El más reciente Boletín SAMAN de Cáritas Venezuela (agosto de 2025) ofrece una radiografía descarnada del país. Los números son fríos, pero el contexto los vuelve devastadores: Venezuela sigue atrapada en una crisis humanitaria que no cede, y lo que muestra el estudio es que la desnutrición infantil ha regresado a niveles equivalentes a los peores años del colapso, cuando en 2016 comenzó la respuesta humanitaria de emergencia. A casi una década, nada ha mejorado lo suficiente y muchos indicadores, incluso, han vuelto a empeorar.
El informe evaluó a 2.502 niños menores de cinco años y a 740 mujeres embarazadas o lactantes en 20 estados del país, una cobertura que no pretende ser representativa de toda Venezuela, pero sí es considerada un termómetro preciso de las zonas más vulnerables, aquellas donde el deterioro siempre se siente primero.
Los resultados son inequívocos. El 9,1% de los niños evaluados presenta Desnutrición Aguda Global (moderada y severa), lo que equivale a unos 228 niños con una condición que, sin tratamiento rápido, puede significar un daño irreversible e incluso la muerte. Si se suman aquellos en riesgo de desnutrición, la cifra asciende a 29,5%, es decir, alrededor de 738 niños. En términos de la clasificación internacional IPC, Venezuela se ubica en Fase II (Estrés), pero el mapa interno revela algo peor: uno de cada cinco estados ya está en Fase IV (Emergencia) y otro cuarto del país en Fase III (Crisis).
Los más pequeños son los más golpeados. El 42% de todos los casos de desnutrición detectados corresponde a niños menores de dos años, y entre los menores de seis meses la situación es directamente alarmante: 17,6% presenta desnutrición aguda, casi el doble del promedio nacional del estudio. Esto no es casual: la desnutrición en lactantes es un indicador extremo de deterioro generalizado, porque exhibe la incapacidad estructural de un país para garantizar lo más elemental de lo elemental: la alimentación de sus recién nacidos.
La fotografía es igual de grave para las mujeres. De las 740 embarazadas y lactantes evaluadas, 18% presenta riesgo nutricional; en el caso de los embarazos adolescentes —que representan 23% del total—, el riesgo se eleva también a 23%, un reflejo de una crisis que se multiplica justo en la población más vulnerable.
A esta situación se suma la precariedad creciente en los hogares. En las encuestas familiares aplicadas en ocho estados, 76% de las familias ha tenido que liquidar sus ahorros para comer, 54% se ha endeudado, y 59% ha experimentado privación en cantidad y calidad de alimentos. A ello se agrega otro elemento detonante: más del 90% de los hogares no cuenta con acceso continuo al agua potable, un colapso del servicio que dificulta todo, desde la lactancia y la preparación de alimentos hasta la prevención de enfermedades gastrointestinales que profundizan la desnutrición.
El comportamiento histórico de la desnutrición en Venezuela completa el cuadro. Según el informe, hubo dos momentos de empeoramiento agudo: el colapso económico, político y social entre 2017 y 2018, y luego el impacto de la pandemia, seguido por un repunte severo desde 2023, un periodo marcado por mayor deterioro, menor financiamiento humanitario y menos organizaciones capaces de dar respuesta. Lo más grave es la constatación de fondo: ni siquiera en los mejores periodos de “mejoría” fue posible salir de las Fases II y III de severidad humanitaria, lo que significa que las condiciones estructurales nunca fueron resueltas.
Esto lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo llegó Venezuela a este punto? Los datos humanitarios solo muestran la superficie; la causa está en las decisiones de un poder político que administró los mayores ingresos petroleros de la historia del país y los dilapidó en corrupción, clientelismo y represión. Durante los años de bonanza, el régimen tuvo recursos suficientes para haber construido un sistema de salud sólido, un modelo productivo diversificado, una red de protección social y una institucionalidad capaz de evitar esta catástrofe. En lugar de eso, instauró una estructura autoritaria cuya principal política pública ha sido el control social y el terrorismo de Estado.
Es imposible separar la desnutrición infantil de la destrucción institucional, la hiperinflación, la persecución política, el colapso de los servicios y —sobre todo— la sistemática desviación de recursos públicos. Ningún fenómeno humanitario ocurre en el vacío. Y en Venezuela, los niños que hoy no pueden acceder a una alimentación mínima son la consecuencia directa de décadas de saqueo y represión. Cáritas lo explica en cifras; la vida diaria lo confirma en cada hogar.
Por eso, cualquier camino para revertir este dolor exige abordar la raíz de la crisis. Mientras en Venezuela persista un régimen que destruyó las bases económicas del país, que se robó los fondos públicos en los años de mayor prosperidad petrolera, y que opera mediante mecanismos de violencia y control, no habrá recuperación posible. Ayuda humanitaria, sí; atención urgente, indispensable. Pero una salida sostenible solo será viable cuando el país recupere instituciones, Estado de derecho y un mínimo de libertad cívica, condiciones incompatibles con la permanencia del régimen que llevó a Venezuela a esta tragedia.
Los niños venezolanos siguen creciendo en emergencia. Y ninguna nación puede reconstruirse si condena a su infancia al hambre. Por eso, la salida del régimen no es un deseo político: es la condición más básica para que Venezuela pueda empezar a sanar.