Indicadores para una transición

La literatura sobre transiciones políticas hacia la democracia señala por lo general tres claras etapas sobre un cambio político de un régimen autocrático a uno democrático: liberalización, democratización y consolidación democrática. La liberalización tiende a ser el primer proceso por lógica, ya que es el factor vital que permite la convivencia entre los factores políticos de un país que abre la puerta hacia la democratización. Robert Dahl, experto en democracia moderna, afirma que la liberalización crea garantías mutuas, tanto en miembros del régimen como de la oposición, para una transición a la democracia, pues consiste en una reducción progresiva de los mecanismos de represión y en un mayor respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos.

De acuerdo con Robert Dahl, las condiciones globales por las que un régimen autocrático puede dar paso a uno democrático tienen que ver con entendimientos progresivos entre ambas coaliciones (la que sostiene la autocracia dictadura y la que la confronta), los cuales están orientados al establecimiento de garantías mutuas. “Tales garantías permiten, por un lado, que quienes luchan por la democracia puedan ejercer, de modo cada vez más pleno, sus derechos civiles y políticos; de este modo se va procediendo a la liberación de presos políticos, al cese de la persecución política, a la progresiva erradicación de prácticas como el espionaje y la tortura, y a dar una serie de pasos orientados a la realización de elecciones libres, justas, abiertas y competitivas” (Olivar y Martínez Meucci, 2020, Pág:33).

No existen reglas universales de cómo se da la liberalización, excepto que la mayor parte de los casos nacen por crecientes discrepancias y fracturas en el seno de la coalición autocrática de gobierno. En contraste, las dos etapas posteriores de la transición a la democracia, democratización y consolidación democrática nacen de la liberalización. “La democratización, por su parte, suele darse más bien en una segunda etapa, y se relaciona fundamentalmente con un avance concreto hacia un genuino cambio de régimen por vías más o menos institucionales. La liberalización crea así las oportunidades para que las fuerzas que desafían a la autocracia puedan mejorar (tanto por vía institucional –tribunales, elecciones– como contenciosa –protestas, movilizaciones–) sus condiciones de participación política” (Olivar y Martinez Meucci, Pág: 34).

Los sucesos del 3 de enero del 2025 y la articulación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y que a todas luces parece estar subordinado a las exigencias de la Casa Blanca, parece abrir una etapa de transición política y económica en Venezuela. Económica, en el sentido que el gobierno de Estados Unidos desea que Venezuela retome un proceso de extracción y explotación a gran escala de su petróleo, invitando en el proceso a los presidentes de las más grandes empresas petroleras en suelo norteamericano para invertir en Venezuela y reactivar su actividad petrolera. Muchos empresarios en el sector energético se han mostrado escépticos a este ofrecimiento por parte de la Presidencia de las Estados Unidos, entre otras cosas, “por la falta de garantías en el país”.

Por otro lado, ya Estados Unidos se ha pronunciado por la necesidad de un lento proceso de transición política en el país, que, de forma progresiva, permita una normalización democrática en Venezuela para celebrar elecciones luego de la estabilización económica y social del país se haya alcanzado y la emergencia humanitaria esté a niveles que sean manejables por un gobierno independiente venezolano. La liberación de presos políticos a partir del 8 de enero del 2025 parece apuntar hacia dicha apertura política en dirección a una transición política hacia la democracia en el mediano y largo plazo

A continuación, se presentan una serie de indicadores en materia institucional, estado de derecho, libertades civiles y libertades económicas para poder ejecutar dicha transición política y económica del país, detectando los restos a superar para generar un cambio en nuestra nación. En materia de Estado de Derecho, institucionalidad y libertad económica en particular, para comprender porque las grandes empresas petroleras están renuentes a invertir en Venezuela más allá de la invitación de la Casa Blanca para hacerlo. 

La institucionalidad política y económica en Venezuela

Usando los datos de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), una organización muy enfocada en la calidad institucional de los países del mundo en general y de América Latina en particular, sacamos sus mediciones en términos de institucionalidad en Venezuela. Sus mediciones se basan en la selección de ocho indicadores que, entendemos, reflejan ciertos aspectos de la calidad institucional. Si bien, el Índice de Calidad Institucional (ICI) construido por RELIAL admite que los indicadores a tomar en cuenta para su medición son en número arbitrarios. Simplemente seleccionan aquellos que se entendían mejor para reflejar las instituciones que mejor permitían a los individuos reflejar sus preferencias y alcanzar los fines que quieran tener.  Aquellos que se entendían mejor reflejaban las instituciones que mejor permitían a los individuos reflejar sus preferencias y alcanzar los fines que quieran tener.

Dentro de los índices a tomar en cuenta, básicamente se toman los caminos para alcanzar esos fines: los intercambios voluntarios en el mercado y el camino de la política y el Estado. En toda sociedad actual nos encontramos con estos dos caminos, en distintas proporciones por supuesto, y éstas han ido cambiando con el tiempo. Por esa razón, el ICI se basa en dos subíndices, uno para las instituciones políticas y otro para las instituciones de mercado y se le asigna a cada uno un peso (weighting) de 50%, entendiendo que son tan importantes las decisiones que tomamos en un ámbito como en el otro.

El subíndice de calidad de las instituciones políticas se forma con el índice Rule of Law (Respeto al Derecho) del Banco Mundial, parte de sus indicadores de gobernanza llamados Governance Matters; Voz y Rendición de Cuentas, de la misma agencia; Libertad de Prensa, elaborado por Freedom House y Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional. Los indicadores que forman el subíndice de instituciones de mercado son: Competitividad Global, del Foro Económico Mundial; Libertad Económica de Heritage Foundation, Libertad Económica de Fraser Institute y Haciendo Negocios del Banco Mundial. A continuación, la evaluación institucional de Venezuela del 2025 en el ranking de América Latina, tomando en cuenta la posición de cada país en el ranking mundial. 

Para ver dentro de un mapa interactivo el nivel de institucionalidad política y de mercado por separado de cada país junto con su posición en el ranking: clic aquí.

Estado de Derecho

Los datos para medir el índice de Estado de Derecho de Venezuela provienen del World Justice Proyect (WJP). El WJP es una organización internacional de la sociedad civil cuya misión declarada es promover el estado de derecho en todo el mundo. Elabora el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, una herramienta de evaluación cuantitativa que muestra el grado de adhesión de los países al estado de derecho en la práctica. La principal actividad del WJP es el Foro de Justicia Mundial, un encuentro global en el que destacados líderes de todo el mundo y de diversas disciplinas se reúnen para analizar cómo el estado de derecho afecta a sus disciplinas y regiones, y para desarrollar acciones colaborativas que lo fortalezcan.

El Proyecto de Justicia Mundial define el sistema de estado de derecho como aquel en el que se respetan los cuatro principios universales siguientes:

1. El gobierno y sus funcionarios y agentes son responsables ante la ley.

2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y los bienes.

3. El proceso mediante el cual se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes es accesible, eficiente y justo.

4. La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales que sean en número suficiente, tengan recursos adecuados y reflejen la composición de las comunidades a las que sirven.

La adhesión al estado de derecho se evalúa utilizando 47 indicadores organizados en torno a ocho temas: Restricciones a las facultades gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. A continuación, la evaluación de Venezuela dentro del ranking de Estado de Derecho de la WJP. 

Venezuela: 

-Índice 0,26/1. 

-Clasificación mundial: 143/143.

-Clasificación regional: 32/32.

-Clasificación en ingresos: 41/41.

Desglosado en los 8 temas que abarcan los 47 indicadores con que se construye el índice de Estado de Derecho de la WJP:

1. Restricciones a los poderes del gobierno: 0,18/1.

2. Ausencia de corrupción: 0,17/1.

3. Gobierno abierto: 0,27/1.

4. Derechos fundamentales: 0,28/1.

5. Orden y seguridad: 0,53/1.

6. Cumplimiento normativo: 0,20/1.

7. Justicia civil: 0,26/1.

8. Justicia penal:0,11/1.

Fuente

Libertad económica

El Índice de Libertad Económica es una serie de doce indicadores, ​ creados en 1995 por la organización conservadora​ The Heritage Foundation y The Wall Street Journal. Su objetivo declarado es medir el grado de libertad económica en cada país del mundo. El Índice de Libertad Económica ha sido utilizado por varios medios y políticos como indicador de seguridad jurídica, crecimiento económico y políticas públicas. El ranking puntúa datos entre 0 y 100, donde 0 significa “ausencia de libertad económica” y 100 significa “libertad económica total”. Hay doce aspectos divididos en cuatro categorías:

-Estado de Derecho (Rule of Law): derechos de propiedad, integridad de gobierno, eficiencia judicial.

-Tamaño de Estado: carga fiscal, gasto de gobierno, salud fiscal.

-Eficiencia Regulatoria: facilidad de hacer negocios, libertad de trabajo, libertad de política monetaria.

-Apertura de Mercados: libre comercio, libertad de inversión y libertad financiera.

En el caso venezolano, Venezuela puntúa en el índice con 27,6/100 y se sitúa en el ranking en el puesto 174 de 184 países, bajo la denominación en términos de libertad económica de “Reprimida”. Con relación a las cuatro categorías para generar el índice venezolano tenemos:

1. Estado de Derecho

a. Derechos de propiedad: 0,7/50.

b. Eficacia judicial: 4,1/20.

c. Integridad del gobierno: 6,7/30.

2. Tamaño de Estado

a. Carga fiscal: 75,9/80.

b. Gasto público: 93,8/100.

c. Salud fiscal: 29,1/40.

3. Eficiencia Regulatoria

a. Libertad empresarial: 32,5/90.

b. Libertad laboral: 35,9/50.

c. Libertad monetaria: 0/70.

4. Apertura de Mercados: libre comercio, libertad de inversión y libertad financiera

a. Libertad de comercio: 42,2/70.

b. Libertad de inversión: 0/50.

c. Libertad financiera: 10/70.

Fuente

Derechos políticos y civiles

Freedom House es una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D. C. Es conocida por su defensa política en torno a la democracia, la libertad política y los derechos humanos. El informe anual de la organización, Libertad en el Mundo, evalúa el grado de libertades políticas y civiles de cada país. Si bien son citados con frecuencia por politólogos, periodistas y legisladores. En materia de institucionalidad democrática electoral, es decir, reglas y procedimientos transparentes para la realización de elecciones, Freedom House clasifica a Venezuela en un 0/12 desde el año 2018. Freedom House alega que en Venezuela:

“El sistema electoral está fuertemente influenciado por la manipulación política y la interferencia institucional pro-PSUV. Durante 2024, el gobierno utilizó su control del aparato estatal para obtener una ventaja electoral indebida. Si bien el CNE, controlado por el PSUV, proclamó rápidamente a Maduro como ganador tras las elecciones de julio —una afirmación respaldada por el TSJ en agosto—, las autoridades no presentaron pruebas de la supuesta victoria de Maduro, a pesar de que las leyes exigen la publicación de los resultados completos. Las autoridades venezolanas atribuyeron el retraso a un presunto ciberataque al sitio web del CNE la noche de las elecciones.Un informe postelectoral elaborado por observadores electorales del Centro Carter señala que el CNE “demostró un claro sesgo a favor del titular” durante todo el período electoral. Aunque casi cinco millones de ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero pudieron votar en las elecciones presidenciales de julio, a la gran mayoría se le impidió registrarse. En marzo de 2024, el CNE abrió el proceso de registro en el extranjero durante aproximadamente un mes. Los venezolanos en el extranjero no habían podido registrarse para votar desde 2018, y aunque muchos intentaron hacerlo durante el plazo de un mes, el CNE introdujo nuevas y onerosas restricciones y denegó arbitrariamente el registro a millones de personas. Datos recopilados por la sociedad civil indican que, durante el plazo de registro, solo 508 votantes elegibles pudieron registrarse en todo el mundo”.

Fuente

Los Índices de Democracia de V-Dem son índices publicados por el Instituto V-Dem que describen las características de diferentes democracias. Se publican anualmente.  Los conjuntos de datos publicados por el Instituto V-Dem incluyen información sobre cientos de variables indicadoras que describen todos los aspectos del gobierno, especialmente la calidad de la democracia, la inclusión y otros indicadores económicos. En Venezuela, con respecto a determinadas variables podemos enunciar:

1. Índice de libertades civiles políticas: 0,21/1 (Las libertades políticas se entienden como la libertad de asociación y la libertad de expresión. Entre las libertades civiles, estos derechos liberales son los más relevantes para la competencia política y la rendición de cuentas. El índice se basa en indicadores que reflejan la represión gubernamental y que no se refieren directamente a las elecciones).

2. Índice de libertad de expresión: 0,15/1 (¿Hasta qué punto respeta el gobierno la libertad de prensa y de los medios de comunicación, la libertad de la gente común de discutir asuntos políticos en casa y en la esfera pública, así como la libertad de expresión académica y cultural?).

3. Índice de libertad frente a asesinatos políticos: 1,72/4 (Los asesinatos políticos son aquellos perpetrados por el Estado o sus agentes sin el debido proceso legal con el fin de eliminar a opositores políticos. Estos asesinatos son resultado del uso deliberado de fuerza letal por parte de la policía, las fuerzas de seguridad, los funcionarios penitenciarios u otros agentes del Estado (incluidos los grupos paramilitares). 0: No respetado por las autoridades públicas. Los asesinatos políticos se practican sistemáticamente y suelen ser incitados y aprobados por los altos líderes del gobierno. 1: Poco respetado por las autoridades públicas. Los asesinatos políticos se practican con frecuencia y los altos líderes del gobierno no trabajan activamente para prevenirlos. 2: Respetado parcialmente por las autoridades públicas. Los asesinatos políticos se practican ocasionalmente, pero normalmente no son incitados ni aprobados por los altos líderes del gobierno. 3: Mayormente respetado por las autoridades públicas. Los asesinatos políticos se practican en algunos casos aislados, pero no son incitados ni aprobados por los altos líderes del gobierno. 4: Plenamente respetado por las autoridades públicas. Los asesinatos políticos son inexistentes.

4. Índice de violencia política: 3,74/4 (Entendemos por violencia política el uso de la fuerza física para lograr objetivos políticos por parte de actores no estatales. La restricción a los objetivos políticos excluye, por ejemplo, la violencia relacionada con delitos con ánimo de lucro. Por actores no estatales nos referimos a personas o entidades que no forman parte formalmente del Estado. Por lo tanto, las milicias y grupos juveniles con orientación política se consideran actores no estatales, aunque puedan tener afiliación informal con el partido gobernante o el Estado.) 0: En absoluto. Los actores no estatales no emplearon violencia política. 1: Rara vez. Los actores no estatales emplearon violencia política en contadas ocasiones. 2: Ocasionalmente. Los actores no estatales emplearon violencia política ocasionalmente. 3: Frecuentemente. Los actores no estatales emplearon violencia política con frecuencia. 4: A menudo. Los actores no estatales emplearon violencia política con frecuencia.

Conclusiones

Podemos decir con sencillez y sin profundizar mucho que con base a los bajos valores que tiene actualmente el país en los índices de estado de derecho, institucionalidad, libertad económica y derechos políticos democráticos, que el gobierno provisional de Delcy Rodríguez en los próximos meses tendrá que implementar profundas reformas a nivel institucional en lo económico con relación al mercado para cumplir las exigencias de modernización de la industria petrolera e incremento de su producción que solicita el gobierno de Estados Unidos. En resumen: Construir garantías mínimas para la inversión extranjera en materia petrolera. 

Igualmente, el gobierno provisional tiene el imperativo de hacer profundos cambios en materia de derechos civiles y ejercicio de la democracia en el mediano y largo plazo, que lleven a un proceso de transición política democrática que derive en elecciones libres y competitivas que restauren la democracia en Venezuela.