivos. En paralelo, su sobrino Carlos Erik Malpica Flores ocupó posiciones de alto nivel en el aparato económico de la red de poder: fue tesorero nacional (2011–2014), viceministro de Finanzas y vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela entre 2014 y 2016. Es decir, el familión —que incluye al exesposo de Cilia— no solo tuvo presencia legislativa, sino acceso directo al corazón financiero del Estado petrolero en el momento de su deterioro y saqueo.
A ello se sumó el episodio judicial que alcanzó al círculo íntimo presidencial: el caso de los “narcosobrinos”, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, detenidos en 2015, juzgados en Nueva York y condenados en 2017 por conspiración para traficar cocaína, antes de ser liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros.
Además, el nombre de Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, consta en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al igual que el propio Malpica Flores en 2017 (del cual fue retirado en 2022). No se trata de condenas judiciales en todos los casos, sino de medidas administrativas internacionales que congelan activos y restringen operaciones bajo su jurisdicción. En conjunto, el clan Flores combina presencia legislativa, control financiero en PDVSA, condenas penales internacionales y sanciones administrativas extranjeras. Esa convergencia explica por qué su apellido es uno de los más visibles cuando se habla de la familiarización del poder en Venezuela.
Un Cabello en cada área estratégica
En el caso de Diosdado Cabello, la familiarización del poder no adopta la forma de dos hermanos en la cúspide institucional, como ocurre con los Rodríguez, ni la forma territorial-dinástica que caracterizó al núcleo Chávez en Barinas. Es más bien una expansión estratégica del parentesco hacia áreas sensibles de la maquinaria pública.
El teniente Cabello ha sido, desde los primeros años del chavismo, uno de los hombres más poderosos del oficialismo: vicepresidente de la República, gobernador de Miranda, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2012 y 2016 y figura central del partido de gobierno. En paralelo a esa trayectoria, su entorno familiar ha ocupado posiciones relevantes en distintos nodos del aparato estatal.
Desde 2008, su hermano José David Cabello Rondón dirige el SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), órgano encargado de la recaudación fiscal y el control aduanero; esto es, la llave de los ingresos no petroleros del Estado.
La esposa de Cabello, la licenciada en Educación Marleny Contreras, fue diputada a la Asamblea Nacional en el período 2011–2016, coincidiendo parcialmente con la presidencia parlamentaria del marido. Posteriormente fue designada ministra de Turismo en 2015 y ejerció hasta 2018. Luego fue nombrada ministra de Agricultura Urbana en 2018. Su presencia no se limitó al Legislativo: transitó también por el Ejecutivo en más de un despacho ministerial.
La red se amplía hacia la siguiente generación. Daniella Cabello, objeto de sanciones internacionales, fue designada en septiembre de 2024 presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones y ahora recibe rango de ministra. Con independencia del juicio político, el dato objetivo es la ocupación de un cargo directivo dentro de la estructura económica del andamiaje institucional.
La hermana de Cabello, Glenna Cabello, ha desempeñado funciones diplomáticas, incluyendo responsabilidades consulares en España. Con ello, la conchupancia alcanza también al servicio exterior.
Si se observan estas posiciones en conjunto —administración tributaria, Parlamento, ministerios, agencia económica, diplomacia— lo que emerge no es una designación aislada, sino una distribución familiar en distintas áreas estratégicas del dispositivo estatal. No hay aquí una dinastía presidencial formal ni una sucesión entre hermanos en la jefatura del Ejecutivo, sino una presencia sostenida del entorno familiar en cargos clave.
El ejemplo del 4F
En comparación con otros núcleos del chavismo, el “modelo Cabello” no se caracteriza por la ocupación simultánea de dos vértices constitucionales, como en el caso de los Rodríguez, ni por la territorialización prolongada del apellido, como ocurrió con la familia Chávez en Barinas. Se describe más bien por la inserción del parentesco en áreas administrativas sensibles: recaudación fiscal, gabinete ministerial, política económica y representación exterior.
No se trata solo de quién ocupa la cima, sino de quién controla los mecanismos que sostienen al Estado. Y cuando esos artilugios aparecen vinculados a un mismo núcleo familiar, la cuestión deja de ser anecdótica para convertirse en un rasgo estructural del funcionamiento político.
El núcleo Chávez añadió otra geometría. El padre de Hugo Chávez gobernó Barinas entre 1998 y 2008; luego, hermanos del mandatario ocuparon esa misma gobernación durante años; el primo Asdrúbal Chávez presidió PDVSA entre 2020 y 2023; una hija, la bachillera María Gabriela Chávez Colmenares, fue representante alterna ante la ONU; el entonces yerno, Jorge Arreaza, sería vicepresidente ejecutivo entre 2013 y 2016 y canciller entre 2017 y 2021, y en enero de 2026 apareció en una lista oficial suiza de personas objeto de congelación de activos, medida administrativa que no constituye condena judicial.
La hija menor de Hugo Chávez, Rosinés Chávez Rodríguez, ha sido vinculada en años recientes a funciones dentro del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), organismo adscrito al Ministerio de Ecosocialismo. A diferencia de su media hermana María Gabriela, cuya trayectoria fue más visible en el ámbito diplomático internacional, Rosinés ha tenido un perfil más discreto, asociado a la gestión ambiental. Su formación académica no ha sido ampliamente detallada en fuentes públicas, más allá de estudios universitarios en el exterior. En el conjunto del mapa familiar, su caso completa la expansión del apellido Chávez hacia áreas administrativas distintas del territorio, el petróleo o la diplomacia.
Machado los llama “mafias”
No es, pues, una sola dinastía. Son varias constelaciones familiares ocupando nodos críticos del Estado durante más de dos décadas. En su libro Los hermanos siniestros (2020), Ibéyise Pacheco sostiene que el chavismo evolucionó hacia un entramado de nepotismo y corrupción caracterizado por el hecho de que los círculos familiares desplazaron progresivamente a las instituciones como eje de confianza. Más allá del tono polémico, la observación describe una recurrencia verificable.
Hay un dato jurídico que agrava la paradoja. La legislación venezolana prohíbe de manera expresa el nepotismo en la administración pública. La Ley contra la Corrupción y la normativa de la Contraloría establecen límites a la designación de parientes en línea directa. Sin embargo, la reiteración de casos indica que el problema no es la ausencia de norma, sino la erosión del control. La ley existe, pero no se acata. Mucho menos por las autoridades superiores, para quienes el contrapeso no opera.
Desde la reestructuración de PDVSA en 2002 y la progresiva politización del aparato público, el Estado venezolano ha privilegiado la lealtad sobre la competencia técnica. La incorporación reiterada de familiares en posiciones estratégicas es la cúspide de esa lógica. La sangre es el grado máximo de confianza política.
Ese desplazamiento tiene efectos acumulativos: reduce la permeabilidad institucional, dificulta la rendición de cuentas y consolida la fragmentación del poder en clanes. El chavismo no muestra una élite homogénea, sino varios núcleos familiares coexistiendo y administrando parcelas del Estado, que a veces cooperan y a veces compiten. La familia blinda y delimita territorios internos. Es a esto a lo que María Corina Machado alude como “las mafias”.
Primo con primo, más me arrimo
Existe además una tensión ideológica que no puede ignorarse. El chavismo nació con una retórica antioligárquica, prometiendo desmontar privilegios heredados. La reiteración de apellidos en la estructura estatal contradice esa narrativa fundacional. La revolución que denunciaba a las élites terminó produciendo las suyas, reconocibles no por abolengo tradicional sino por proximidad al poder.
La lógica no es exclusiva de regímenes cerrados. En la Argentina contemporánea, el presidente Javier Milei gobierna con su hermana Karina como eje operativo del oficialismo. Argentina sigue siendo una democracia competitiva, pero incluso allí el liderazgo personalista reduce el círculo de confianza a la familia cuando desconfía de las estructuras tradicionales. Desde luego, en Argentina la alternancia es posible, mientras que en Venezuela el apellido se incrusta y reduce la alternancia a una formalidad vacía.
Cuando la confianza política se distribuye por parentesco y no por institución, el Estado deja de ser un espacio impersonal de ciudadanía para devenir sistema de proximidades. Puede mantener ministerios, elecciones, parlamento y embajadas, pero su núcleo se organiza alrededor de círculos cerrados.
Ese es el rasgo que define al régimen. No una revolución sin élites, sino un Estado donde la élite se reconoce por la progenie y donde el poder no se delega, sino que se comparte en familia.
A diferencia de Chapita Trujillo o los Castro, donde la sangre aseguraba la fuerza, en Venezuela amarra la administración. Un día más en el poder.