Luego de la extracción de Maduro el 3 de enero pasado, se ha abierto una nueva etapa para la lucha de la causa democrática en Venezuela. La euforia contenida, apareada con las dudas que surgen en torno a lo que se nos presenta como una transición desde el propio gobierno de facto y tutelada por Estados Unidos, pueden paralizarnos, incluso hacernos perder el norte. Pero quienes hemos combatido la dictadura desde sus inicios, quienes hemos luchado en todos los frentes por el regreso de la democracia, no debemos distraernos sino reafirmar el rumbo que nos hemos trazado para lograr el anhelado objetivo.
Para ello, siempre es bueno aprender de la historia, corregir errores, crear un nuevo precedente que nos permita contrastarnos con ese listón más alto en el futuro, pero sobre todo, garantizar una democracia más duradera, madura y sólida. Por esta razón, con este artículo, queremos revisar nuestra historia a la luz de lo fundamental: los derechos humanos y la justicia transicional.
Para nadie es un secreto que Venezuela arrastra una profunda crisis de derechos humanos. La política de terror ejercida desde el Estado, las violaciones masivas de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales —muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma— han despertado desde ya casi una década, la preocupación internacional incluyendo la asesoría activa de la ONU, la sociedad civil, centros de pensamiento, y universidades. Todos han buscado apoyar al país compartiendo experiencias comparadas y promoviendo los conceptos básicos que permitirán, llegado el momento, diseñar un marco jurídico sólido, procesos judiciales y políticas públicas efectivas en materia de lo que hoy en día se conoce como justicia transicional.
No obstante, y entendiendo el valor que tiene el conocer los casos de otros países y aprender de ellos, no es menos cierto que en Venezuela tenemos los recursos intelectuales e históricos para extraer lecciones de nuestras propias experiencias pasadas. Ciertamente, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez se hizo un primer intento, perfectible con los marcos jurídicos de hoy, pero sin duda una fuente de inspiración para lo que podemos aspirar como nación. Por ello, identificar cómo se realizó esa transición a la democracia al mismo tiempo que revisamos cómo se armó la arquitectura de la justicia, la memoria y la reparación en otros países constituye una fuente clave para desarrollar y profundizar en algunos aspectos, y reconocer nuestros propios logros en materia de justicia, porque si revisamos nuestros archivos y somos capaces de ver las cosas con distancia y objetividad intelectual, podremos reconocer la importancia del precedente que se estableció en ese entonces.
Revisemos, pues, qué pasó en los años siguientes al 23 de enero de 1958 con los perpetradores de los crímenes de la dictadura y la cultura del respeto al Estado de Derecho, y hagamos un muy sucinto balance de dónde estamos hoy.
De cara a la justicia: ¿qué pasó con Marcos Pérez Jiménez después del mítico 23 de enero?
Conocer el contexto histórico en el que fue enjuiciado Marcos Pérez Jiménez (no así Pedro Estrada, quien escapó al exilio dorado en París) y más de veinte de sus colaboradores más cercanos, miembros de la temida Seguridad Nacional, resulta crucial para proyectar un nuevo proceso de democratización.
Conviene recordar que estamos hablando de finales de los años cincuenta, en pleno inicio de la Guerra Fría, con escasa comprensión institucional y cultural de lo que hoy entendemos por derechos humanos. Como sabemos, Pérez Jiménez fue derrocado en 1958 y su juicio se desarrolló tras su extradición desde Estados Unidos en 1963. En aquel momento, la prioridad nacional era asegurar la convivencia democrática, fortalecer el rol de los partidos políticos y estabilizar el sistema que apenas nacía.
Conceptos como este de justicia transicional simplemente no existían. Algunos historiadores han destacado que las élites políticas temían que abordar los crímenes y responsabilidades del régimen militar generaría fricciones con las Fuerzas Armadas y con sectores influyentes que aún apoyaban al dictador o que tenían considerable peso político, y que resultaría en un peso adicional en momentos en que se enfrentaba a la izquierda radical y al movimiento comunista, ambos en la lucha armada o la clandestinidad en Venezuela. Por ello se optó por privilegiar la gobernabilidad y “pasar la página” respecto a las víctimas. Además, en el contexto geopolítico de la época, Estados Unidos daba prioridad absoluta a la contención del comunismo en la región, lo cual también influyó en el manejo del caso. Así pues, la extradición se limitó a delitos que estaban tipificados tanto en Estados Unidos como en Venezuela como fueron malversación y peculado. El juicio contra Pérez Jiménez, en consecuencia, terminó siendo esencialmente un proceso por corrupción.
No obstante lo anterior, testimonios y archivos de esa época dan cuenta de una realidad borrada por las narrativas ideológicas e intereses políticos que apuntaron hacia el desprecio y destrucción de la democracia. Por ejemplo, una crónica relativamente reciente aparecida en el diario Correo de Lara describe que una vez abiertas las cárceles, liberados los presos políticos y recuperados los archivos “que mostraban el rastro de un sistema de represión que encarceló, torturó y asesinó a cientos de venezolanos cuyo único delito había sido disentir,” el gobierno naciente decidió asumir un proceso de memoria y castigo. Hoy en día, ese proceso se enmarcaría claramente en lo que se considera un aspecto de la justicia transicional.
Cierto es que el sistema judicial de entonces no contaba con preparación ni recursos para juicios complejos, y el ordenamiento jurídico no contemplaba figuras como las violaciones a los derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad. Pero el país exigía sentar un precedente, una acción judicial para evitar que el horror vivido se reprodujera, y por eso, la Fiscalía improvisó un tribunal en la cárcel Modelo, para llevar a cabo un juicio que duró cinco años y donde finalmente fueron sentenciados a varios años de cárcel varios perpetradores responsables de homicidios, torturas y complicidad. Con ello, la sociedad vio por primera vez a los verdugos sentados en el banquillo de los acusados, respetándoles sus derechos y enfrentando el imperio de la ley ante tribunales civiles. No todas las denuncias llegaron a los tribunales. Muchas de ellas se extraviaron, y otras fueron silenciadas por la propia dinámica política del momento. Sin embargo, es menester reconocer lo que supuso para Venezuela y para la dignidad de las víctimas, sus familiares y la sociedad que se empezaba a construir, el haber llevado, a rendir cuentas por sus actos, a aquellos perpetradores.
La era democrática
Mucho se ha dicho sobre cómo la democracia venezolana floreció en buena medida gracias al respaldo de un estamento militar al que, implícitamente, se le concedió impunidad. Vista desde 2025, la elección política y los acuerdos de gobernabilidad de entonces permitieron la estabilidad inmediata; pero también queda la duda sobre si esto sembró las bases para posteriores problemas estructurales: no se depuraron instituciones a cargo de la seguridad del Estado, no se repararon víctimas, no se construyó memoria y no se establecieron garantías de no repetición. También el país enfrentó a grupos armados alimentados desde la URRS y Cuba, y que atentaban contra la estabilidad democrática, lo cual permitía o justificaba esa laxitud frente a la impunidad. Por su parte, la izquierda actuaba al margen de la ley, pero apelaba a ella cuando le convenía a su narrativa victimista. Por último, Venezuela progresó como nunca en aquellos años y los momentos oscuros fueron pasando al olvido. Lo cierto es que al no fomentar ninguna de esas medidas que consolidaran la rendición de cuentas y la memoria histórica, se fue arrastrando una cultura de abuso de poder, que, aunque no fue una política sistemática y generalizada diseñada desde el Estado y aunque la independencia de los poderes públicos y los contrapesos democráticos funcionaban, sí hizo mella.
1998 y la llegada de Hugo Chávez
Este otro episodio de la historia venezolana se abre con la llegada de Hugo Chávez al poder. Su oferta electoral prometía revelar y corregir violaciones cometidas durante la era democrática: abusos policiales y militares, torturas, desapariciones y ejecuciones que habían quedado impunes, fundamentalmente contra guerrillas y grupos armados, así como contra personajes de la izquierda radical que operaban desde la clandestinidad. Chávez capitalizó ese resentimiento y prometió una “verdad pendiente”, pero una vez en el poder no creó comisiones de la verdad ni políticas de memoria y reparación. En su lugar, instrumentalizó las heridas del pasado para un proyecto político e ideológico personal que no estaba contemplado en el imaginario colectivo de muchos venezolanos. Se inició un período de persecución a la población civil por disentir y se da inicio a una política sistemática de violación de los derechos fundamentales desde el Estado. Chávez usó el sistema judicial con fines políticos, deterioró el Estado de Derecho y los contrapesos del sistema democrático enmarcado en una narrativa de exacerbación de sus falencias, y creando un clima de venganza, que, lejos de corregir abusos, los multiplicó.
Nicolás Maduro
Con Nicolás Maduro se profundiza lo iniciado por Chávez. Desde 2014, Venezuela entró en una fase inédita de represión: asesinatos a quemarropa durante protestas, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, violencia sexual como método de intimidación, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, especialmente con la creación de las FAES. Informes de la ONU bajo la responsabilidad de Zeid Al Hussein, que dieron la voz de alarma , de la OEA, y de organizaciones especializadas documentaron con detalle estas violaciones y las calificaron como políticas de Estado sistemáticas y generalizadas para instigar el miedo y paralizar la acción política. La exfiscal Luisa Ortega Díaz presentó denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI), y posteriormente seis Estados parte del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) solicitaron formalmente la investigación haciendo entrega de los indicios y testimonios de cerca de ocho mil víctimas documentados por la Comisión de Expertos creada por la OEA. Con ello se inició un proceso de investigación preliminar en la CPI que ha ido consolidándose con el tiempo y que dio pie a la presencia de una oficina de su fiscalía en Venezuela con el objetivo de recabar pruebas y cooperar con el sistema judicial venezolano para que asumiera su rol y llevara a juicio a los perpetradores dentro del sistema nacional, se establecieran responsabilidades, y se reparara a las víctimas. Como todos los actores externos, la CPI dio una posibilidad para que el Estado cumpliera con el marco jurídico nacional e internacional, y como en todos los casos, Maduro lo instrumentalizó para ganar tiempo. A finales del 2025, esta oficina anunció que se retiraba de Venezuela.
Es importante destacar aquí, que, a diferencia de los años sesenta, hoy sí existe una arquitectura internacional robusta en materia de justicia transicional y derecho penal internacional. También existe abundante documentación de crímenes, estructuras de mando y patrones de actuación. Aunque el régimen de Maduro haya intentado frenar estos procesos e incluso amenazar con retirarse del Estatuto de Roma, ello no altera la responsabilidad penal internacional puesto que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, la retirada del Estatuto de Roma requiere procedimientos y lapsos formales, los casos ya abiertos continúan su curso, y la CPI conserva jurisdicción sobre los hechos cometidos durante el periodo en que Venezuela formó parte del tratado.
No hay –ni debe haber– puerta trasera para escapar de la responsabilidad, incluso si Maduro ya no está en el poder.
¿Dónde estamos?
El camino recorrido y hasta ahora documentado nos ha llevado a una mayor conciencia nacional e internacional sobre la importancia de institucionalizar los mecanismos de justicia de cara a una eventual transición política, que por los momentos parece recaer sobre Delcy Rodríguez. No se trata de pasar la página, ni tampoco de venganza. Venezuela necesita políticas públicas capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Un juicio penal aislado no es suficiente. Tampoco lo es un cambio político sin reformas de fondo. Los mecanismos que ofrece el derecho internacional permiten atender violaciones masivas de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en contextos de conflicto o dictadura. Implican crear las bases jurídicas, reconstruir la justicia nacional, reformar instituciones, buscar apoyo internacional, e incluso crear tribunales internacionales específicos, si con eso ayudamos a sanar a las víctimas y cimentar la paz. Por eso es tan importante regresar a la democracia y el Estado de Derecho.
La reparación jamás podrá borrar el daño causado, pero sí puede reconocerlo y compensarlo. La verdad no resucita a los muertos, pero dignifica su memoria. La justicia no recompone a una sociedad por sí sola, pero pone límites al abuso. Y la no repetición es una arquitectura de futuro para la cual nos hemos preparado a través de nuestra propia experiencia.
Museos de memoria histórica, inclusión educativa, archivos abiertos, atención psicosocial, depuración institucional y garantías legales son herramientas esenciales para comprender los errores del pasado, asumir responsabilidades y construir un Estado donde la sociedad sea realmente protagonista.
Lo ocurrido entre 1958 y 1998 nos dejó lecciones, al igual que estos últimos 27 años: ni justicia incompleta sin medidas que garanticen la no repetición, ni pasar la página sin justicia que termina alimentando la impunidad; tampoco instrumentalizar viejas heridas para proyectos de venganza que terminan destruyendo la convivencia democrática, ni justicia que no llega porque padece de las debilidades propias del sistema internacional.
Tampoco componendas políticas que eximan de culpa y protejan a perpetradores, con cargos, curules o embajadas.
Lo que el país exige es responsabilidad individual e institucional, juicios claros, memoria colectiva y un compromiso firme con la verdad.