El pasado miércoles 29 de noviembre, la Corte del Distrito de Delaware autorizó la venta de las acciones de PDV Holding, Inc., la empresa matriz de Citgo Petroleum Corporation. Las acciones fueron adjudicadas a una filial del fondo Elliot, quien ofreció pagar $5.900 millones, más una transacción para solucionar las reclamaciones pendientes con los tenedores de los Bonos PDVSA 2020, por aproximadamente $2.100 millones, para un total aproximado de $8.000 millones
Esto no significa que la venta se realice de inmediato. Todavía quedan aspectos procesales y regulatorios que cumplir, y que podrían retrasar o, eventualmente, impedir la venta.
No es de extrañar, por ello, que el régimen de Maduro —y quienes le sirven de instrumento— haya vuelto a responsabilizarme por la venta judicial de Citgo, como ha hecho en tantas otras ocasiones. Incluso, se me amenazó con quitarme la nacionalidad venezolana (lo que, por cierto, viola el artículo 32 constitucional).
¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué tiene que pasar para que PDVSA pueda preservar Citgo?
La acusación
La nueva acusación —que no es más que un reciclaje de argumentos desgastados tras seis años de uso— presenta “para la historia” a los responsables de la venta de Citgo, esto es, a la oposición venezolana y al Gobierno Interino.
Para ello, se me acusa de haber sido el abogado de una de las empresas de maletín que “demandó a Citgo pagos que no le correspondían”, y que luego “aparecí” en Delaware como abogado de Venezuela para perpetrar un “robo”.
Los hechos demuestran la falsedad de esta acusación, como he explicado en un libro de 500 páginas publicado hace dos años. Este es el resumen:
- Actué como testigo experto independiente en una de las demandas presentadas por Crystallex, para explicar por qué el Gobierno de Venezuela —bajo Chávez y Maduro— había violado la independencia de PDVSA, de acuerdo con el Derecho de Venezuela. Los reportes son públicos, y cualquiera puede leerlos aquí (actuaciones números 8 y 35).
- Es falso, por ello, que actué como abogado representando a Crystallex en ese juicio. Mi rol fue explicar diversos aspectos de Derecho venezolano, basados en mi extensa investigación académica sobre la materia.
- Cuando fui designado procurador especial, me inhibí de ese caso, lo que solucionó cualquier conflicto de interés.
- El régimen de Maduro, que ahora pretende negar el derecho de Crystallex a reclamar la compensación por la expropiación de sus derechos, celebró en 2018 una transacción con esa empresa, aceptando pagar la compensación reclamada (para más información, pueden consultar las páginas 211 y ss. de mi libro).
- No usurpé cargo alguno, como reconocieron tribunales independientes, entre ellos la Corte Suprema del Reino Unido.
- La intervención del Gobierno Interino en 2019 fue decisiva para retrasar lo que en 2018 se consideraba la pérdida inminente de Citgo.
- Todas las reclamaciones pendientes en Delaware se originaron en deudas contraídas durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
- Renuncié al cargo de procurador hace más de cinco años. Desde entonces, no he tenido responsabilidad alguna en ninguna de las decisiones relativas a la defensa de Venezuela. Carece de sentido, por ende, indicarme como responsable.
Pero para no perder la costumbre, repasaré los hechos principales de este caso, aclarando qué ha ocurrido y qué puede ocurrir.
La deuda pública legada de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
La Corte de Delaware ordenó la venta de las acciones para pagar diversas obligaciones, todas surgidas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Así, esta venta pretende satisfacer dieciséis reclamaciones presentadas por catorce acreedores, por un total de aproximadamente $21.000 millones. Aquí encontramos a empresas expropiadas, contratistas que sufrieron daños patrimoniales, y tenedores de bonos. La reclamación más antigua data de 2002, cuando una empresa demandó a Venezuela por incumplimiento de un contrato de servicios. La reclamación más reciente —y la más alta— es de Conoco, basada en el laudo arbitral que condenó a Venezuela por las políticas de expropiación de la industria petrolera durante el gobierno de Chávez.
Pero además, la orden de venta también solucionaría el incumplimiento de los Bonos PDVSA 2020, emitidos en 2016 bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. Aunque el monto de esta reclamación podría superar los $3.000 millones, la oferta ganadora de Amber incluye un arreglo por aproximadamente $2.100 millones.
Por ello, el origen de la orden de venta de las acciones de PDV Holding se debe a la deuda pública externa legada de Chávez y Maduro. La propia Corte de Delaware ha reconocido que esta venta constituye un caso único en la historia judicial de Delaware. Lo verdaderamente asombroso es que las reclamaciones pendientes en Delaware equivalen, tan solo, al 14% del total de la deuda pública externa legada.
El incumplimiento unilateral de la deuda por Maduro
Aun cuando los gobiernos incumplen sus obligaciones financieras, rara vez la crisis de la deuda culmina en el embargo de activos. La razón es muy sencilla: ante un incumplimiento de la deuda (o default), los gobiernos tienen incentivos para procurar una solución rápida con los acreedores.
Pero este no es el caso de Venezuela. En noviembre de 2017, el Gobierno de Nicolás Maduro decretó el cese unilateral de los pagos de la deuda externa y anunció un proceso de reestructuración que nunca llegó a materializarse. No es de sorprender, entonces, que la continuación de ese incumplimiento haya derivado en decenas de demandas en las cortes de Estados Unidos, y que hoy han llevado a la orden de venta de las acciones de PDV Holding.
Hay quienes han querido justificar esta decisión de Maduro como una consecuencia de las sanciones. Pero la evidencia demuestra la falsedad de este argumento. Ciertamente, el 24 de agosto de 2017, la orden ejecutiva 13808 impuso sanciones a títulos de la deuda pública. Pero ya para entonces, Venezuela había perdido el acceso a los mercados internacionales; esto es, había perdido su capacidad de emitir nueva deuda y, tanto más grave, de pagar la deuda contraída.
Desde al menos 2014 era evidente que la deuda pública venezolana no era sostenible. No solo Venezuela y PDVSA emitieron títulos de deuda pública por decenas de miles de millones de dólares, sino que además, las reclamaciones por incumplimientos contractuales y expropiaciones se venían acumulando. En lugar de abordar el problema, el gobierno de Maduro lo agravó, lo que deterioró aún más la producción petrolera y continuó con las políticas predatorias del “socialismo del siglo XXI”.
A fines de 2017, ya era imposible mantener el pago de la deuda. La decisión responsable era renegociar esta deuda, pero había un detalle: Maduro había optado por desconocer la Asamblea Nacional de 2015, lo que arrojaba una sombra de duda sobre toda operación de deuda o de renegociación realizada fuera del control parlamentario. Ello llevó a tomar la peor de todas las decisiones: incumplir la deuda y abandonar todo intento de renegociación.
No es de extrañar que, para entonces, la duda no fuera tanto si PDVSA perdería Citgo, sino cuándo Citgo sería embargada por los acreedores, incluidos los tenedores de los Bonos 2020.
El Gobierno Interino
La situación legal de la deuda pública se hizo tanto más compleja en enero de 2019, con el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de Venezuela, por Estados Unidos y muchos otros países Interesa resaltar que, como resultado de este reconocimiento, la representación legal de Venezuela y PDVSA frente a los acreedores de la deuda pública pasó del régimen de Maduro al llamado Gobierno Interino.
Esto ha dado lugar a disparatadas tesis que pretenden hacer responsable al Gobierno Interino de la crisis de la deuda y la orden de venta de PDV Holding, como ahora repite el régimen de Maduro. Un argumento, repetido hasta el desgaste, es que el Gobierno Interino nunca negoció con los acreedores, lo que precipitó las demandas judiciales. Los hechos, de nuevo, demuestran la falsedad de esos argumentos.
Así, el rol del Gobierno Interino no era solucionar el problema de la deuda, pues ello solo podía hacerse mediante la renegociación de todas las reclamaciones de los acreedores, por un orden de $160.000 millones. El Gobierno Interino no tenía ni la capacidad financiera ni el respaldo político suficientes como para emprender tal tarea. Eso solo podía hacerlo un gobierno que, desde el Palacio de Miraflores, contara con legitimidad democrática y constitucional para interactuar con todos los actores relevantes de la deuda pública, incluido el Fondo Monetario Internacional.
El objetivo era más bien otro, como lo delineó el Estatuto de Transición de 2019. Así, el rol del Gobierno Interno era diferir, en el tiempo, los riesgos más inminentes contra los activos externos, hasta tanto las condiciones políticas permitiesen a un Gobierno democrático renegociar la deuda. Este objetivo se cumplió, y se sigue cumpliendo: más de seis años después, y en contra de los pronósticos, Citgo sigue siendo una filial de PDVSA. En cambio, los pocos activos externos bajo el poder de Nicolás Maduro —como la refinería Nynas, el segundo activo más relevante después de Citgo— se han perdido en condiciones opacas.
El alter ego
Una de las teorías empleadas para responsabilizar al Gobierno Interino es que, quien esto escribe, actuó como procurador general a pesar de haber intervenido como testigo experto en la demanda de Crystallex, que en 2017 dio inicio al proceso de venta. Sin rigor académico, se me acusa de haber inventado la tesis del alter ego, lo que permite a los acreedores de la República —Crystallex— demandar a PDVSA.
He dado varias explicaciones para aclarar este entuerto, incluidas en mi comentado libro publicado en 2022, que aporta todos los detalles del caso. Repasemos, de nuevo, los hechos centrales.
Nunca he negado ni ocultado que presenté dos informes expertos sobre el Derecho venezolano ante la Corte de Delaware. Estos reportes son públicos y cualquiera puede leerlos, como expliqué más arriba. Basta con leer esos reportes para comprobar que la palabra “alter ego” no aparece. Mis reportes se limitaron a explicar, desde el punto de vista jurídico y actuando como experto independiente, por qué los gobiernos de Chávez y Maduro violaron la autonomía de PDVSA hasta convertirla en un instrumento político. Mis reportes se basaron en mis investigaciones académicas. Con posterioridad, he continuado esas investigaciones, incluido un libro publicado en 2023.
La tesis del alter ego fue aplicada por la Corte de Delaware en 2018, y ratificada por la Corte de Apelaciones en 2019, de acuerdo con el Derecho de Estados Unidos. Para ello se consideraron mis reportes, pero también muchas otras pruebas. Responsabilizarme por esa decisión es tan absurdo como culpar de homicidio al médico patólogo que realiza la autopsia. Fueron Chávez y Maduro quienes, en violación de la Constitución, vulneraron la autonomía de PDVSA.
Como he explicado varias veces, me abstuve del caso Crystallex cuando me desempeñé como procurador, resolviendo así cualquier conflicto de interés. Además, las defensas judiciales adoptadas a partir de 2019 no evidencian ningún trato preferencial con este acreedor. Por el contrario, el reconocimiento del Gobierno Interino frustró la ejecución de la transacción que firmó el gobierno de Maduro en 2018, allanándose al reclamo de este acreedor.
Como prueba de la supuesta responsabilidad del Gobierno Interno, también se invocan las sentencias dictadas en 2023 por la Corte de Distrito y la Corte de Apelaciones, que volvieron a declarar a PDVSA como alter ego de la República. Para ello, se consideraron numerosas pruebas, principalmente relacionadas con las gestiones de Chávez y Maduro. Pero también se consideraron, como pruebas de alter ego, ciertas decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional de 2015 y por el Gobierno Interno.
Esto respondió a un error de apreciación de los hechos por parte de las cortes, que ampliaron la interpretación de los supuestos de aplicación de la tesis del alter ego. Así, cuando en 2025 diversos acreedores intentaron replicar una estrategia similar ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —apoyados, también, por reportes de expertos independientes—, la Corte falló a favor de PDVSA, en especial, negando que las decisiones de la Asamblea Nacional pudiesen dar sustento a la tesis del alter ego.
¿Qué hubiese pasado en 2023 si las cortes hubiesen decidido a favor de PDVSA, como sucedió en 2025? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que los reclamos en contra de PDVSA pendientes ante la Corte de Delaware, más el reclamo de los tenedores de los Bonos 2020, habrían permitido continuar con el proceso de venta por un monto similar al precio con el cual hoy se acordó la venta de las acciones de PDV Holding.
La tesis del alter ego no es, entonces, el elemento decisivo que explica la venta judicial. Incluso sin esa tesis, los acreedores de PDVSA habrían llegado a un resultado similar. Esta tesis es relevante solo para los acreedores de la República que lograrán satisfacer sus reclamos con los activos de PDVSA.
Las sanciones
Hay otro elemento que permite explicar cómo se llegó a este resultado. En 2019, durante la primera presidencia de Trump, se adoptó la política de protección de Citgo como parte del apoyo a la transición democrática. Por ello, en diciembre de 2019, OFAC interpretó que el proceso de subasta no podía avanzar con medidas de embargo. Además, OFAC negó expresamente la licencia necesaria para aplicar estos embargos.
Desde 2019, las defensas judiciales lograron diferir los riesgos más inminentes, mientras que las sanciones constituyeron la última barrera de protección de Citgo.
Pero la administración de Biden decidió cambiar esta política, como parte del desmontaje gradual de las sanciones. En 2023, OFAC cambió de interpretación e incluso, autorizó a la Corte de Delaware a emitir embargos. Como resultado, la Corte se precipitó al aceptar nuevos acreedores, lo que derivó en 16 embargos por más de $20.000 millones. En la práctica, el proceso de venta se convirtió en una suerte de bancarrota.
Por ello, como hemos explicado, a partir de 2023 era cuestión de tiempo que la Corte ordenara la venta de las acciones. Con todo, transcurrieron dos años más hasta que esa venta se ordenó.
No todo está perdido (por ahora)
Lo anterior no implica que la venta de Citgo (es decir, de las acciones de PDV Holding) sea inminente e irreversible. En especial, hay dos eventos que podrían retrasar o, eventualmente, frustrar esa venta: la apelación de la orden de venta y las sanciones.
El primer evento es la apelación que las partes de Venezuela ya presentaron ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, la cual puede, temporalmente, suspender la orden de venta mientras tramita la apelación. Esta suspensión impediría la venta durante los próximos meses.
El segundo evento, todavía más importante, es que a pesar de los cambios en la política de sanciones de 2023, las acciones de PDV Holding siguen siendo propiedad bloqueada. Por ello, la venta está supeditada a la licencia que la OFAC debe emitir.
En 2023, OFAC anunció que no bloquearía la venta de Citgo, y que tramitaría la licencia de manera favorable. Si esta política se mantiene, OFAC considerará la licencia y, salvo alguna razón técnica, autorizará la venta de las acciones. Esta decisión puede tardar algún tiempo —incluso semanas— durante el cual la venta no podrá ejecutarse. Pero bajo la política actual, cabría esperar que, más temprano que tarde, OFAC autorice la venta.
Sin embargo, en las complejas condiciones geopolíticas que rodean a Venezuela, la política favorable a la venta de Citgo podría cambiar, lo que podría llevar a OFAC a retrasar la decisión sobre la licencia o, en un caso extremo, a negarla. Este cambio en la política de Estados Unidos, si se implementa, debería adoptarse en las próximas semanas.
La solución de fondo: la renegociación de la deuda
Incluso si se cumpliera cualquiera de las dos condiciones antes señaladas, las reclamaciones contra Venezuela y PDVSA se mantendrían y, tarde o temprano, volverían a una crisis como la actual.
Lo único que puede salvar a Citgo es la renegociación de toda la deuda pública venezolana. Sin embargo, hoy, esta renegociación no es posible.
Así, por un lado, buena parte de esa deuda —como ocurre con la deuda basada en bonos— se rige por el Derecho de Estados Unidos. Y al menos por ahora, esa representación recae en el llamado Gobierno Interino. Sin embargo, como explicamos, el Gobierno Interino no cuenta con la capacidad financiera ni jurídica para renegociar la deuda.
Además, en 2023, la Asamblea Nacional decidió inconstitucionalmente “eliminar” al Gobierno Interino y reemplazarlo por una estructura mucho más frágil. Bajo estas condiciones, los obstáculos financieros y legales para renegociar la deuda son aún mayores.
Nicolás Maduro, por el otro lado, tiene una mayor capacidad financiera que el casi extinto Gobierno Interino, pues controla la hacienda pública y los ingresos petroleros, notablemente menguados. Sin embargo, Maduro no representa a Venezuela en Estados Unidos y, por ello, no puede renegociar la deuda. Además, y lo que es más importante, Maduro no tiene la capacidad necesaria para asumir de manera integral la renegociación de la deuda, en consonancia con políticas de disciplina fiscal. Tampoco quedan claros sus incentivos para renegociar la deuda en condiciones eficientes y transparentes.
La renegociación de la deuda es, por ende, una condición necesaria no solo para salvar a Citgo, sino también, en general, para avanzar en la recuperación económica. Sin embargo, hasta ahora, la deuda no ha tenido la importancia que merece en las discusiones sobre la recuperación de Venezuela. Por el contrario, este tema ha quedado eclipsado tras una narrativa muy confusa que solo genera más problemas.
La posverdad del régimen Maduro
Hannah Arendt explica que la dominación totalitaria se basa en la destrucción de la diferencia entre hecho y ficción. El régimen de Maduro, en su agonía, ha reforzado esta táctica para presentar una nueva versión de la verdad sobre Citgo. Para cumplir ese objetivo, el régimen se vale incluso de supuestos expertos que alimentan la posverdad, como expliqué en este artículo.
Pero los hechos son tercos. Al repasar los extensos antecedentes de la venta de Citgo, la opinión de la Corte de Delaware de 25 de noviembre de 2025 recuerda que la relación entre PDVSA y el Gobierno de Venezuela se hizo más estrecha en 2002, durante el Gobierno de Chávez, con el despido de decenas de miles de trabajadores de PDVSA, víctimas de uno de los primeros casos de persecución política. Ese fue el origen de la crisis actual de Citgo.