Este artículo fue originalmente publicado en inglés en Reason.com
El New York Times ha presentado a la sucesora de Nicolás Maduro, la dictadora encargada Delcy Rodríguez, como una tecnócrata pragmática, una reformista favorable al libre mercado y una figura “cosmopolita” que habría logrado estabilizar la economía de Venezuela. Según el diario estadounidense, la revolución socialista de Hugo Chávez habría mutado en una suerte de “capitalismo brutal” bajo la conducción de Rodríguez. “Una relativa moderada”, escribió el reportero Anatoly Kurmanaev, “arquitecta de una reestructuración promercado que estabilizó la economía venezolana tras un colapso prolongado”.
En una serie de artículos firmados o coescritos por Kurmanaev y Simón Romero, Rodríguez aparece como la responsable de una “reforma favorable al mercado” que habría traído “una apariencia de estabilidad económica”. Uno de esos textos asegura que, bajo su conducción, “la hiperinflación se detuvo y el crecimiento regresó”. Otro reportero del diario, Pranav Baskar, ha destacado el estilo y las credenciales de Rodríguez, describiéndola como alguien que se presenta “como una tecnócrata cosmopolita en un gobierno militarista y dominado por hombres”. Kurmanaev y Romero incluso contraponen su comunicación “tecnocrática, llena de cifras” al tono campechano de Maduro.
El artículo que más indignación causó entre los venezolanos fue publicado el pasado septiembre y firmado por Julie Turkewitz, quien obtuvo “una rara visa para periodistas extranjeros” y viajó a Caracas para entrevistar a Rodríguez. El texto vino acompañado de un retrato cuidadosamente producido: Rodríguez, elegantemente vestida, aparece pensativa y serena, observando por una ventana que proyecta una luz suave sobre su rostro.
El artículo omitía por completo el historial de corrupción y de violaciones de derechos humanos de la entrevistada. “Es mala praxis periodística calificar a Delcy como moderada”, dijo el dirigente opositor Freddy Guevara en una entrevista a Reason Magazine. Entre otras cosas, Guevara recordó que Rodríguez tuvo bajo su autoridad al SEBIN, el cuerpo de policía política acusado de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos graves.
Lo que el Timesdescribió como una “drástica liberalización económica” no fue otra cosa que el colapso de la capacidad de control del régimen socialista. Tras años de escasez generalizada e hiperinflación provocadas por controles de precios y una emisión monetaria irresponsable, Maduro y su entorno criminal dejaron de sostener el andamiaje de la planificación central. No optaron por reformar. El resultado fue una suerte de anarquía económica sin Estado de derecho.
Después de destruir el bolívar, el régimen impuso controles de precios sobre bienes básicos, obligando a los productores a vender a pérdida bajo el pretexto de “proteger al pueblo”. Pero esos controles se aplicaban de forma selectiva. Algunos importadores podían vender a precios de mercado; otros no. El mercado negro creció hasta volverse cotidiano: huevos, pollo y pescado se ofrecían sin pudor frente a los supermercados estatales vacíos. Muchos venezolanos terminaron convertidos en revendedores, comprando productos regulados para revenderlos más tarde a precio real.
El control cambiario siguió la misma lógica. Todas las transacciones en dólares debían canalizarse a través del Estado, mientras una tasa oficial artificialmente baja funcionaba como un subsidio para los enchufados. La brecha con el mercado paralelo se volvió insostenible. Los venezolanos recurrieron a operadores informales en las fronteras con Colombia y Brasil, guiándose por cuentas de redes sociales que publicaban las tasas diarias según la oferta y la demanda. El régimen amenazó con la cárcel a quienes usaran esa tasa, pero simplemente no podía hacer cumplir la norma. Las remesas enviadas por la diáspora comenzaron a sostener la economía cotidiana. En 2019, más de la mitad de las transacciones se realizaban en dólares. Maduro llegó a llamar a esta dolarización de facto una “válvula de escape”. Fue una rendición terca ante la fuerza de la realidad.
Todo esto ocurrió en paralelo a una intensificación de la represión política. Las protestas opositoras fueron brutalmente reprimidas y las cárceles del régimen se llenaron de presos políticos.
Buena parte de esta liberalización limitada fue impulsada inicialmente por Tareck El Aissami, hoy caído en desgracia, como ha señalado el economista Giorgio Cunto Morales. Para 2023, cuando Rodríguez asumió el control total del área económica tras el encarcelamiento de El Aissami, la supuesta recuperación ya mostraba señales de agotamiento. En 2024 reaparecieron distorsiones cambiarias y, cuando el Banco Central dejó de publicar cifras de inflación, el régimen respondió encarcelando a economistas que hablaron del tema. Tras cinco años de esta “estabilización”, el PIB real pasó de estar 75% por debajo del nivel de 2013 a apenas 70%. Mejor que el estalinismo, quizás, pero muy lejos de una reforma capitalista.
Este período, que el Timesllama liberalización, es lo que el politólogo Guillermo Tell Aveledo denominó la pax bodegónica: una orgía de consumo de las élites disfrazada de mejora económica. Los bodegones, repletos de productos importados y de mercancía de Costco, florecieron en Caracas y otras ciudades para atender a la boliburguesía, mientras el régimen insistía en que el país estaba asfixiado por un bloqueo estadounidense. La mayoría de esos bodegones pertenecían a enchufados. El resto del país mira a través del escaparate.
Venezuela ocupa los últimos lugares en los índices globales de Estado de derecho y de libertad económica, en parte debido al legado de Rodríguez. Ella fue una de las impulsoras de la opaca Ley Antibloqueo, que declaró contratos y registros administrativos confidenciales, blindándolos del escrutinio público. Bajo su amparo, Rodríguez ha supervisado el manejo de ingresos petroleros anuales por unos 3.200 millones de dólares, sin rendición de cuentas. Cuando el régimen finalmente eliminó el control cambiario, Rodríguez insistió en 2021 en que no se trataba de liberalización, sino de “protección y defensa” del socialismo bolivariano.
Los derechos de propiedad siguen existiendo solo a discreción del poder. En junio de 2024, las hermanas Elis y Mileidis Hernández lo aprendieron cuando vendieron desayuno a la líder opositora y futura Nobel María Corina Machado en su pequeño local de carretera en Guárico. Horas después, fiscales del SENIAT y un guardia nacional clausuraron el negocio, activo desde hacía veinte años, por supuestas irregularidades contables que nunca antes habían merecido inspección alguna.
Nada esencial ha cambiado. La semana pasada, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y jefe negociador del régimen, se quejaba en televisión estatal de que el dólar había bajado, pero los comercios no habían reducido los precios. “Suben el precio porque subió el dólar; y ahora que el dólar baja, se hacen los pendejos”, dijo. ¿La solución? Controles de precio. La mentalidad socialista sigue intacta. Lo único que se ha perdido es la capacidad de imponerla.Queda por ver si Delcy Rodríguez redobla la represión económica. Pero ni Rodríguez es una tecnócrata promercado y ni el colapso del Estado venezolano es liberalización. El New York Times ha contribuido a blanquear a una dictadora brutal en su búsqueda de legitimidad internacional, mientras el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, sigue exiliado en España.