Venezuela ya está en otra etapa. No está cruzando un umbral ni ensayando un tránsito: está ya instalada en un nuevo momento político. Nicolás Maduro ha salido de escena y no volverá. Pero conviene decirlo sin rodeos: la salida de un hombre no equivale a la caída del sistema que lo sostuvo. El poder autoritario no tiende a desaparecer; tiende a reacomodarse, cambiar de rostro y reclamar continuidad bajo nuevas fórmulas.
Ese es el primer error que conviene evitar. Lo que hoy algunos describen como cambio político no es, en realidad, más que continuidad. El relevo no nace de una transición democrática ni de un pacto social abierto, sino de una solución interna del propio régimen para preservar el control tras la salida de su figura central, buscando legitimarse desde fuera y subordinándose abiertamente a los deseos de Estados Unidos. No hay en ello mandato ciudadano ni consentimiento popular, sino puro cálculo de supervivencia.
En contextos de agotamiento histórico aparece siempre una tentación conocida: llamar realismo a la resignación y estabilidad a cualquier forma de orden aparente. Desde esa lógica, los restos del autoritarismo comienzan a verse como simples estructuras administrativas disponibles para una nueva fase. Pero no lo son. Nunca lo han sido.
Las instituciones que hoy siguen en pie en Venezuela no son neutrales ni reutilizables sin más. Fueron diseñadas para concentrar poder, asegurar impunidad y bloquear la competencia política. El aparato ejecutivo, el sistema judicial, los cuerpos de seguridad y buena parte de la burocracia continúan funcionando con la misma lógica que los sostuvo durante años. No son ruinas inertes del pasado, sino mecanismos activos de continuidad autoritaria.
La figura que hoy ejerce el poder de facto encarna precisamente esa continuidad. No es una tecnócrata provisional ni una solución de consenso nacional. Es una dirigente formada y promovida dentro del núcleo del régimen, cuyo ascenso responde a una estrategia clara: preservar el control bajo nuevas condiciones. Reconocerla como autoridad legítima equivale a validar ese mecanismo de sucesión y a normalizar una salida autoritaria al margen de la voluntad popular.
Aquí aparece el problema más delicado: el riesgo de que actores externos, en particular Estados Unidos, se conviertan en la fuente efectiva de legitimidad de un poder sin respaldo democrático. Cuando el reconocimiento internacional pretende sustituir al consentimiento ciudadano, el resultado rara vez es estabilidad duradera. Lo habitual es la dependencia política, la fragilidad institucional y, con el tiempo, el rechazo social.
Desde una perspectiva puramente instrumental, la tentación es comprensible. Hay urgencias evidentes —migración, energía, seguridad— que empujan a buscar interlocutores claros. Pero confundir capacidad administrativa con autoridad política es un error costoso. Un gobierno puede operar sin legitimidad durante un tiempo; lo que no puede es estabilizarse sin ella.
La experiencia latinoamericana es clara. Las transiciones congeladas —ni dictadura abierta ni democracia efectiva— suelen surgir cuando se apuesta por figuras “manejables” del viejo orden. El resultado es un régimen híbrido, sostenido desde fuera, incapaz de reformarse desde dentro y condenado a reproducir la crisis que dice superar.
El costo de esa apuesta no es solo institucional. Es también político y moral. Cada gesto de reconocimiento hacia una figura de continuidad erosiona a quienes han sostenido la lucha democrática durante años, a menudo pagando un precio personal muy alto. El mensaje implícito es devastador: la utilidad geopolítica pesa más que la legitimidad democrática; la obediencia externa, más que la soberanía popular.
Nada de esto implica aislamiento ni maximalismo. El contacto técnico es necesario. La cooperación humanitaria es indispensable. El diálogo operativo puede ser inevitable. Pero una cosa es interactuar con una autoridad de facto y otra muy distinta es consagrarla políticamente. En contextos de autoridad disputada, cada gesto cuenta y cada señal tiene efectos duraderos.
La transición venezolana tiene una sola fuente de legitimidad: el pueblo de Venezuela. No los gobiernos extranjeros, no los acuerdos de conveniencia, no las promesas de orden ni los avales diplomáticos. La Constitución es inequívoca: la soberanía reside en los ciudadanos y se expresa mediante el voto.
Por eso, la tierra prometida de esta etapa no es la administración prolija de los restos del poder ni la normalización del continuismo bajo otro nombre. La tierra prometida son las elecciones. Elecciones libres, competitivas y verificables. Elecciones con garantías reales para todos. Elecciones como manda la Constitución.
Fuera de ese camino no hay transición. Hay obediencia, hay tutela, hay continuidad. Y eso, simplemente, no es democracia.